21 de Julio de 2019

Acreedores buscan acceder a documentos utilizados para diseñar plan fiscal del gobierno

Por el 5 de Abril de 2018

Varios acreedores del Gobierno de Puerto Rico en el caso de quiebra bajo el Título III de Promesa están descansando en una decisión del Tribunal Superior para convencer al Tribunal de Distrito de Estados Unidos que les permita acceso irrestricto a los documentos que fueron utilizados para diseñar el plan fiscal del Estado Libre Asociado. 

Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp. y National Public Finance Guarantee Corporation, así como el Grupo Ad Hoc de Bonistas están objetando una orden federal que declara que no pueden tener acceso a documentos que se usaron para hacer planes fiscales porque están protegidos por el privilegio de proceso deliberativo, un principio del “common law” que dice que los procesos internos de la rama ejecutiva de un gobierno están exentos de ser divulgados en litigios civiles.

El pasado 26 de febrero, la magistrada federal Judith Dein, quien trabaja con la jueza Laura Taylor Swain en los procesos de quiebra, ordenó al gobierno que registrara cualquier objeción a la divulgación de dichos documentos en un registro de “privilegio categórico”, luego de determinar que los documentos para diseñar el plan fiscal eran  “privilegiados”.

Los acreedores y las aseguradoras de deuda sostienen que dichos documentos contienen información fáctica, que no está protegida por el privilegio. Eso incluye documentos o comunicaciones entre el ELA, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la junta de control fiscal y profesionales.

Aunque algunos de estos materiales no son privilegiados, los acreedores alegan que el gobierno no ha hecho los documentos públicos.

Los acreedores también sostienen que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que el Gobierno tiene la carga de demostrar que dichos documentos son privilegiados.

Se referían a la determinación en el caso de Bhatia Gautier v Roselló Nevares, en la que el líder de la Minoría del Senado Eduardo Bhatia presentó una petición para obligar al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a hacer públicos los proyectos de presupuestos que se habían proporcionado a la junta de control fiscal. El Tribunal Supremo, luego de hacer varias determinaciones, refirió el caso nuevamente al Tribunal Superior.

Este tribunal inferior dictaminó que, para que el Gobierno no tenga que hacer públicos ciertos documentos, debe imponer restricciones que respondan a un interés gubernamental convincente. El Tribunal Superior consideró que los borradores de los presupuestos no estaban protegidos por privilegios.

Según el Tribunal Superior, los borradores contienen información de números y otra información factual que no los convierte en documentos privilegiados. Los acreedores también resaltaron que existe un interés público en poder tener acceso a dichos documentos.

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