26 de Junio de 2019

Agricultura explica aumento en costo de leche ultrapasterizada

Por el 23 de Junio de 2017

El secretario de Agricultura, Carlos Flores Otero, aseguró esta semana que el aumento de tres centavos a la leche ultrapasterizada (UHT) no obedece a una decisión de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), sino a una orden del tribunal federal como parte de un acuerdo ratificado en 2013 entre la administración del exgobernador, Alejandro García Padilla,  y las plantas elaboradoras Suiza y Tres Monjitas.

Las expresiones del titular del Departamento de Agricultura (DA) surgen luego que la pasada semana la Industria Lechera de Puerto Rico (Indulac) anunciara que busca paralizar en el Tribunal de Primera Instancia el aumento, por considerarlo ilegal.

“Ellos entienden que esto es una decisión de ORIL y no lo es, esto es acatar una orden del tribunal federal. El tribunal local no tiene jurisdicción sobre las decisiones que ha emitido el tribunal federal. Si el tribunal local me dice que no se puede implementar ese aumento, ¿qué le voy a decir al tribunal federal?”, cuestionó Flores Otero.

Parte de los argumentos presentados por Indulac para someter el recurso legal que intenta detener la implementación del aumento -que debió entrar en vigor el pasado 1 de junio-, es que este se realizó sin el debido proceso de ley.

“¿Y qué pasa cuando uno no acata una orden del tribunal? Uno incurre en desacato. ¿Me voy a arriesgar a entrar en desacato con la corte federal?”, añadió.

Según explicó el secretario, cuando el foro federal esbozó en diciembre de 2016 la orden para el aumento de tres centavos al precio de la leche, inicialmente se creyó que se trataba únicamente de la leche fresca. Sin embargo, el tribunal aclaró que el aumento debía incluir toda la leche fluida.

“Durante ese tiempo estuvimos con nuestros abogados verificando y constatando con el Tribunal federal para ver si en el pleito, y en los cálculos que se habían hecho, estaba incluida la leche UHT y sí, está incluida, porque es leche fluida”, explicó.

Parte de los argumentos presentados por Indulac para someter el recurso legal que intenta detener la implementación del aumento -que debió entrar en vigor el pasado 1 de junio-, es que este se realizó sin el debido proceso de ley. Según explicó la organización, líder en la elaboración de productos lácteos en la isla, para que una orden de precios entre en vigor, se debe seguir el procedimiento establecido a través de la Ley 34 de 1957, también conocida como Ley para Reglamentar la Industria Lechera.

“Este aumento no responde al debido proceso de evaluación y análisis de la industria y a la condición del mercado actual de leche exigido por la propia Ley de la ORIL. Se supone que se hagan vistas públicas, que se hayan publicado una serie de edictos, que se haya contado con la comparecencia y opinión del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre dicho aumento y su efecto sobre los consumidores. Nada de esto se hizo”, indicó a través de comunicado de prensa fechado al 14 de junio el presidente de la Junta de Directores de Indulac, el agrónomo Juan Carlos Rivera.

No obstante, el titular de Agricultura aseguró que en un caso como este, que el aumento se implementa por orden del tribunal federal, no requiere ser llevado a través del procedimiento regular ya que no se realizó el aumento basado en una evaluación de ORIL sino por orden directa de ese foro.

“Se emite la orden de aumento de precio de la Oficina de Reglamentación para cumplir con la orden del tribunal federal que ya fue anunciada desde enero. Esto no es un proceso donde nosotros estamos viendo si los costos de producción han aumentado, si se requiere aumentar el precio de la leche para beneficio del ganadero, esto es ejecutar una orden del tribunal federal. Tan sencillo como eso”, recalcó.

La Asociación de Agricultores había indicado en enero pasado que el convenio establecía en mutuo acuerdo entre las partes involucradas, un aumento de .3 centavos anuales hasta 2028. Este surgió luego que las plantas productoras de leche alegaran una deuda de $258 millones que no podían sufragar y que, originalmente, perfilaba un aumento de entre .14 y .35 centavos por litro que comenzaría en 2013.

No obstante, ese aumento fue frenado y resuelto con la mediación del tribunal federal ratificando un convenio en el que se estableció que el gobierno, por ser el ente regulador de las empresas productoras de leche, para pagar $171 millones de la deuda a través del Fondo General.

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