13 de Julio de 2020

Alcaldes dicen que no tienen que repagar al gobierno, pero lo van a hacer

Por el 7 de Mayo de 2020

El presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo informó el jueves que la organización acordó la proporción del pago que harán por concepto de la anulación de la Ley 29.

La determinación se hizo luego de una reunión con los presidentes de la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes.

“Si viene entonces un mandato de que nosotros paguemos y ese mandato implica la aplicación de los $132 millones que tenemos de la transferencia del Estado, decidimos que se iba a aplicar en igual proporción porcentual a todos los municipios como ya habíamos anunciado en nuestra comunicación a la Junta”, dijo el también alcalde de Cidra en conferencia de prensa.

“Lo otro que resolvimos es enviarle una comunicación a la Junta de Control Fiscal solicitándole cuál es su posición en torno a la línea de crédito que nos habían ofrecido. Es evidente que si usamos los $132 millones para abonar a la deuda va a dejar al CRIM sin liquidez”, añadió al asegurar que los recaudos del CRIM se han caído debido a los efectos de la pandemia del COVID-19.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Alcaldes, José “Joe” Román, junto a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y los alcaldes de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro y Maunabo, Jorge Márquez Pérez insistieron que el gobierno central es quien debe pagar el dinero que la jueza federal Laura Taylor Swain ordenó tras anular la Ley 29, creada por el ejecutivo.

“El planteamiento que hemos hecho es que, en primer lugar, nosotros no somos parte de la demanda en la cual emite su decisión la jueza Laura Taylor Swain. A quien la Junta de Control Fiscal demanda es al gobierno de Puerto Rico. Por ende, quien tiene que responder sobre la Ley 29 es el gobierno de Puerto Rico”, dijo el también alcalde de San Lorenzo, Román Abreu en conferencia de prensa.

“Si el gobierno de Puerto Rico quisiera cobrarles a los gobiernos municipales tendría que ir al tribunal para solicitar así, el que se le pague ese dinero que le corresponde a los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque Retiro de los gobiernos municipales los pagaron los jubilados que también hicieron sus aportaciones. Y número dos, que la Reforma de Salud la creó el estado y le advertimos que si ellos nos daban las medidas necesarias se iban a quedar sin dinero y nos pusieron una carga adicional a los gobiernos municipales para hoy tratar de quitarnos los recursos”, añadió.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo que la determinación de la jueza Swain no ordena a los gobiernos municipales desembolsar dinero.

“La demanda lo único que hace es anular la Ley 29. No le pide a nadie que pague nada. La Junta de Control Fiscal en un acto caprichoso, abusador y prepotente, les dice a los municipios y al CRIM, tienen que pagar el dinero que el gobierno les dio para cumplir con sus obligaciones. Esto es como si usted cogía pon con su vecino, pero el vecino dejó de pagar el carro. Y entonces el banco, en vez de ir contra el vecino, le dice a usted que usted le pague la cuenta al vecino porque el vecino dejó de pagar el carro. El pueblo de Puerto Rico tiene que estar claro, los municipios nuestros préstamos están al día pagados y preparados. Aquí el que debe es el gobierno central”, dijo Cruz Soto.

“La gobernadora tiene que cumplir su palabra. A ver si es capaz de hacer algo bien, cumplir su palabra. Ella dijo que iba a resolver este problema a los municipios, quizá porque le convenía políticamente. Pues ahora que ponga su dinero donde puso su palabra”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Maunabo Jorge Márquez Pérez aseguró que tanto los municipios como el CRIM le han presentado alternativas para subsanar el problema, pero no los han escuchado.

“Se le han dado alternativas. Los municipios y el CRIM le han brindado alternativas. La Junta dictatorial y unilateralmente quiere imponerles a los municipios que se le envíe 132 millones de dólares que el estado envió a los municipios y que es parte de los municipios para cumplir con obligaciones de ASES y de PayGo entonces los municipios quedarían insolventes.

Los alcaldes solicitaron una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, crear un comité de municipios de menor, de mediana y mayor población para que haya un balance dentro de las medidas que se vayan a tomar de justicia para los 78 municipios. Y levantar información para en caso de acudir a los tribunales, estatal y federal estar listos para reclamar.

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, recordó a los gobiernos municipales que, a partir del jueves, tendrán que devolver al gobierno central el tres por ciento de sus fondos tras la anulación de la Ley 29.

“Mañana, 7 de mayo de 2020, cobrará vigencia la decisión del Tribunal de Distrito federal de Puerto Rico para anular la Ley 29 de Puerto Rico, reinstaurando la obligación de los municipios de reembolsar al gobierno central los beneficios de retiro de los pensionados municipales”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

La Junta determinó que los municipios deben al gobierno 198 millones de dólares por los pagos de beneficios de pensionados, y que el CRIM puede aplicar los 132 millones de dólares del fondo de equiparación del Plan Fiscal Certificado a ese balance. Entonces, la diferencia de 66 millones de dólares tiene que ser pagada al gobierno que equivale a cerca de 3 por ciento del total de presupuestos combinados de los municipios, que asciende a 2,000 millones de dólares.

El Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM) determinó repagar esa cuantía de forma proporcional para los 78 municipios, lo que se traduce en que cada municipio debe al gobierno una cantidad equivalente al 3 por ciento de su presupuesto anual.

La Junta determinó que existen otras fuentes de fondos para saldar la deuda con el gobierno de manera responsable y manejable. Los municipios no tendrán que desviar fondos de sus presupuestos de operaciones del año fiscal en curso, ni tampoco tendrán que hacer recortes a los servicios prioritarios para cumplir con estos pagos.

La secuencia del plan de repago es incremental a los presupuestos de operaciones de los municipios:

Las ganancias pendientes de la lotería electrónica que no se hayan remitido al CRIM;

Los fondos en exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE) que no estaban ya presupuestados por los municipios individuales o que se hayan recaudado en cantidades mayores que las presupuestadas;

Las recaudaciones de impuestos que excedan lo presupuestado, ya que el CRIM puede recibir recaudaciones de impuestos no presupuestadas, como las propiedades nuevas que pagarán impuestos y la recaudación por las deudas pendientes por impuestos adeudados. En ninguna circunstancia, se utilizará el exceso de recaudaciones de impuestos de un municipio para cubrir la obligación de otro municipio.

Los ingresos por la venta de las deudas pendientes por el impuesto de la propiedad sin cobrar -una medida que tendrá un papel destacado en el plan fiscal del CRIM.

“Los municipios tienen que pagar lo que deben al gobierno sin demoras innecesarias. Es la manera fiscalmente responsable de hacerlo a fin de resolver las obligaciones económicas. La venta de impuestos sobre la propiedad por cobrar es un paso importante hacia la estabilidad fiscal de los municipios en Puerto Rico, pero el proceso de vender esas cuentas por cobrar tomará tiempo. Por tal razón, la venta de las carteras de cuentas por cobrar sólo se considerará para reembolsar al gobierno central luego de haber completado los pasos 1, 2 y 3”, dijo la directora ejecutiva de la JCF.

De otra parte, la Junta propuso crear un servicio de liquidez a corto plazo para el CRIM, subvencionado por el Gobierno, con el propósito de cuadrar el déficit del flujo de fondos tras el retraso de los recaudos de impuestos a la propiedad debido a la crisis provocada por el COVID-19. El mencionado préstamo estará disponible hasta el 31 de julio de 2020, y en ningún mes el total de retiros puede exceder los 38 millones de dólares. El adelanto se devolverá con las recaudaciones de impuestos de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020.

“La Junta ha puesto su empeño en trabajar en colaboración con el gobierno y el CRIM con el fin de minimizar la carga de los municipios de tener que repagar al gobierno y sigue firme en su compromiso de ayudar a encontrar soluciones adecuadas para superar los retos que hoy enfrentan los municipios”, concluyó.

image_print

You must be logged in to post a comment Login