20 de Septiembre de 2019

Aseguran empleador único protege empleos públicos y respeta convenios colectivos

Por el 20 de Enero de 2017

El designado secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, y la designada directora de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), Nydza Irizarry, defendieron el viernes el Proyecto de la Cámara 454, que establece el concepto del gobierno como empleador único, por entender que protege los empleos públicos actuales y respeta los convenios colectivos.

En el segundo día de vistas públicas de la medida en la Cámara, los representantes del gobierno afirmaron que convertir al gobierno en empleador único es la “mejor manera” de enfrentar la crisis fiscal, ya que se da prioridad al principio de mérito en el servicio público, se maximiza el potencial de los empleados y se reducen “una serie de retribuciones económicas que no se sostienen ante la realidad fiscal actual”.

Entre esas retribuciones que se eliminan se encuentra el aumento de 10% en el salario que recibían los empleados de confianza al retornar a sus puestos de carrera, los aumentos automáticos en salarios a empleados gerenciales y no unionados, así como la reducción de la bonificación de productividad.

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Sandra Torres, presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Nydza Irizarry, directora designada de OCALARH, y Carlos Saavedra, designado secretario del Trabajo, estuvieron en el primer panel de la segunda vista pública sobre el proyecto del empleador único, al cual defendieron a capa y espada. (Cindy Burgos/CB)

Sandra Torres, presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Nydza Irizarry, directora designada de OCALARH, y Carlos Saavedra, designado secretario del Trabajo, estuvieron en el primer panel de la segunda vista pública sobre el proyecto del empleador único, al cual defendieron a capa y espada. (Cindy Burgos/CB)

“[El proyecto] está alineado con [la ley federal] Promesa. Estamos reduciendo costos, estamos siendo más efectivos, estamos haciendo un cambio estructural”, declaró Irizarry.

Las bondades que resaltan los titulares del Departamento del Trabajo y OCALARH, sin embargo, no pudieron ser traducidas en cifras exactas o aproximadas de los ahorros que podría representar el proyecto para el gobierno. Tampoco dieron estimados de los costos de implementación, ya que se trata de la creación de una nueva oficina con la responsabilidad de analizar todos los puestos de servicio público existentes y establecer un sistema de retribución equitativo.

A preguntas del representante del Partido Popular Democrático (PPD) Manuel Natal, la directora de OCALARH reconoció la falta de cifras, pero solicitó dirigir las preguntas sobre dinero a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que también estaba citada a la vista pública, pero solo envió una ponencia por escrito.

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En esa ponencia de OGP no se habla de cifras, más allá de establecer que hay 118 agencias a un costo de $21,800 millones, aunque se establece que el empleador único “no tiene impacto presupuestario determinado que afecte el funcionamiento del gobierno”. 

Natal les explicó a los deponentes que, aunque se habla de gigantismo gubernamental, las estadísticas demuestran que la cantidad de empleados públicos en la isla ha ido en descenso, aunque los servicios y trabajos que realizan, así como los salarios, se mantienen igual.

Además, Natal indicó que un proceso similar para establecer un plan de clasificación en el Departamento de Salud costó sobre $700,000 para cerca de cinco mil empleados. Este proceso tardó tres años en estudiarse, de 2004 a 2007, y no fue hasta 2011 que pudo implementarse.

“Como si fuera poco el propio proyecto establece, en uno de sus incisos, que el gobierno podrá contratar entes privados para diseñar dicho proceso [de retribución y clasificación], lo que no solamente redundaría en más gastos para el país sino, además, contradice totalmente la supuesta política pública de la actual administración de hacer más con los recursos disponibles”, expresó, por su parte, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez.

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En el limbo lo que ocurrirá con empleados tras realizarse APPs

Otra de las que defendió el proyecto de empleador único fue la licenciada Sandra Torres, que fue en su carácter personal, pese a que es presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Torres fue parte del equipo de trabajo que redactó el Plan para Puerto Rico, programa de gobierno del gobernador Ricardo Rosselló.

Cuestionada sobre las garantías que el proyecto de ley ofrece a los empleados públicos cuyas entidades pasen a ser administradas como alianzas público privadas (APP), Torres declaró que en el análisis del concepto de movilidad para redactar la medida se establecieron “las mismas garantías que le dan como si se quedasen siendo unos empleados dentro de cualquiera de las unidades de gobierno”. 

Sin embargo, el designado secretario del Trabajo dijo que deberá verse “caso a caso” lo que ocurrirá con los empleados públicos al establecerse una APP, ya que en el caso del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín se les dio la oportunidad a los trabajadores de irse con el privatizador o continuar con la Autoridad de los Puertos.

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Preguntas similares fueron realizadas al grupo de más de una decena de sindicatos —que representan sobre 130 mil empleados públicos— que depuso en la segunda parte de la vista. El representante del PPD Jesús Santa cuestionó si los derechos de los empleados públicos se garantizan al traspasar a una APP, a lo que respondieron que no, que los derechos se pierden e incluso el empleado podría ser tratado bajo las nuevas reglas de la reforma laboral. 

Los sindicatos, entre los que se encuentran la Unión General de Trabajadores (UGT), Servidores Públicos Unidos (SPU) y la Federación Central de Trabajadores—, insistieron en su oposición a la medida por el poco tiempo para analizarla, redundará en despidos constructivos, no garantiza los beneficios actuales y podría presentar un asunto de constitucionalidad, toda vez que los empleados públicos tienen derecho propietario de sus puestos.

Los líderes sindicales cuestionaron, además, la cero participación que se le dio en la redacción del proyecto, la falta de una disposición sobre lo que ocurrirá con los sistemas de retiro, no respeta necesariamente los convenios colectivos y podría aumentar la burocracia e impartir “rigidez” al proceso de contratación.

Las vistas públicas del proyecto continuarán la semana entrante.

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