25 de Agosto de 2019

Ángel Pérez presenta su versión sobre demanda tras alegado hostigamiento sexual

Por el 20 de Julio de 2017

Por Cindy A. Burgos Alvarado y Limarys Suárez

A solo días de que se seleccione el nuevo alcalde de Guaynabo, uno de los que aspira al cargo, el exrepresentante Ángel Pérez, presentó su versión de los hechos en torno a una demanda por despido injustificado que involucra a dos exempleados suyos mientras laboraba en la Cámara de Representantes.

La demanda fue presentada en el 2008 ante el foro federal por la supuesta víctima, una exsecretaria de Pérez, quien alegó que el entonces asistente especial del legislador, Ismael Bonilla Hernández, la hostigó sexualmente y eso resultó en el despido de la fémina de su cargo en la Cámara. La alegada víctima solicitó casi $400,000 en daños y perjuicios y para gastos médicos.

La información de la demanda sale a relucir en momentos en que el exlegislador Ángel Pérez se encuentra en la recta final de la contienda por la alcaldía de Guaynabo. (Suministrada)

La mujer —cuyo nombre no es mencionado para proteger su identidad— alegó en la demanda contra la Cámara de Representantes que desde el 2004 hasta el 2006 fue sometida a un supuesto “patrón” de hostigamiento sexual por parte de Bonilla Hernández mediante palabras, mensajes y hasta llamadas telefónicas. Aunque supuestamente llevó el caso ante Pérez, no se le orientó adecuadamente sobre los procesos a seguir y, al continuar denunciando el patrón, fue despedida de su cargo, sostuvo.

La demanda se transó en 2010 por $75,000, según dijo una fuente a este medio. El dinero lo pagó la Cámara, y el monto coincide con el máximo que paga el Gobierno en casos judiciales por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad.

“Si hubiese actuado incorrectamente, soy demandable en mi carácter personal… No me demandó a mí porque actué correctamente. Una vez ella me trae la situación, la cito con el licenciado Raúl Santiago, que es mi compadre y padrino de boda del senador Carmelo Ríos [el otro aspirante a la alcaldía guaynabeña]. Ese mismo día nosotros nos paramos de ahí y fuimos y nos reunimos con el director de Recursos Humanos y la orientaron”, relató Pérez a CB en Español.

El exlegislador sostuvo que pidió que se activara el protocolo pertinente en casos de hostigamiento sexual en el trabajo, se inició un proceso de investigación y que se le permitió a la víctima agotar los días de vacaciones mientras se dilucidaba el caso.

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Cuando la supuesta víctima regresó de sus vacaciones, Pérez alega que llegó un informe de la Oficina del Contralor “haciendo unos señalamientos bien serios en contra de ella”, y es por esa situación por la que se le dice que puede renunciar o la despedirán, pero que no tuvo que ver con la querella de hostigamiento sexual. “Ella me solicitó que la despidiera para poder colectar, por eso lo hice de esa forma”, acotó.

“No tuve ninguna intervención en lo que fue la transacción, nunca me hicieron una deposición. La transacción fue entre la Cámara y ella”, afirmó Pérez, quien desconoce las razones de la víctima para alegar en la demanda que fue despedida por su denuncia de hostigamiento sexual.

Si bien Pérez no entró en los detalles del despido, la demanda establece que la presunta víctima se había enterado por un rumor de pasillo que en su computadora habían encontrado material pornográfico.

En la respuesta a la demanda, la Cámara negó las alegaciones de la presunta víctima y declaró que sí se siguió el debido proceso, que no se le discriminó en ningún aspecto y que la no renovación del contrato en diciembre de 2006 no respondió al caso de hostigamiento sexual, sino a “razones legítimas”. Se indicó que supuestamente se confrontó a la mujer por la visita a sitios pornográficos desde su computadora laboral y esta “nunca negó” las acusaciones.

Este medio revisó los informes emitidos por la Oficina del Contralor en los periodos en que la supuesta víctima laboró para la Cámara para determinar si, en efecto, había habido un señalamiento contra ella, pero su nombre no aparece en ninguno de los tres informes relacionados a ese cuerpo legislativo, publicados en 2012, 2011 y 2007. Tampoco aparece en el informe en que se menciona a Pérez, que evaluó la Comisión Especial Conjunta sobre donativos legislativos, publicado en 2006.

No hay siquiera referencia a puestos de secretaria o asistentes administrativos como los que cometieron actos cuestionables ante la Oficina del Contralor.

A preguntas de CB en Español, la oficial de prensa de la Oficina del Contralor, Lisandra Rivera, revisó los documentos de la entidad y sostuvo que no encontró señalamientos que vinculen a la exempleada de la Cámara.

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