2 de Marzo de 2021

Aquí vamos de nuevo

Por el 28 de Julio de 2016

Un mes tras el impago de alrededor de $800 millones —en su mayoría correspondiente a deuda de bonos de obligación general (GO por sus siglas en inglés) protegidos por la constitución— el gobierno de Puerto Rico estará dando servicio a la mayor parte de sus pagos de deuda que vencen el 1 de agosto.

Todos los titulares de papeles comerciales de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y bonos de pensión del Sistema de Retiro de Empleados (SRE) recibirían sus pagos que vencen la semana próxima, confirmaron fuentes de Caribbean Business. También se cumpliría con pequeños pagos de intereses en ciertos bonos de Carreteras y Transportación y de la Compañía de Fomento Industrial.

GDB BGF

La junta del BGF decidirá si cumplirá los pagos de intereses a sus acreedored (CB / Archivo)

En total, más de $300 millones se pagarían a través de estos créditos, aunque recurriendo a la reserva del servicio de la deuda para cumplir con estos pagos. Los síndicos ya tienen fondos disponibles y, a su vez, los utilizarán el 1 de agosto para cumplir con los respectivos pagos.

En cuanto al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la gerencia del banco continuaba ponderándose el martes al cierre de esta edición si la atribulada institución pagará una vez más los intereses vencederos —más de $20 millones— a pesar de la orden de moratoria del gobernador Alejandro García Padilla.

Fuentes dijeron a Caribbean Business que la junta de directores del BGF se reunirá nuevamente esta semana para decidir si continuará cumpliendo con los pagos de intereses a sus acreedores, una medida destinada a proteger a los tenedores locales de bonos que en su mayoría son dueños de esta deuda, según han dicho los funcionarios anteriormente.

La Fortaleza tendría que darle luz verde a cualquier pago de intereses que haga el banco, ya que la atribulada institución continúa operando bajo una orden de moratoria sobre su deuda, junto con restricciones de salida de dinero en medio de sus difíciles niveles de liquidez.

Al menos una fuente le dijo a este diario que si se produce un impago el 1 de agosto, no se pagarían aproximadamente $11 millones correspondientes a notas en anticipación de bonos de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, así como tampoco se haría un pago de intereses de $1.5 millones en los bonos de obligación.

Por otra parte, unos $50 millones se añadirían a los más de $90 millones que hasta la fecha no se han pagado en bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), que inicialmente cayeron en impago hace un año.

Si bien la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) establece que la junta de control fiscal decidirá cuándo y si el gobierno va a cumplir con el pago de intereses de su deuda garantizada por la constitución, no está claro lo que sucederá durante el tiempo en que la junta no esté constituida.

Al igual que los demás estados y territorios de Estados Unidos, Puerto Rico no puede acogerse a la ley federal de bancarrota. (AP /Ricardo Arduengo)

Al igual que los demás estados y territorios de Estados Unidos, Puerto Rico no puede acogerse a la ley federal de bancarrota. (AP /Ricardo Arduengo)

A pesar del escudo legal de Promesa, varios acreedores han llevado el asunto a los tribunales, alegando que la administración de García Padilla no ha cumplido con la ley federal promulgada recientemente cuando el mes pasado se optó por el impago en aproximadamente $350 millones de pagos de intereses en bonos GO.

Es más, algunos acreedores y los expertos han puesto en duda la decisión de pagar intereses sobre papel comercial menos seguro como el del BGF, mientras no se pagan en los bonos de primer nivel, es decir, los GO.

Por su parte, a excepción del papel comercial del BGF, funcionarios de la administración argumentan que los pagos de deuda que se están haciendo en la actualidad se llevan a cabo extrayendo de cuentas de reserva en manos de los síndicos, quienes no tienen más remedio que utilizar los fondos disponibles para cubrir los pagos vencederos.

Basado en varias órdenes ejecutivas, el gobernador García Padilla ha recuperado los fondos ya desembolsados (clawed back) o redirigido la mayoría de las fuentes de ingreso utilizadas para pagar la deuda, citando una crisis de liquidez que no le permitiría al gobierno brindar servicios esenciales a los ciudadanos y pagar su deuda a al mismo tiempo.

Un crédito que se ha salvado de las recuperaciones (clawbacks) de la administración ha sido Cofina —lo cual es visto por algunos como un crédito excelente gracias a una estructura de la caja de seguridad que toma una porción del impuesto sobre las ventas de la isla antes de que el gobierno pueda tener acceso a él.

Sin embargo, todavía persisten —y han persistido por bastante tiempo— los temores de los acreedores de Cofina en cuanto a que sea sujeta a recuperación (clawback). Cuando el gobierno de García Padilla subió al poder en 2013 tenía planes de emitir más deuda respaldada por impuestos a las ventas e hizo que los legisladores introdujeran modificaciones al impuesto sobre las ventas comprometido a Cofina para lograrlo.

“Cuando tratamos de ir nuevamente al mercado, las dudas de Cofina comenzaron a emerger. El impuesto sobre las ventas, ¿es recuperable (clawbackable)?”, dijo la presidenta saliente y presidenta de la junta, Melba Acosta, a Caribbean Business durante una entrevista exclusiva.

La administración optó por emitir $3,500 millones en obligaciones generales —la última vez que Puerto Rico tuvo acceso a este tipo de deuda.

Nuevo plan fiscal en el camino

Melba Acosta Febo (GDB) Government Development Bank President & Chief Financial Officer of the Government_ANA_5531

Melba Acosta recientemente renunció su presidencia del BGF (CB / Archivo)

Mientras tanto, el equipo fiscal del gobernador García Padilla pronto divulgará un plan revisado de crecimiento fiscal y económico a largo plazo con miras a presentárselo a la junta de control fiscal entrante junto al modelo de la administración para solucionar los problemas de la isla.

Sería la tercera revisión del plan fiscal, que fue presentado el pasado septiembre, revisado en enero y en esta ocasión abarca 10 años en lugar del plazo inicial de cinco años. “El plan fiscal se está actualizando… Tenemos nuevos datos tras la divulgación de los estados financieros auditados [para el año fiscal 2014]”, dijo recientemente a Caribbean Business la presidenta saliente y presidenta de la junta, Melba Acosta.

Sin embargo, señaló que el nuevo agente fiscal de la isla, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, está a cargo del desarrollo de esta nueva revisión. A preguntas de Caribbean Business sobre los cambios en el nuevo plan fiscal y cuándo iba a ser divulgado no se obtuvo respuesta de La Fortaleza el martes al cierre de esta edición.

 

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