17 de Noviembre de 2019

Advierten sobre la privatización de las campañas políticas

Por el 1 de Julio de 2017

Las enmiendas propuestas a la actual ley electoral para eliminar el financiamiento público para la administración de los partidos políticos podrían ser el inicio de un nuevo modelo electoral y político del país, que dejaría en manos del capital privado el control de las campañas políticas.

Como anticipo, el plebiscito de status del pasado 11 de junio, la Oficina del Contralor Electoral aprobó un reglamento que no establecía límites a los donativos que una persona natural podía aportar a un comité de partido político, agrupación de ciudadanos o comité de acción política de cualquier tipo registrado.

Poco después, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó legislación para eliminar la aportación del gobierno al fondo electoral del cual los partidos políticos se benefician para pagar sus gastos administrativos, con el argumento de que la medida respaldaría el presupuesto general de gastos que aprobó la Asamblea Legislativa.

Héctor Luis Acevedo, excomisionado electoral del Partido Popular Democrático. (Suministrada)

El proyecto enmienda la Ley 222-2011, de Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas de Puerto Rico, que dispone que cada partido político recibirá $400,000 en años no eleccionarios y $600,000 en años eleccionarios para gastos operacionales.

La medida del Ejecutivo no contempla, hasta ahora, afectar el dinero que se asigna para campañas políticas, asunto que podría discutirse más adelante, dijo La Fortaleza.

La implementación de la medida sin consultar a los demás actores del proceso político levanta cuestionamientos sobre la intención de esos cambios y sus implicaciones.

El licenciado Héctor Luis Acevedo, un excomisionado electoral del Partido Popular, y estudioso del tema electoral, advirtió que esa iniciativa del gobernador Rosselló Nevares es el comienzo de un proceso que culminará en el total financiamiento de las campañas políticas por el sector privado.

“El poder real se ha erosionado de los que figuran en las papeletas hacia los que tienen recursos y no aparecen en las papeletas”, advirtió Acevedo dijo a CB en Español, al tiempo que pidió a los electores estar atentos a esos cambios al sistema electoral, dirigidos a poner en manos de los inversionistas políticos.

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Acevedo recordó las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Unidos en las que el entonces candidato presidencial del Partido Demócrata, Barack Obama, renunció al financiamiento público de su campaña para hacerlo de manera privada. Tras esa decisión, el candidato presidencial del GOP, John McCain, se acogió al financiamiento público de su campaña para la que contó con unos $110 millones, mientras que Obama, levantó en el sector privado sobre $700 millones. La campaña de McCain pautó apenas pautó anuncios durante la contienda, la proporción fue de siete a uno a favor de Obama.

“Esta última decisión en el caso Citizens United (del Tribunal Supremo federal) fue duramente criticada por los dos principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos en el 2008 por erosionar el poder político de los ciudadanos y los partidos políticos hacia los intereses financieros que no figuran en la papeleta, pero desean controlar el proceso político debilitando la democracia. O sea, los candidatos tienen límites y reglamentaciones y los llamados grupos independientes, siempre que “no coordinen sus campañas” no tienen ninguno o muy poco”, advirtió Acevedo.

Aseguró que los cambios que se han propuesto a la ley electoral de Puerto Rico, sin el consenso de los demás actores políticos del país, van dirigido a implantar un sistema político electoral imitando al de Estados Unidos.

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“Les estamos entregando a los inversionistas políticos las decisiones políticas y electorales de la gente”, dijo Acevedo. Además advirtió que con esta iniciativa se perdería el control y la transparencia sobre los donativos que hoy existe en las campañas políticas.

Por su parte, el profesor Rafael Bernabe, excandidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, sostuvo que eliminar la financiación pública de los partidos políticos hará que los partidos dependan exclusivamente de fondos privados, lo que incrementará la corrupción, “pues se dará la práctica de favorecer a los donantes a cambio de legislación”.

Bernabe, por el contrario, abogó por una reforma electoral que prohíba los donativos privados, al tiempo que asigne a los partidos políticos un tope de fondos públicos para su operación, medida que en su opinión,  pondría a los partidos en igualdad de condiciones durante una elección.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), a tono con su propuesta de muchos años, plantea la eliminación de todo subsidio gubernamental a los partidos políticos y a candidatos a puestos electivos.

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“Si realmente se quiere responder a la realidad de la crisis económica y fiscal actual del país, no sólo se debe eliminar el Fondo Electoral, sino que se debe eliminar también el multimillonario sistema del pareo para el financiamiento de las campañas políticas y el subsidio de transportación de electores en eventos electorales”, dijo el senador Juan Dalmau, secretario general y excomisionado electoral del PIP.

Sostuvo que a esa iniciativa hay que agregarle otras para  reducir y restringir las contribuciones privadas de individuos y corporaciones a partidos y campañas políticas;  prohibir a contratistas o miembros de las juntas directivas de empresas contratantes con el gobierno donar dinero a partidos y candidatos; reducir el periodo de campaña electoral en los medios de comunicación y utilizar el sistema de radio y televisión pública -WIPR- como medios de orientación e información programática de los partidos a la ciudadanía.

Añadió que de lo contrario, “no sólo será muy limitado el ahorro de fondos públicos, sino que, además, el partido de gobierno recibirá -sin fiscalización ni restricciones- aportaciones exorbitantes del inversionismo político, que es el germen de la corrupción gubernamental”, dijo.

Mientras,  la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, sostuvo que su partido está listo para operar sin esa asignación.

“Conscientes de los momentos de crisis que enfrenta el pueblo y al igual que nuestra ciudadanía, nosotros también tenemos que aportar y hacer sacrificios. Estamos preparados para sufragar los gastos administrativos con nuestros propios fondos”, dijo Burgos.

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