Arrecia la ofensiva entre Cofina y GOs

Por Luis J. Valentín Ortiz el 1 de Febrero de 2017

En momentos en que se recrudece la batalla de “mi crédito es mejor que el tuyo” entre bonistas de Cofina y las obligaciones generales (GOs, en inglés), ni el gobierno de Puerto Rico ni la junta de control fiscal han asumido una posición al respecto.

En el centro de la disputa se encuentra un fondo con dineros que provienen de una parte del impuesto sobre ventas y uso (IVU), pero que según la ley que crea la Corporación del Fondo para el Interés Apremiante (Cofina) no se consideran “recursos disponibles” del gobierno.

Quizá no lo pudo decir mejor una fuente consultada por este medio al describir el dinero que va a Cofina como “el único impuesto que Hacienda no recauda”.

Por un lado, los bonistas de GOs lanzan un llamado a la administración de Ricardo Rosselló para que detenga la transferencia de dinero a Cofina. Aunque interesan llegar a un acuerdo con el gobierno sobre la reestructuración de su deuda, “si se continúa transfiriendo dinero a esta estructura ilegal [Cofina], que no vengan a decirnos que ‘esto es todo [el dinero] que tenemos’”, advirtió a Caribbean Business un asesor del grupo ad hoc de bonistas de GOs quien pidió no ser nombrado.

Mientras, los bonistas de Cofina recuerdan que tres administraciones diferentes, varios secretarios de Justicia y las mismísimas casas acreditadoras de Wall Street han validado la estructura legal creada en el 2006 bajo la administración compartida de Aníbal Acevedo Vilá. Añaden que esos dineros -más de $700 millones en este año fiscal y cuya cantidad aumenta un 4% cada año hasta un máximo de más de $1,800 millones- están fuera del juego.

Aunque este grupo de acreedores también asegura estar dispuesto a negociar con el gobierno, lo harán siempre y cuando se respete su estructura, indicó una fuente vinculada a Cofina.

El pasado sábado, el miembro de la junta de control fiscal, José R. González, sostuvo que el organismo creado por Promesa “no es un tribunal” para decidir sobre el asunto y que tampoco han asumido una postura en el debate.
“Si las partes quieren dilucidar esto en un tribunal, lo pueden hacer. Nuestra impresión es que ambos grupos quieren llegar a acuerdos en estos momentos”, añadió González.

Mientras, Gerardo Portela, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) -entidad que está a cargo de la reestructuración de la deuda por parte del gobierno- concedió recientemente a Caribbean Business que “en estos momentos, el gobierno de Puerto Rico no tiene una posición sobre qué crédito es más sénior que el otro”.

No obstante, un asesor financiero que trabajó para el gobierno y quien pidió permanecer en anonimato sostuvo que “tanto la junta como el gobierno lo van a pensar dos veces antes de dar una posición sobre Cofina debido a que varios de sus asesores actuales han trabajado de una forma u otra en emisiones de esta deuda”. Añadió que la pregunta de si los fondos de Cofina son o no recursos disponibles del gobierno la contestará un tribunal en su momento.

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Hasta ahora la suspensión de demandas o “stay” de Promesa se ha sostenido, excepto por un caso: Lex Claims et als. Esta acción, que permanece activa en el tribunal federal, tiene a un grupo de bonistas de GOs solicitando que se declare como “recursos disponibles” del gobierno los fondos de Cofina.

Los bonistas de Cofina continúan recibiendo sus pagos de deuda, y al parecer, este continuará siendo el caso. El emisario del gobernador Ricardo Rosselló ante la junta, Elías Sánchez, indicó la semana pasada que, por el momento, la administración “no trastocará ningún sistema legal existente”, a preguntas sobre si se retendrán los fondos que van actualmente a Cofina.

Esta semana, el gobierno realizó un pago de alrededor de $260 millones correspondiente a intereses de Cofina, aunque este dinero ya estaba reservado en el fondo destinado a cubrir el servicio de esta deuda y que se encuentra en el Banco Popular.

La disputa entre acreedores ya trasciende lo que en su momento tuvo como foro la mesa de negociación con el gobierno durante la pasada administración. Ahora, el asunto se dilucida también en los medios de comunicación en momentos en que la administración y la junta manifiestan que buscan lograr acuerdos con los acreedores antes de que expire en mayo la suspensión de demandas de Promesa, o “stay”.

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Para el economista Vicente Feliciano, el debate entre GOs y Cofina actual haría poco probable que el gobierno pueda lograr algún acuerdo consensual con sus acreedores.

“Tienen reclamos sobre la prioridad en el orden de repago. Y como tal, aun con la buena fe del gobierno de Puerto Rico para lograr acuerdos, esto es diferencias entre acreedores. ¿Quién tiene prioridad? Estos desacuerdos entre acreedores probablemente nos llevarán a Título III”, indicó el economista en referencia al proceso de reestructuración de deuda en un tribunal bajo Promesa.

GOs: ‘Eso es dinero del gobierno’

Al ser recursos disponibles del gobierno, la administración de Rosselló puede retener los fondos que actualmente van a Cofina y usarlos para el pago de servicios esenciales y la “deuda de Puerto Rico”, aseguró un asesor del grupo de GOs. También cuestionó la legalidad de la estructura de Cofina.

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“Si algo, [los bonistas de Cofina] tienen un derecho sobre una caja vacía”, añadió sobre el fondo segregado en el cual se deposita el dinero del IVU que asegura el pago de la deuda de Cofina.

El asesor explicó que los GOs son la deuda garantizada por la Constitución de Puerto Rico, la cual “mandata que pagan primero a los GOs, antes que nada. Eso no quiere decir que no nos sentaremos a negociar. Queremos y estamos participando del proceso que el gobernador ha trazado”.

“Los [GOs] son el grupo de acreedores con preferencia según la Constitución y Promesa”, sentenció, añadiendo que interesan ser la fuente de financiamiento de Puerto Rico hacia el futuro.

Cofina: ‘No es nuestra culpa’

Por su parte, los bonistas de Cofina argumentan que no es su culpa que el gobierno haya impagado a los GOs. Una fuente vinculada a este grupo de acreedores explicó que más de $1,500 millones fueron al Fondo General provenientes del IVU -una vez asegurado el pago de su deuda- y esto era dinero disponible para pagarle a los GOs.

“Es falso decir que Cofina le quitó el dinero a los GOs”, añadió la fuente.

También advirtió sobre la gran cantidad de litigios que desataría al igual que las graves consecuencias que tendría en las cooperativas e inversionistas locales si el gobierno decide parar la transferencia de fondos a Cofina.

Según un comunicado reciente del grupo ad hoc de bonistas sénior de Cofina, sería una “señal devastadora” a los mercados si se reta la “santidad” de la “única titularización hasta el momento” en Puerto Rico.

No es tan fácil actuar sobre Cofina

Varias fuentes consultadas por Caribbean Business coincidieron en que, aun si el gobierno quisiera retener los fondos que llegan Cofina, no sería tan fácil debido a la forma en que trabaja su estructura.

En primer lugar, se tendría que enmendar la ley para redirigir la parte comprometida del IVU que va directamente a Cofina. No obstante, esto ocasionaría un evento de “default” que pudiera tener como resultado la aceleración en el pago de toda la deuda pendiente de Cofina -uno de los remedios disponibles para estos bonistas.

Mientras, si el gobierno intenta obligar al Banco Popular a que envíe el dinero de Cofina al Fondo General, la institución financiera podría entregarle el dinero en pugna al tribunal y pedir que este decida al respecto. Esto a su vez podría poner en riesgo la habilidad del gobierno de acceder a los dineros de Cofina que llegan al Fondo General durante la segunda mitad del año fiscal, una vez se cumple con lo necesario para el servicio de deuda de Cofina.

“Se podría quedar el gobierno sin la soga y sin la cabra”, indicó una fuente al respecto.