28 de Marzo de 2020

A reestructurar la deuda en el tribunal si no se enmienda Promesa

Por el 8 de Marzo de 2017

Una semana después de haber sido anunciada a la prensa, ayer martes salió la misiva de la administración de Ricardo Rosselló en la cual solicitan a la junta de control fiscal que vaya al Congreso y pida que se extienda hasta final de año la suspensión de demandas contra el gobierno de Puerto Rico.

En el documento firmado por Elías Sánchez, representante del gobernador ante la junta, se asegura que de no enmendarse la ley federal Promesa para extender el mecanismo conocido en inglés como “stay”, la reestructuración del gobierno de Puerto Rico terminará en el tribunal federal bajo el Título III de Promesa. De esto ocurrir, sería un juez federal quien dirijiría el proceso de reestructuración de la deuda pública a través de un proceso judicial basado en el Código de Quiebras federal.

Lee también: Gobierno pedirá nuevamente extender el stay contra demandas

Un caso bajo Título III -el cual solo puede ser iniciado por la junta en representación de Puerto Rico- sería la única forma de proteger al gobierno de la multiplicidad de demandas que los acreedores entablarán una vez culmine el “stay” este próximo 1 de mayo, según la carta que tiene fecha del martes 7 de marzo.

(Juan J. Rodríguez/CB)

La administración de Ricardo Rosselló pide a la junta que interceda y recomiende al Congreso que enmiende Promesa para extender la duración del stay hasta el 31 de diciembre. (Juan J. Rodríguez/CB)

La administración Rosselló entiende que es razonable buscar la extensión del mecanismo ya que ha demostrado progreso en sus primeros dos meses en La Fortaleza. Según la misiva, esto último incluye un mejor flujo de información financiera, el restablecimiento de la comunicación con los acreedores y la entrega a tiempo del plan fiscal del gobierno y los planes de cinco entidades públicas, los cuales aun no han hecho públicos.

De extenderse el “stay”, el gobierno entiende que tendrá tiempo para poner al día los estados auditados y así poder sostener negociaciones más productivas con sus acreedores. También apuntan a la pasada administración y aseguran que esta es culpable por no aprovechar seis meses de la vigencia del “stay” y no realizar esfuerzos que condujeran a una resolución consensuada con los acreedores bajo el Título VI de Promesa.

Lee también: Gobierno congela asignaciones especiales y toma control de créditos contributivos

Mientras, el gobierno también pidió al ente que solicite legislación federal para obtener más fondos federales de salud. Específicamente, el gobierno busca que se extienda por 10 años la cantidad de dinero recibida bajo Obamacare -los cuales Puerto Rico agotaría a finales de este año. Sin esa extensión, la isla dejaría de recibir más de $1,000 millones anuales para mantener el plan de salud del gobierno. Además el gobierno pide que se modifique o elimine el tope máximo de fondos Medicaid que recibe Puerto Rico cada año.

La petición de extensión bajo el programa Obamacare parece pasar por alto que en estos momentos el Congreso debate la eliminación total de ese programa y Puerto Rico no está contemplado en la propuesta que evalúan para sustituirlo. De hecho, durante un aparte con la prensa ayer, Sánchez manifestó que se buscará la inclusión de la isla en el proyecto de ley que extendería el programa conocido como Children’s Health Insurance Program, o CHIP, y el cual se presentaría a finales de mes.

Por último, la administración Rosselló sugiere que la junta debe recomendar en verano acción sobre las iniciativas de desarrollo económico, identificadas por el task force del Congreso creado bajo Promesa y que fueron presentadas a finales del año pasado.

De expirar el “stay” sin haber logrado acuerdos con los distintos grupos de acreedores, el gobierno podría verse obligado a cubrir, inmediatamente, los impagos que acarrea desde principios de 2016. Esto ocasionaría un déficit de efectivo de sobre $2,000 millones, lo que supondría un posible cierre de gobierno. Según ha dejado entrever la junta, este escenario significaría la posible radicación, por parte del ente rector, de un proceso de reestructuración de deuda bajo Título III, para el gobierno de Puerto Rico.

La vigencia del “stay” ya había sido extendida por la junta a principios de año, días antes de su expiración inicial el 15 de febrero, lo que estaba contemplado por Promesa. Sin embargo, el estatuto federal no provee para extensiones adicionales, por lo que se requiere enmendar a la ley.

Lee también: Junta certificaría el lunes un plan fiscal para Puerto Rico

A preguntas de Caribbean Business sobre la poca probabilidad de conseguir la extensión, Sánchez indicó el pasado 1 de marzo que se deben “agotar los poderes que tiene la propia junta”, antes de despachar el asunto sin haberlo intentado. “¿Por qué se tienen que cohibir de no hacerlo prejuiciado de que no va a ocurrir? Bajo ese supuesto, Óscar López no estaría en Puerto Rico”, indicó el funcionario en aquel entonces.

 

image_print

You must be logged in to post a comment Login