15 de Septiembre de 2019

Arremeten contra proyecto que facilitaría la eliminación de estorbos públicos

Por el 23 de Junio de 2017

A pesar de la férrea oposición de los senadores de minoría, el Senado aprobó hoy el Proyecto del Senado 476 (P. del S. 476) de la autoría del senador Miguel Romero Lugo, senador del Distrito 1 de San Juan, que pretende crear la “Ley para el Manejo de Estorbos Públicos y la Reconstrucción Urbana de Santurce y Río Piedras”. El proyecto busca proveer un mecanismo alterno, a través de la Administración de Terrenos de Puerto Rico (ATPR), para facilitar la erradicación de estorbos públicos y su conversión en estructuras funcionales, ya sean destinadas para viviendas o comercios.

Una vez Romero Lugo expuso la intención del proyecto, los senadores Cirilo Tirado y Eduardo Bhatia, del Partido Popular Democrático (PPD); Juan Dalmau Ramírez, por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); y José Vargas Vidot, como senador independiente, expusieron serias reservas ante la medida.

Tirado argumentó que la medida es de corte político y no es otra cosa que un intento del senador por debilitar las funciones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, para adelantar una presunta intención del autor de la medida para correr por la poltrona municipal.

El senador Miguel Romero, autor de la medida. (Archivo)

“Vemos un proyecto que no hay que pensar mucho para saber para qué se está aprobando y para quién va dirigido. El senador de San Juan del partido de gobierno, presenta una medida que atenta contra la autonomía municipal de la ciudad capital, que la controla la alcaldesa del PPD, Carmen Yulín Cruz. Sencillo”, aseveró el legislador popular.

“Si está tan preocupado por la situación de los estorbos públicos en San Juan y se la va a pasar a la Administración de Terrenos -que es del gobierno- ¿por qué de una vez no incluyó a toda la isla, a los 78 municipios. Vaya por Arecibo para que vea cómo da grima el pueblo? Vaya a Bayamón con estorbos públicos también. Pero no, este es el intento de un senador que está buscando otro rumbo, para tratar de quitarle poder a la alcaldesa de San Juan. Sencillo”, aseguró tirado con tono enérgico.

El senador urgió a la delegación del PNP a no ser “hipócritas” y a aceptar que la medida es otro intento por atentar contra la autonomía de la ciudad capital como ha ocurrido en ocasiones anteriores por esfuerzos tanto del PNP como del PPD, durante la incumbencia del exalcalde, Jorge Santini.

Según se indicó en el hemiciclo, la propia alcaldesa de San Juan envió una ponencia a ese cuerpo explicando que la medida atenta contra las juntas comunitarias que se han estado estableciendo en la ciudad capital.

Por su parte, Bhatia se suscribió a las declaraciones de Tirado y también cuestionó severamente la intención de Romero Lugo al impulsar el proyecto.

“Yo creo que aquí nos estamos confundiendo de cuál es nuestro rol como senadores. Ahora se presenta una medida para que al Municipio Autónomo de San Juan se le cuestione, vayamos por encima de las decisiones de la Asamblea Municipal y de su alcaldesa para que el Estado determine cuándo una propiedad es un estorbo público. Yo no puedo pensar en una función más municipal que esa”, denunció Bhatia.

“Si cada vez que un senador es contrario a un alcalde de un partido vamos a quitarle el poder municipal, lo que hacemos entonces tiene nombre y apellido, se llama mal gobierno. Quitarle la facultad de un municipio a tomar decisiones porque al compañero no le gusta la alcaldesa porque no es de su partido. Eso se llama mal gobierno”, sentenció.

El expresidente senatorial recordó que durante las funciones de Romero Lugo como secretario de la Gobernación del exgobernador, Luis Fortuño, se creó la Ley 31, que facultaba a los municipios a identificar estorbos públicos y expropiarlos. Bhatia explicó que actualmente, y en función de dicha ley, la alcaldesa de San Juan está desarrollando un banco de tierras comunitarias (Community Land Bank) para precisamente realizar la labor que pretende traspasar el proyecto a la ATPR.

Por su parte, Dalmau levantó dudas aun más profundas sobre la medida al alertar que la misma se prestaría para el fenómeno legal conocido como “la pesca del foro más amigable”.

“El problema que eso genera es que, al final del camino, cuando entra el ingrediente comercial o de lucro, lo que vamos a tener son distintas estructuras jurídicas que utilizarán a su conveniencia quienes quieran especular con estas propiedades en el escenario que más favorable le parezca”, explicó el senador del PIP.

“Por ejemplo, aquel que crea que porque el alcalde que se encuentra en un municipio le puede ser mas favorable para adquirir ciertas propiedades, irá por la vía de la legislación municipal que ya se está considerando. Mientras, que aquel que crea que le viene más conveniente ir por la vía del partido del gobierno central, utilizará ese otro mecanismo y habrá momentos en donde ambos mecanismos van a chocar y generará pleitos judiciales porque hay intereses económicos envueltos con el objetivo de adquirir propiedad que haya sido declarada estorbo público”, denunció.

Finalmente, Vargas Vidot indicó reservas en el sentido de la definición señalada en el proyecto sobre las características para que una edificación sea considerada estorbo público.

El senador independiente señaló específicamente la definición de estorbo público en la medida que indica que se considera como tal a “cualquier estructura abandonada o solar abandonado, yermo o baldío, que sea inadecuado para ser habitado o utilizado por seres humanos, por estar en condiciones de ruina, falta de reparación, defectos de construcción o que sea perjudicial para la salud o seguridad del público”.

Vargas Vidot argumentó que esta definición se podría prestar para muchas interpretaciones que bien podrían perjudicar a personas de escasos recursos que no cuenten con los medios económicos para mantener sus residencias en condiciones que el Estado pudiera entender son aptas para vivir.

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