Acdet advierte consecuencias si no se deroga el impuesto al inventario
El presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), Iván Báez, expresó que sus miembros se verán obligados a reducir sus inversiones si no se encuentra una alternativa para sustituir el impuesto sobre los inventarios.
El impuesto se aplica actualmente a todas las mercancías almacenadas en la isla, que luego el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) distribuye a los 78 municipios de la isla. Son precisamente los alcaldes los que han hecho sonar la alarma al denunciar que la derogación del impuesto tendría un impacto sustancial en sus presupuestos, advirtiendo de pérdidas por un total de $400 millones al año.
Esto ha creado una lucha entre el sector empresarial y los alcaldes, los cuales no se presentaron a una reunión convocada esta semana por el sector privado para encontrar soluciones al impuesto.
Durante el periodo de emergencia después de los huracanes que azotaron la isla en septiembre de 2017, el impacto del impuesto fue evidente, especialmente en los municipios más pequeños de una isla, donde se importa alrededor del 85 por ciento de los productos consumidos. El sector empresarial continúa reiterando que no puede mantener un inventario suficiente debido al impuesto que se impone a la mercancía.
En una entrevista con CB en Español, Báez dijo que su organización ha propuesto alternativas al impuesto, incluido el hecho de que el sector privado reevalúe las propiedades, lo que aumentaría los ingresos municipales, ya que gran parte de los bienes raíces en la isla no se han evaluado en décadas.
Báez dijo que el sector privado también ha propuesto que el impuesto al consumo municipal sea elevado para compensar la eliminación del impuesto al inventario. En el Capitolio, los legisladores propusieron poner un límite al impuesto al inventario, una opción que no es aceptada por el sector privado.
“Si no encontramos una solución, los minoristas tendrán que evaluar sus inversiones en Puerto Rico o trasladar sus negocios a ciudades que opten por derogar el impuesto sobre el inventario”, indicó Báez. Sin embargo, aún no sabía qué municipios apoyan la derogación del impuesto.
La disputa entre los alcaldes y el sector privado alcanzó un punto álgido el jueves, cuando ni el alcalde de Cataño, Félix Delgado, ni el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, asistieron a una reunión convocada por los diferentes grupos empresariales, que incluyen la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).
“Eso fue muy irrespetuoso. Nosotros fuimos quienes pagamos sus salarios con sus impuestos y ni siquiera se molestaron en reunirse con nosotros”, dijo Báez.
Asimismo, señaló que si bien algunos legisladores han sido sensibles a la difícil situación del sector privado, sus manos están atadas. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto, dijo el jueves que está esperando los datos del Departamento de Hacienda para continuar evaluando opciones.
Báez destacó que numerosos minoristas han cerrado en los últimos dos años en medio de una crisis económica y la competencia de los comercios al detal en línea, que no pagan los impuestos para operar en Puerto Rico.
“Los alcaldes deben traer alternativas. Tienen que decirnos lo que quieren”, subrayó.
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