Aseguradoras de bonos dicen plan fiscal certificado por la junta es ilegal

Por Eva Lloréns Vélez el 4 de Mayo de 2017

Assured Guaranty Corp., Assured Guaranty Municipal Corp. y la National Public Finance Guarantee Corporation han presentado un reclamo dentro del proceso de quiebra radicada por Puerto Rico, alegando que el plan fiscal del territorio no debe utilizarse como base para ningún plan legal de ajustes de deuda.

Assured ha asegurado aproximadamente $5,400 millones de la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), mientras que National ha asegurado cerca de $3,600 millones de la deuda del ELA y sus corporaciones públicas, incluyendo unos $881 millones de bonos de obligaciones generales (GOs, en inglés).

Las aseguradoras de bonos sostienen que el plan fiscal aprobado por la junta de control fiscal es ilegal porque está en violación de Promesa ya que no respeta los derechos legales y las prioridades de pago.

“El plan fiscal del ELA con fecha del 13 de marzo de 2017, según implementado a través de la recién promulgada Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal […] ignora totalmente estas prioridades y derechos constitucionales y por lo tanto constituye una violación flagrante de los claros mandatos estatutarios de Promesa. El ‘Plan Fiscal Ilegal’, implementado a través de la Ley del Plan Fiscal, da al traste con generaciones de leyes constitucionales federales que rigen la prioridad y la protección de la deuda asegurada al darle prioridad de pago a todos los gastos generales y a todas las deudas sin garantía por encima del pago de cualquier deuda de bonos que contaban con primera prioridad constitucional o que estaban garantizados por derechos”, lee el documento.

Cooperativas aseguran estar preparadas para la quiebra de Puerto Rico

El “Plan Fiscal Ilegal”, según implementado a través de la Ley del Plan Fiscal, también “viola” los requisitos de Promesa que estipulan que un plan fiscal debe “asegurar que los activos, fondos o recursos de una dependencia territorial no serán transferidos” para uso general.

Mientras tanto, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura solicitó un interdicto el miércoles, el mismo día en que Puerto Rico radicó quiebra, tratando de impedir que el gobierno y la junta redujeran las pensiones de los jueces, alegando que es inconstitucional y constituía una intromisión en los asuntos de otra rama del gobierno.

Por otra parte la junta sometió una moción en una demanda radicada en abril por Servidores Públicos Unidos informándole al tribunal que se había iniciado un proceso de quiebra bajo el Capítulo III y que existía una suspensión automática. Dicha demanda impugnó la legalidad del Plan Fiscal.