22 de Noviembre de 2019

[ANÁLISIS] Resurge el debate por las máquinas de juego

Por el 27 de Julio de 2017

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se apresta a llamar a una sesión extraordinaria para, según adelantó, volver a solicitarle a la Legislatura la consideración del Proyecto de la Cámara 1142 para aumentar el pago de las licencias de las máquinas de entretenimiento de adultos a fin de obtener $69 millones de ingresos nuevos considerados en el presupuesto vigente y contemplados en el plan fiscal.

La medida se quedó en un tranque en la pasada sesión extraordinaria que expiró el 30 de junio debido a que el Senado tiene una visión opuesta a la Cámara de Representantes sobre cómo debe operar y regularse esta industria en Puerto Rico.

El debate por las tragamonedas no es nuevo en Puerto Rico. Desde el 2005, el grupo Caribbean Cage ha intentado introducir a la isla un sistema de videolotería que le permita al Gobierno regular la industria de las tragamonedas y, de paso, fiscalizar el dinero que generan estas máquinas por medio de sus operaciones. (Ilustración)

Por un lado, el presidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez propone, a través del P. de la C. 1142 de su autoría, que se enmiende el Código de Rentas Internas para aumentar de $100 a $300 el canon anual por concepto de licencia por cada vellonera, mesa de billar y máquina o artefacto de pasatiempo manipulado con monedas o fichas de tipo mecánico, electrónico o de video exclusivamente para uso de menores de edad.

Por cada máquina de video y juego electrónico con material de violencia o índole sexual, así como toda máquina de entretenimiento para adultos, el aumento sería de $2,500 a $3,000 por concepto de licencia.

También la medida impone un pago de $3,000 a cada pantalla de máquinas de juegos electrónicos manipulados con monedas o fichas cuando las habilidades o destrezas del jugador afectan significativamente el resultado final de la partida.

“La realidad es que el Departamento de Hacienda, no estoy hablando del actual secretario, sabe que ha habido una proliferación de máquinas de entretenimiento y nadie las estaba supervisando y hay miles de máquinas que no están pagando el marbete actualmente al Gobierno. Lo que estamos diciendo es: paga, ponte al día y que el Gobierno pueda recaudar ese dinero”, explicó hace unas semanas el presidente de la Cámara.

Por otro lado, Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado, propone que lo que se debe de hacer con las tragamonedas es fijar un pago a cada máquina de entretenimiento de adultos que sea menor de los $3,000 que propone su homólogo en la Cámara y a su vez que todas las máquinas entren en un sistema electrónico que le permita a Hacienda monitorearlas, fiscalizarlas y ver el movimiento económico que tiene cada aparato.

La propuesta del presidente del Senado requeriría además de una inversión del Gobierno para montar el sistema electrónico donde cada una de las máquinas de entretenimiento que opera en la isla tendría que registrarse para así poder ser monitoreadas.

Rivera Schatz avala que se les permita a estas máquinas pagar cierta cantidad de premios en metálico, siempre y cuando tributen a Hacienda por sus ingresos. Parte del dinero pasaría al Fondo General, otra parte a la Compañía de Turismo y otra para los gobiernos municipales.

Tranque en la Cámara con proyecto de tragamonedas

“Existe un grupo de empresarios puertorriqueños que tienen máquinas de entretenimiento dispersas a través de negocios en los campos y en las ciudades y, en honor a la verdad, ellos contribuyen al colmado de la esquina, a la panadería y a los pequeños negocios. Si ellos están dispuestos a aportar en términos contributivos y que sean fiscalizados para mantener un control, ¿quién puede oponerse a eso? No hay que vincularlo a la videolotería. Ese [tipo de] negocio está separado de lo que es la videolotería”, declaró a CB en Español el presidente del Senado hace unas semanas.

La propuesta de Rivera Schatz es avalada por EMPRECOM, una industria local que agrupa a cerca de 5,000 operadores de máquinas de juegos electrónicos.

Los representantes de la industria de casinos que se oponen a cualquier medida que legalice o permita la operación de estas máquina sostienen que Hacienda apenas tiene inspectores para verificar la operación de los casinos por lo que sería muy difícil, sino imposible, monitorear las cientos de miles de máquinas de entretenimiento de adultos que operan en el país.

Se defienden los operadores locales

“Somos una asociación de máquinas que están por ahí, en los pequeños negocios. Hay 25,000 licencias de máquinas y las de nosotros son máquinas de madera. Nosotros no somos máquinas de entretenimiento de adultos, nosotros lo que tenemos son máquinas de juegos electrónicos”, dijo Pablo Javier Rivera Corraliza, presidente de EMPRECOM.

Curiosamente, de acuerdo con los datos de Hacienda, mientras en el 2009 se emitieron unas 8,355 licencias a dueños de máquinas de entretenimiento de adultos, en el 2014 todas desaparecieron pero aumentaron de forma exponencial las licencias a velloneras y máquinas de juegos electrónicos de jóvenes y niños.

Rivera Corraliza señaló que el Proyecto de la Cámara 1142 los obligaría a pagar $3,000 por cada máquina de juego electrónico, por las que actualmente pagan $100 a Hacienda.

“Estamos hablando que nos quieren aumentar 30 veces el pago de la licencia. Ninguna de nuestras máquinas tiene contenido sexual ni de violencia. Hemos sugerido a los legisladores que de $100 que pagamos lo suban a $500 por máquina y nos preguntaron si estábamos dispuestos a subirlo a $1,000. La realidad es que si aumentan la licencia a $3,000 nos sacan del mercado y nosotros somos empresarios locales que llevamos 30 años en Puerto Rico”, dijo el presidente de EMPRECOM.

Según el empresario, si un negocio instala tres billares y una vellonera Hacienda les cobra a los operadores $200 por concepto de una licencia de espacio.

“Le dijimos al legislador: aquí hay alrededor de 100,000 negocios. Súbele esa licencia a los negocios a $250 y ya ahí tienes $25 millones. Entonces le dijimos que si hay 28,000 licencias vendidas lo suban a 40,000 y que haya una cláusula de ‘grandfather’, que eso lo que hace es que se le venda la licencia a los que ya tienen licencias vigentes para que no vengan negocios de afuera de Puerto Rico después que se legalice el premio”, explicó.

Sobre la propuesta de Rivera Schatz de conectar las máquinas a un sistema de Hacienda, el presidente de EMPRECOM señaló que Illinois tardó 12 años en lograr dicha conexión, por lo que ve complicado que se pueda hacer en la isla.

En el limbo proyecto de las tragamonedas

“Nuestras máquinas son hechas en Puerto Rico, tenemos un estudio económico que indica que creamos entre 9,600 a 9,800 empleos directos, aquí tenemos ebanistas, los talleres, el ensamblador, el técnico, la persona que va a la ruta. El Gobierno sabe dónde operamos. El Hipódromo tiene 5,000 máquinas sofisticadas con un ‘jackpot’ de $25,000 y pagan cero al erario. El Hipódromo puede tener 30 máquinas en un local y eso es un casino y paga cero al Gobierno”, indicó.

Años de debates

El debate por las tragamonedas no es nuevo en Puerto Rico. Desde el 2005, el grupo Caribbean Cage ha intentado introducir a la isla un sistema de videolotería que le permita al Gobierno regular la industria de las tragamonedas y, de paso, fiscalizar el dinero que generan estas máquinas por medio de sus operaciones.

La propuesta original de la empresa era legalizar estas máquinas y darle visibilidad a esa industria a los ojos de Hacienda. Esa propuesta se ha modificado con el tiempo.

El principal problema que enfrenta la legalización de las máquinas de entretenimiento es que en Puerto Rico, existe legislación para limitar la operación de los casinos fuera de complejos hoteleros. Con el pasar de los años, sin embargo, y para allegar más dinero al erario, se ha autorizado a Hacienda a establecer distintos tipos de juegos, loterías o juegos para adultos y jóvenes, que han dado al traste con el objetivo de las restricciones que impone la Ley de Juegos de Azar.

En el 2005, la propuesta de Caribbean Cage fue derrotada por la presión que hizo en la Legislatura la asociación que agrupa a los dueños de máquinas independientes y la Asociación de Hoteles y Turismo. Igual suerte y por las mismas razones ocurrió en el cuatrienio del exgobernador Luis Fortuño, cuando Cage Puerto Rico y Scientific Games unieron esfuerzos para presentar una nueva propuesta al gobierno.

Bajo la gobernación de Alejandro García Padilla, se logró legislar para permitir a Hacienda trabajar un reglamento para establecer una videolotería bajo el amparo de la ley que permitió la creación de la Lotería Electrónica y los juegos de raspa y gana.

Bajo ese marco legal, Caribbean Cage, presidida por el magnate demócrata Robert Louis “Bob” Johnson, propone operar a través de Cage Puerto Rico, un sistema de videolotería que promete dejarle al Gobierno cerca de $650 millones el primer año y $1,200 millones en los años subsiguientes.

Designado director de Turismo avala aumento en licencias a tragamonedas

La empresa propone financiar además la disposición de todas las máquinas que ahora operan alrededor de la isla y que en su mayoría pagan premios en metálico ilegalmente.

Se estima que en Puerto Rico hay sobre 100,000 de estas máquinas electrónicas operando. La propuesta de Cage es cambiar esas máquinas construidas localmente y operadas por comerciantes por nuevos terminales electrónicos con juegos tipo lotería, conectados a los sistemas de Hacienda para monitorear su operación y garantizar que se pagan contribuciones por lo que se genere en ingresos.

El reglamento que autoriza la videolotería fue impugnado en las cortes por la Asociación de Hoteles y Turismo y espera por que el Tribunal Supremo confirme o rechace su validez.

Fuentes conocedoras del proceso legal indicaron a este medio que si el Supremo falla en contra de la videolotería, podría afectar también todos los juegos adicionales que administra Hacienda y con ello los ingresos que estos generan para el gobierno.

Se anticipa que la resolución baje para septiembre u octubre de este año y, si el Supremo valida el reglamento, entonces Hacienda podría continuar con la negociación que ya había comenzado con Cage Puerto Rico.

Los ingresos que podría generar el aumento en las licencias de las máquinas de entretenimiento de adultos están contemplados como parte del cuadre presupuestario y del plan fiscal del Gobierno. La urgencia de aprobar la medida estriba en que sin esos ingresos la junta de control fiscal podría obligar al Gobierno a hacer ajustes de gastos mayores a los ya anunciados ante la insuficiencia de fondos para pagar su operación.

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