7 de Diciembre de 2022

PPD impugnará en el Tribunal Federal la legalidad del plebiscito de estatus

Por el 9 de Febrero de 2017

El Partido Popular Democrático (PPD) impugnará la próxima semana en el Tribunal Federal en San Juan la legalidad de la consulta de estatus a celebrarse el 11 de junio promulgada por la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El presidente de la colectividad, David Bernier, dijo a Caribbean Business que la demanda se hará bajo al alegato de que la consulta, como ha sido aprobada, “violenta los derechos civiles de miles de puertorriqueños que no estarán representados en las opciones que se han incluido”, dijo.

(Juan J. Rodríguez/CB)

No obstante, el líder popular dijo que su partido todavía no ha elaborado una propuesta de estatus a defender en la eventualidad que le pidan que someta una para ser incluida en la consulta. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Yo espero ya la semana que viene estar radicando en [el Departamento de] Justicia. No hay tiempo que perder”, dijo Bernier al señalar que su acción estará basada en argumentos sólidos, “haciendo el planteamiento pronto de por qué el plebiscito que aprobó el actual gobierno violenta derechos civiles”.

No obstante, el líder popular dijo que su partido todavía no ha elaborado una propuesta de estatus a defender en la eventualidad que le pidan que someta una para ser incluida en la consulta.

Casualmente, el exgobernador Rafael Hernández Colón, el principal ideólogo del Estado Libre Asociado (ELA) ha planteado que el plebiscito impulsado por la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) no solo es discriminatorio, sino que “los estadolibristas no vamos a poder votar en ese plebiscito”.

Sin embargo, Bernier se distanció de la posición del exmandatario al indicar que “esa no es la recomendación de Partido Popular. No lo hemos decidido aún, y es posible que esa sea la posición, pero en estos momentos no tenemos una decisión”, dijo. Afirmó que en esos momentos todas esa recomendaciones que se han hecho se plantean en el carácter personal de los que la hacen y no a nombre del PPD.

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Ayer, la Junta de Gobierno del PPD acordó, entre otras cosas, reclamar al Departamento de Justicia federal la violación de derechos civiles, impugnar la consulta plebiscitaria en el Tribunal Federal por violación de derechos civiles y enviar una delegación al Congreso federal para gestionar una reunión con los líderes del Congreso para plantearles la situación que confronta el pueblo de Puerto Rico ante la propuesta consulta plebiscitaria que excluye a los partidarios del ELA.

La resolución sostiene, entre otras cosas, que “el plebiscito se aprobó de manera atropellada, desdeñando las visiones, propuestas e intereses de la mayoría del pueblo puertorriqueño”.

Se aseguró que en la discusión de la resolución en el seno de la Junta de Gobierno, el expresidente del PPD, Héctor Ferrer, cuestionó la posición de Hernández Colón sobre un ELA mejorado porque excluye a un importante sector que busca un ELA desarrollado, con mayores poderes autonómicos.

Hernández Colón, por su parte, defendió su propuesta señalando que el ELA mejorado lo que busca es detener la consulta plebiscitaria del próximo 11 de junio.

Durante la consideración del proyecto de estatus en la Asamblea Legislativa, se le requirió a los líderes del Partido Popular que sometieran una propuesta de estatus para incluirla en la consulta, pero no lo hicieron.

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El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá dijo entonces que la definición del nuevo ELA, asignada a una comisión de estatus creada por el entonces presidente del PPD, Alejandro García Padilla, preparó un proyecto pero el ahora exgobernador nunca reunió a la comisión para discutir el documento y aprobarlo.

Aún así, ese documento nunca ha sido divulgado ni se sabe dónde se encuentra ni qué cosas contiene.

Acevedo Vilá ha planteado que su definición de estatus del ELA incluirá todas las tendencias que existen en el PPD, que van desde una relación política de Estados Unidos con Puerto Rico de carácter territorial hasta una que se de fuera de la cláusula territorial, con amplios poderes soberanos para el gobierno de Puerto Rico.

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