Alcaldes asociados envían planteamientos a la junta fiscal sobre trabas en reconstrucción

(Suministrada)
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Los datos que la Asociación de Alcaldes recopiló a dos años del paso del huracán María y las dificultades que en la reconstrucción causadas por la ineficiencia del gobierno central, fueron compartidas con la Junta de Control Fiscal (JCF), a petición del ente federal, informó el presidente del grupo municipalista, José ‘Joe’ Román Abreu.

“Un funcionario enlace de la Junta recibió la información y se comunicó con nosotros para conocer mejor nuestros planteamientos y evaluar cómo se podría atender este asunto tan crítico para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. Los funcionarios más cercanos del Congreso y Casa Blanca son la comisionada residente, Jenniffer González y la Junta, que están llamados a atender la necesidad que viven los puertorriqueños a raíz del paso del huracán María”, dijo Román en declaraciones escritas

El también alcalde de San Lorenzo añadió que el pasado lunes, un grupo de alcaldes presentó los datos recopilados en 24 de los 45 municipios asociados, como una muestra de la situación actual en dichos pueblos.

Indicó que los alcaldes de Villalba, Guayanilla, Salinas y Yabucoa presentaron el caso del reembolso adeudado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en las categorías A y B, cifra que va por los $43,945,141 millones en trabajos ya realizados de remoción de escombros y medidas de emergencia. En las categorías C a G, hay un total de 5,140 proyectos reclamados, concretamente carreteras y puentes, edificios públicos, parques y facilidades recreativas.

“De ese total, hay solamente 19 proyectos firmados, lo que representa el 1 por ciento de los mismos para poder iniciar las obras de construcción. Tres proyectos han recibido fondos. Esto es menos del 1 por ciento del total”, explicó Román Abreu.

Los alcaldes asociados insistieron que a dos años del paso del Huracán María, Puerto Rico es más vulnerable en términos de infraestructura y vivienda debido a que no ha podido iniciar la etapa de reconstrucción de puentes, carreteras, deslizamientos de terreno, facilidades públicas, que son esenciales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Alegaron que a eso se añade la falta de personal capacitado y necesario para poder implementar las políticas establecidas, tanto en FEMA, como de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) del gobierno central, particularmente a la falta de consistencia en el proceso de documentación para la validación, desde su inicio y durante todo el proceso.




Radican resolución para investigar Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

El portavoz de la mayoría en la Cámara Alta, Carmelo Ríos. (Felipe Torres/CB)

El portavoz de la mayoría en la Cámara Alta, Carmelo Ríos, radicó la Resolución del Senado 1230, para investigar el funcionamiento de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la posibilidad de brindar mejores herramientas a esta entidad. 

“Ante la crisis de ejecuciones de hipotecas que experimenta Puerto Rico, es imperativo saber si OCIF cuenta con los poderes y recursos necesarios o si se necesitan enmiendas a las leyes que regulan estos procesos para poder tener un cuadro claro de la situación. La forma y manera de recopilación de los datos, así como la calidad de estos,  es fundamental para poder ser más efectivos al momento de atender la crisis. Igualmente, las herramientas que tengan las entidades reguladoras son esenciales para que puedan llevar a cabo una labor efectiva”, expuso el legislador en declaraciones escritas.

Además, el senador dijo que la medida busca indagar sobre la forma en que atiende lo relacionado a información y estadísticas de ejecuciones de hipotecas; así como el proceso de querellas de los deudores hipotecarios sobre sus cuentas en atraso en dicha entidad.  

“Resulta irónico que en momentos en que se anuncian ingresos récords para la banca, con una entrada neta de 505.32 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, los mejores resultados desde el 2005, tengamos a cientos de miles de puertorriqueños que no saben si el mes próximo podrán seguir teniendo un techo donde vivir”, agregó. 

Precisó que la pieza legislativa expresa que una vez los bancos, bajo la jurisdicción de OCIF, venden préstamos hipotecarios en delincuencia a inversionistas a precio de descuento. Éstos últimos no actualizan a OCIF la información ofrecida sobre dicha hipoteca, lo que podría implicar que los números que se ofrezcan sobre las ejecuciones se reduzcan artificialmente. También se alega que la OCIF no atiende querellas debido a la falta de capacidad para intervenir en los procesos y que en los últimos años una gran cantidad de las querellas no han sido atendidas por entender que no tiene jurisdicción.

“Desde el 2008 al 2018 se ejecutaron 40,763 propiedades. Para septiembre de 2017, había unos 63,602 préstamos en riesgo de ejecución. A este número hay que añadirle un estimado de 60,000 préstamos vendidos por los bancos a descuento en el mercado de préstamos tóxicos a inversionistas en los Estados Unidos y los 1,400 radicados en el Tribunal Federal, para totalizar alrededor de 125 mil”, finalizó Ríos.




Identifican fondos para la Fase III del programa de restauración de carreteras

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El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José “Memo” González Mercado, se mostró confiado el lunes en que se podrá continuar con la Fase 3 del programa “Abriendo Caminos”, para la restauración de las carreteras de la Isla, al asegurar que se han identificado las fuentes de los fondos para completar dicho trabajo.

Así lo indicó en la continuación de la investigación que lidera mediante la Resolución de la Cámara 881 de su autoría y del portavoz de la mayoría parlamentaria, Gabriel Rodríguez Aguiló. Esta medida aborda el tema de los procedimientos y salvaguardas adoptados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para garantizar la adecuada inversión y distribución de los 652 millones de dólares de la iniciativa “Abriendo Caminos”.

“Hay unos fondos del Programa de Mejoras Permanentes (CAPEX) que se van a identificar ya.  Si no salen de ahí, van a salir de otra partida. Pero ya el dinero, los $80 millones para la Fase III, ya están. No habían sido identificados en tres vistas públicas previas, pero ya están. La realidad es que dentro de la situación fiscal que atraviesa Puerto Rico, ahora mismo la Fase I fue todo un éxito, la Fase II está corriendo y la Fase III comenzaría ahora para finales de año. La Fase IV, que sería la última para cerrar el proyecto, sería para febrero o marzo próximo. Esta Comisión va a continuar trabajando para ello de la mano de las Agencias y la Gobernadora”, aseguró González Mercado en comunicación escrita.

Asimismo, el licenciado Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoramiento Financiero y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), indicó que según el Plan Fiscal Certificado de la Autoridad de Carreteras, se proyecta que la corporación pública recibirá en agregado aproximadamente 369,017,000.00 dólares para proyectos de mejoras capitales hasta el año 2024. Esto aparte de la partida de 67,334,000.00 dólares para sufragar proyectos de mejoras capitales ya identificados en su presupuesto vigente del Gobierno de Puerto Rico.

Incluso, mencionó que “consideramos que la asignación del Gobierno central a la Autoridad de Carreteras junto a la reserva para mejoras capitales otorga los recursos necesarios para completar las Fases 3 y 4 de la iniciativa Abriendo Caminos”, dijo Marrero Díaz al respaldar los méritos de la investigación cameral.

Entretanto, la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos Díaz, explicó que el proyecto Abriendo Caminos consiste de cuatro fases. La funcionaria indicó que para las Fases 1, 2 y 3 se le asignaron la partida de 80 millones de dólares a cada una y 87 millones de dólares para la IV.

“Según la información que nos suministró el DTOP, la Autoridad de Carreteras recibió la cantidad de 179. 4 millones de dólares a través del Departamento de Hacienda para el Programa de Mejoras Permanentes (CAPEX) y sus operaciones (OPEX) y dentro de lo que fue el CAPEX se identificaron los 80 millones de dólares para la Fase 2 de Abriendo Caminos”, señaló Santos Díaz.

No obstante, aclaró en lo que respecta a los 80 millones de dólares de la Fase 3, en el presupuesto que del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó a la Junta el 27 de marzo de 2019, se incluyeron los 80 millones de dólares para cubrirla.  “Sin embargo, la Junta aprobó un presupuesto que excluyó dicha asignación para este año fiscal”, dijo.

Santos Díaz agregó que su Oficina se encuentra revisando la petición para la identificación de la partida necesaria para atender el importante programa de Abriendo Caminos.  A su vez, destacó que entre los mecanismos para la identificación de dicho dinero, mediante el presupuesto aprobado por la Junta, se asignó una suma global de 158,609,000.00 dólares para mejoras capitales, que se encuentran bajo la custodia de OGP. “Debo señalar que hasta el momento las peticiones que se han recibido para asignaciones de dicho fondo pueden exceder los 250 millones de dólares, por lo que se requiere una lista para el análisis de las peticiones”, concluyó Santos Díaz, quien es la directora ejecutiva de la OGP.




Buscan garantizar que abonados de la AEE reciban facturas cónsonas a la realidad del consumo

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La Cámara de Representantes aprobó, de manera unánime el lunes, el Proyecto de la Cámara 2059, de la autoría del representante Víctor Parés Otero, que añade dos artículos a la “Ley para prohibir a la AEE la facturación y cobro a sus clientes por el consumo de energía eléctrica reflejado en contadores producto de energía que no sea generada por dicha corporación pública”, con el objetivo de fijar que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no facture a sus clientes por la energía producida por generadores externos provistos y operados por un tercero con combustible suministrado por un tercero, aún cuando la transmisión y distribución sea provista por la Autoridad.

El informe positivo de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía, concluyó que el propósito principal es evitar que, “los abonados tengan que pagar por energía que la AEE no generó ni costeó, aun cuando en efecto haya habido servicio eléctrico en los hogares o comercios en cuestión provisto por la Autoridad”. 

También de la autoría de Parés Otero, los Miembros Legislativos confirmaron la Resolución de la Cámara 1495, para examinar el desarrollo de la industria del cáñamo en Puerto Rico, el funcionamiento de la Oficina para el Licenciamiento e Inspección del Cáñamo en Puerto Rico y la evaluación de reglamentos u órdenes dirigidos al crecimiento de esta industria.

Según se desprende de la medida, actualmente se desconoce el estado actual de las operaciones de la Oficina para el Licenciamiento e Inspección del Cáñamo en Puerto Rico y que es necesario “completar el proceso legislativo del Proyecto de la Cámara 1071, el cual se encuentra en Comité de Conferencia, para que esta industria esté protegida y cobijada por nuestro ordenamiento”.

Seguido, los legisladores favorecieron dos proyectos de la autoría del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán. La Resolución de la Cámara 1523, que busca investigar los procesos que se llevaron a cabo para aprobar la propuesta fusión de las empresas marítimas Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime, evaluar las denuncias sobre el alegado monopolio que ellos constituiría,; y la Resolución de la Cámara 1522, para estudiar los efectos a la salud que produce el uso de los cigarrillos electrónicos así como evaluar las gestiones realizadas por el Gobierno de Puerto Rico para atender la problemática de salud pública que generan.

De manera similar, se afirmó la Resolución de la Cámara 1376, del representante Ángel Peña Ramírez, para estudiar el marco legal de las condiciones de trabajo, horas y salarios, las relaciones obrero-patronales; el desempleo y la seguridad de empleo en general, entre otros fines relacionados; y la Resolución de la Cámara 1362, del representante Reynaldo Vargas Rodríguez, para examinar la funcionalidad de los molinos de vientos en el Municipio de Naguabo.

Poco después, la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía, presentó al Parlamento tres informes parciales de la Resolución de la Cámara 64, mediante las cuales investigaron el restablecimiento de las iluminarias en las calles de Puerto Rico por parte de la AEE tras el paso del huracán María; la preparación de la AEE para la nueva temporada de huracanes y sus abastos de materiales; y la condición actual del sistema de telecomunicaciones y sus industrias.

Po otro lado, se ratificaron varias legislaciones del Senado de Puerto Rico. El Proyecto del Senado 1037, que declara el 24 de octubre de cada año como el “Día de la Educación sobre Cambio Climático en Puerto Rico”; la Resolución Conjunta del Senado 283, que transfiere el terreno en desuso y la Escuela Segundo Ruiz Belvis de San Juan a la organización sin fines de lucro Feria Internacional del Libro de Puerto Rico; la Resolución Conjunta del Senado 316, que transfiere la Escuela Llanos Adentro al Municipio de Aibonito; la Resolución Conjunta del Senado 320, para autorizar la transferencia de los terrenos e instalaciones de la Escuela Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones de Yabucoa a la organización sin fines de lucro Ecos de Jagüeyes, Inc.

Como parte de los trabajos se concurrió con las enmiendas introducidas por el Cuerpo Hermano en la Resolución Conjunta de la Cámara 156, que transfiere la antigua Escuela Elemental Bernardo Pagán de Lares, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Parroquia La Asunción del barrio Quebradas del Municipio de Camuy.

Mientras, el Pleno no concurrió con las enmiendas introducidas en el Proyecto de la Cámara 1855, que crea la “Ley Natalie Aldahondo Matos”, por lo que se conformó un Comité de Conferencia para atender las discrepancias.

Por último, se autorizaron las resoluciones de la Cámara 1478, 1479, 1505 1517, para extender el término de rendir informes de las comisiones de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, Desarrollo Integrado de la Región Este, Salud y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía, respectivamente.

Al inicio de los trabajos, el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz reconoció a Zenaida Ortiz Ramos por sus 36 años de servicio público en el Registro Demográfico del Departamento de Salud.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el jueves, 19 de septiembre de 2019, a las 11:00 de la mañana.




AMPR y Educación firman acuerdo para pago de licencias acumuladas a maestros jubilados

La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz y el secretario de Educación, Eligio Hernández. (Suministrada)
La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz y el secretario de Educación, Eligio Hernández. (Suministrada)

La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, informó el lunes que se firmó el acuerdo con el secretario de Educación, Eligio Hernández, para el desembolso de 4.5 millones de dólares relacionados con el pago de licencias por enfermedad a los cientos de maestros que se les aprobó su retiro en o antes del 31 de marzo de 2017.

“Los maestros estaban desesperados preguntando sobre ese acuerdo y ya se pudo llevar a cabo. Sabemos que los procesos tardan y que hay unas reglas que seguir. Para nosotros es una victoria porque había que hacerles justicia a todos estos educadores y otorgarles lo que por derecho les corresponde. Luego de esta firma hay que hacer unos anuncios en prensa escrita para aquellos que no están en la demanda”, expresó Díaz en comunicación escrita.

Por su parte, el secretario del DE, Eligio Hernández aseguró que “ además de cumplir con su compromiso con los estudiantes, el DE está comprometido con remunerar a los maestros de forma justa y con esto, le hacemos justicia a los maestros retirados que acumularon esas horas y ahora podrán cobrarlas”, dijo Hernández Pérez.

La AMPR publicará en periódicos de circulación general de Puerto Rico, en uno de Orlando, FL y en las redes sociales de la AMPR el aviso detallando la fecha límite que tendrán los maestros elegibles bajo el acuerdo para registrarse con la AMPR y proveer los documentos que demuestren su elegibilidad para recibir el pago de su licencia por enfermedad acumulada, hasta un máximo de 90 días.

“Aquellos maestros elegibles que forman parte del caso de epígrafe: Asociación de Maestros de Puerto Rico et als. v. Departamento de Educación et als, Caso Núm. SJ2017CV00542 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior del Centro Judicial de San Juan, y que cumplan con los requisitos establecidos en el acuerdo, deberán proveer a la AMPR aquella evidencia necesaria para acreditar su balance de licencia por enfermedad acumulada y que su retiro haya sido efectivo al finalizar el año escolar 2016-2017”, explicó Díaz.

Los maestros elegibles bajo el acuerdo, pero que no forman parte de esta demanda tendrán una fecha límite que se informará en la notificación publicada en el periódico para que puedan registrarse con la AMPR y proveer la evidencia necesaria para acreditar su balance de licencia por enfermedad acumulada.

Requisitos para cualificar para el pago:

  • Maestro presentó su solicitud de retiro en o antes del 31 de enero de 2017
  • Maestro recibió o debió haber recibido la decisión de retiro para el 31 de marzo de 2017
  • Maestro se retiró al finalizar el segundo semestre del año 2016-2017 o en verano de 2017
  • Poseía balance de enfermedad (se reconocerá un máximo de 90 días)
  • No ha sido re empleado por el DE en ninguna capacidad desde su retiro.

Si el maestro cumple con estos criterios y está en la demanda que radicó la Asociación:

  • Tiene que asegurarse es que la AMPR posea la evidencia de que se retiró (hoja 409) y la hoja que certifica el balance de enfermedad que tenía al momento de retiro y/o cualquier documento que le sea solicitado.

Si el maestro cumple con estos criterios y no está en la demanda:

  • Tiene que esperar que se realice la publicación del aviso y cumplir con los requisitos que se indica. Sin embargo, puede ir recopilando los documentos que tendrá que presentar: 1) evidencia de que se retiró (hoja 409) y la hoja que certifica el balance de enfermedad que tenía al momento de retiro y/o cualquier documento que le sea solicitado.




Jenniffer González anuncia $24 millones del Departamento de Justicia federal

La comisionada residente, Jenniffer González Colón anunció el lunes, varias partidas de fondos federales que suman 24,479,395 dólares provenientes del Departamento de Justicia federal (DOJ, por sus siglas en inglés).

“El Departamento de Justicia de Puerto Rico recibirá dos partidas mediante la Ley de Víctimas del Crimen (VOCA). Al Programa de Asistencia a Víctimas del Crimen se asignarán 22,669,661 dólares y el Programa de Compensación a Víctimas, Justicia recibirá  114,000 dólares”, detalló González Colón en comunicación escrita.

Mientras fue presidenta de la Cámara de Representantes, González Colón impulsó el Proyecto de la Cámara 2396 de su autoría que más tarde fue incorporado en la reorganización del Departamento de Justicia, con la creación de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito. Esta disposición permitió, además, aumentar las cuantías y los renglones de las compensaciones que pueden recibir aquellos ciudadanos que atraviesan una circunstancia tan difícil como ser víctima o testigo de un delito, siendo este uno de los grandes logros durante su presidencia. 

Por otro lado, el Instituto de Ciencias Forenses recibirá dos asignaciones de fondos federales que suman 903,517 dólares. 

Bajo el programa Paul Coverdell Forensic Science Improvement Grants Program, el Instituto recibió 272,275 dólares en fondos federales para mejorar la puntualidad de los informes forenses relacionados a los casos de  opioides en las secciones de toxicología y sustancias controladas así como mejorar la puntualidad de los informes forenses en las secciones de armas de fuego; mejorar la calidad de los informes forenses de todas las divisiones, proporcionando educación continua. 

A su vez, facilitar la expansión de la acreditación a través de la capacitación de la Sección de la Escena del Crimen, un servicio que actualmente está fuera del alcance de la acreditación y  para mejorar la gestión financiera y de los fondos de Coverdell.

Además, el Instituto de Ciencias Forenses recibió 631,242 dólares como parte del DNA Capacity Enhancement and Backlog Reduction (CEBR) Program para mejorar las capacidades y servicios del laboratorio para investigaciones de ADN y de esta forma poder adelantar los casos atrasados 

La Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez recibirá 550,000 dólares de la Oficina de Violencia Contra la Mujer del DOJ bajo el programa para reducir la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión sexual y el acoso en el campus. El programa ofrece una oportunidad única para que las instituciones educativas superior establezcan enfoques multidisciplinarios incluyendo actividades para combatir la agresión sexual, la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo y el acoso en los campus.  

Asimismo, dentro de los fondos asignados por la Oficina Violencia Contra la Mujer del DOJ, Coordinadora Paz Para la Mujer recibirá 242,217 dólares bajo el State and Territorial Sexual Assault and Domestic Violence Coalitions Program para mejorar la respuesta y los programas de apoyo por parte de coaliciones para las víctimas de violencia doméstica.




Asociación de Alcaldes presenta radiografía a dos años del paso del huracán María

(Suministrada)
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La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico presentó el lunes una radiografía a dos años del paso del Huracán María por la Isla y las dificultades en la reconstrucción causadas por la ineficiencia del gobierno central.

La primera ejecutiva de Salinas, Karilyn Bonilla, exdirectora de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), presentó datos reveladores sobre la realidad que viven los municipios actualmente. Acompañada de los alcaldes de Villalba, Luis Javier Hernández, de Guayanilla, Nelson Torres Yordán y Yabucoa, Rafael Surillo, se señaló además al gobierno central como causante de la desconfianza del gobierno en las operaciones locales.

“Al día de hoy, a dos años del paso del Huracán María, tenemos un Puerto Rico más vulnerable en términos de infraestructura y Vivienda debido a que no hemos podido iniciar la etapa de reconstrucción de puentes, carreteras, deslizamientos de terreno, facilidades públicas, que son esenciales para garantizar la seguridad de nuestros constituyentes”, expresó la alcaldesa de Salinas en conferencia de prensa.

“A todo esto tenemos que añadirle la falta de personal capacitado y necesario para poder implementar las políticas establecidas, tanto en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), como de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) del gobierno central”, añadió Surillo, quien se refirió específicamente a la falta de consistencia en el proceso de documentación para la validación, desde su inicio y durante todo el proceso. “Los procesos tienen que repetirse una y otra vez”.

El grupo de alcaldes presentó los datos recopilados en 24 de los 45 municipios asociados, como una muestra de la situación actual. En el caso del reembolso adeudado por FEMA en las categorías A y B, la cifra va por los $43,945,141.85 en trabajos ya realizados de remoción de escombros y medidas de emergencia. En las categorías C a G, hay un total de 5,140 proyectos reclamados, concretamente carreteras y puentes, edificios públicos, parques y facilidades recreativas. “De ese total, hay solamente 19 proyectos firmados, lo que representa el 1% de los mismos para poder iniciar las obras de construcción. Tres proyectos han recibido fondos. Esto es menos del 1 por ciento del total”, dramatizó el alcalde de Yabucoa.

Por su parte, Torres Yordán hizo un recuento de los resultados de las reuniones que una delegación de alcaldes realizó la semana pasada en la capital federal, en conjunto con legisladores locales. “En todas las reuniones que tuvimos, desde el senador republicano Roger Wicker, hasta demócratas como Nydia Velázquez, la dinámica es la misma: en Washington todo el mundo sabe que la burocracia y la desorganización del aparato estatal es la causa del atraso”. Torres Yordán, quien tuvo tres intensos días de reuniones junto a la alcaldesa Julia Nazario de Loíza, se reunió además con para tratar el tema de los graves atrasos en la asignación de fondos Community Development Block Grant (CDBG).

El grupo fue recibido por David Woll, Jr., subsecretario de la agencia y su equipo de trabajo en la sede de Vivienda Federal, gracias a una iniciativa del senador Eduardo Bhatia Gautier, quien les acompañó en el viaje. 

La delegación además contactó a los congresistas demócratas Raúl Grijalva, José Serrano y Richard Blumenthal, así como la comisionada residente Jenniffer González, afiliada al Partido Republicano. De igual manera, se reunieron con personal de las oficinas de la portavoz demócrata en la Cámara Federal Nancy Pelosi y del senador demócrata por New Jersey Robert ‘Bob’ Menéndez. Los alcaldes también fueron recibidos por la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados, y Municipales, AFSCME, afiliada a la AFL-CIO, el sindicato más grande de trabajadores del servicio público y de la salud de los Estados Unidos, junto al portavoz de la minoría en la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández.

Como parte de la presentación realizada por los alcaldes, se hicieron públicos unos testimoniales de varios ciudadanos de todas partes de la Isla en donde relatan cómo están a dos años del paso del Huracán María y como los municipios han aportado en su recuperación. Entre los testimoniales se destacaron los de Oscar Carrión González, de Juncos, quien relató que perdió el techo de su casa luego del paso del Huracán María y pudo lograr reconstruir su casa gracias a la ayuda municipal. 

De igual manera, el agricultor José Medina Fuentes, del Barrio Palos Blancos de Corozal  quien recibió ayuda en su finca. La ciudadana Awilda Cruz Vázquez perdió su casa en San Lorenzo y aseguró que la atención y el consuelo que recibió del equipo municipal le ayudó en su recuperación. En Cayey, el matrimonio Santos Vázquez y Carmen Aponte perdieron su casa luego del paso del Huracán María y vivieron con familiares y vecinos. Aunque recibieron ayuda parcial de FEMA, gracias a los materiales aportados por el Municipio, pudieron reconstruir su casa, que previamente era de maderas, ahora es en cemento.

“Estos ejemplos demuestran, por voz de la gente de carne y hueso, la efectividad que tienen los municipios en ayudar a resolver las situaciones más apremiantes causadas por el paso del Huracán María. Mucho más podremos hacer su los fondos de recuperación finalmente llegan a manos de quieres más necesitan”, añadió el presidente del grupo y alcalde de San Lorenzo, José ‘Joe’ Román Abreu.




DACO alerta sobre aumento en la gasolina

(andreas160578/Pixabay)
(andreas160578/Pixabay)

La secretaria interina del Departamento al Consumidor (DACO), Carmen Salgado, advirtió el lunes a los consumidores sobre el aumento en el costo del barril del combustible como consecuencia del conflicto en el medio Oriente.

Asimismo, aseguró que la agencia se mantendrá monitoreando los precios del combustible para evitar que la industria se aproveche de la inestabilidad y genere ganancias exorbitantes.

En comparación con la semana pasada el precio fluctuaba entre 54.85 dólares a 54.61 dólares el barril. Ahora el pronóstico, según la funcionaria, es que el precio alcance hasta 61.24 dólares por barril lo que representa un alza de cerca de 7.00 dólares. El precio recomendado en bomba por el DACO es de 71 a 76 centavos por litro. 

“Vamos a estar bien pendiente al posible aumento en los precios de la gasolina y estaremos en comunicación con los mayoristas y detallistas para enfrentar el aumento de forma correcta. Ante esta situación, exhortamos a los consumidores a que planifiquen y compartan sus rutas para ahorrar combustible. Este es un buen momento para que las familias hagan ajustes para ahorrar gasolina”, señaló Salgado en comunicación escrita.  

La titular del DACO dijo que los consumidores no deben alarmarse, sino deben ser prudentes, puesto que en la Isla hay abastos suficientes de combustible. Según nos informan los mayoristas el inventario alcanza para 30 días y periódicamente sigue llegando el suplido. 

Adelantó que, si fueses necesario la Agencia puede establecer controles en el margen de ganancia de los mayoristas o detallistas para garantizar que los consumidores no se vean afectados.

La Secretaria aprovechó la oportunidad para instar a los consumidores que se mantengan pendientes a la página de la Agencias así como las redes sociales para estar al tanto de los precios recomendados que se publican constantemente. De igual forma, a aquellos consumidores que entiendan que el comercio muestra irregularidades a que lo comunique a través del 787-722-7555 y/o accediendo a la página web www.daco.pr.goven el área de confidencias.




Grijalva busca reformar Promesa pero no se toca el tema de estatus

El congresista Raúl Grijalva. (CyberNews)
El congresista Raúl Grijalva. (CyberNews)

El congresista Raúl Grijalva dijo el lunes que sostuvo una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que buscan reformar la ley federal Promesa.

“El pasado es el pasado”, reiteró el congresista al asegurar que la gobernadora y él tienen “una comunicación diferente”.

“Recibimos ideas, recibimos críticas sobre algunas de esas ideas que tenemos que a fin del día a los suministros que reciban para poder comenzar a federalizar los cambios que queremos ver en la ley de Promesa y cómo coopera el gobierno federal en la reconstrucción y el compromiso de reconstrucción que tiene el gobierno federal”, dijo Grijalva en conferencia de prensa.

En cuanto al tema del estatus de la Isla, Grijalva -quien preside el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal- señaló que ya el Senado federal y el presidente estadounidense Donald John Trump mencionaron que no se tocaría ese asunto, por lo que dijo que ese tópico se discutirá.

“Vamos a tener la discusión, vamos a tener un debate, pero, les garantizo que va a haber también de parte de otros colegas ideas diferentes”, dijo el congresista.

Aseguró que, tras la renuncia de Ricardo Rosselló, tiene que visitar a sus colegas “a ver si todavía tienen interés” en el tema del estatus de la Isla.

Mencionó que el presidente del Senado, Thomas Rivara Schatz y Vázquez Garced no le hablaron sobre el tema del estatus.

Grijalva llegó a Puerto Rico el viernes donde ha visitado a la Isla Municipio de Vieques, y Guayama, en relación a la planta carbonera Applied Energy Systems (AES), entre otros asuntos.




Abogados de Servicios Legales anuncian paro indefinido

Los abogados de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. (SLPR) afiliados la Unión de Abogados de Servicios Legales (UASL) y la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales (UITSL) decretaron un paro indefinido a partir de las 11:00 de la mañana del lunes para exigir que se escuchen sus reclamos.

La movilización será el lunes, 16 de septiembre, cuando ambas matrículas se moverán a la Avenida Ponce de León 1859 en Santurce a protestar ante la Oficina Central de Servicios Legales de PR, Inc. desde las 11:00 de la mañana. Esto, en el marco de la llegada de una visita de la Legal Services Corp. (LSC), el mayor proveedor de fondos de dicho programa sin fines de lucro. 

“Nos encontramos tratando de negociar desde hace año y medio con un Comité Negociador Patronal que sólo nos ofrece más trabajo por menos paga basándose en razones insólitas, ya que sólo nos dicen que nuestros convenios les impiden administrar bien y no les da flexibilidad”, dijo en declaraciones escritas el presidente de la UASL, Manuel López Gay. 

“Esta situación cambia significativamente nuestras condiciones de trabajo”, añadió.

Alegó que la constante violación de sus condiciones de trabajo ha provocado la radicación de cargos por prácticas ilícitas. El cargo más reciente consiste en la eliminación del pago de una bonificación que por años recibían sus trabajadores cada primero de agosto y la cual forma parte de sus salarios. 

“Por primera vez endécadas nuestros trabajadores dejaron de recibir su bono el pasado primero de agosto sin ninguna explicación por parte del Patrono. Ni tan siquiera aducen falta de fondos o problemas fiscales”, dijo por su parte, la presidenta de la UITSL, Leticia Ortiz Matías.

La líder sindical explicó que a ellos les aplica la Ley Taft-Harley. Aunque el convenio esté expirado se supone que se mantengan las mismas condiciones de trabajo a los trabajadores para demostrar buena fe durante las negociaciones.

“Las acciones antiobreras de SLPR también afectan a la clientela pobre a los que sirven estos trabajadores. La escasez de personal provocada por las cesantías efectuadas por la directora ejecutiva, Hadassa Santini Colberg, en el 2016 y las renuncias que se produjeron tras de eso, además de la eliminación de muchas plazas de personal de apoyo, han provocado sobrecarga de trabajo sobre los trabajadores que aún permanecen en sus puestos dando la milla extra”, agregó López Gay. 

El presidente de la UAASL hizo llamado a la Junta de Directores de SLPR para que tome cartas en este asunto antes que el programa se afecte aún más. La presidenta de la UITSL, hizo un llamado al patrono para que se sienten a negociar.

Mientras, la directora ejecutiva de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), Hadassa Santini Colberg, aseguró el lunes que las 15 oficinas de la organización continúan abiertas y aceptando solicitudes de servicio a pesar del paro decretado por las uniones con las que mantienen negociaciones colectivas.

“Nuestros 15 Centros de Servicio alrededor de la isla están abiertos, atendiendo a la clientela y las citas del día. Los clientes que necesitan de nuestros servicios legales civiles deben saber que estamos operando”, indicó la funcionaria en declaraciones escritas.

En cuanto al paro decretado, la directora ejecutiva señaló que “es lamentable que las uniones ignoren con estas acciones las necesidades de la clientela de escasos recursos que busca servicios”. Alegó que las negociaciones continúan y que mantienen el diálogo tanto con la Unión de Abogados y Abogadas (UAASL) como con la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales (UITSL) luego de varios meses en la mesa de negociación de sus respectivos convenios colectivos.  

“Desde que iniciamos los procesos de negociación colectiva, fuimos claros en indicar nuestro interés en negociar los convenios. Cada propuesta presentada y en cada reunión nos hemos conducido con la buena fe necesaria para que los procesos avancen y se logren acuerdos que nos lleven a mantener una organización eficiente que mantenga condiciones justas para administrar el programa hacia el futuro. Siempre hemos esperado que los negociadores presenten propuestas que permitan un mejor servicio a la clientela y un manejo eficiente de los recursos; que consideren nuestras propuestas y se presenten a la mesa preparados para negociar,” indicó la directora ejecutiva.  

Asimismo indicó, “que es momento de que nuestros convenios colectivos se atemperen a la realidad del país en el que vivimos, que considere las necesidades de nuestros clientes y sea responsivo a las mismas. Estamos más que dispuestos a escuchar y evaluar propuestas de la unión que consideren nuestra necesidad. Si el proceso no ha avanzado como quisiéramos es debido a que la unión se mantiene en una postura de no negociación que es la de no tener cambios al convenio colectivo”.

La funcionaria alegó que la SLPR inició la negociación colectiva con la UAASL el pasado año y ha presentado propuestas para el 100 por ciento de los artículos; inclusive una propuesta con aumentos salariales.  Durante este tiempo se han llevado a cabo tres rondas de discusión de los artículos del convenio. En cuanto a la UITSL, las reuniones de negociación comenzaron a principios de año y la gerencia ha sometido propuestas para el 78 por ciento de los artículos.  En el pasado convenio colectivo ambas uniones recibieron aumentos salariales que a los pocos meses resultaron en la proyección de un millonario déficit presupuestario y que obligó a SLPR a cesantear a más de 50 empleados.  

“Debemos asegurar el servicio a la clientela mediante un uso prudente y efectivo de los recursos que se nos asignan. Nuestra exhortación continúa; que se presenten en la mesa de negociación con propuestas razonables que tomen en consideración la misión de servicio que tenemos y a nuestros clientes. Como siempre, seguiremos en la mesa, que es donde se debe negociar”, concluyó.

Los centros de servicio están ubicados en Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Manatí, Mayagüez, Ponce, Río Piedras, Sabana Grande y Utuado. Las solicitudes de servicios se pueden iniciar a través del portal servicioslegales.org o llamando al centro de llamadas al 1-800-981-5342.