13 de Noviembre de 2018

Acreedores piden al tribunal acceso a material que usa el Gobierno en planes fiscales

Por el 9 de Enero de 2018
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Aunque los acreedores admiten que ya tienen acceso a parte de los materiales que solicitan, alegan que el proceso de mediación que se lleva a cabo y otros acuerdos de confidencialidad impiden su uso en los casos de quiebra bajo el Título III de Promesa. (Juan J. Rodríguez/CB)

Si no se pueden cuestionar los cálculos, modelos, proyecciones y otros elementos que conforman los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico, ¿cómo se asegura que asignan la máxima cantidad de dinero al repago de la deuda pública?

Este es el argumento principal de casi una docena de acreedores que buscan que el tribunal federal autorice el acceso a material relacionado a la confección de los planes fiscales. Hasta el momento, tanto el Gobierno como la junta de control fiscal se oponen a la petición.

“[El Gobierno y la junta], quienes continúan pregonando su ‘compromiso con la transparencia’ […] insisten que estos materiales del desarrollo de los planes fiscales nunca deben ver la luz del día”, lee un escrito presentado el pasado viernes por el conjunto de acreedores que incluye fondos de cobertura, fondos mutuos y aseguradoras dueñas de diferentes tipos de deuda de la isla.

Solicitan al Gobierno apertura y cambio de estrategia en nuevo plan fiscal

No es la primera vez que estos acreedores acuden al tribunal buscando acceso a información financiera del Gobierno. El pasado mes de diciembre, la jueza magistrada Judith Dein autorizó parcialmente una petición inicial de descubrimiento de prueba presentada por el conglomerado de acreedores. No obstante, aún existen diferencias entre las partes sobre la producción de ciertos datos e información.

Aunque los acreedores admiten que ya tienen acceso a parte de los materiales que solicitan, alegan que el proceso de mediación que se lleva a cabo y otros acuerdos de confidencialidad impiden su uso en los casos de quiebra bajo el Título III de Promesa. Entretanto, argumentan que el Gobierno y la junta también han impedido el acceso a cierta información alegando que se trata de material privilegiado o que es muy prematuro para divulgarla.

Específicamente, los acreedores quieren que se haga disponible todo insumo, cálculo, fórmula y supuesto que forme parte de los planes fiscales, así como también cualquier borrador que el Gobierno haya entregado a la junta. Luego de posponer la fecha inicial del 22 de diciembre, el ente rector otorgó a la administración de Ricardo Rosselló Nevares hasta mañana, 10 de enero, para entregar planes revisados para el gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“[El Gobierno y la junta] quieren que el tribunal tome su palabra en torno a cuánto [Puerto Rico] puede pagar razonablemente”, añade el escrito de los acreedores”, lee parte del escrito. (Juan J. Rodríguez/CB)

Asimismo, los acreedores piden el modelo financiero que subyace el plan fiscal del gobierno central. Originado por la firma DevTech —consultores desde la pasada administración de Alejandro García Padilla—, el modelo proyecta el producto nacional bruto y la inflación de la isla, dos elementos que inciden directamente en los recaudos al erario.

Por último, quieren saber cómo se determinó el llamado “ajuste por reconciliación” —una reserva de $600 millones anuales que el Gobierno tendría para atender los desfases históricos entre lo que se presupuesta y lo que se gasta realmente cada año fiscal.

“Todos, especialmente el tribunal, deben conocer la base para los cálculos [del plan fiscal]. Esto porque los [acreedores] tienen un derecho a recibir el máximo que el deudor pueda razonablemente pagar. [El Gobierno y la junta] quieren que el tribunal tome su palabra en torno a cuánto [Puerto Rico] puede pagar razonablemente”, añade el escrito de los acreedores.

El Gobierno y la junta tienen hasta el 19 de enero para explicar su oposición al tribunal, que espera decidir en o antes que finalice el mes si amerita convocar una audiencia para atender la disputa. Las vistas relacionadas a los casos de Título III continúan mañana con una audiencia donde se atenderá, entre otros aspectos, la impugnación por parte de ciertos acreedores a los nombramientos de los siete miembros de la junta fiscal.



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