Alcaldes auguran crisis humanitaria por recortes a municipios

Una crisis humanitaria sin precedentes podría desatarse en la isla si el gobierno central no da marcha atrás a la decisión de eliminar la transferencia del fondo de equiparación para los municipios proveniente del Centro de Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM), aseguró hoy un grupo de alcaldes afiliados a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR).

Según explicaron los alcaldes de Cayey, Isabela, Maunabo y Salinas durante una mesa redonda realizada en la sede del Partido Popular Democrático (PPD) en Puerta de Tierra, muchos de los presupuestos municipales de ciudades de baja población, dependen entre un 70% y un 96% de este fondo provisto por el Estado, lo que los sumiría en la insolvencia para 2018 si sus presupuestos se ven trastocados dramáticamente con ese recorte.

El grupo de alcaldes, acompañados por el presidente del PPD, denunciaron que las acciones del gobierno central deben estar dirigidas a fortalecer los municipios y no a debilitarlos. (Agustín Criollo/CB)

Según aseguraron los primeros ejecutivos municipales –acompañados por el presidente del PPD, Héctor Ferrer– los efectos de estas medidas serán mucho más agudos en municipios pequeños como Maunabo, Salinas, Maricao, Florida, Las Marías y Naguabo, entre otros, al verse imposibilitados de brindar servicios esenciales a la ciudadanía, afectando directamente la calidad de vida de los constituyentes.

El grupo emplazó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que detenga la decisión de desviar el dinero del fondo de equiparación e insistieron en que este no es una “dádiva” del gobierno central a los ayuntamientos del país.

Mínimo 40 municipios se quedarán totalmente insolventes para el año fiscal 2018-2019 si se remueve este fondo. La operación del municipio son los servicios que se le ofrece a la ciudadanía. Ayudas en salud, en educación, seguridad, ornato, saneamiento, ayuda para niños, envejecientes, hasta ayudas para pagar servicios de agua y luz, todo eso se pierde y redundará en una crisis humanitaria que la propia ley Promesa supuestamente buscaba evitar”, aseguró Carlos Delgado Altieri, alcalde de Isabela.

“No se trata de una dádiva porque esto proviene de la exoneración de la propiedad inmueble y el impacto que esto tiene en el presupuesto varía de acuerdo a realidad fiscal y a la capacidad de captación de cada municipio. Mientras más pequeño el municipio, más depende de esa transferencia. Ese es el drama que tenemos los acaldes hoy y el Estado parece que no entiende el impacto”, añadió el también secretario del PPD.

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Los alcaldes aseguraron que no se trata de un reclamo partidista, sino de una advertencia de lo que enfrentarán todos los municipios pequeños, no importa del partido político que sean, ante las medidas que el gobierno central está tomando para atajar la crisis fiscal.

El alcalde de Isabela le reclamó al gobierno central las imposiciones que se han establecido en los ayuntamientos del país, entre ellas, la aportación anual a la tarjeta de salud, que en el caso de Isabela asciende a $600,000, además de la responsabilidad de administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de su municipio, único centro de emergencia para unos 46,000 habitantes. Asimismo, criticó la aportación compulsoria al sistema de retiro.

“Se nos impuso una aportación al sistema de retiro, que nada tiene que ver con nosotros. Yo pagaba $60,000 al año y ahora son $1.1 millones que tengo que quitarle a mi gente para dárselo al Estado”, lamentó el alcalde isabelino.

Por su parte, Jorge Márquez, alcalde de Maunabo denunció que la administración Rosselló Nevares se equivoca al llevar la crisis a los municipios, ya que esta medida, aseguró, tendrá un efecto devastador en aquellos municipios con menor poder adquisitivo y mayores índices de pobreza.

“Nosotros somos una región devastada económicamente. Una región con el más alto nivel de desempleo, menos poder de adquisición y alto grado de necesidad de ciudadanos que dependen del municipio”, aseguró Márquez a la vez que señaló a su municipio como un ejemplo de uno de estos casos.

El alcalde indicó además que, de un presupuesto total de $6 millones, para 2018 este recorte de fondos dejará al municipio con apenas $2 millones de presupuesto.

“Hemos sido siempre el ‘handyman’ del Estado. Siempre recurren a nosotros para resolver sus problemas. La crisis que enfrentó el país no es culpa de los municipios, siempre hemos colaborado con el gobierno. Estamos inmersos en resolverles los problemas a los ciudadanos”, añadió.

Asimismo, Karilyn Bonilla, alcaldesa de Salinas, consideró el recorte como uno injusto al ser los municipios el ente más cercano para ofrecer servicios a la ciudadanía.

Nosotros atendemos a la gente más vulnerable. La eliminación de este fondo, que se remeza a través del CRIM, es injusto porque es una aportación ciudadana para recibir servicios, no es un regalo que nos hace el Estado. Esta acción del gobernador va a dejar a la mayoría de los municipios inoperantes”, indicó mientras señaló que Salinas es uno de los municipios con un índice de pobreza que sobrepasa el 50%, además de tener una tasa de desempleo que ronda en el 20%.

Bonilla también indicó que el Distrito senatorial de Guayama recibirá un recorte de $60 millones, que tendrá un impacto fuertísimo en la economía de la región, una de las más pobres del país.

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Finalmente, Rolando Ortiz, alcalde de Cayey y presidente de la AAPR, aseguró que ya se están viendo los estragos de los recortes gubernamentales entre sus constituyentes.

Estamos viendo personas en las comunidades que no hay forma de que tengan alimentos. Ancianos en condiciones de extrema pobreza. El Departamento de la Familia no los está atendiendo, los programas que se crearon para atenderlos no funcionan. Lo más duro es que los alcaldes del PNP, que según hemos visto tienen cuota de responsabilidad en esto, no han podido detener la manera desenfocada en que actúa el gobernador. Estos municipios también van a sufrir consecuencias severas porque el gobernador sigue obrando en contra de los municipios y eso va en contra de gente con grandes necesidades”, lamentó.

Según explicaron, los recortes del fondo de equiparación para municipios representan $175 millones para el año fiscal 2018, que comienza el primero de julio. Para el año fiscal 2019 se espera que el recorte ascienda a $350 millones y subsecuentemente la misma cantidad en años siguientes. Y, a pesar de que admitieron que esta no es la única fuente de ingresos para los ayuntamientos, dijeron que esto crearía un efecto en cadena que afectaría los ingresos por concepto de impuesto de venta y uso (IVU), arbitrios de construcción y patentes.