NMEAD preparado “como si fuera el huracán María” ante paso de tormenta Karen por Puerto Rico

“Nosotros nos preparamos como si fuera el huracán María”.  Con esta afirmación, el Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) Carlos Acevedo Caballero, dijo que los diferentes componentes responsables de garantizar la seguridad de la ciudadanía ante el potencial paso de la tormenta tropical Karen

“Comenzamos a trabajar esta situación como si (la tormenta tropical Karen) fuera a pasar por el mismo medio de Puerto Rico. No queremos que nos pase lo que nos pasó con María, que Puerto Rico no estaba preparado para ese tipo de evento. Nosotros estamos preparados para María, si lo que viene es una tormenta, pues yo me preparé para María”, afirmó Acevedo en entrevista vía telefónica con Caribbean Business.

El boletín intermedio de las 5:00 p.m. establece que la tormenta tropical Karen mantiene sus vientos sostenidos en 40 millas por hora. (Captura / NHC)

En distintos momentos del día de hoy, domingo, el Comisionado afirmó haber sostenido diálogos tanto con la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, como con personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Además, se reunió con el componente de infraestructura, habló con diferentes alcaldes y con los directores regionales de la agencia que dirige.

Más temprano, Vázquez Garced anunció a través de las redes sociales que todos los protocolos de emergencia a nivel gubernamental habían sido activados, llamó a la calma y exhortó a los ciudadanos a repasar sus planes familiares.

“Parte de la activación que la gobernadora menciona son estos procedimientos que estamos haciendo según el plan” indicó Acevedo Caballero en referencia al Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de Puerto Rico, documento que fue firmado por la gobernadora el pasado 26 de agosto y que establece las acciones que el estado deberá tomar durante escenarios críticos.

Cero improvisación

Ante la realidad de que el mencionado plan de emergencias es de nueva creación y que, de cumplirse el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes que establece que el centro de la tormenta tropical Karen entraría el martes en la tarde por el sureste y saldría por el norte de la isla, sería la primera vez en que se tendría que ejecutar pasada la emergencia, el Comisionado de NMEAD fue enfático en señalar que las 35 agencias gubernamentales, los municipios, el sector privado y todos los que participaron de la confección del documento están listos y en alerta.

“Todo el mundo participó de la preparacion del plan, todo el mundo conoce cómo funciona. Resistencia (a seguir el plan) no ha habido. Lo que el plan nos ha permitido es adelantarnos a procesos que antes se esperaba despues del impacto del sistema (para llevar a cabo). Ya hemos estado finiquitando, repasando, no se está improvisando nada. Estamos trabajando los procedimientos de acuerdo a la hora que nos encontramos y manana seguiremos haciendo lo mismo para que el día martes sea uno mucho más facil y que la respuesta sea mucho más inmediata”.

Sobre qué pasará en cuanto a si se suspenderá la jornada laboral o educativa, Acevedo Caballero indicó que el plan de acción se discutirá a partir de mañana, lunes. 

“Mañana habrán diferentes tipos de conferencia donde se le dará más información a la ciudadanía. Muchas personas tienen interés en saber de las escuelas y el trabajo, pero manana es un día normal pues este sistema se espera que comience a afectar con bandas de lluvia en horas de la noche”, adelantó el Comisionado de NMEAD quien hizo un llamado al sosiego y a buscar la información a través de los portavoces oficiales.

“La ciudadanía debe mantener la calma, mantenerse informado con los medios oficiales y mucho cuidado con las redes sociales. Una red social no es un método oficial del Gobierno porque hay mucha gente que lo que hace es desinformar o alarmar mas a la ciudadania”, exhortó Acevedo, quien instó a comunicarse con la oficina de manejo de emergencia local para indagar sobre cuándo y cuál refugio cercano estaría disponible para albergarse, decisión que recae en los alcaldes.




Fiscalía federal realiza arrestos a exfuncionarios de Cobra Energy y FEMA

La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. (Juan J. Rodríguez/CB)
La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. (Juan J. Rodríguez/CB)

El expresidente de Cobra Energy, una exadministradora regional adjunta de FEMA y el subdirector de personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) enfrentan cargos federales por fraude, conspiración, entre otros delitos, reveló la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

Ahsha Tribble, exadministradora regional adjunta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) Región II; el ex presidente de Cobra Energy, Donald Keith Ellison; y Jovanda Patterson, subdirectora de personal de FEMA, fueron arrestados durante la madrugada de hoy, martes.

Los tres arrestos, los cuales fueron producidos por el Departamento de Seguridad Nacional, oficina del Inspector General y agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), guardan relación con los contratos suscritos entre Cobra Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico(AEE), pagaderos con fondos de recuperación del huracán María a través de reembolsos a la corporación pública, específicamente para reparar la red eléctrica destruida de la isla.



En la acusación de 48 páginas se alega que el expresidente de Cobra Energy ofreció viajes en helicóptero, alojamiento, múltiples boletos de primera clase, seguridad, acceso a tarjetas de crédito e incluso un apartamento en San Juan a la exfuncionaria de FEMA a cambio de que esta ejerceriera presiones indebidas sobre la AEE.

Las autoridades federales han estado investigando los contratos financiados por FEMA otorgados por la Prepa a Cobra Energy, una subsidiaria de Mammoth Energy, para la reparación de la red eléctrica de la isla después de que fue destrozada por el huracán María en 2017.

La investigación sobre el ex presidente de Cobra Energy se dio a conocer después de que este le solicitara al tribunal que desvelara una declaración jurada proporcionada por un oficial que dio lugar a la congelación de $4.5 millones a los que Ellison intentó obtener acceso.

Más temprano el martes, la portavoz de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Lymarie Llovet, dijo a NotiUno que tres personas fueron arrestadas en Florida, Oklahoma y en otro lugar desconocido.

El trabajo de Cobra en Puerto Rico le produjo $1.8 mil millones en contratos con la AEE.




Juez ordena al Banco Popular a que pague sobre $2 millones a Tito Trinidad

El juez superior del Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas Ramos expidió una orden en la que obliga al Banco Popular de Puerto Rico cumplir con el pago de sobre $2 millones al excampeón de boxeo, Félix “Tito” Trinidad.

De acuerdo a la resolución, la institución bancaria “se ha cruzado de brazos”, tras incumplir con una orden emitida el 19 de marzo de 2018, en la que se le exigía que en un término final de 5 días procediera a realizar el pago total de $2,002,161.60 al exboxeador puertorriqueño.

“Se le ordena a dicha parte a que, en el término final de 24 horas, proceda a consignar la suma de $2,002,161.60 en la Unidad de Cuentas de este Tribunal. Se advierte a la parte demandada que, de no cumplir con esta Orden en el término establecido, procederemos a ordenar el embargo de los fondos y valores pertenecientes al Banco Popular de Puerto Rico/Popular, Inc., Popular Securities LLC., y/o Popular Securities, Inc”, lee parte del documento.

A preguntas de CB en Español, el exentrenador Félix Trinidad padre, reaccionó complacido con la determinación del Tribunal, una que ayudará a paliar la difícil situación económica por la que atraviesa el tres veces campeón mundial y uno de los mejores boxeadores de la isla.

“No estamos pidiendo dinero del banco, estamos pidiendo el dinero que nos pertenece y que nos ganamos con el sudor de nuestra frente”, sostuvo Trinidad en entrevista vía telefónica, quien se mostró confiado en que su vástago prevalecerá en su intento de recuperar sobre $22 millones en inversiones que presuntamente fueron mal manejadas por Banco Popular.

“Nuevamente Tito levanta sus manos en victoria”, añadió Trinidad padre quien entiende que su hijo cuenta con evidencia sólida para demostrar en los tribunales que su hijo fue defraudado por el banco más importante de Puerto Rico a la hora de manejar su capital.

De acuerdo a la firma legal del púgil, encabezada por el licenciado Eric Quetglas Jordán, el Banco Popular detuvo en el 2015 pagos mensuales de $63,550. Sobre el particular, el Tribunal de Primera Instancia había determinado que procedía el pago en marzo pasado, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones el pasado 13 de junio de 2018.



Orden de Pago Banco Popular Tito Trinidad (Text)




Presentan proyectos para llevar a votación eliminación de Junta de Control Fiscal

Los legisladores del PIP, Juan Dalmau y Denis Márquez. (Archivo / CB)

Legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentaron proyectos de ley para llevar a votación “exigir al Congreso y al Presidente de EEUU la eliminación” de la junta de control fiscal y exigir que se lleve a cabo un proceso de descolonización.

El portavoz del PIP en el Senado, Juan Dalmau, y el representante Denis Marquez indicaron que la votación sería el día de las elecciones en el 2020. Además, añadieron que intentaron buscar consenso del gobernador Ricardo Rosselló pero que sus esfuerzos no rindieron frutos.

“Ante la ausencia de voluntad del Ejecutivo para encaminar un plan de acción concertado con otros presidentes de los partidos políticos, hemos decidido tomar la ruta del proceso legislativo para estructurar un mecanismo que permita a la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo repudiar a la junta y exigir al Gobierno de los EE.UU. un proceso de descolonización. Esa votación se llevaría a cabo el mismo día de las elecciones, lo que evitaría el gasto excesivo de fondos públicos”, expresó Dalmau en sus redes sociales.

En específico, el proyecto de la Cámara 1714 y el Senado 1053 buscan ordenar la celebración de una consulta en la que “el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de reclamar, de manera directa, la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta mediante la Ley P.R.O.M.E.S.A., y exigir al Congreso de los Estados Unidos que ponga en marcha un proceso de libre determinación política que le ponga fin al régimen colonial en Puerto Rico”, leen los documentos presentados simultáneamente.

En conferencia de prensa, ambos legisladores recordaron que han intentado implementar sin éxito una agenda de acción política en conjunto con los líderes políticos, organismos internacionales y medios de comunicación para ponerle fin a la junta de control fiscal y para que el Congreso de Estados Unidos atendiera con premura el tema del status.

“Hemos tenido que entender que el gobernador seguirá la ruta de la obediencia”, acotó Dalmau en referencia a las múltiples llamadas que le ha realizado al primer ejecutivo y que no han recibido respuesta.

“Es nuestra responsabilidad buscar alternativas en contra de la Junta y del colonialismo”, agregó Marquez, quien fue enfático en señalar que su colectividad advirtió sobre los efectos de la imposición de un ente territorial bajo legislación federal a los intereses del sector trabajador.

Investigador independiente de la deuda de Puerto Rico retrasa entrega de informe




Muertes por huracán María: Un asunto de credibilidad

Nota del editor: Esta historia fue originalmente publicada en la versión impresa de Caribbean Business del 2 de agosto de 2018

“No hemos hablado de un informe preliminar, se ha hablado de informe final que correspondía a una entrega el 22 de mayo. Esa es la única fecha que se ha hablado”, aseguró a este medio la portavoz de prensa del Departamento de Seguridad Pública, agencia que contrató a la George Washington University (GWU) para que comisionara un estudio confiable sobre el total de muertes asociadas al paso del devastador huracán María por Puerto Rico el 21 de septiembre.

Sin embargo, CB en Español reveló que, contrario a lo expresado por la dependencia dirigida por Héctor Pesquera, el acuerdo suscrito contemplaba no solo la entrega de ese reporte, sino el pago de $125,000 por éste.

Desde el 4 de mayo -mucho antes de surgir la incongruencia entre los datos oficiales y el contrato- este medio ha realizado varios requerimientos de información al Departamento de Comunicaciones del Milken Institute School of Public Health del GWU. Las peticiones han incluido preguntas específicas sobre el status de los informes que le cuestan al erario público $305,368, un aparte con el líder de la investigación, el epidemiólogo Carlos Santos Burgoa, y una cifra final sobre cuánto más la administración de Ricardo Rosselló debe pagar para obtener respuestas finales a sus interrogantes.

“Te estoy conectando con Yennifer Alvarez, la secretaria de prensa del gobernador. Ella puede contestar su pregunta”, respondió la encargada de comunicaciones de la institución 80 días luego de nuestra primera petición. Acto seguido, Álvarez se comunicó con este medio para confirmar la existencia del informe preliminar y diligentemente coordinó con el DSP su entrega. Horas después de recibir el documento, se anunció la renuncia de la secretaria de prensa del primer ejecutivo.

¿Informe preliminar o propuesta de negocios?

Tras una lectura del documento titulado “”Evaluación del Posible Exceso de Mortalidad por el Huracán María en Puerto Rico”, resulta forzoso concluir que denominar el informe como uno preliminar sería la subestimación del año que, más allá de levantar dudas sobre el trabajo que llevan realizando desde el 22 de febrero, incide directamente sobre la transparencia que esta administración ha prometido al pueblo de Puerto Rico con inusual insistencia.

“Este informe preliminar proporciona una actualización de las actividades del proyecto, desde su lanzamiento hasta hoy. Es una relación del proceso más que de productos”, lee la introducción del documento de 24 páginas, lo cual deja entrever que el informe es un mero documento sobre rendición de cuentas y una propuesta para una segunda fase con una “evaluación a profundidad de los datos de mortalidad” para cerrar un negocio millonario con el gobierno.

“Recomiendo ver la conferencia de prensa dónde se explica que la primera fase tiene un costo de $305,000 y para culminar una próxima fase pudiera alcanzar $1 millón, tras culminar la primera fase se trabajará en la búsqueda de ‘grants’ y/o donativos para subvencionar lo restante”, instó la secretaria de prensa de Rosselló Nevares en mayo pasado, tras ser cuestionada sobre el costo total por comisionar el estudio.

A pesar de que cuentan con la bendición del ejecutivo, GWU asegura en su informe que ha contactado o recibido contribuciones de al menos 24 entidades –en su mayoría controladas por el gobierno estatal y federal-. Sin embargo, universidades privadas como Penn State (#12 a nivel mundial), Harvard (#2 a nivel mundial) o Ponce Health Sciences University no aparecen en el listado. Estas instituciones independientes poseen data valiosa que podría acelerar la investigación de la GWU (#345 a nivel mundial), una corporación congresional sin fines de lucro.

Sin embargo, GWU afirma que sí utilizarán los estudios de Penn State, Harvard y el Centro de Periodismo Investigativo “a fin de proporcionar una manera para que el público evalúe las diferencias relativas entre ellas y las producidas por el proyecto actual”.

“Mientras tanto, el trabajo continúa en el desarrollo de la propuesta para el análisis en profundidad de la mortalidad por causa específica atribuible al huracán, que incluye modelos estadísticos más complejos, así como una encuesta en profundidad sobre las circunstancias de muerte. El financiamiento para completar esta parte del proyecto se busca activamente de diferentes fuentes y sinergias institucionales.”, lee el último párrafo del reporte, en el que aseguran que esperan producir un informe final “dentro del plazo del contrato”. El pasado 30 de junio, el término contractual fue extendido hasta el 18 de septiembre a través de una enmienda al acuerdo original.

“Al no estar involucrado en este proyecto se me hace difícil determinar si es un reporte preliminar. Ciertamente, se espera que este estudio certifique y/o aproxime un número de muertes asociadas al huracán María; esto de acuerdo a las expresiones públicas del mismo Secretario de Seguridad Pública. Como ese dato no está, entiendo que queda trabajo por hacer o información por ser incluida”, expresó el director del Programa especializado en Estimados y Proyecciones de Penn State University, doctor Alexis Santos Lozada.

Las expresiones del experto surgen en referencia a la controversial declaración de Héctor Pesquera luego de que la prestigiosa publicación The New England Journal of Medicine publicara el estudio de Harvard que concluía que 4,645 puertorriqueños habían sido víctimas directas o indirectas del devastador ciclón.

“El estudio aunque no lo hemos visto, el de Harvard, es a base de una encuesta, no es a base de datos científicos. El de George Washington viene con una metodología distinta. En algún momento dado estoy seguro que George Washington se va a poner al tanto con ellos y van a tratar de convalidarlo pero una encuesta no es lo mismo que una base científica que es lo que está llevando a cabo George Washington”, aseguró Pesquera el 31 de mayo.

Para el especialista en demografía aplicada y salud poblacional, es importante que la GWU establezca cuál es su significado de la frase “ respuesta rápida” que citan en el estudio preliminar para diferenciar su investigación a otros “proyectos de investigación más convencionales”.

“Tendríamos que preguntarle a los investigadores de GWU que es lo que consideran “rapid-response”. Ciertamente este estudio viene luego de reportes que han estado disponibles desde noviembre (por ejemplo el estudio por mí y Jeffrey Howard) y otros estudios realizados por reporteros. Nuestro reporte fue publicado dos meses (más rápido) luego del fenómeno y cuando aún gran parte de la isla seguía a oscuras y sin servicios básicos. Este reporte llega 10 meses después, que es una respuesta más lenta que todos los demás análisis”, añadió Santos Lozada quien lideró una investigación que arrojó un estimado de 1,085 decesos, la cual fue publicada en abril por la revista especializada Health Affairs.

“Luego de analizar los aciertos y desaciertos vividos como parte de la emergencia ante el paso de los huracanes Irma y María, nuestro gobierno está revisando todos los protocolos y procesos para asegurarnos que estamos listos para una nueva temporada de huracanes”, destacó el gobernador desde La Fortaleza el 20 de marzo. En ese momento, el mandatario anunció que llevaría a cabo una cumbre de agencias del gobierno central y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) el 29 de mayo y una Cumbre Municipal de Emergencia el próximo día.

Los resultados de estas gestiones tampoco se conocen, a más de dos meses del inicio de la temporada de huracanes.




Hispanic Federation y cadena HITN alumbran a familias en Puerto Rico

 Los municipios de Bayamón, Barranquitas, Loíza, Las Marías, Morovis, Ponce, San Sebastián, Utuado, Villalba, Dorado, Vega Baja, Vega Alta, San Lorenzo y Comerío serán los impactados por la iniciativa que se espera que se extienda por toda la isla. (Jaime Rivera / CB)

En otra loable iniciativa para ayudar a familias puertorriqueñas a enfrentar la temporada de huracanes, la Hispanic Federation (HF) junto con la cadena de televisión hispana HITN entregarán 18,000 lámparas solares en 14 municipios de la isla.

La gestión de la organización junto al medio especializado en programación educativa y cultural en español, fue anunciada oficialmente en los estudios de WIPR, quienes actualmente poseen una alianza con HITN a través de “Puerto Rico Contigo, un programa que comparte las historias de recuperación económica en la isla tras el paso del huracán María.

“Desde que el huracán María golpeó la isla el año pasado, Puerto Rico ha estado sufriendo fallas eléctricas. Al iniciar la temporada de huracanes de este año se desconoce lo que podría suceder, por lo que se necesitará un plan alterno en caso de que surja una nueva emergencia que conlleve nuevos apagones”, sostuvo el presidente y CEO de HITN, Michael Nieves en declaraciones escritas.

“El compromiso que tenemos con la isla, no solamente en el aspecto de negocios, continúa y va a continuar después. Con este esfuerzo hemos logrado repartir 18,000 lámparas solares. Como vimos el impacto del huracán María, es necesario que nos preparemos ante cualquier fenómeno atmosférico”, indicó por su parte el licenciado José Hernández de HITN, quien aseguró que la empresa continuará  en Puerto Rico apoyando todas las causas que ameriten en el proceso de reconstrucción.

En la foto, la coordinadora de Operaciones del Hispanic Federation, Keila Fontánez. (Jaime Rivera / CB)

Por su parte, la coordinadora de Operaciones de HF, Keila Fontánez, fue enfática en destacar que esta ayuda es una pequeña, comparado con el trabajo que aún queda por realizar, labor en la que instó a los alcaldes a que tomaran protagonismo y fortalecieran su liderato en sus municipios.

“El poder que tienen los alcaldes y los gobiernos locales son importantes y hay que reforzarlos. La gente sigue sufriendo y sin poder apaciguar lo horrible de tener esa ansiedad y estrés de no poder recibir agua potable ni energía en sus casas”, enfatizó Fontánez con voz entrecortada y a su vez destacó que al día de hoy el Hispanic Federation ha entregado sobre 7 millones de libras en suministros como agua y alimentos,  $27 millones para 70 grupos y espera distribuir sobre 100,000 lámparas de energía solar adicionales.

“El gobierno local es un recurso importantísimo y si queremos fortalecer al país eso es vital. Los alcaldes nos vamos a ocupar que esas lámparas lleguen a donde tienen que llegar y a quien realmente lo necesita”. sostuvo el alcalde de Comerío y expresidente de la Asociación de Alcaldes, José “Josian” Santiago.

Familias de los municipios de Bayamón, Barranquitas, Loíza, Las Marías, Morovis, Ponce, San Sebastián, Utuado, Villalba, Dorado, Vega Baja, Vega Alta, San Lorenzo y Comerío son las que serán impactadas con esta pequeña pero muy significativa ayuda.




Hacienda se prepara para convertir en agentes retenedores a vendedores online

En momentos en que Puerto Rico lucha por rescatar sus finanzas públicas, el Tribunal Supremo federal lanzó un salvavidas que podría ayudar a la isla a allegar más recaudos al fisco.

En la batalla para poder captar impuestos sobre Ventas y Uso a comercios online que no tengan presencia física en estados y territorios de Estados Unidos, el alto foro judicial declaró como ganador a las agencias fiscales en un apretado 5-4 del caso South Dakota v. Wayfair. De acuerdo a la opinión del juez Kennedy, el estado de derecho vigente desde el 1992 servía “as a judicially created tax shelter for businesses that decide to limit their physical presence and still sell their goods and services to a state’s consumer” y no se atemperaba a las tecnologías y formas de hacer negocios.

Esta nueva realidad contributiva, además de brindarle fuerza a legislación existente en más de 15 estados y territorios estadounidenses, supondría un aumento sustancial en sus ingresos. A su vez, proporcionaría un respiro a los comerciantes que hacen negocios de manera tradicional, pues ya podrían competir en cierto grado de igualdad de condiciones.

En el caso de Puerto Rico, ¿cómo se prepara y qué tan rápido reaccionará para tomar ventaja de esta determinación? En entrevista con CB en Español, el secretario auxiliar del Área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reveló que su equipo técnico evalúa con cautela y responsabilidad el tema, que podría allegar $40 millones en nuevos recaudos a base de una conservadora proyección realizada luego de que Amazon llegara a un acuerdo confidencial para retener el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a compradores locales.

Amazon cobrará IVU a clientes de Puerto Rico

Este estimado se mantendrá intacto hasta tanto no concluya el proceso que Hacienda llevaría a cabo la pasada semana, que incluyó dos reuniones con su equipo de trabajo, un cónclave con oficiales de la agencia expertos en materia de impuestos, la redacción de un borrador que se enviará a La Fortaleza para que el equipo fiscal inicie el proceso de revisión que, de acuerdo a Parés Alicea, podría concluir a finales de julio para que inicie el trámite legislativo correspondiente durante la próxima sesión.

“Vamos a presentar legislación para atemperar nuestro régimen contributivo de Ventas y Uso a los nuevos hallazgos y desarrollos que se han dado como consecuencia del caso Wayifair pero todavía queda mucho por resolverse. Esto va a abrir una caja de pandora en cuanto a un sinnúmero de pleitos entre las agencias fiscales y estos vendedores online”, vaticinó Parés quien adelantó que, utilizando la jurisprudencia como marco conceptual, utilizarán la pieza legal de Dakota del Sur como un buen ejemplo, pues superó el escrutinio del Tribunal Supremo federal que busca evitar imponer una carga indebida (undue burden) sobre el comercio interestatal.

Entre los aspectos que contendría la legislación destacan la no retroactividad en su aplicación, la implementación de un software para “evitar la burocracia en papel” y asegurar cumplimiento de las empresas con la nueva normativa y el establecimiento de un mínimo de transacciones para que una compañía pueda ser considerada con “extensive virtual presence”. En la ley de Dakota del Sur, se estableció un mínimo de 200 transacciones al año o $100,000 en ventas.

¿Qué pasará con los acuerdos confidenciales?

Mucho antes de la decisión de South Dakota v. Wayfair, la Asamblea Legislativa había tomado medidas que, a pesar de que son de carácter voluntario establecen requisitos de documentación a vendedores que realicen transacciones muebles tangibles a compradores en Puerto Rico. De esta forma, Hacienda obtuvo herramientas adicionales para recaudar el IVU sobre las ventas por internet, pero contando con la buena fe del comprador, quien está obligado a remitir el impuesto de su compra online.

Se trata de la Ley 25 de 2017 la cual busca que negocios con presencia virtual remitan un informe a Hacienda con nombres y direcciones de sus clientes para que la agencia pueda realizar gestiones de fiscalización y cobro del IVU a residentes y comerciantes en Puerto Rico que adquieran mercancía sin autoimponerse el impuesto. Si el comercio no desea someter la información, tiene la opción de convertirse en agente retenedor y remitir el impuesto.

De acuerdo a Parés Alicea, esa ley produjo sobre una veintena de acuerdos de carácter confidencial, siendo el más significativo el de la megaempresa del multimillonario Jeff Bezos.

¿Discrimina Amazon contra los residentes de Puerto Rico?

“Siendo estos acuerdos de material contributivo, el Departamento por regla general no puede decir interioridades pero te puedo decir que de todos los acuerdos que hemos suscrito, ninguno es a cambio de remitirnos menos del 11.5% del impuesto de ventas y uso. En el caso de Amazon, nosotros le pedimos que nos permitiera hablarle a la ciudadanía que, en efecto, se había llegado a este acuerdo, reconociendo lo integrado que está Amazon en el mercado de Puerto Rico”, admitió el secretario auxiliar de Rentas Internas quien exhortó a las compañías a entablar acuerdos voluntarios antes que la ley los obligue a ello.

“Al final del día se entran en estos acuerdos porque el contribuyente, ese comerciante remoto desiste de someternos los reportes requeridos de a quién le está vendiendo y para evitar ese reporte nos recoge el impuesto de ventas y se convierte en agente retenedor”, concluyó Parés Alicea.




Dispuesto Uber a pagar cargo para operar desde el aeropuerto SJU

La empresa de red de transporte (ERT) Uber sí está dispuesta a a pagar a la administración del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM) el cargo por servicio para poder recoger pasajeros, lo cual es contrario a las declaraciones del presidente de la Puerto Rico Operadores, Turísticos, Guías y Excursionistas (Protge) José Poupal, quien asegura que las negociaciones entre Uber y Aerostar están detenidas.

“No podemos dar detalles de esta negociación específica. Lo que sí podemos asegurar es que estamos a favor de pagar un cargo mientras sea similar a lo que otros servicios pagan, tal y como la ley establece”, confirmó por escrito la directora de comunicaciones para Uber Región Andina, Centro América y Caribe, Martha Castro.

De hecho, Uber señaló que cumplen con pagar un cargo en algunos aeropuertos similares al LMM y proveyó ejemplos para enfatizar que están dispuestos a cumplir con las disposiciones aprobadas en el reglamento de la Comisión de Servicio Público (CSP) vigentes desde principios de mayo.

“El cargo varía por lugar, y aspectos como costo de vida, tamaño de aeropuerto deben ser considerados, cargos a otros servicios deben ser tomados en cuenta. Al compararlo con aeropuertos de tamaño similar, podemos señalar que en el aeropuerto de San Antonio Texas, existe un cargo de $1.00 por recogida y en un aeropuerto de un tamaño un poco mayor como el de Palm Beach Internacional son $2.50 por recogida”, agregó la jefa de comunicaciones de Uber.

A preguntas de CB en Español sobre cómo compara la negociación con Aerostar con otros acuerdos que han alcanzado con otros administradores de aeropuertos en términos de la celeridad del proceso, Castro indicó que no puede confirmar el tiempo que se toma este tipo de negociación, ya que varía dependiendo del caso.

“La única razón por la cual una negociación no se ha llevado a cabo es porque definitivamente no han llegado a un acuerdo en el costo por acceso. Tenemos que partir de la premisa de que nosotros (taxistas turísticos, excursionistas y operadores de limusinas) prácticamente pagamos gran parte de la nómina de los empleados de Aerostar”, expresó el presidente de Protge a principios de semana.

Poupal indicó además poseer información fidedigna que apunta a que Uber busca ser eximida del pago del cargo de $1.00 para cada chofer que llegue al LMM a buscar pasajeros. Este “fee” se elevará a $3.00 a finales de agosto.

“Todo lo relacionado a los fees de Uber forman parte de las negociaciones confidenciales con Uber y al momento no podemos discutirlas”, indicó por su parte Aerostar por escrito, aludiendo a la existencia de acuerdos de no divulgación entre las partes.

Protge: Uber no quiere pagar cargos a Aerostar

¿Se beneficia el LMM con la llegada de ERT?

Si bien es cierto que la popularidad de las ERT como Uber y Lyft en muchas jurisdicciones de Estados Unidos, esta realidad ha tenido el efecto de reducir los ingresos que los aeropuertos reciben por concepto de cobros en sus estacionamientos, pues los pasajeros están cambiando la forma en que llegan a las instalaciones para salir de viaje, de acuerdo a un estudio reciente publicado por la National Academies Press (NAP).

La investigación auspiciada por la Agencia Federal de Aviación (FAA, en ingles) lleva como nombre “Transportation Network Companies: Challenges and Opportunities for Airport Operators” y establece que el 59% de los aeropuertos encuestados recurren al cobro denominado “Per-Trip Fee solo cuando recogen pasajeros, tarifa que ronda entre $1.00 a $4.00.

Este cobro toma especial importancia, pues permitir que las ERT operen desde un aeropuerto impone a su administrador la responsabilidad de contratar empleados en el lugar que se establezca como punto de recogido, lo cual aumenta los gastos operacionales. De acuerdo al estudio de NAP, los aeropuertos que le han abierto las puertas a las ERT han recibido ingresos anuales de entre $100,000 a $20,000,000 por concepto del cobro de “fees”.

Al cierre de la investigación, las ERT habían firmado acuerdos en 48 de 72 aeropuertos encuestados entre el 2015 y 2017, lo que provocó una reducción de entre un 5% a un 30% en viajes en taxis, decrecimiento que aparenta agudizarse con el pasar del tiempo. Además, la cantidad de clientes que utilizan los estacionamientos cayó entre un 5% y 10%.

¿Cómo se prepara Aerostar para enfrentar esta realidad? ¿Prevén una reducción en el personal que trabaja en LMM a consecuencia de esto?, preguntó CB en Español a Aerostar.

“No podemos reaccionar a lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones. Los datos relacionados a este asunto se encuentran en proceso de recopilación y son parte de las negociaciones que están en proceso”, reaccionó la empresa.




Protge: Uber no quiere pagar cargos a Aerostar

“Es imposible que Aerostar vaya a permitirles que entren gratis”, aseguró el líder de Protge, José Poupal. (CB)

A más de un mes desde que la Comisión de Servicio Público (CSP) aprobara su nuevo reglamento que equipara las condiciones de los taxistas con choferes adscritos a empresas de red de transporte (ERT), las negociaciones entre Uber y la empresa administradora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín pudieran estar detenidas.

De acuerdo al presidente de la Puerto Rico Operadores, Turísticos, Guías y Excursionistas (Protge), José Poupal, la ficha de tranque consiste en que Uber busca ser eximida del pago del “fee” de $1.00 que actualmente los taxistas turísticos, excursionistas y operadores de limusinas pagan cada vez que entran al principal aeropuerto de Puerto Rico.

“Hay un tranque porque Uber no quiere pagar. Uber quiere entrar al área del aeropuerto sin hacer ningún tipo de pago porque ellos indicaron que dondequiera que entran no hacen ningún pago. Si la campaña originalmente era que había igualdad, yo entiendo que todos debemos pagar. Es imposible que Aerostar vaya a permitirles que entren gratis”, aseguró Poupal quien alega que posee información fidedigna sobre el particular.

De acuerdo al líder de Protge, el “fee” que se le descuenta “automáticamente” a los transportistas cuando entran por la caseta donde se estacionan para hacer sus turnos, representa una aportación de sobre $500,000 dólares anuales en favor de Aerostar, quien depende de este ingreso para sufragar la remuneración de su fuerza laboral. En el caso de las limusinas y excursiones, estos poseen una cuenta para que se le debite el “fee” mensualmente.

“La única razón por la cual una negociación no se ha llevado a cabo es porque definitivamente no han llegado a un acuerdo en el costo por acceso. Tenemos que partir de la premisa de que nosotros (taxistas turísticos, excursionistas y operadores de limusinas) prácticamente pagamos gran parte de la nómina de los empleados de Aerostar”, agregó Poupal quien ha sido muy vocal en reclamar un trato igual para su matrícula y ya se encuentra en conversaciones con abogados para acudir a los tribunales e impugnar algunas disposiciones de ley.

Para poder operar como transportista en Puerto Rico, el conductor debe realizar un pago arancelario de $50.00. En el caso de los excursionistas y limusinas de lujo, la CSP exige cada tres años un pago de $250.00 por cada unidad cada 3 años, lo que Poupal considera discriminatorio y exagerado, al comparar con los $50.00 que paga tanto el chofer de taxi como el conductor de Uber. La empresa ERT matriz paga $5,000, de acuerdo a las regulaciones de la CSP.

Poupal alega además que todos los días inspectores de la CSP intervienen con los vehículos de transporte bajo su jurisdicción, excepto los de Uber, pues se les dificulta identificarlos por no estar rotulados ni identificados, contrario a lo que ordena la ley.

“Hoy a esta hora no hay ningún conductor de Uber registrado y la ley 75 que creó la nueva Comisión de Servicio Público establecía que al 1 de enero de 2018 todos los conductores tenían que estar registrados y cumpliendo con la ley”, expuso Poupal en referencia al artículo 74(e) de la Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público, que mandata a que todo conductor de ERT someta su información en un plataforma digital para recibir un permiso temporero de la CSP y formar parte de su archivo electrónico.

¿Discrimina la CSP a favor de las ERTs?

A preguntas de CB en Español, el presidente de la CSP, Luis García Fraga, descartó la existencia de trato desigual para favorecer las ERTs sobre el resto de los vehículos para el transporte de pasajeros.

La realidad es que el Código de Reglamentos le pone el mismo arancel a los taxistas que a los conductores de Uber. Esto es un mensaje que ha llevado José Poupal y otros taxistas a los medios de que hay una diferencia de aranceles, pero la realidad es que él confunde lo que es limusina turística de lo que es un taxi. A la limusina turística sí se les cobra $250.00 porque estas dan otros servicio que no es meramente el de taxi, además de se les permite tener unidades de mayor cabida que se les prohíben a los taxistas y que están bajo las regulaciones del programa federal que nosotros tenemos en la Comisión de Servicio Público”, sostuvo el directivo.

Sobre el aparente incumplimiento de la ley 75, García Fraga justificó la inexistencia de expedientes de los conductores de Uber con la eventual implantación del archivo digital. Se espera que al cierre de este escrito, la CSP anuncie el ganador de la buena pro para desarrollar el sistema de servicio por internet que permitirá procesar todas las transacciones que se realizan en la CSP. Un total de cuatro empresas sometieron sus propuestas para evaluación.

“Estamos en proceso de adjudicar un RFP que nos va a dar la herramienta para hacer todos los trámites de la Comisión de Servicio Público a través del internet más “user friendly” de una manera más segura y transparente para todos los peticionarios y concesionarios de la Comisión. Tan pronto se firme el contrato, los primeros que se van a entrar en el sistema serán los conductores de Uber para tenerlos registrados como ordena la ley pero a través de la plataforma digital y no a través de expedientes”, concluyó García Fraga.




Gobierno de Puerto Rico se aferra a informe de GWU sobre muertes tras huracán María

Gobernador Ricardo Rosselló: “Queremos que el número real salga a la luz. Tuvimos un protocolo que realmente era deficiente y lo reconocemos”. (Suministrada)

El tema de las muertes a consecuencia del paso del huracán María por Puerto Rico tomó un giro inesperado esta semana, tras conocerse un nuevo estudio independiente publicado por la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, que coloca en 4,645 el número de víctimas, 70 veces más de las 64 reportadas por el gobierno local.

La investigación realizada por varios departamentos de la Universidad de Harvard en colaboración con el Fideicomiso para Ciencia Tecnología e Investigación de Puerto Rico, el Departamento de Psicología de la Universidad Carlos Albizu y el Ponce Health Sciences University, refleja un alza dramática en comparación con los estimados oficiales. Los hallazgos fueron compilados y analizados utilizando tres diferentes metodologías: Marco de muestreo, encuestas a hogares y análisis estadísticos.

Uno de los primeros altos funcionarios del ejecutivo en reaccionar a este estudio fue el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, en ingles) Carlos Mercader, quien por vez primera reconoció a nombre del Gobierno de Puerto Rico que esperaban una cifra mayor a las divulgadas de manera oficial.

“El Gobierno de Puerto Rico da la bienvenida a la encuesta de la Universidad de Harvard sobre la mortandad resultado del paso del huracán María y la analizaremos. Como todos saben, la magnitud del trágico desastre causado por el huracán María resultó en muchas fatalidades. Siempre hemos esperado que el número fuese más alto que el que se reportaba originalmente. Por esta razón solicitamos a la Universidad de George Washington (GWU, en inglés) que llevara a cabo un estudio —el cual finalizará próximamente— sobre la cantidad de muertes a causa del huracán María. Tanto la encuesta de Harvard como el estudio de GWU nos ayudarán a prepararnos más adecuadamente de cara a futuros desastres naturales y serán importantes para prevenir la pérdida de vidas”, expuso Mercader en declaraciones escritas.

Estudio de Harvard revela sobre 4,600 muertes en Puerto Rico vinculadas con huracán María

“Queremos que el número real salga a la luz. Tuvimos un protocolo que realmente era deficiente y lo reconocemos”, reaccionó por su parte el gobernador Rosselló horas después de la publicación del estudio, durante una conferencia de prensa en la que se divulgaron detalles sobre la preparación del Gobierno para el manejo de desastres en la isla. En el cónclave participaron la Guardia Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Desastres (FEMA) y el componente de seguridad local encabezado por Héctor Pesquera.

Fue este ultimo quien luego de consultarle al oído al primer ejecutivo, soltó una controversial declaración sobre la investigación de la tercer mejor universidad a nivel mundial, de acuerdo al 2018 QS World University Rankings.

“El estudio aunque no lo hemos visto, el de Harvard, es a base de una encuesta, no es a base de datos científicos. El de George Washington viene con una metodologia distinta. En algún momento dado estoy seguro que George Washington se va a poner al tanto con ellos y van a tratar de convalidarlo pero una encuesta no es lo mismo que una base científica que es lo que está llevando a cabo George Washington”, manifesto el que fuera State Coordinator durante la emergencia producto del huracán más potente que jamás haya experimentado Puerto Rico en más de 80 años.

Las declaraciones de Pesquera no ocurren en el vacío, pues al cierre de esta edición la jueza de la Sala de Recursos Extraordinarios Lauracelis Roques tiene en su consideración un recurso legal que busca conceder al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y a la cadena Cable News Network (CNN) acceso a información cruda recopilada por el Departamento de Salud sobre la mortandad ocurrida tras María.

En la reunión convocada por el gobernador sobre Preparación y Manejo de Desastres en Puerto Rico participaron la Guardia Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Desastres (FEMA) y el componente de seguridad local encabezado por Héctor Pesquera. (Captura)

“Uno de los argumentos que se estaba discutiendo en el juicio era el balance del interés publico que tiene que hacer la jueza al decidir si la información que se está solicitando tiene algunas partes que puedan ser confidenciales y si ellas bajo alguna ley o reglamento tienen prioridad sobre el interés público de conocer las condiciones en que murieron las personas despues dele huracán María. Ahora que sabemos que se ha pospuesto nuevamente dar alguna informacion sobre cuantas personas murieron y como fue que murieron, desde mi perspectiva, le imprime urgencia al reclamo que estamos haciendo de que se divulgue la información ya. Estamos a las puertas de una nueva temporada de huracanes y seguimos sin conocer como mejor prepararnos para una possible tormenta o situación de emergencia tan terrible como la que pasamos”, lament la Editora Ejecutiva del CPI, Carla Minet.

[DOCUMENTO] Se esfuma informe preliminar sobre muertes causadas por huracán María en Puerto Rico

¿Todo un misterio el status del informe preliminar de GWU?

¿Cuál es el status del informe de GWU y qué información los investigadores han solicitado hasta el momento para llevar a cabo su informe independiente?, preguntó CB en Español a la secretaria de prensa de La Fortaleza, Yennifer Álvarez Jaimes el pasado 8 de mayo.

“Siguen trabajando en el informe. Al final, se informarán los datos solicitados. Han estado en comunicación con agencias públicas y se espera que contacten organizaciones profesionales que estuvieron vinculadas a la respuesta ante la emergencia. Han solicitado documentos y han hecho entrevistas a funcionarios de Gobierno”, aseguró Álvarez Jaimes por escrito, seis días antes de que la contratación fuera realizada en propiedad. No fue hasta el 14 de mayo -81 días después de que se anunciara la investigación independiente- que se firmó el contrato para comisionar el estudio al cual CB en Español tuvo acceso.

El pasado 4 de mayo, este medio había cursado una solicitud de información al epidemiólogo y director del estudio, el doctor Carlos Santos-Burgoa, para indagar sobre los avances de su investigación. No fue hasta el 22 de mayo que la petición fue referida a la directora de comunicaciones del Instituto Milken de GWU, Kathleen Fackelmann, en Washington D.C. Al cierre de este escrito y tras el envío de un correo electrónico de seguimiento, aún no han contestado las preguntas de este medio.

Estos datos, sumados al evidente desconocimiento de Pesquera sobre asuntos básicos como las metodologías ampliamente aceptadas por la comunidad científica, laceran aún más la credibilidad del Gobierno sobre este tema, en momentos en que retienen toda información ya disponible, datos que han tenido que compartir tanto con la GWU como con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) quienes solicitaron hasta noviembre para entregar su base de datos codificada a base de sus estándares.

“El Estado quiere hacer ver que el proceso que lleva a cabo el CDC para codificar y revisar los datos que somete el Departamento de Salud impide hacer pública la información preliminar que tiene disponible”, enfatizó la editor ejecutiva del CPI quien insiste que no existe impedimento legal que justifique la dilación de la entrega de los documentos públicos que solicitan por la vía judicial.

¿Preocupados por el atraso en la entrega?

La pasada semana y ante la petición de tiempo adicional para entregar el informe final por parte de la GWU, este medio publicó el contrato suscrito entre el Negociado de Ciencias Forenses y la universidad con sede en Washington D.C., y cuestionó el silencio sobre la entrega del informe preliminar, que forma parte de las cláusulas del acuerdo.

“El informe preliminar será el primero con fecha de entrega para el 22 de mayo de 2018. La cantidad de dinero máxima asignada a ese proyecto será $125,000. Luego de entregar el informe preliminar, el contratista tendrá 60 días para completar y someter el informe final, y la fecha para eso deberá ser no más tarde del 23 de julio de 2018, a menos que se le realice una enmienda al contrato. La factura del servicio rendido como parte de este proyecto será hasta un máximo de $180,368”, se establece en la página 4 del contrato entre el Negociado de Ciencias Forenses y la GWU.



Documento muertes vinculadas con huracán María (Text)

“Estos estudios tienen varios componentes. Lo que nosotros le hemos pedido (a la GWU) es que la parte de la resiliencia y preparación de la salud pública nos la puedan adelantar. Prefiero tener algo bien hecho que algo que sea inapropiado y que nos cueste en el proximo evento”, dijo Rosselló a preguntas de la prensa. Resulta interesante que ningún funcionario de la administración haya solicitado el informe preliminar que se desprende del contrato.

“El primer informe (de acuerdo a la orden ejecutiva del 4 de enero) nunca se produjo. Mientras el secretario de Seguridad Pública Hector Pesquera le decía a los medios de comunicación que había un grupo de trabajo y que estaban trabajando para producir un informe, ese informe nunca vio la luz pública. El informe que se le comisiona a George Washington University tampoco sabemos cuál es su status ni la metodología que se está utilizando”, finiquitó Minet no sin antes recalcar el gran valor de los estudios independientes para apoyar los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico durante el proceso de revision de protocolos para mejorar su respuesta en emergencias venideras.

“Por eso mismo es importante que no solamente se haga el estudio que está haciendo GWU sino que se hagan estudios independientes que los puede hacer la prensa, las escuelas de salud pública de las universidades en Puerto Rico, profesionales y entidades sin fines de lucro que tienen el expertise y peritaje para tomar esos datos crudos y analizarlos. Ese análisis y ese proceso de contraste de la información oficial es lo que probablemente va a tener un resultado con algún grado de credibilidad entre la ciudadanía, pero si no tenemos acceso a esos datos estamos ciegos”.

Nota del editor: En un comunicado enviado el miércoles, el Instituto Milken de GWU dijo que su estudio diferencia al de la Universidad de Harvard en que “utilizará documentos sobre muertes –actas de defunción otros datos sobre mortalidad desde septiembre de 2017 hasta el final de febrero de 2018– con el fin de estimar el exceso de muertes relacionadas al huracán María”, o “una forma más efectiva para evaluar la mortalidad”. Además, expresaron que su estudio “espera que provea un grado de confiabilidad más estrecho alrededor del exceso de las muertes estimadas atadas al huracán María”. “Un informe final para “la Fase I del estudio de dos partes se espera entregar este verano”, aseguró el Instituto.