18 de Septiembre de 2018

[ANÁLISIS] ¿Ser o no ser escuela chárter en Puerto Rico?

Por el 15 de Febrero de 2018
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Una vez más, la propuesta de una reforma educativa despierta el debate sobre si el establecimiento de escuelas tipo chárter en el sistema escolar público de Puerto Rico sería la respuesta para despuntar un cambio que finalmente lo transforme en uno atemperado a la realidad moderna.

No es secreto que muchos sectores en la isla, que incluyen a educadores, sociólogos, líderes comunitarios, políticos e industriales, coinciden en la precaria situación en que se encuentra el sistema público de enseñanza, pero las propuestas para atender el problema tienen diferencias abismales según los intereses de cada sector.

Ante esta coyuntura, y mientras ayer, miércoles, comenzó el proceso de vistas públicas en el Capitolio para analizar dos proyectos de la Asamblea Legislativa que propulsarían esta reforma, la pregunta que muchos se hacen es: ¿ser o no ser una escuela chárter?

Según reza la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 1441 y del Proyecto del Senado 825, el objetivo de propiciar una reforma educativa es “poner los mejores intereses de los estudiantes por encima de todo para que puedan recibir una educación de calidad que les permita desarrollar al máximo sus capacidades para convertirse en adultos plenos que puedan contribuir al bienestar de nuestra sociedad desde todos los ámbitos”.

La estrategia que ambas piezas legislativas señalan es reenfocar las gestiones administrativas, académicas y de recursos humanos, aludiendo a que estos cambios deben ser diseñados con “cuidado, transparencia y competencia” por parte del Departamento de Educación (DE).

“Yo le expliqué [a Keleher] que aquí las chárter no son aceptadas; primero, por lo que dice nuestra Constitución; segundo, por la malversación de fondos que ha ocurrido en Puerto Rico a través de la historia, no es un concepto bien visto; y tercero, no existe ningún estudio que indique que este modelo es mejor que las escuelas públicas. Entonces, ¿por qué cambiar un concepto cuando no tenemos la certeza de que va a ser mejor de lo que tenemos?”, indicó Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros. (iStock)

No obstante, el concepto que ha probado ser el más controvertible de esta propuesta es el de las llamadas “Escuelas Alianza”, que no es otra cosa que una nueva definición para las escuelas tipo chárter, o escuelas públicas independientes creadas y dirigidas por padres, educadores, líderes comunitarios y empresarios de educación, que operan a través de una carta constitutiva (chárter) concedida por una agencia pública.

Según los proyectos de ley, estas escuelas serían “públicas, gratuitas y no discriminatorias” y permitirían a los padres y comunidades la oportunidad de insertarse y empoderarse de la educación de los menores.

Las Escuelas Alianza, así como las entidades certificadas que administren las mismas, estarán sujetas a los mismos estándares de evaluación y rendición de cuentas del DE que el resto de las escuelas públicas de Puerto Rico. Además, el DE, a través de su secretaria, supervisará estas escuelas para asegurar que estas cumplen cabalmente con esta ley, las leyes federales y con la Carta Constitutiva”, reza el P. de la C. 1441, aunque no menciona cómo será el organigrama que permitiría a la secretaria de Educación supervisar efectivamente este grupo de escuelas, que en un principio serían unos 14 planteles piloto.

Sin embargo, según reseñó la agencia de noticias multimedios rusa Sputnik, estudios en Estados Unidos indican que el crecimiento de las escuelas chárter ha ido de la mano de la expansión de la segregación, separando a la población según su trasfondo étnico o racial.

De acuerdo al artículo, publicado en febrero de 2017, un análisis del Proyecto Derechos Civiles de la Universidad de California, que investigó datos relacionados en 40 estados, el Distrito de Columbia y varias áreas metropolitanas, reveló que el 70% de los estudiantes de raza negra en la matrícula de las escuelas chárter asistían a escuelas consideradas “intensamente segregadas”. La investigación arrojó que el grado de segregación en las escuelas chárter era dos veces mayor que el de las escuelas públicas tradicionales.

Asimismo, otro estudio publicado en noviembre de 2016 por el Economic Policy Institute, señala que “la expansión de las escuelas chárter está exacerbando las desigualdades entre escuelas y entre niños porque estos están cada vez más segregados por su condición económica, su raza, su idioma y sus discapacidades”.

Por su parte, la exsecretaria del DE bajo la administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, Gloria Baquero Lleras, indicó a CB en Español estar totalmente de acuerdo con una reforma educativa pero admitió que, al leer las piezas legislativas, tuvo la impresión de que el Gobierno de Puerto Rico busca delegar en el sector privado su responsabilidad de ofrecer un sistema de educación público funcional y atemperado a la realidad moderna.

“Estaba examinando el proyecto y me da la impresión de que lo que el Gobierno quiere es delegar su responsabilidad fiduciaria, que le da la Constitución de Puerto Rico sobre el proceso académico, a la empresa privada. Delegarlo en escuelas alianza”, sentenció Baquero Lleras aunque reconoció que en el sistema educativo existe espacio para crear este tipo de entidades.

“Idealmente, uno quisiera que cada escuela sea una de excelencia, no que yo tenga que decirle a un papá que su escuela no sirve y darle un vale para que se vaya a un colegio o a otra escuela. Yo creo que eso es una manera fácil de resolver un problema, y que va a crear otros problemas adicionales”, opinó la educadora quien también dirigió planteles escolares en el sistema público de enseñanza.

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La educadora reconoció, sin embargo, que un alarmante porcentaje de estudiantes que llega a instituciones de educación universitaria muestra rezago en destrezas básicas, necesarias no solo para carreras de bachillerato y maestría, sino para carreras técnicas.

“Los resultados de las mismas pruebas del DE comprueban el rezago de los estudiantes de escuela pública. La mitad de estos estudiantes no domina las destrezas básicas. Destrezas básicas de español, inglés, matemáticas, ciencias sociales, ciencia”, explicó.

Al preguntarle, cuál cree es el factor principal para una debacle en el sistema educativo de Puerto Rico, la exsecretaria de Educación listó algunas posibles variables, pero destacó el descuido al seguimiento que el DE debió hacer a un plan de desarrollo curricular que transcendiera cuatrienios gubernamentales, como el problema principal.

Baquero Lleras adjudicó esta práctica a la necesidad de cada nueva administración de demostrarle a sus constituyentes que se está haciendo algo, aunque muchas veces ese “algo” vaya en detrimento del futuro del país.

Otro de los aspectos importantes que señalan ambos proyectos es la “delegación de funciones, reclutamiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia” del propuesto nuevo sistema educativo a los directores escolares.

Con esta, indican los proyectos, se busca delegar de forma clara las responsabilidades a los directores de cada plantel y al personal docente para que respondan por sus funciones de proveer una educación de excelencia al estudiantado. Por ejemplo, el director de cada escuela responderá directamente al Superintendente de Escuelas y deberá desarrollar un plan escolar, a base del cual se evaluará su desempeño, el de la escuela y el de los estudiantes.

El P. de la C. 1441 incluso asegura que es imperativo renovar el sistema de reclutamiento de personal del DE par que este pueda incorporar y retener a los mejores profesionales y desarrollar en ellos las capacidades para desempeñar “tareas docentes con excelencia y pertinencia”. La pieza también señala la necesidad de imponer un proceso aún más riguroso de evaluación de desempeño personal para estos.

No obstante, no explica qué criterios serían utilizados para estas evaluaciones ni cómo se logrará transparencia en este proceso. Recientemente, el representante independentista Denis Márquez refirió a la secretaria de Educación, Julia Keleher, a la Oficina de Ética Gubernamental adscrita al Departamento de Justicia (DJ), luego que esta admitiera cándidamente en una entrevista de un rotativo nacional el pasado 4 de febrero que seleccionó a 30 superintendentes basándose en criterios político-partidistas.

Reviven propuesta de vales educativos

Ambos proyectos de reforma educativa indican el establecimiento de un “Programa de Libre Selección de Escuelas” o, como comúnmente se conocen, “vales educativos”, que autoriza la otorgación de certificados para que cada estudiante pueda escoger la escuela pública que desee o que lo utilice para asistir a una escuela privada de su preferencia.

La pieza legislativa asegura que la decisión del Tribunal Supremo contra estos vales educativos fue errada ya que se troncharon “las esperanzas de tantos niños en nuestro país que, por nacer en condiciones de pobreza económica, no tienen mecanismos para alcanzar la igualdad social […]”.

Este sistema de vales está lejos de ser infalible y no garantiza una participación voluntaria de instituciones educativas privadas.

Según el Cato Institute de Washington, D.C., grupo experto, o “think tank”, que investiga política pública en Estados Unidos, advirtió que la reforma educativa establecida en el estado de Louisiana, luego del devastador paso del huracán Katrina por la zona en 2005, no debería ser aplicada en Puerto Rico dado su presunto fracaso en ese estado en atraer el interés de escuelas privadas para participar.

Según el artículo, publicado el 4 de febrero de este año, solo un tercio de las escuelas privadas en ese estado ha escogido participar del programa de vales educativos.

Otro de los elementos más destacados que busca implementar la reforma es la creación de una Oficina Regional Educativa, que consolidaría las regiones educativas y los distritos escolares en una sola estructura con el propósito de lograr mayores eficiencias, reducir costos, eliminar tareas redundantes y tener una respuesta más ágil y uniforme ante las necesidades de las diferentes comunidades escolares.

También, el P. de la C. 1441 asegura que la Oficina Regional “tendrá un rol más activo en la toma de decisiones y ostentará mayor responsabilidad en la administración educativa y académica de las escuelas públicas elementales y secundarias de su región”, a la vez que señala que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos que no ha establecido este modelo a nivel regional.

Además, explica que cada Oficina Regional Educativa será dirigida por un superintendente que le responderá directamente al secretario(a) del DE y quien será responsable de ejecutar todos los asuntos académicos y administrativos de dicha oficina.

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“Aquí las chárter no son aceptadas”

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, aseguró por su parte estar en contra de la propuesta reforma educativa según establecida en ambos proyectos, aunque admitió que no totalmente, ya que hay aspectos positivos en la misma. Sin embargo, aseguró que Keleher no consultó con esa organización la implementación de las escuelas chárter.

“Yo me enteré de las [escuelas] chárter cuando reúnen a las escuelas de iniciativa y hacen una presentación y ella [Keleher] presenta las chárter. Yo le expliqué que aquí las chárter no son aceptadas; primero, por lo que dice nuestra Constitución; segundo, por la malversación de fondos que ha ocurrido en Puerto Rico a través de la historia, no es un concepto bien visto; y tercero, no existe ningún estudio que indique que este modelo es mejor que las escuelas públicas. Entonces, ¿por qué cambiar un concepto cuando no tenemos la certeza de que va a ser mejor de lo que tenemos?”, indicó Díaz la semana pasada en el programa televisivo de análisis noticioso Jugando Pelota Dura, por Univisión.

La portavoz de los maestros indicó que existen otras alternativas para mejorar el sistema educativo y aseguró que la AMPR desarrolló una propuesta alterna que presentará públicamente, pero que ha sido rechazada por el DE.

Tú no juegas con el futuro de los niños con algo que es incierto. Por eso es que decimos que hay otras maneras de hacerlo, ¿por qué entonces hay que privatizar?”, dijo Díaz a la vez que adjudicó la condición de los planteles al fracaso administrativo del DE. La portavoz de los maestros asociados aseguró además que este proyecto es idéntico al propuesto por el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia, que fue combatido por la AMPR y desaprobado por la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) el cuatrienio pasado.

De otro lado, según indica un artículo del diario El Nuevo Herald, fechado al 21 de mayo de 2017, el Departamento de Educación del estado de Florida dio a conocer un informe que muestra que los estudiantes de las escuelas chárter tuvieron un rendimiento superior al de sus homólogos de las escuelas públicas en toda una serie de exámenes estandarizados, de acuerdo con el análisis del departamento de más de 4.2 millones de calificaciones de exámenes del curso escolar 2015-2016.

Las conclusiones clave del informe señalaron que: una décima parte de los estudiantes de la Florida estudian en escuelas chárter; en general, los estudiantes pobres y procedentes de minorías presentan mejores calificaciones en las escuelas chárter; la diferencia no es igual de grande para los estudiantes anglosajones; y que las razones de las diferencias en los resultados son complejas.

De ser aprobada esta reforma educativa en Puerto Rico, se crearía la nueva Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico que establecería el llamado “Nuevo Modelo Educativo para el Puerto Rico del Siglo XXI”.

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