21 de Julio de 2019

Acuerdo sobre bonos de GOs incluye el repago de deuda impugnada

Por el 18 de Junio de 2019

El acuerdo anunciado por la Junta de Supervisión Fiscal esta semana para reestructurar $35,000 millones en reclamaciones de deuda con los bonistas de obligaciones generales (GOs, en inglés) del Estado Libre Asociado y de la Autoridad de Edificios Públicos, incluye el repago de unos $6,000 millones que la Junta está tratando de invalidar, confirmó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta.

También incluye aproximadamente $1,000 millones en deuda de bonos emitidos en el 2011 cuya validez es impugnada por el Comité de Acreedores No Garantizados alegando que viola los límites constitucionales.

El acuerdo, anunciado por la junta en el fin de semana mediante un comunicado de prensa, reduce la cantidad de bonos del ELA en circulación a menos de $12,000 millones, una reducción de más del 60%. El servicio de la deuda del gobierno de Puerto Rico, incluido capital e intereses durante los próximos 30 años, se reduciría aproximadamente a la mitad, de $43,000 millones a $ 21,000 millones.

El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal y el Comité Oficial de Acreedores No Garantizados objetaron en enero más de $6,000 millones de la deuda de Puerto Rico, argumentando que estaba en “clara violación” de los límites de permitidos por la Constitución del ELA, por lo que debían ser declarada nula y sin efecto. La Junta también plantea que la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos debe ser declarada sin garantía. De forma separada, los acreedores no asegurados intentan invalidar la deuda de 2011, aunque la Junta no se unió a ese pleito.

“Anunciamos este acuerdo ayer y ahora que es público, esperamos continuar hablando con más acreedores en el camino. Lo hicimos con AEE (la Autoridad de Energía Eléctrica) ”, dijo Jaresko en referencia al reciente acuerdo de reestructuración negociado con aproximadamente el 40% de los tenedores de bonos de la empresa de servicios públicos. La monoliner Syncora, se unió al acuerdo luego de anunciado.  

Un documento publicado este fin de semana por la Junta establece que si bien los bonos de obligación general de 2012 y 2014 que han sido impugnados, están sujetos lo que decida el tribunal, el acuerdo ofrece un plan para negociar los litigios pendientes.

La junta espera presentar dentro de los próximos 30 días, un plan de ajuste de deuda ante los tribunales conforme al Título III de la  Promesa y finiquitar todo lo referente al ese título de la ley para principios del 2020.

No obstante, Christian Sobrino, director de la Agencia Fiscal y de la Autoridad de Asesoría Financiera de la isla (Aafaf), anticipó que el gobierno no apoyará ningún acuerdo de restructuración de deuda, si este está condicionado a un recortes en las pensiones.

“No promoveremos ninguna legislación, orden ejecutiva ni ningún otro acuerdo administrativo que apoye directa o indirectamente un plan de ajuste que implique una reducción en las pensiones”, dijo Sobrino en un comunicado. Jaresko respondió que entiende que el acuerdo de restructuración negociado con los acreedores no requiere de legislación, pues depende de la naturaleza de los bonos estructurados.

Según la junta, el acuerdo es un reconocimiento de las partes, de que la situación financiera de la Isla requiere una “reducción significativa” de su deuda a niveles sostenibles y que este es un elemento importante que permitiría a Puerto Rico salir de la quiebra para principios del año próximo.  

En una comunicación, la Lawful Constitutional Debt Coalition, que incluye a tenedores de deuda de obligaciones generales y de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), emitidos antes de marzo de 2012, dijo que el resultado de tres meses de negociaciones con la junta fue un acuerdo consensuado de reestructuración de deuda de $ 18,000 millones de obligación general y deuda de AEP.

Los miembros de la coalición, que incluyen GoldenTree Asset Management, Monarch Alternative Capital, Whitebox Advisors y Taconic Capital firmaron el acuerdo. Otros signatarios incluyen miembros del grupo Ad Hoc de Dueños de bonos de Qualified School Construction y Qualified Zone Academy.

Assured Guaranty, una de las varias aseguradoras de bonos que cuestionan la constitucionalidad de la junta, no respaldó el acuerdo.

Un resumen del acuerdo incluye que:

  • Los tenedores de bonos participantes recibirán una combinación de bonos nuevos y dinero en efectivo;
  • En conjunto, los tenedores de bonos GO recuperarán aproximadamente 64%;
  • Se colocarán en cuentas de reserva (“escrow”) las distribuciones prorrateadas correspondientes a los reclamos disputados de tenedores;
  • La autoridad para litigar o transar litigios existentes sobre deuda emitida después de marzo de 2012 se transferirá a un fideicomiso después de la confirmación del plan, y;
  • Existirá un valor de litigio para Puerto Rico de hasta $1,400 millones.

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