9 de Abril de 2020

[ANÁLISIS] Reforma laboral y empleador único: entre el desarrollo económico y la pobreza

Por el 10 de Febrero de 2017

En la segunda parte de la película El Padrino (1974), el gángster Hyman Roth celebra su cumpleaños en La Habana rodeado de empresarios y con un bizcocho con la silueta de Cuba dibujada en la parte superior. Roth pide a sus invitados observar el bizcocho y, mientras dice a quién le toca qué negocio, reparten pedazo por pedazo el pastel, como quien distribuye cada sector de Cuba entre sus amigos.

En esta ocasión, la silueta es la de Puerto Rico, y ya no se trata de capos de la mafia italiana, sino de comerciantes, bonistas y todos aquellos que interesan un pedazo del pastel caribeño, que ya ha comenzado a repartirse, a juicio del economista Argeo Quiñones. 

“Eso es lo que están haciendo con Puerto Rico ahora mismo, repartiendo el bizcocho. Por el lado del mercado laboral, le están poniendo en bandeja de plata al sector privado una fuerza laboral desesperada, desposeída, con unas condiciones cada vez peores”, declaró el economista a Caribbean Business en referencia a las Leyes 1, 4 y 8, para ampliar las alianzas público privadas (APP), hacer una reforma laboral e instaurar al gobierno como empleador único, respectivamente.

Pero para el gobernador Ricardo Rosselló, las leyes que aprobó demuestran que “Puerto Rico va a estar abierto para hacer negocios y nuestro plan fiscal va a ser uno de desarrollo económico y de impacto social, va a ser uno que nos permita añadir valor”.

“En vez de seguir haciendo el bizcocho de Puerto Rico más pequeño cada vez y teniendo a los propios de aquí luchando por cantitos más pequeños, va a ser uno donde va a reducir los obstáculos de hacer negocios en Puerto Rico”, dijo Rosselló, en medio del evento Caucus con el Gobierno de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR).

El gobernador Ricardo Rosselló ha reiterado que las leyes que impulsa son parte de un plan para llevar a la isla al desarrollo económico después de una década en recesión. (Juan J. Rodríguez/CB)

El gobernador Ricardo Rosselló ha reiterado que las leyes que impulsa son parte de un plan para llevar a la isla al desarrollo económico después de una década en recesión. (Juan J. Rodríguez/CB)

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Con el gobernador concurre el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, quien indicó a este medio que las tres leyes están dirigidas a impulsar el desarrollo económico, uno de los problemas de Puerto Rico junto con el asunto fiscal.

Sin embargo, para Quiñones ese es “el mayor de los sarcasmos”.

Rosario destacó que la Ley 1 impulsará las APP porque permite al sector privado hacer el análisis de mercado y estudio ambiental sobre un proyecto sin que el gobierno tenga que intervenir monetariamente, aunque esto no significa que se llegará a un acuerdo en el futuro. Con la falta de acceso a los mercados de parte del gobierno, consideró que las APP serán la mejor forma de impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo económico en el presente.

“Pasamos la bola al sector privado para que invierta”, dijo el funcionario, quien agregó que la Ley 1 atiende también el asunto fiscal, pues hasta el 25% de las ganancias que se generen con la APP pasarán al fondo de sistemas de retiro público.

Para el economista, la idea de las APP en Puerto Rico “se ha desvirtuado”, pues en lugar de tratarse de una unión de esfuerzos entre el sector público y el privado, se ha convertido en una venta de bienes públicos rentables para recibir un pago millonario de golpe. Entonces, bienes públicos rentables están siendo llevados a la bancarrota para luego venderse “a precios de quemazón”.

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De otro lado, aunque el gobierno no tiene cifras de cuántos empleos creará la reforma laboral, ya que no hubo estudios para trazar proyecciones, Rosario afirmó que que la Ley 4 atiende la preocupación esbozada por el informe de Anne Krueger y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación a que la alta regulación laboral es uno de los obstáculos para el desarrollo económico, junto con el asunto de los permisos.

“Los que dicen que no hay un estudio, que esto [la Ley 4] no va a crear empleos, te lo dicen sin un estudio que diga que no se van a crear empleos… El efecto va a ser que van a venir más empresas a Puerto Rico y vamos a crear más empleos. Si quieres que diga que esto creará X cantidad de empleos, eso sería una irresponsabilidad de mi parte”, declaró el secretario de Asuntos Públicos, que destacó que próximamente también se aprobará una reforma de permisos en la Legislatura.

Y con el empleador único, agregó, se le da flexibilidad al gobierno de tener a los trabajadores donde más se necesitan sin recurrir a despidos, además de que se mantienen sus beneficios.

Con Rosario coincidió el analista Domingo Emanuelli, quien afirmó que el empleador único se trata de “una medida muy saludable” que permite, a su vez, el desplazamiento de trabajadores del sector público al privado manteniendo sus beneficios actuales, “algo que resulta innovador y da esperanzas para que la economía comience a levantarse”.

“Hay una realidad y es que el gobierno de Puerto Rico no tiene dinero, no solamente para montar servicios nuevos, sino para pagar nómina. Las APP son algo necesario para que se comience a encarrilar el desarrollo económico… Se está creando un ambiente de confianza en el país”, aseguró el analista, que considera que la reforma laboral sumará empleos “con mano de obra más barata”.

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El bizcocho, ¿le tocará a los pobres?

Pero por más buenas que sean las intenciones, la realidad es otra, a juicio del abogado laboral y exsecretario del Trabajo, Ruy Delgado.

“Lo que hacen las leyes [4 y 8] es congelar los ingresos de los empleados [públicos y privados], que son los consumidores, son los que mueven la economía, porque esto es una economía de consumo. Mientras menos salario tengan, menos acceso al crédito y menos consumo hay. Eso afecta a los negocios. Al haber menos dinero en la calle, vamos a ir hacia abajo”, declaró Delgado a Caribbean Business.

A esto, Quiñones añadió que ninguna de las legislaciones laborales fueron solicitadas por la junta de control fiscal impuesta por la ley federal Promesa, entidad que ahora vigila las finanzas públicas a petición del Congreso de Estados Unidos.

Delgado, quien ofreció un foro sobre la reforma laboral y sus cambios, explicó que la Ley 4 lo que pretende es “mejorar la posición de los patronos, aunque el político quiera disfrazar eso”. Ahora serán más fácil los despidos, al tiempo que reducen gastos porque pagan menos beneficios. Pero el dinero no va al Fondo General, sino al bolsillo del empresario. Y al patrono pequeño, que ahora tendrá dos sistemas de nómina corriendo, le será más complicado cumplir con la ley, por lo que quienes ganan son las grandes empresas, destacó.

“Los patronos pequeños, a mi juicio, han salido perjudicados. A la empresa pequeña le va a costar más operar, en vez de menos, porque, claro, como no se hicieron estudios, se está especulando… Esto puede ser fiesta para abogados [por la cantidad de litigios que se producirán] y eso no es productivo para la economía”, dijo el exfuncionario.

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Agregó que este modelo de atraer empresas porque hay mano de obra barata data de “hace 40 años”, formato que “no ha funcionado”. “Ese modelo colapsó” y lo que podría pasar con las medidas es que se aumente la dependencia de ayudas gubernamentales y la economía subterránea.

En cuanto al empleador único, Delgado sostuvo que es una idea positiva al quererse regular y equiparar los salarios y puestos en todas las agencias gubernamentales, pero criticó que la medida se viera con tanta ligereza y sin incluir a las corporaciones públicas, donde los salarios son mucho más exagerados y distantes que en el resto del gobierno.

Mientras tanto, Quiñones afirmó que la Ley 8 va a desarticular el sistema de administración pública, pues la centralización en un sistema de más de 100,000 empleados “lo que añade son capas de burocracia y más gastos al funcionamiento”.

Aunque está de acuerdo con el principio de igual paga por igual trabajo —no solo en el género de las personas sino entre agencias de gobierno— el economista sostuvo que dar la potestad a una nueva oficina sobre los puestos que se pueden o no contratar podría trastocar el funcionamiento en el gobierno, “va a causar un disloque”.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que los empleados públicos que pasen a las APP mantengan sus beneficios, Delgado dijo que en el pasado no ha sido así, “y hay legislación federal que va a aplicar, no importa lo que diga el legislador de Puerto Rico”.

Y para añadirle una cereza al pastel, el economista entendió que la celebración de un plebiscito de estatus “estadidad o libre asociación/independencia” lo que busca es “desviar la atención” del resto de las legislaciones que se han aprobado para “llevar al pueblo al nivel de la desesperación”. De este modo, terminarán “mendigando por la estadidad para allegar más fondos federales a Puerto Rico”, uno de los beneficios que supuestamente traería la anexión de la isla como estado de Estados Unidos, según quienes defienden esa fórmula de estatus.

Los efectos de las legislaciones recién aprobadas están por verse. Y, como en El Padrino, aquí también habrá una tercera parte.

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