7 de Febrero de 2023

[ANÁLISIS] ¡Feliz cumpleaños, Promesa!

Por el 22 de Junio de 2017

Por: Cindy Burgos Alvarado y Luis J. Valentín Ortiz

El 30 de junio se cumple un año de la Promesa que le hiciera el presidente Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos a Puerto Rico: tener un mecanismo para reestructurar la multimillonaria deuda pública sujeto a la imposición de una junta de control fiscal que sería la supervisora del Gobierno territorial.

Los siete integrantes de la junta, elegidos por republicanos y demócratas pero no por el pueblo, se supone que guiarían al Gobierno en el difícil camino de la recuperación económica y fiscal, asumiendo los poderes de los funcionarios electos por los puertorriqueños. Su trabajo terminaría cuando Puerto Rico lograse presupuestos balanceados por cuatro años consecutivos y acceso a los mercados financieros.

La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés) fue recibida en la isla entre protestas y aplausos. Pero ahora, cuando celebra su primer aniversario, son más los que se encuentran insatisfechos que los complacidos con los resultados obtenidos hasta el momento.

A un año de la firma de Promesa, algunos sectores proclaman victorias en cuanto a la reducción de gastos en el Gobierno y el comienzo de un proceso de quiebra mediante el Título III de la ley. (Ilustración)

“Ha sido un proceso de aprendizaje que no es fácil porque el Gobierno tiene una cultura operacional que venir a alterarla, pues es complicado… Al final del día, no es malo, es muy bueno porque exige una rigurosidad mayor en lo que se tiene que hacer”, expresó a CB en Español, Elías Sánchez, representante del Gobierno ante la junta. Sostuvo que la meta del Gobierno es lograr balancear los presupuestos y que la junta esté “el mínimo que requiere la ley”.

De otro lado, el abogado Rolando Emmanuelli, estudioso del estatuto federal, manifestó que la ejecución de Promesa por parte de la junta de control fiscal mantiene molestos a todos los bandos, desde los acreedores, hasta los congresistas y los intereses locales.

“Ni los acreedores creen que les han asignado lo que entienden que es justo en esta etapa, ni la junta ha protegido los servicios esenciales y las bases que pueden generar crecimiento económico, que entre ellas está la Universidad de Puerto Rico (UPR)”, declaró el letrado, coautor del libro Promesa, que muestra un análisis de los alcances de la ley.

Desatendido el desarrollo económico

Según Emmanuelli, los desaciertos van desde la falta de transparencia de parte de los integrantes de la junta hasta la ausencia de “disciplina” sobre la clase política y la falta de fiscalización a la legislación que podría chocar con el plan fiscal. Sin embargo, lo que más le causa alarma al abogado es que el organismo no le ha dado importancia a las medidas para el desarrollo de la economía, mientras se enfatiza en estrictas medidas de austeridad.

“Han abandonado toda oportunidad para que la economía crezca. Si la economía no crece, no hay presupuesto ni plan fiscal que pueda ser balanceado y, por lo tanto, la deuda no va a ser sustentable y se va a seguir poniendo peor [el panorama]. Así que mi evaluación es que [la labor de la junta ha sido] muy negativa e ineficiente“, afirmó.

Aunque rechazó hacer críticas contra el organismo, Sánchez coincidió con Emmanuelli en que es en el área de desarrollo económico donde están los mayores retos de Promesa.

“Todavía ahí falta un poquito más de integración y es porque, como va a haber un nombramiento de coordinador de revitalización nuevo,  [el asunto parece estar detenido]. Una vez eso entre en discusión puede haber un poco más de arranque”, explicó Sánchez.

Adelantó que próximamente la junta presentará al gobernador los candidatos para coordinador de revitalización, puesto que es ocupado desde noviembre y de forma interina por Aaron Bielenberg, quien trabaja para los consultores de la junta McKinsey & Co. Esto permitiría que comiencen a impulsarse  los “proyectos críticos” del Gobierno, según define el Título V de Promesa.

La falta de acción de la junta sobre el quinto capítulo de la ley federal —que provee, entre otras cosas, un proceso expedito de permisos— no es el único aspecto que se ha deslucido el primer año de Promesa. Las 75 recomendaciones del Grupo de Trabajo bipartita que creó el Congreso para presentar medidas de desarrollo económico para la Isla también continúan en el limbo.

Sánchez explicó que los trabajos han girado en torno a las recomendaciones relacionadas a los fondos federales de Salud, los cuales vencían este año, pero que no significa que el resto de las sugerencias “estén en el olvido”, por lo que espera que se tome acción prontamente.

“[Espero que] ahora, cuando la junta someta el informe [anual] y haga propuestas de revisión a [Promesa], puedan enfocar más en desarrollo económico”, sostuvo.

$86 millones y sumando

Otro de los aspectos que ha levantado críticas es el gasto que ha representado para el erario esta criatura del Congreso, que ha recibido hasta el momento $26 millones en fondos públicos. El próximo año fiscal, la junta verá un alza en su presupuesto, pues recibirá $60 millones a razón de $5 millones mensuales, a discreción de que el organismo solicite más fondos, si fuera necesario.

Gran parte del dinero se invertirá en los más de 25 contratos en servicios profesionales de la junta, que incluyen bufetes, consultoría financiera, economistas, contables, asesores en ética, firmas de relaciones públicas, seguridad y revisión de facturas, entre otros. El resto iría a pagar los reembolsos de gastos de los miembros de la junta, así como también los salarios de las personas que ya trabajan para esta desde sus oficinas en Nueva York, Washington D.C. y San Juan.

Sin embargo, no será hasta que la junta presente sus estados auditados anuales que se conocerá al detalle sus gastos.

“La junta no ha tenido ningún pudor en gastar de manera exagerada los fondos que financia el propio territorio”, manifestó Emmanuelli.

Por su parte, Sánchez expresó que la junta cuenta con “un equipo de profesionales muy competentes”, los cuales fungen como “el brazo operacional” del ente rector, interactuando a diario con los asesores y funcionarios del Gobierno.

La junta justifica sus gastos con la complejidad del asunto y la necesidad de asesoría profesional de primera clase o los “cuarto bates”, según dijo en marzo el presidente del organismo, José Carrión, al explicar los $625,000 anuales que cobrará Natalie Jaresko como directora ejecutiva.

Sin luz al final del túnel

A un año de la firma de Promesa, algunos sectores proclaman victorias en cuanto a la reducción de gastos en el Gobierno y el comienzo de un proceso de quiebra mediante el Título III de la ley.

Pero aún abundan un sinnúmero de interrogantes. ¿Cuánto tiempo tardará la quiebra? ¿Cuánto costará el proceso? ¿Cuántas personas abandonarán la isla? ¿Cómo se reestructurará la deuda? ¿Cuánto pagarán a los bonistas? ¿Cuánto ira a los servicios que ofrece el Gobierno? ¿Hasta cuándo permanecerá la junta en Puerto Rico? ¿Cumplirá el Gobierno con los planes fiscales? ¿Cuándo se conocerá el contenido de estos planes? ¿Cuándo la economía volverá a terreno positivo?

Los retos también abundan, no solo para el Gobierno y la junta. El pueblo enfrentará próximamente medidas que, según el plan fiscal, llevarán a la economía a niveles de decrecimiento mayores a los ya experimentados en los pasados 10 años. También están los retos de acceso a servicios esenciales e información, ambos actualmente limitados.

A juicio de Emmanuelli, si hay algo positivo de Promesa es que ha impulsado un cambio de pensamiento en los “consensos” sociales y económicos sobre los que se sentaba la sociedad puertorriqueña, incluyendo la determinación de resolver el estatus colonial. “Aunque la junta no haya tenido ningún acierto fuera del ámbito jurídico y político, en los sectores sociales sí hay unos movimientos que pueden generar cambios en las estructuras políticas y socioeconómicas. La crisis es oportunidad”.

image_print

You must be logged in to post a comment Login