Junta de Planificación activa Programa de Capacitación virtual bajo la propuesta federal

La presidenta de la Junta de Planificación (JP), María del C. Gordillo anunció el martes que la activación de un Programa de Capacitación virtual para los recursos humanos reclutados mediante la propuesta que se sufraga con fondos federales del Programa de Subsidios de Mitigación de Riesgos, “Hazard Mitigation Grant Program” (HMGP por sus siglas en inglés).

Esto, con el objetivo de tener personal diestro para apoyar a las familias en su preparación ante desastres naturales para promover el cumplimiento con los códigos de construcción y la reglamentación  vigente, así como, lograr reducir la construcción informal en la isla.

“El Programa de Capacitación es uno interactivo y dinámico, adaptado a la nueva realidad que vivimos. Consta de siete módulos ofrecidos por profesionales en cada área relacionada al cumplimiento con los códigos de construcción, la reglamentación vigente y la resiliencia. Promover el cumplimiento del código de construcción y la reglamentación nos prepara mejor ante escenarios de riesgo como el que enfrentamos,” afirmó la presidenta de la JP en una comunicación escrita.

Indicó que los módulos de capacitación están disponibles a través de la plataforma digital TEAMS y se ofrecen diariamente en vivo, permitiendo la interacción necesaria con cada participante. Un promedio de 50 participantes de este programa de capacitación se conectan diariamente desde principios de abril para completar estos módulos.  

“A tono con las prioridades de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, debemos apoyar a las familias a contar con hogares más seguros para enfrentar cualquier situación de emergencia. Los nuevos recursos humanos que capacitamos hoy contribuyen a tener un Puerto Rico más resistente y comunidades más preparadas ante eventos catastróficos, así como tener los sistemas actualizados y las herramientas tecnológicas necesarias para asistirles,” aseguró Gordillo.  

Asimismo, explicó que el Programa de Mitigación de Riesgos se encuentra en la fase de implementación actualmente , cuenta con 98 recursos humanos reclutados, entre éstos agentes de permisos, geógrafos, hidrólogos, auditores, ingenieros y arquitectos licenciados, con el objetivo de robustecer los programas de cumplimiento y promover la preparación y educación necesaria.  

Detalló que este esfuerzo no solo se concentra en las agencias relacionadas a los procesos de permisos, sino que enfoca en asistir a las comunidades a estar mejor preparadas, por lo que iniciarán programas educativos y de orientación sobre los temas de preparación, mitigación y cumplimiento, según las necesidades en cada región. Los eventos telúricos recientes en el sur de la isla, así como la emergencia de salud pública que estamos enfrentando destacan la urgencia de este programa.

El Programa de Subsidios de Mitigación de Riesgos, cuya misión es reforzar el cumplimiento con las leyes y reglamentos sobre el uso de los suelos y la construcción, enfoca en la educación y utilización efectiva de los nuevos Códigos de Construcción del 2018, el nuevo Reglamento Conjunto y el Reglamento de Áreas Inundables. El proyecto se realiza bajo una subvención del programa del HMGP de FEMA.




Satisfecho presidente de la Junta del CRIM con propuesta del ejecutivo tras anulación Ley 29

El presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, dio a conocer el martes, su respaldo a la propuesta que le presentó la gobernadora Wanda Vázquez Garced para satisfacer la necesidad de recursos económicos que enfrentarán los municipios, ante la anulación de la Ley 29 por parte del tribunal federal.

“La propuesta de la Gobernadora, que incluye asistencia a los ayuntamientos municipales por los próximos cuatro años, nos concede tiempo para desarrollar una alternativa permanente para sustituir estos fondos”, subrayó el alcalde cidreño en comunicación escrita.

Carrasquillo catalogó la propuesta como una “muy buena”, que ofrece una alternativa viable para ayudar a los municipios a cubrir temporalmente sus obligaciones de cargos PayGo y de aportaciones al Plan Vital de la Administración de Seguros de Salud, que representan más de 300 millones de dólares para las arcas municipales.

De igual forma, se expresó el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, quien dijo que “si el gobierno se compromete a aportar estos fondos, evitará el colapso de muchos municipios cuyos alcaldes ya han expresado una gran preocupación por la pérdida de estos ingresos”.

Vázquez Garced propuso el lunes, un plan para ayudar a los municipios ante la eliminación de la Ley 29 que eximía a los ayuntamientos del pago del “Pay As You Go”.

“En vista del estado de necesidad en el que vivimos y para garantizar los servicios esenciales, propusimos varias alternativas como solución a la Ley 29, que hoy presentamos ante alcaldes miembros de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que incluye aportar dinero adicional para ayudar a los municipios a cubrir temporeramente sus obligaciones de cargos PayGo y de aportaciones al Plan Vital de la Administración de Seguros de Salud (ASES)”, dijo Vázquez Garced en comunicación escrita.

Mencionó que, en vista del espacio otorgado por el Tribunal Federal para alcanzar un acuerdo de buena fe en beneficio de los municipios, ha presentado varios escenarios con diferentes niveles de asistencia.

“Nuestra propuesta incluye una asistencia por un periodo de cinco años, donde durante los primeros dos años le cubrimos totalmente cualquier obligación, y parcialmente durante los últimos tres años”, dijo.

“Asimismo, como propusimos en nuestro plan fiscal sometido el pasado 28 de febrero de 2020, le proponemos a la Junta de Control Fiscal (JCF) detener los recortes a los municipios por los próximos dos años para permitirle que puedan continuar prestando servicios esenciales”, añadió.




Por tercera vez CPI demanda al Registro Demográfico por información sobre muertes (documento)

 La directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Carla Minet anunció que recurrieron el martes al tribunal con una petición de mandamus por acceso a la información, ya que el Registro Demográfico no le ha entregado la base de datos sobre las causas de muerte en Puerto Rico de forma completa, según la solicitó hace cinco semanas. 

La demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, es dirigida contra Wanda Llovet Díaz, directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, y el Estado Libre Asociado. Responde a investigaciones que lleva a cabo el CPI sobre las muertes en la Isla. 

“La solicitud de la base de datos completa y los certificados de defunción es idéntica a la que el CPI hizo tras el huracán María y por la cual, como se sabe, el Tribunal de Primera Instancia ordenó su entrega completa en el 2018. Ya en el 2009 el CPI también había demandado por este mismo documento, a la misma funcionaria, y había logrado obtenerlo. Instamos a la directora del Registro Demográfico a que entregue esta información sin omitir ningún campo, lo antes posible”, dijo Minet en declaraciones escritas.

Detalló que la periodista Laura Moscoso, en representación del CPI, inició la gestión para obtener los datos de fallecidos el pasado 23 de marzo en una comunicación dirigida a Llovet Díaz, la entonces secretaria interina del Departamento de Salud (DS), Concepción Quiñones De Longo y a oficiales de prensa de la agencia y La Fortaleza. Solicitó la base de datos de mortalidad en Puerto Rico de los años 2007 al 2020. 

Indicó que tras examinar un disco digital entregado por el DS, el 6 de abril Moscoso volvió a contactar a los oficiales del Gobierno para informar que la base de datos que entregaron estaba incompleta, “ya que algunos campos, como el del nombre de la persona fallecida, fueron removidos de la misma”.  

Alegó que ante la información incompleta, el CPI insistió en obtener el documento completo y además solicitó copia digital de los certificados de defunción emitidos desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad. A pesar la petición a los funcionarios públicos concernidos, incluyendo a Llovet Díaz y al nuevo secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, “ningún representante de las partes promovidas respondió a los mensajes de seguimiento”, indica el recurso legal. 

En este caso, el CPI es representado por Luis José Torres Asencio, Annette Martínez Orabona y Steven Lausell Recurt, abogados de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. 

“La información solicitada por el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, señala el recurso legal. 

Aunque el gobierno invocara alguna confidencialidad o privilegio sobre la información solicitada, “el interés público para acceder a la información solicitada supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”, añade la demanda. 

La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) crea un mecanismo especial para acceso a la información, pero su Artículo 12 reconoce que no se interpretará de forma restrictiva, “ni supone la exclusión de otros derechos y procedimientos pertenecientes a las personas solicitantes de información pública y no mencionados específicamente como lo es el recurso de mandamus tradicional”. La Ley de transparencia dice, entre otras cosas, que la información y documentación que produce el Gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual; que la información y documentación que produce el gobierno en sus estudios, transacciones y en el ejercicio de la autoridad pública, son patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico. 

Además, el CPI pidió que el Tribunal ordene a las partes la divulgación de la información cuando le sea solicitada en el futuro, en los mismos términos y cumpliendo la misma normativa sobre acceso a la información.




Restaurantes aseguran que pueden comenzar a abrir los salones comedor

La presidenta de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Marisol Vega Couto anunció el domingo que se preparan para comenzar a recibir personas en sus facilidades.

“Por más de un mes, los restaurantes que han estado operando limitadamente bajo las disposiciones de las órdenes ejecutivas pertinentes, han demostrado que las medidas de salud y salubridad reforzadas han sido efectivas. Miles de empleados de nuestra industria han estado laborando durante las últimas semanas sujetos a estrictas medidas de seguridad y monitoreo de su salud, con un ínfimo número de casos reportados. De esa manera, entendemos que cuando el gobierno estime sea el momento adecuado, podremos ir abriendo de forma paulatina y parcial los salones comedores, con todas las medidas de seguridad requeridas por las agencias concernientes, para los clientes que prefieran sentarse a consumir sus alimentos”, afirmó Vega Couto en declaraciones escritas.

La presidenta de ASORE explicó que las recomendaciones que se encuentran en Nuestro Compromiso, están basadas en los protocolos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y del Departamento de Salud, así como recomendaciones de la National Restaurant Association (NRA), tomando como eje primordial la salud de los ciudadanos y empleados y serán modificadas según sea requerido. Las mismas han sido enviadas a la matrícula de ASORE y también fueron presentadas ante el Task Force Económico para consideración del gobierno en su plan de reapertura.

Ahora bien, los operadores de restaurantes se deben comprometer a seguir las medidas de prevención e higiene recomendadas en la guía para iniciar la reapertura en sus salones comedores, resultando esto como una auto-certificación de la industria. Entre las recomendaciones que contiene la guía, se encuentran las siguientes:

  1. Continuar promoviendo el distanciamiento físico entre los clientes colocando barreras en los salones comedores y distribuyendo los espacios entre las mesas y sillas.

  1. Mantener el uso de equipo protector (mascarillas, guantes).

  1. Proveer gel desinfectante en el restaurante para los clientes.

  1. Limpiar y desinfectar las áreas comunes de los restaurantes regularmente.

  1. Realizar cernimiento (toma de temperatura) a los empleados antes de comenzar su turno. No aceptar empleados enfermos en los restaurantes.

  1. Publicar Nuestro Compromiso (una hoja que contiene los acuerdos de reapertura entre los restaurantes y consumidores) en las entradas de sus establecimientos para informar las medidas que estarán tomando para mantener una reapertura responsable.

“Confiamos en que esta Guía de Apoyo sea considerada positivamente y que la industria de restaurantes pueda unirse al grupo de comerciantes que será autorizado a reabrir próximamente.   Nuestros restaurantes representan una alternativa segura y confiable a la hora de alimentarse, con empleados adiestrados, sobre todo para aquellos empleados esenciales que están rindiendo un servicio importante al país”, sostuvo Vega Couto.

Cabe destacar que recientemente la organización, que representa unos 1,000 restaurantes la isla, realizó un sondeo a su matrícula el cual reveló que a raíz de estas semanas de “lockdown”, sus restaurantes operan con más de 75 por ciento en pérdidas.

La guía ya está disponible para todos los restaurantes en la página web de la entidad asorepr.com (ASORE Updates)




“Hay que aprender a vivir con esta realidad”, afirma secretario del DDEC

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy dijo el lunes que la economía no aguanta mantenerse cerrada por varios meses más mientras se encuentra una vacuna para el COVID-19, por lo que hay que acoplarse a la nueva realidad.

“Tenemos que ya aprender a vivir con esta realidad. Esperamos que en algún momento dado la vacuna llegue, pero de eso no hay certeza. Algunos dicen que van a pasar meses y obviamente la economía no aguante eso. Hemos aprendido que hemos podido modificar nuestras conductas como personas y también los empresarios para adaptarnos a esta neuva realidad”, dijo Laboy en entrevista radial (WKAQ).

Según trascendió el domingo, el “Task Force” Médico COVID-19 divulgó el informe con sus recomendaciones para una reapertura paulatina del ambiente económico. El funcionario dijo que el “Task Force” Económico también sometió un informe y que ambos “son bastantes similares”.

“Una cosa es el cierre y otra cosa es el toque de queda. Lo que se vislumbra es que se haga esa flexibilización de sectores económicos desde el punto de vista del cierre, pero todos estamos de acuerdo en que el toque de queda se tiene que quedar, precisamente, porque tenemos que mantener los controles de distanciamiento social que son importantes, además que tenemos que hacer más pruebas, tenemos que seguir atendiendo el rastreo por contactos, entre otras cosas”, explicó Laboy.  

Indicó que se le está recomendando que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced en su próxima orden ejecutiva tome en consideración la reapertura del sector de construcción, la manufactura y que se atienda el sector hospitalario para evitar la quiebra de hospitales privados. En una segunda fase se recomienda que se permitan los servicios profesionales, bienes raíces, el sector financiero y así sucesivamente.

“Ya vamos para la séptima semana y la situación económica se va a poner muy difícil. Ya hay estimados de que pudiese estar el desempleo entrando en sobre 30 por ciento”, advirtió el funcionario.

No obstante, dijo que se seguirá fomentando el trabajo remoto y digital. En casos en los que lo amerite, los patronos deberán tomar todas las precauciones.

Este domingo, 3 de mayo vence la orden ejecutiva vigente de toque de queda y cierre de comercios que contempla un toque de queda entre 7:00 de la noche y 5:00 de la madrugada del día siguiente. Algunos comercios operan limitadamente, mientras que los supermercados no están abriendo los domingos.




Junta de control fiscal ofrece guía al gobierno sobre uso de $2,200 millones CARES Act

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal Natalie Jaresko informó el domingo que ofrecieron al gobierno de Puerto Rico unas recomendaciones sobre cómo invertir los $2,200 millones de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES), para financiar los gastos no presupuestados relacionados con la pandemia de modo que sean consecuentes, eficientes y transparentes.

“Los fondos otorgados por la Ley CARES son considerables y, si se usan apropiadamente, pueden proveer el apoyo necesario para mitigar, contener y minimizar el efecto del COVID-19 en las vidas de los puertorriqueños y de la economía local. El Gobierno debe cerciorarse de que estos fondos tengan el mejor efecto posible en la respuesta y en la recuperación, y que se utilizarán de manera estratégica desde ahora hasta diciembre de 2020”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.

“Tenemos que invertir en la realización de pruebas, el rastreo y en nuestro sistema de cuidados de salud en general. Asimismo, el Gobierno debe enfocarse en las áreas más impactadas por las medidas que se tomaron para proteger a Puerto Rico a partir de la propagación del COVID-19, muy particularmente, nuestro sistema de educación y aquéllos que perdieron sus empleos o negocios”, añadió.

La Junta sugiere que el Gobierno se enfoque en el uso de los $2,200 millones en las siguientes áreas:

  • Monitoreo y sistema de evaluación: aumentar significativamente la oferta de kits de pruebas de COVID-19 y comprar redes de alta tecnología para rastrear el contagio.

  • La infraestructura de servicios de salud: poner en marcha un plan de almacenamiento y distribución para administrar el inventario y racionar los suministros y el equipo, como los productos de protección personal (PPP), los ventiladores y las pruebas de detección del virus;
  • Educación a distancia y aprovechamiento académico: realzar educación a distancia a fin de recuperar el aprendizaje perdido y prepararse para el posible resurgimiento del COVID-19;
  • Pequeños negocios: adiestramiento y asesoramiento que los ayuden a funcionar en la nueva realidad económica;
  • Desempleo a largo plazo: invertir en fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral;
  • Reembolso al Gobierno: una porción de los $500 millones, que formaron parte de los $787 millones del Paquete de Apoyo de Medidas de Emergencia, pueden ser reembolsados conforme a la Ley CARES.

Igualmente, la Junta le solicitará al Gobierno informes bisemanales de Gastos y Contrataciones, además de exhortarlos a publicar información que permita a la ciudadanía ver y analizar fácilmente todos los programas y desembolsos.




Interés de Bernie Sanders en acumular delegados obligaría celebrar primarias demócratas en la isla

SAN JUAN – El presidente del Partido Demócrata en la isla, Charlie Rodríguez dijo el viernes que evalúan los mecanismos más adecuados para celebrar las primarias presidenciales en Puerto Rico en el verano, dado que el congresista Bernie Sanders se retiró de la candidatura, pero interesa permanecer en la papeleta para acumular delegados para la Convención Nacional de la colectividad.

“Teníamos la esperanza de que con el anuncio del senador (Bernie) Sanders de que habría de suspender su campaña y luego anunciar que endosaba la nominación de Joe Biden, que no habría necesidad de hacer la primaria y que podíamos hacer un mecanismo alterno de selección de delegados”, dijo Rodríguez en entrevista radial (NotiUno). 

“Sin embargo, cuando me comuniqué con el representante oficial de Sanders en Puerto Rico, me comunicó que la intención del senador es permanecer en la papeleta y acumular delegados para la Convención Nacional Demócrata, tanto en Puerto Rico como en otros estados en los que no se ha hecho la primaria. Eso, obviamente nos obliga a que debido a que (Sanders) no se ha retirado formalmente de la nominación, e insiste en participar en las primarias, tener que celebrar las primarias en Puerto Rico”, agregó.

Según explicó Rodríguez, el dicho proceso estaba pautado para el 29 de marzo pasado, pero en vista de la emergencia del coronavirus se pospuso para el 26 de abril mediante legislación que fue firmada por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. La Resolución Conjunta 20 además permite al presidente del partido y al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), buscar otra fecha si continúa la emergencia. Así las cosas, este domingo, 26 de abril no habrá primarias presidenciales.

No obstante, explicó que conforme la “Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias” y el Reglamento del Partido Demócrata de Selección de Delegados, establece la celebración de las primarias.

“Tenemos que cumplir porque nos basamos en la ley y los reglamentos, yo la única fecha que veo posible es realizarlo es en el verano durante finales de junio o principios de julio de manera que pueda celebrarse una primaria. Lamentablemente como en Puerto Rico todavía está pendiente la aprobación de la Reforma Electoral que permitiría ampliar la categoría de voto ausente para que cualquier persona pueda solicitarlo y votar por correo, como no tenemos eso todavía, nos vemos obligados a hacer una primaria presencial tomando todas las debidas precauciones”, precisó.

Asimismo, dijo que la CEE necesita de 30 a 45 días antes de un evento electoral para prepararse para el mismo. Actualmente eso no es posible, dado el cierre del gobierno.

Por último, explicó que Puerto Rico debe escoger 51 delegados más 7 delegados automáticos, lo que coloca a la isla en la posición 30 de 57 delegaciones que participarán en la Convención Nacional. Esto la convierte en una delegación que puede ejercer gran influencia en los procesos de la colectividad. Existe posibilidad que la convención sea virtual, a pesar que la misma se ya se pospuso para el 17 de agosto.




Directora ejecutiva JCF pide a la gobernadora abrir -lento y gradual- la economía

SAN JUAN – La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko solicitó el jueves a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que abra la economía de manera lenta y gradual.

“Entendemos que al momento la principal prioridad para la isla es ampliar el alcance de las pruebas de detección e implementar protocolos de rastreo, para lo cual se deben utilizar parte de los 2,200 millones de dólares asignados para Puerto Rico como parte de la ley “CARES”. A la vez, se deben tomar precauciones adicionales para salvaguardar las poblaciones más vulnerables y a los adultos mayores. Considerando el éxito evidente de sus estrictas medidas de distanciamiento social, entendemos que la próxima prioridad debería ser una reapertura gradual de ciertos sectores comerciales para contener un efecto adverso e irreversible sobre la economía”, dijo Jaresko en una carta enviada a la gobernadora.

“Desafortunadamente, ocurrirán cambios estructurales en segmentos e industrias completas como resultado de este nuevo mundo “pos-COVID-19” que compartimos. Con esto en mente, permitir que algunos negocios inicien operaciones, que empleados trabajen y entidades tengan ganancias para que puedan crear empleos, prestar servicios y, en última instancia, pagar impuestos, son todos esenciales para el pueblo y el gobierno de Puerto Rico. A la vez, la salud y seguridad de las personas no se puede poner en juego. Es por eso que una reapertura económica se debe hacer lenta y gradualmente, a la vez que se mantienen las medidas prioritarias inalteradas hasta que verdaderamente desaparezca la pandemia”, añadió.

“El bienestar financiero de las economías locales es esencial para la fortaleza y resiliencia de las personas, municipios y agencias gubernamentales. La gente puede reclamar su empleo, compromiso y éxito y los comercios pueden reclamar sus operaciones, ganancias y logros. Cabe añadir que el gobierno puede restaurar sus ingresos fiscales y, a su vez, su capacidad financiera para continuar operando, invirtiendo y desarrollando mientras prestamos los mejores servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico. Crear un ambiente que permita el regreso de los aspectos críticos de la economía es inmensamente valioso para el pueblo, las compañías, los municipios y las agencias de gobierno en todo Puerto Rico”, señaló.

“Sin embargo, este plan de reabrir la economía debe ser lento y gradual. Los funcionarios de salud en los estados de toda la nación estadounidense han advertido en repetidas ocasiones a los funcionarios de gobierno que no deben reabrir los comercios o permitir grandes aglomeraciones de personas demasiado rápido por miedo a la resurgencia de infecciones. La inmensa mayoría de los gobernadores se ha dado cuenta de que una reapertura progresiva de la economía es la única alternativa en este momento. Los gobiernos, negocios locales y personas en el país necesitan conseguir acceso al comercio, los negocios y los ingresos fiscales. Los gobiernos, los negocios locales y las personas en todo el país deben preservar la salud y seguridad hasta que la pandemia se encuentre firmemente bajo control. Por lo tanto, la manera responsable de resolver este asunto es reabrir la economía lenta y gradualmente para que las compañías puedan retomar sus negocios, los empleados puedan regresar a sus empleos y los gobiernos puedan recobrar sus ingresos fiscales; pero no se debe poner en riesgo la salud y bienestar de las personas”, insistió.

Jaresko sostuvo que para poder aprender más sobre la manera en que estas acciones se han estado tomando, le instamos a que estudie detenidamente lo que los gobiernos en todo Estados Unidos han hecho.

“Desde nuestra perspectiva, es fundamental reabrir la economía gradualmente para no poner en juego la salud y seguridad, aunque ciertas compañías locales puedan recuperar sus negocios y ganancias. Como resultado, los tipos de compañías que podrían reabrir antes son las que están enfocadas en aspectos financieros, económicos y de cuidados de salud, debido a que son esas áreas las esenciales a la economía y no necesariamente implica que reúnan grandes grupos de personas en proximidad. Aún así, es posible expandir los servicios enfocados en los cuidados de salud más allá de los dedicados al COVID-19, ya que los cuidados de salud fuertes y seguros requieren mucho más que pruebas de detección y tratamiento efectivo para atender la pandemia en curso. Redirigir la reapertura cautelosa de la economía a los aspectos fundamentales de la economía sin poner en peligro las vidas de las personas es la manera responsable de proceder. En cuanto a las estrategias en desarrollo sobre cómo identificar e implementar esta reapertura moderada, el Equipo Especial Económico (“Economic Task Force”) que usted creó será extremadamente valioso, ampliamente dispuesto y estará profundamente informado respecto a los negocios financieros, económicos, y de cuidados de salud. Le exhortamos a que consulte con ellos para obtener una buena asesoría”, concluyó.




Sector privado presenta propuestas para vencer el impacto económico del COVID-19

SAN JUAN – El cierre del comercio en Puerto Rico desde el 15 de marzo ha creado un impacto sin precedentes en la economía puertorriqueña. Es vital ver en este escenario el rol que tiene el sector privado en el que genera un 94.3% del valor de la actividad productiva. El gobierno, por su parte, representa el 5.7% de la generación de la actividad económica. Así las cosas, de cada dólar que produce la economía de Puerto Rico, 94 centavos los produce el sector privado, mientras, el gobierno produce 6 centavos. Entonces, ya transcurridas seis semanas desde el inicio del cierre, ¿qué sucede? La empresa privada no está produciendo y, por tanto, no genera para hacer viable el movimiento de la economía.

Esta situación lleva a mover la industria local a un empuje económico con carácter de inmediatez. Ante esta realidad, el Movimiento por una Economía Saludable ha formulado una serie de recomendaciones dirigidas a encaminar la reapertura de la economía siguiendo los protocolos y medidas de seguridad necesarios.

“Un cierre de dos semanas para prevenir un colapso en el sistema de salud es algo que la mayoría de los negocios pueden manejar. Pero mantener las restricciones por más de seis semanas va a obligar a la quiebra y al fracaso a la mayoría de los negocios y empleos en Puerto Rico. El colapso económico será devastador. El sistema de salud tiene amplia capacidad. Es hora de producir”, dijo Federico “Friedel” Stubbe, Chairman de Prisa Group, uno de los fundadores y portavoces de este movimiento de empresarios y ciudadanos.

Al momento se estima que 300,000 personas están sin trabajo temporalmente en la industria privada, lo que traduce a que 45% de los empleados del sector privado está afectado. De estos, un aproximado de 170,000 ya ha solicitado los beneficios por desempleo. Viendo el efecto en números, estimados de Inteligencia Económica, Inc. apuntan a que al extenderse el toque de queda hasta el 3 de mayo, el impacto económico directo de la crisis ascendería a $8,400

millones. De extenderse hasta el 31 de mayo, el impacto podría llegar a $12,100 millones. Los sectores comerciales más fuertemente afectados incluyen: bienes raíces, ventas al detal, manufactura, turismo y entretenimiento, autos y salud.

Otro punto relevante es el impacto que tendría en la población local la falta de ayudas federales que recibe Puerto Rico ya que pudieran verse en riesgo en un futuro cercano. Esta situación tendría un impacto para un 45% de las familias que depende de algún tipo de ayuda como Medicaid, PAN y Vivienda Pública.

La situación económica que llega como resultado de COVID-19 trae consigo los siguientes riesgos principales: la parálisis del sector privado, la insolvencia de los hogares, el colapso fiscal del gobierno y la posibilidad de que agrave la depresión económica. Con este escenario presente, los portavoces de Movimiento por una Economía Saludable han propuesto un programa denominado Protegiendo la Salud y la Producción con los siguientes puntos:

· Tenemos que entender que el público y las empresas son inteligentes y han aprendido. Los mercados son eficientes. Tanto los trabajadores como los clientes no saldrán a la calle hasta que no se sientan cómodos con la solución que se les ofrece.

· Los empresarios puertorriqueños son tan buenos como los mejores del mundo. Tienen la capacidad y necesidad de desarrollar protocolos que protejan la salud, tanto del cliente como de sus trabajadores.

· Cada industria presenta su protocolo que se adapte a sus circunstancias y necesidades. En un mercado libre los clientes deciden.

· El gobierno debe confiar y contar más en la capacidad de sus líderes empresariales, trabajadores y clientes. Le va a dar mucha más fuerza a la solución.

· Controlemos nuestros miedos y trabajemos juntos, gobierno y empresa para perseguir la solución de una mejor vida.

“La crisis actual representa un riesgo general del cuál será difícil salir si no se implementan soluciones abarcadoras y estrategias bien fundamentadas. El conocimiento y participación del sector privado serán fundamentales para complementar los esfuerzos del gobierno en la reapertura de la economía. Es momento de repensar como atenderemos las necesidades de nuestros negocios para dirigir una acción efectiva y productiva de beneficio para todos”, indicó Gustavo Vélez, economista y portavoz del grupo.

“Sería un grave error, pensar nuevamente que los fondos federales serán la tabla de salvación de Puerto Rico y su economía. El gobierno federal ha aumentado a niveles históricos su déficit y

deuda, por ende, nadie puede garantizar la permanencia de los fondos federales que recibe actualmente la Isla. Hay que movernos y demostrarle al gobierno de Trump que podemos producir como el resto de los 50 estados”, agregó Vélez.

Gustavo Vélez, economista fundador de Inteligencia Económica

El grupo hace un llamado a que los líderes gubernamentales confíen en la capacidad de la industria privada a pensar en ideas innovadoras y ofrecer alternativas que ayuden a construir un programa de soluciones efectivas para salir airosos, que lleve a su vez, a construir una estrategia de desarrollo a largo plazo. Esta estrategia debe estar dirigida a no depender tanto de fondos federales y buscar fuentes recurrentes de inversión y producción. Ante todo, es de vital importancia y acción urgente el viabilizar la permanencia de los 273,000 empleos de la empresa privada y los 60,000 del gobierno que están en riesgo de perderse.

La iniciativa contará con el apoyo de una campaña informativa en redes y medios principales dirigida a concienciar y levantar bandera de la relevancia que cobra el reabrir la industria privada con sus debidos protocolos para beneficio de la salud financiera de la familia puertorriqueña.




DTOP extiende amnistía para pago de multas

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, anunció el lunes la extensión hasta el 19 de junio de la Ley de Pago Acelerado de Multas de Tránsito, identificada por la ciudadanía en general como amnistía.

“Esta es una medida de justicia social que hoy, particularmente, con los retos que enfrentamos todos en Puerto Rico durante la lucha contra el COVID-19, cobra mayor relevancia,” sostuvo Contreras Aponte en comunicación escrita

Explicó que el pasado 17 de marzo venció la amnistía original, que le dio 90 días a la ciudadanía para acogerse al beneficio del 15 por ciento de descuento de sus multas y hasta un 100 por ciento de descuento de las penalidades y recargos aplicables. Tomando en cuenta que el fin de la amnistía coincidiría con un momento histórico, producto de la pandemia del COVID-19, el representante José “Memo” González radicó una pieza legislativa para extender su vigencia. Dicha medida fue firmada hoy por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, convirtiéndola en la Ley 41 de 2020 y extendió dicho beneficio a la ciudadanía hasta el 19 de junio próximo.

Contreras Aponte informó que los pagos de multas al acogerse a la amnistía se pueden realizar en el Banco Popular de Puerto Rico, así como a través de la aplicación CESCO Digital, disponible de forma gratuita para teléfonos móviles con sistemas operativos de Apple (iOS) y Google (Android).

“Mi exhortación a la ciudadanía es que aprovechen esta plataforma para realizar sus pagos desde la comodidad de su teléfono móvil, sin necesidad de salir de su hogar y evitándose cualquier fila presencial. Cabe destacar que los pagos a través de CESCO Digital se reflejan al momento, evitando tener que pasar físicamente por Hacienda o los CESCO para buscar certificaciones y procurar que sus multas pagadas sean borradas del sistema. De hecho, puede bajar la certificación de pago y eliminación de las multas desde la propia aplicación”, añadió.

Por su parte, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, instó a los contribuyentes a utilizar los servicios externos a través de la banca para acogerse a este beneficio, así como los servicios en línea de las agencias, y aseguró que continuarán considerando todas las alternativas viables para ayudar a los ciudadanos a realizar transacciones sin mayores contratiempos durante la situación de emergencia que enfrentamos.

“La extensión del descuento en las multas de tránsito hasta el 19 de junio de 2020 es otra medida de alivio para los ciudadanos, en el contexto histórico en el que nos encontramos. Exhortamos a los ciudadanos a utilizar, principalmente, los servicios en línea tanto de DTOP como de Hacienda para acogerse a estos descuentos aprobados en la Ley 134-2019. Además, de considerar las opciones que ofrece el Banco Popular en todas sus sucursales para los planes de pago de las multas con descuento”, expresó.

Finalmente, el secretario de Transportación y Obras Públicas explicó que aquellas personas que deseen acogerse a los beneficios de la amnistía, pero haciendo un plan de pago, tendrá que visitar físicamente una de las sucursales del Banco Popular de Puerto Rico. Bajo esta opción, el descuento seguirá siendo 15 por ciento de la multa, pero el descuento de los recargos será de 50 por ciento.