26 de Junio de 2019

Advierten sobre consecuencias de considerar a Puerto Rico una jurisdicción doméstica

Por el 30 de Noviembre de 2017

El representante popular, Luis Vega Ramos, fustigó a la mayoría legislativa por apoyar la propuesta de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de convertir a Puerto Rico en una jurisdicción doméstica como parte de la reforma contributiva federal pues ello implicaría que Puerto Rico tenga que pagar impuestos federales.

Vega Ramos dijo que los esfuerzos del Gobierno, apoyados por la Asociación de Industriales y otras organizaciones del sector privado, van dirigidos a convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado en donde los puertorriqueños tendrían que pagar impuestos federales pero no tendrían derecho a paridad en los fondos como un estado de la unión.

“Eso implica la derogación de la Sección 9 de la Ley de Relaciones Federales. Te incorporan y te aplican todos los demás taxes:  ‘income taxes’ y corporativos. Eso le costaría $9,000 millones al país según el informe del GAO (del 2014). La solución no es decir que le apliquen a Puerto Rico las contribuciones”, dijo Vega Ramos en referencia a un informe que analizó el impacto de la estadidad.

El legislador popular sostuvo que el hecho de que Puerto Rico pague impuestos federales como jurisdicción doméstica no implica que el Gobierno federal esté obligado a darle fondos federales en paridad con los demás estados porque se convertiría en territorio y el Congreso nos podría tratar de forma diferente.

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Las expresiones del legislador tienen lugar mientras representantes del gobernador Rosselló Nevares y organizaciones del sector privado cabildean en el Senado federal para que se incluya lenguaje en la reforma contributiva federal -impulsada por  la administración de Donald Trump que considere a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica para propósitos contributivos.

Actualmente, la isla es considerada una jurisdicción foránea, lo que permite evitar el pago de contribuciones federales a sus residentes y recibir ciertas ventajas contributivas que la hacen más atractiva para que empresas principalmente manufactureras se establecieran aquí.

La propuesta reforma contributiva que se discute en el Congreso le impondría mayores impuestos a los productos de empresas estadounidenses que se manufacturen en el extranjero para ser vendidos en Estados Unidos.

La versión cameral de la reforma contributiva impone una contribución de 20% a las importaciones hacia Estados Unidos de empresas estadounidenses que operen en una jurisdicción foránea como lo es hoy Puerto Rico. Mientras, la versión del Senado federal impone un impuesto de 12.5%  sobre la propiedad intelectual que utilizan esas empresas foráneas.

Hasta la semana pasada, el gobernador abogaba para que se excluyera a la isla de esos impuestos pero no había pedido que Puerto Rico se convirtiese en jurisdicción doméstica para propósitos contributivos.

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La idea de la reforma es que las firmas manufactureras en el extranjero regresen a Estados Unidos para beneficiarse de una reducción en sus impuestos corporativos. Por eso, RossellóNevares argumenta que pedir que la isla sea considerada una jurisdicción doméstica sería beneficioso para la industria local, sin considerar las implicaciones que ello podría tener para los individuos.

Vega Ramos admitió que mantener a Puerto Rico como jurisdicción foránea bajo la reforma contributiva también sería igual de desastroso.

“Por eso es que yo digo que lo que tenemos que pedir es que se nos excluya de estas disposiciones. Lo que hay que defender es el trato diferenciado […] Ser jurisdicción doméstica no es la solución”, dijo Vega Ramos a este medio.

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El representante popular también alegó que si Puerto Rico fuese jurisdicción doméstica, sería igual que los demás estados para propósitos contributivos por lo que los inversionistas no tendrían incentivos para mudar sus operaciones a la isla.

“La Coca Cola pagaría aquí lo mismo que paga en Atlanta, por lo que no tendría motivos para quedarse”, sostuvo Vega Ramos.

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