19 de Septiembre de 2019

Anuncian vista en caso contra Carreteras

Por el 2 de Junio de 2017

La juez federal Laura Taylor Swain programó una audiencia para el lunes 5 de junio, durante la cual atenderá una solicitud de orden de restricción temporera y descubrimiento de prueba acelerado que presentó un grupo de acreedores contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

El grupo de acreedores de la ACT, Peaje Investments, presentó las acciones legales el miércoles, en las cuales solicita que la corporación pública y el gobierno de Puerto Rico reanuden la transferencia de los ingresos de peaje que garantizan el pago de sus bonos para que así pueda cumplir con los pagos futuros de esta deuda. El grupo de acreedores posee $65 millones en bonos no asegurados de la ACT.

La audiencia, que comenzará a las dos de la tarde, se llevará a cabo simultáneamente en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en Hato Rey y en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Según la orden del jueves, la juez Swain estará presente en Nueva York, mientras que aquellos abogados que comparezcan en San Juan lo harán a través de videoconferencia.

Los abogados tienen hasta hoy, viernes, para notificar dónde comparecerán, así como para presentar cualquier moción en oposición a la petición de Peaje Investments.

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“Esta acción se da a causa de la retención y agotamiento por parte de la ACT y su director ejecutivo del colateral del demandante, en violación a la ley aplicable. El demandante es el tenedor de ciertos bonos respaldados por una garantía válida, ejecutable y con primera prioridad sobre ciertos ingresos de peaje que la ACT cobra en sus operaciones “, lee la demanda de Peaje Investments. Añade que, “como resultado de la desviación [de fondos] en curso”, habría “fondos insuficientes para satisfacer el pago total del principal y los intereses de estos bonos en julio”.

Peaje también está pidiendo al tribunal que impida que el gobierno y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) interfieran con la obligación de la ACT de transferir los ingresos de peaje comprometidos para el pago de esta deuda.

Desde finales del 2015, el gobierno ha retenido, o “claw back” en inglés, varias fuentes de ingresos comprometidos para el pago de deuda, incluyendo los ingresos por concepto de peajes, para pagar por las operaciones y servicios esenciales en medio de la falta de liquidez que enfrenta el gobierno de Puerto Rico.

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