Zoé Laboy estaría inhabilitada para radicar candidatura a puesto electivo

La saliente secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado. (Suministrada)

La exlegisladora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y saliente secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, podría verse impedida de presentar una posible candidatura a cualquier escaño electivo, según surge del propio Código Electoral de Puerto Rico.

En específico, el Artículo 8.0001, inciso B, subinciso (7) establece que “todo aspirante a un cargo electivo, que se desempeñe como jefe o autoridad nominadora de una agencia, departamento, dependencia gubernamental o corporación pública en la Rama Ejecutiva, excepto el Gobernador, deberá presentar su renuncia a dicho cargo treinta (30) días antes del inicio al periodo de radicación de candidaturas”.

La renuncia al puesto que ocupa la licenciada Laboy Alvarado hasta el 31 de diciembre, tras esta haber presentado su dimisión en la mañana de hoy, debió haber ocurrido en o antes del 1 de noviembre de 2019, treinta días antes del inicio del periodo de candidaturas en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el 1 de diciembre, de acuerdo al artículo antes citado.

El puesto de Secretario de la Gobernación fue creado por el exgobernador Rafael Hernández Colón en el 1986 mediante el Boletín Administrativo 46690, el cual constituyó la Secretaría de la Gobernación y su Cuerpo de Asesores. Además, le brindaba facultades de dirección y supervisión de “la interacción del Gobernador y los departamentos, agencias, organismos e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno”.

En el 1993 bajo la gobernanza de Pedro Rosselló González, surgió la Orden Ejecutiva 1993-01, la cual abundó más sobre las funciones inherentes al cargo de Secretaria de la Gobernación.

La mencionada orden dispone como función inherente al cargo “dirigir y supervisar la ejecución e instrumentación por los miembros del Gabinete Constitucional y del Gabinete Operacional sus respectivos departamentos, agencias, organismos e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de la política pública y programática del Gobierno, según establecida por el gobernador”.

Por último, la orden ejecutiva faculta al Secretario de la Gobernación a “nombrar, sujeto a la aprobación del Gobernador, aquellos ayudantes o asesores que estime necesario en el descargo de sus responsabilidades y funciones como Secretario de la Gobernación, delegando en dichas personas aquellas facultades que estime pertinente y cuyas personas formarán parte del Cuerpo de Asesores del Gobernador”.

Por lo tanto, de una lectura del Código Electoral y la Orden Ejecutiva que crea el cargo, se podría concluir que las funciones atribuíbles al puesto de Secretaria de la Gobernación que aún ocupa Laboy Alvarado podrían considerarse como las que realiza un jefe o autoridad nominadora dentro de la Rama Ejecutiva.

¿Debemos entender que a la fecha de hoy la renunciante secretaria de la Gobernación a partir del ‪31 de diciembre‬, Zoe Laboy, está impedida a aspirar a un puesto electivo, por esta no cumplir con el requisito de haber renunciado 30 días antes del inicio de radicación de candidaturas?, cuestionó CB en Español.

“Me veo imposibilitado de contestar esa pregunta, ya que ese asunto pudiera convertirse en una controversia a ser adjudicada por este servidor”, se limitó a contestar el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera.

Un cuestionamiento similar fue llevado a la atención del representante del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz González, mientras este fungía como Secretario de Asuntos Públicos y Prensa del exgobernador Alejandro García Padilla. Durante su anuncio oficial de candidatura a la Cámara de Representantes el pasado 16 de diciembre de 2015, este fue enfático en señalar que no tendría que renunciar a su nombramiento de confianza.

“No. La ley (Código Electoral) va dirigida a jefes de agencia, jefes de dependencias públicas y jefes de corporaciones públicas. La posición de secretario de Asuntos Públicos no es ninguna de las tres que acabo de mencionar. Es una posición creada por orden ejecutiva. Por lo tanto, no soy parte de los funcionarios que la ley obliga a que tienen que renunciar a su puesto”, dijo Ortiz González en ese momento.

La orden ejecutiva a la que Ortiz González hizo referencia es la OE 2015-41, la cual contrario a la orden que crea la posición de Secretaria de la Gobernación, no establece lenguaje conducente a que el Secretario de Asuntos Públicos y Prensa tuviera la potestad de fungir como jefe o autoridad nominadora del Ejecutivo.

Al cierre de este escrito, este medio está a la espera de que la Comisión Estatal de Elecciones indague sobre si existe en sus archivos algún documento u orden que interprete el alcance del Código Electoral sobre el particular.




DOCUMENTOS: Tildan de premio político donativo a fundación de exgobernadora Sila Calderón

A escasos días de
que la exgobernadora de Puerto Rico Sila María Calderón Serra invitase a la tarima
al aspirante a senador del Partido Popular Democrático (PPD) por el distrito de
Humacao, José Hill Román Abreu, mientras lo endosaba en una actividad político
partidista, la legislatura municipal de San Lorenzo se apresta hoy a otorgarle
a la fundación que esta preside un donativo de $40,000.

Así lo denunció a CB en Español el aspirante a la poltrona sanlorenceña por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y miembro de la legislatura municipal, el licenciado Jaime Alverio Ramos, quien catalogó el acto como un premio político ordenado por el incumbente José “Joe” Román Abreu, quien es el hermano del político que recibió la bendición pública de la exmandataria el sábado pasado y que también forma parte de la Asamblea Legislativa de dicho municipio autónomo y preside su Comisión de Bienestar Social y Gobierno.

El pago de los $40,000, el cual se realizaría del fondo de donativos y no del operacional, sería una realidad a las 5:00 de la tarde de hoy, jueves, mediante la Resolución Núm. 63-OT Serie 2019-2020, una pieza de administración que persigue otorgar dicha suma al Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón.  Una búsqueda booleana y otra en la página web de la fundación reflejaron una sola mención del municipio de San Lorenzo, la cual no demuestra que existan iniciativas recientes que atendieron las necesidades de sus residentes. Tampoco se desprende de la pieza legislativa municipal que los $40,000 serían destinados a proyectos venideros que beneficien ni directa o indirectamente a sus constituyentes.

El artículo 9.014
de la Ley de Municipios Autónomos establece que “el Municipio podrá ceder o
donar fondos o bienes de su propiedad a cualquier entidad no partidista que
opere sin fines de lucro y se dedique a gestiones o actividades de interés
público que promuevan el bienestar general de la comunidad”.

“Creo en las organizaciones como la Fundación Sila María Calderón, son fundaciones que son muy importantes y deben haber muchas más por el trabajo social que hacen, en especial con las comunidades especiales. Ahora bien, la exgobernadora hace mucho tiempo que no se le veía en una actividad política y de buenas a primeras la vemos participando del anuncio a la candidatura por el Senado del hermano del señor alcalde, que a su vez es legislador municipal, y varios días después se convoca a la legislatura municipal de San Lorenzo para aprobar un donativo de $40,000 a la fundación de la exgobernadora”, denunció Alverio Ramos, quien recordó que el propio alcalde reconoció que su municipio enfrenta una crisis económica en el Informe de Auditoría M-20-02 emitido por la oficina del Contralor en julio de este año, quien le señaló que mantenían clasificados como empleados transitorios a 130 trabajadores por períodos mayores a los establecidos en ley.

“Este dato es correcto y se ha estado trabajando con la situación en la medida en que la condición económica y la realidad administrativa del Municipio lo han permitido. Esto a pesar de que el Municipio ha enfrentado grandes retos económicos y de que hemos estado tomando medidas cautelares ante los nuevos retos económicos que van a enfrentar los municipios como resultado de la situación económica por la que está atravesando Puerto Rico. Debemos tener presente que llevar a cabo el procedimiento ordinario de reclutamiento y selección para reclutar empleados probatorios de carrera conlleva unos costos y en adición a ello hay que hacer las aportaciones patronales al sistema de retiro de los empleados, que a este momento la mayoría de los municipios no pueden hacer”, respondió el alcalde en ese momento al señalamiento.

La carta en la que se solicita el donativo tiene fecha del 22 de noviembre de este año, poco más de dos semanas antes de que el hermano del alcalde de San Lorenzo recibiera el endoso político de Calderón Serra. (Suministrada)

“El
cuestionamiento que hacemos y la denuncia que estamos levantando es que si esto
no es un premio por el endoso dado. ¿Por qué hacemos esta denuncia? Porque cientos
de sanlorenzeños diariamente van al municipio a solicitar ayuda teniendo unas
necesidades reales y el municipio siempre les contesta que no hay, que no se
puede y que no tienen los fondos. Eso es lo que me levanta a mí la indignación
porque si para un pueblo no hay, ¿entonces vamos a donar a una organización porque
días antes su presidenta participó en una actividad política de alguien tan
relacionado a la administración municipal?”, cuestionó el legislador municipal.

“Aparte del déficit
acumulado, los caminos rurales y del campo están destruidos, las facilidades deportivas
están en pésimas condiciones y las necesidades de nuestros ancianos con
viviendas en condiciones deplorables se pudieran mitigar”, culminó Alverio
Ramos.

Por su parte, el
legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño, Carlos Rosado,
admitió que se encuentra evaluando el documento pero dejó entrever que, de ser
ciertas las alegaciones del legislador PNP, le votaría en contra al donativo.

“Habría que ver
con qué fin porque los municipios otorgan un sinnúmero de donativos para actividades
cívicas. Yo le votaría en contra, pero hay que ver los por cuánto, los por tanto
y las razones que hay”, subrayó el legislador de minoría”.

Entretanto, el
presidente de la legislatura municipal, Víctor Bonilla Sánchez, reaccionó a las
alegaciones del aspirante a la alcaldía por el PNP y aseguró que la presentación
de la resolución cumple con todas las disposiciones procesales que dicta la ley
y el reglamento aplicable.

“Nosotros hemos donado a varias fundaciones como al parque Doble A y a otras fundaciones y eso (el donativo en controversia) no debe tomarlo como un issue político, sino que busquen cuántos empleos ha creado la fundación, qué se ha hecho y lo que se va a hacer. Es una fundación sin fines de lucro por la cual yo trabajo y trabajamos todos los voluntarios de nuestro país. No sé cuál es la intención del legislador, que respeto las minorías, no sé cuál fue el propósito (de impugnar la resolución)”, acotó Bonilla Sánchez, quien puntualizó que la carta en la que se solicita el donativo tiene fecha del 22 de noviembre de este año, poco más de dos semanas antes de que el hermano del alcalde de San Lorenzo recibiera el endoso político de Calderón Serra.

“La legislatura
tiene que ver la acción, no los supuestos y presupuestos de que si se endosó o
no se endosó. Eso yo no lo tengo que ver como cuerpo. Nosotros recibimos una
carta donde ella está solicitando (el donativo), no tengo la fecha, pero ese es
el proceso que se toma y estamos pendientes a ello y eso es lo que tengo que
ver, no otras apreciaciones. Nos llegó la resolución a tiempo, se circuló,
vamos a evaluarla y se tomará acción sobre ella”, finiquitó.




NMEAD preparado “como si fuera el huracán María” ante paso de tormenta Karen por Puerto Rico

“Nosotros nos preparamos como si fuera el huracán María”.  Con esta afirmación, el Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) Carlos Acevedo Caballero, dijo que los diferentes componentes responsables de garantizar la seguridad de la ciudadanía ante el potencial paso de la tormenta tropical Karen

“Comenzamos a trabajar esta situación como si (la tormenta tropical Karen) fuera a pasar por el mismo medio de Puerto Rico. No queremos que nos pase lo que nos pasó con María, que Puerto Rico no estaba preparado para ese tipo de evento. Nosotros estamos preparados para María, si lo que viene es una tormenta, pues yo me preparé para María”, afirmó Acevedo en entrevista vía telefónica con Caribbean Business.

El boletín intermedio de las 5:00 p.m. establece que la tormenta tropical Karen mantiene sus vientos sostenidos en 40 millas por hora. (Captura / NHC)

En distintos momentos del día de hoy, domingo, el Comisionado afirmó haber sostenido diálogos tanto con la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, como con personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Además, se reunió con el componente de infraestructura, habló con diferentes alcaldes y con los directores regionales de la agencia que dirige.

Más temprano, Vázquez Garced anunció a través de las redes sociales que todos los protocolos de emergencia a nivel gubernamental habían sido activados, llamó a la calma y exhortó a los ciudadanos a repasar sus planes familiares.

“Parte de la activación que la gobernadora menciona son estos procedimientos que estamos haciendo según el plan” indicó Acevedo Caballero en referencia al Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos de Puerto Rico, documento que fue firmado por la gobernadora el pasado 26 de agosto y que establece las acciones que el estado deberá tomar durante escenarios críticos.

Cero improvisación

Ante la realidad de que el mencionado plan de emergencias es de nueva creación y que, de cumplirse el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes que establece que el centro de la tormenta tropical Karen entraría el martes en la tarde por el sureste y saldría por el norte de la isla, sería la primera vez en que se tendría que ejecutar pasada la emergencia, el Comisionado de NMEAD fue enfático en señalar que las 35 agencias gubernamentales, los municipios, el sector privado y todos los que participaron de la confección del documento están listos y en alerta.

“Todo el mundo participó de la preparacion del plan, todo el mundo conoce cómo funciona. Resistencia (a seguir el plan) no ha habido. Lo que el plan nos ha permitido es adelantarnos a procesos que antes se esperaba despues del impacto del sistema (para llevar a cabo). Ya hemos estado finiquitando, repasando, no se está improvisando nada. Estamos trabajando los procedimientos de acuerdo a la hora que nos encontramos y manana seguiremos haciendo lo mismo para que el día martes sea uno mucho más facil y que la respuesta sea mucho más inmediata”.

Sobre qué pasará en cuanto a si se suspenderá la jornada laboral o educativa, Acevedo Caballero indicó que el plan de acción se discutirá a partir de mañana, lunes. 

“Mañana habrán diferentes tipos de conferencia donde se le dará más información a la ciudadanía. Muchas personas tienen interés en saber de las escuelas y el trabajo, pero manana es un día normal pues este sistema se espera que comience a afectar con bandas de lluvia en horas de la noche”, adelantó el Comisionado de NMEAD quien hizo un llamado al sosiego y a buscar la información a través de los portavoces oficiales.

“La ciudadanía debe mantener la calma, mantenerse informado con los medios oficiales y mucho cuidado con las redes sociales. Una red social no es un método oficial del Gobierno porque hay mucha gente que lo que hace es desinformar o alarmar mas a la ciudadania”, exhortó Acevedo, quien instó a comunicarse con la oficina de manejo de emergencia local para indagar sobre cuándo y cuál refugio cercano estaría disponible para albergarse, decisión que recae en los alcaldes.




Fiscalía federal realiza arrestos a exfuncionarios de Cobra Energy y FEMA

La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. (Juan J. Rodríguez/CB)
La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. (Juan J. Rodríguez/CB)

El expresidente de Cobra Energy, una exadministradora regional adjunta de FEMA y el subdirector de personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) enfrentan cargos federales por fraude, conspiración, entre otros delitos, reveló la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

Ahsha Tribble, exadministradora regional adjunta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) Región II; el ex presidente de Cobra Energy, Donald Keith Ellison; y Jovanda Patterson, subdirectora de personal de FEMA, fueron arrestados durante la madrugada de hoy, martes.

Los tres arrestos, los cuales fueron producidos por el Departamento de Seguridad Nacional, oficina del Inspector General y agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), guardan relación con los contratos suscritos entre Cobra Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico(AEE), pagaderos con fondos de recuperación del huracán María a través de reembolsos a la corporación pública, específicamente para reparar la red eléctrica destruida de la isla.



En la acusación de 48 páginas se alega que el expresidente de Cobra Energy ofreció viajes en helicóptero, alojamiento, múltiples boletos de primera clase, seguridad, acceso a tarjetas de crédito e incluso un apartamento en San Juan a la exfuncionaria de FEMA a cambio de que esta ejerceriera presiones indebidas sobre la AEE.

Las autoridades federales han estado investigando los contratos financiados por FEMA otorgados por la Prepa a Cobra Energy, una subsidiaria de Mammoth Energy, para la reparación de la red eléctrica de la isla después de que fue destrozada por el huracán María en 2017.

La investigación sobre el ex presidente de Cobra Energy se dio a conocer después de que este le solicitara al tribunal que desvelara una declaración jurada proporcionada por un oficial que dio lugar a la congelación de $4.5 millones a los que Ellison intentó obtener acceso.

Más temprano el martes, la portavoz de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Lymarie Llovet, dijo a NotiUno que tres personas fueron arrestadas en Florida, Oklahoma y en otro lugar desconocido.

El trabajo de Cobra en Puerto Rico le produjo $1.8 mil millones en contratos con la AEE.




Juez ordena al Banco Popular a que pague sobre $2 millones a Tito Trinidad

El juez superior del Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas Ramos expidió una orden en la que obliga al Banco Popular de Puerto Rico cumplir con el pago de sobre $2 millones al excampeón de boxeo, Félix “Tito” Trinidad.

De acuerdo a la resolución, la institución bancaria “se ha cruzado de brazos”, tras incumplir con una orden emitida el 19 de marzo de 2018, en la que se le exigía que en un término final de 5 días procediera a realizar el pago total de $2,002,161.60 al exboxeador puertorriqueño.

“Se le ordena a dicha parte a que, en el término final de 24 horas, proceda a consignar la suma de $2,002,161.60 en la Unidad de Cuentas de este Tribunal. Se advierte a la parte demandada que, de no cumplir con esta Orden en el término establecido, procederemos a ordenar el embargo de los fondos y valores pertenecientes al Banco Popular de Puerto Rico/Popular, Inc., Popular Securities LLC., y/o Popular Securities, Inc”, lee parte del documento.

A preguntas de CB en Español, el exentrenador Félix Trinidad padre, reaccionó complacido con la determinación del Tribunal, una que ayudará a paliar la difícil situación económica por la que atraviesa el tres veces campeón mundial y uno de los mejores boxeadores de la isla.

“No estamos pidiendo dinero del banco, estamos pidiendo el dinero que nos pertenece y que nos ganamos con el sudor de nuestra frente”, sostuvo Trinidad en entrevista vía telefónica, quien se mostró confiado en que su vástago prevalecerá en su intento de recuperar sobre $22 millones en inversiones que presuntamente fueron mal manejadas por Banco Popular.

“Nuevamente Tito levanta sus manos en victoria”, añadió Trinidad padre quien entiende que su hijo cuenta con evidencia sólida para demostrar en los tribunales que su hijo fue defraudado por el banco más importante de Puerto Rico a la hora de manejar su capital.

De acuerdo a la firma legal del púgil, encabezada por el licenciado Eric Quetglas Jordán, el Banco Popular detuvo en el 2015 pagos mensuales de $63,550. Sobre el particular, el Tribunal de Primera Instancia había determinado que procedía el pago en marzo pasado, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones el pasado 13 de junio de 2018.



Orden de Pago Banco Popular Tito Trinidad (Text)




Presentan proyectos para llevar a votación eliminación de Junta de Control Fiscal

Los legisladores del PIP, Juan Dalmau y Denis Márquez. (Archivo / CB)

Legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentaron proyectos de ley para llevar a votación “exigir al Congreso y al Presidente de EEUU la eliminación” de la junta de control fiscal y exigir que se lleve a cabo un proceso de descolonización.

El portavoz del PIP en el Senado, Juan Dalmau, y el representante Denis Marquez indicaron que la votación sería el día de las elecciones en el 2020. Además, añadieron que intentaron buscar consenso del gobernador Ricardo Rosselló pero que sus esfuerzos no rindieron frutos.

“Ante la ausencia de voluntad del Ejecutivo para encaminar un plan de acción concertado con otros presidentes de los partidos políticos, hemos decidido tomar la ruta del proceso legislativo para estructurar un mecanismo que permita a la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo repudiar a la junta y exigir al Gobierno de los EE.UU. un proceso de descolonización. Esa votación se llevaría a cabo el mismo día de las elecciones, lo que evitaría el gasto excesivo de fondos públicos”, expresó Dalmau en sus redes sociales.

En específico, el proyecto de la Cámara 1714 y el Senado 1053 buscan ordenar la celebración de una consulta en la que “el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de reclamar, de manera directa, la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta mediante la Ley P.R.O.M.E.S.A., y exigir al Congreso de los Estados Unidos que ponga en marcha un proceso de libre determinación política que le ponga fin al régimen colonial en Puerto Rico”, leen los documentos presentados simultáneamente.

En conferencia de prensa, ambos legisladores recordaron que han intentado implementar sin éxito una agenda de acción política en conjunto con los líderes políticos, organismos internacionales y medios de comunicación para ponerle fin a la junta de control fiscal y para que el Congreso de Estados Unidos atendiera con premura el tema del status.

“Hemos tenido que entender que el gobernador seguirá la ruta de la obediencia”, acotó Dalmau en referencia a las múltiples llamadas que le ha realizado al primer ejecutivo y que no han recibido respuesta.

“Es nuestra responsabilidad buscar alternativas en contra de la Junta y del colonialismo”, agregó Marquez, quien fue enfático en señalar que su colectividad advirtió sobre los efectos de la imposición de un ente territorial bajo legislación federal a los intereses del sector trabajador.

Investigador independiente de la deuda de Puerto Rico retrasa entrega de informe




Muertes por huracán María: Un asunto de credibilidad

Nota del editor: Esta historia fue originalmente publicada en la versión impresa de Caribbean Business del 2 de agosto de 2018

“No hemos hablado de un informe preliminar, se ha hablado de informe final que correspondía a una entrega el 22 de mayo. Esa es la única fecha que se ha hablado”, aseguró a este medio la portavoz de prensa del Departamento de Seguridad Pública, agencia que contrató a la George Washington University (GWU) para que comisionara un estudio confiable sobre el total de muertes asociadas al paso del devastador huracán María por Puerto Rico el 21 de septiembre.

Sin embargo, CB en Español reveló que, contrario a lo expresado por la dependencia dirigida por Héctor Pesquera, el acuerdo suscrito contemplaba no solo la entrega de ese reporte, sino el pago de $125,000 por éste.

Desde el 4 de mayo -mucho antes de surgir la incongruencia entre los datos oficiales y el contrato- este medio ha realizado varios requerimientos de información al Departamento de Comunicaciones del Milken Institute School of Public Health del GWU. Las peticiones han incluido preguntas específicas sobre el status de los informes que le cuestan al erario público $305,368, un aparte con el líder de la investigación, el epidemiólogo Carlos Santos Burgoa, y una cifra final sobre cuánto más la administración de Ricardo Rosselló debe pagar para obtener respuestas finales a sus interrogantes.

“Te estoy conectando con Yennifer Alvarez, la secretaria de prensa del gobernador. Ella puede contestar su pregunta”, respondió la encargada de comunicaciones de la institución 80 días luego de nuestra primera petición. Acto seguido, Álvarez se comunicó con este medio para confirmar la existencia del informe preliminar y diligentemente coordinó con el DSP su entrega. Horas después de recibir el documento, se anunció la renuncia de la secretaria de prensa del primer ejecutivo.

¿Informe preliminar o propuesta de negocios?

Tras una lectura del documento titulado “”Evaluación del Posible Exceso de Mortalidad por el Huracán María en Puerto Rico”, resulta forzoso concluir que denominar el informe como uno preliminar sería la subestimación del año que, más allá de levantar dudas sobre el trabajo que llevan realizando desde el 22 de febrero, incide directamente sobre la transparencia que esta administración ha prometido al pueblo de Puerto Rico con inusual insistencia.

“Este informe preliminar proporciona una actualización de las actividades del proyecto, desde su lanzamiento hasta hoy. Es una relación del proceso más que de productos”, lee la introducción del documento de 24 páginas, lo cual deja entrever que el informe es un mero documento sobre rendición de cuentas y una propuesta para una segunda fase con una “evaluación a profundidad de los datos de mortalidad” para cerrar un negocio millonario con el gobierno.

“Recomiendo ver la conferencia de prensa dónde se explica que la primera fase tiene un costo de $305,000 y para culminar una próxima fase pudiera alcanzar $1 millón, tras culminar la primera fase se trabajará en la búsqueda de ‘grants’ y/o donativos para subvencionar lo restante”, instó la secretaria de prensa de Rosselló Nevares en mayo pasado, tras ser cuestionada sobre el costo total por comisionar el estudio.

A pesar de que cuentan con la bendición del ejecutivo, GWU asegura en su informe que ha contactado o recibido contribuciones de al menos 24 entidades –en su mayoría controladas por el gobierno estatal y federal-. Sin embargo, universidades privadas como Penn State (#12 a nivel mundial), Harvard (#2 a nivel mundial) o Ponce Health Sciences University no aparecen en el listado. Estas instituciones independientes poseen data valiosa que podría acelerar la investigación de la GWU (#345 a nivel mundial), una corporación congresional sin fines de lucro.

Sin embargo, GWU afirma que sí utilizarán los estudios de Penn State, Harvard y el Centro de Periodismo Investigativo “a fin de proporcionar una manera para que el público evalúe las diferencias relativas entre ellas y las producidas por el proyecto actual”.

“Mientras tanto, el trabajo continúa en el desarrollo de la propuesta para el análisis en profundidad de la mortalidad por causa específica atribuible al huracán, que incluye modelos estadísticos más complejos, así como una encuesta en profundidad sobre las circunstancias de muerte. El financiamiento para completar esta parte del proyecto se busca activamente de diferentes fuentes y sinergias institucionales.”, lee el último párrafo del reporte, en el que aseguran que esperan producir un informe final “dentro del plazo del contrato”. El pasado 30 de junio, el término contractual fue extendido hasta el 18 de septiembre a través de una enmienda al acuerdo original.

“Al no estar involucrado en este proyecto se me hace difícil determinar si es un reporte preliminar. Ciertamente, se espera que este estudio certifique y/o aproxime un número de muertes asociadas al huracán María; esto de acuerdo a las expresiones públicas del mismo Secretario de Seguridad Pública. Como ese dato no está, entiendo que queda trabajo por hacer o información por ser incluida”, expresó el director del Programa especializado en Estimados y Proyecciones de Penn State University, doctor Alexis Santos Lozada.

Las expresiones del experto surgen en referencia a la controversial declaración de Héctor Pesquera luego de que la prestigiosa publicación The New England Journal of Medicine publicara el estudio de Harvard que concluía que 4,645 puertorriqueños habían sido víctimas directas o indirectas del devastador ciclón.

“El estudio aunque no lo hemos visto, el de Harvard, es a base de una encuesta, no es a base de datos científicos. El de George Washington viene con una metodología distinta. En algún momento dado estoy seguro que George Washington se va a poner al tanto con ellos y van a tratar de convalidarlo pero una encuesta no es lo mismo que una base científica que es lo que está llevando a cabo George Washington”, aseguró Pesquera el 31 de mayo.

Para el especialista en demografía aplicada y salud poblacional, es importante que la GWU establezca cuál es su significado de la frase “ respuesta rápida” que citan en el estudio preliminar para diferenciar su investigación a otros “proyectos de investigación más convencionales”.

“Tendríamos que preguntarle a los investigadores de GWU que es lo que consideran “rapid-response”. Ciertamente este estudio viene luego de reportes que han estado disponibles desde noviembre (por ejemplo el estudio por mí y Jeffrey Howard) y otros estudios realizados por reporteros. Nuestro reporte fue publicado dos meses (más rápido) luego del fenómeno y cuando aún gran parte de la isla seguía a oscuras y sin servicios básicos. Este reporte llega 10 meses después, que es una respuesta más lenta que todos los demás análisis”, añadió Santos Lozada quien lideró una investigación que arrojó un estimado de 1,085 decesos, la cual fue publicada en abril por la revista especializada Health Affairs.

“Luego de analizar los aciertos y desaciertos vividos como parte de la emergencia ante el paso de los huracanes Irma y María, nuestro gobierno está revisando todos los protocolos y procesos para asegurarnos que estamos listos para una nueva temporada de huracanes”, destacó el gobernador desde La Fortaleza el 20 de marzo. En ese momento, el mandatario anunció que llevaría a cabo una cumbre de agencias del gobierno central y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) el 29 de mayo y una Cumbre Municipal de Emergencia el próximo día.

Los resultados de estas gestiones tampoco se conocen, a más de dos meses del inicio de la temporada de huracanes.




Hispanic Federation y cadena HITN alumbran a familias en Puerto Rico

 Los municipios de Bayamón, Barranquitas, Loíza, Las Marías, Morovis, Ponce, San Sebastián, Utuado, Villalba, Dorado, Vega Baja, Vega Alta, San Lorenzo y Comerío serán los impactados por la iniciativa que se espera que se extienda por toda la isla. (Jaime Rivera / CB)

En otra loable iniciativa para ayudar a familias puertorriqueñas a enfrentar la temporada de huracanes, la Hispanic Federation (HF) junto con la cadena de televisión hispana HITN entregarán 18,000 lámparas solares en 14 municipios de la isla.

La gestión de la organización junto al medio especializado en programación educativa y cultural en español, fue anunciada oficialmente en los estudios de WIPR, quienes actualmente poseen una alianza con HITN a través de “Puerto Rico Contigo, un programa que comparte las historias de recuperación económica en la isla tras el paso del huracán María.

“Desde que el huracán María golpeó la isla el año pasado, Puerto Rico ha estado sufriendo fallas eléctricas. Al iniciar la temporada de huracanes de este año se desconoce lo que podría suceder, por lo que se necesitará un plan alterno en caso de que surja una nueva emergencia que conlleve nuevos apagones”, sostuvo el presidente y CEO de HITN, Michael Nieves en declaraciones escritas.

“El compromiso que tenemos con la isla, no solamente en el aspecto de negocios, continúa y va a continuar después. Con este esfuerzo hemos logrado repartir 18,000 lámparas solares. Como vimos el impacto del huracán María, es necesario que nos preparemos ante cualquier fenómeno atmosférico”, indicó por su parte el licenciado José Hernández de HITN, quien aseguró que la empresa continuará  en Puerto Rico apoyando todas las causas que ameriten en el proceso de reconstrucción.

En la foto, la coordinadora de Operaciones del Hispanic Federation, Keila Fontánez. (Jaime Rivera / CB)

Por su parte, la coordinadora de Operaciones de HF, Keila Fontánez, fue enfática en destacar que esta ayuda es una pequeña, comparado con el trabajo que aún queda por realizar, labor en la que instó a los alcaldes a que tomaran protagonismo y fortalecieran su liderato en sus municipios.

“El poder que tienen los alcaldes y los gobiernos locales son importantes y hay que reforzarlos. La gente sigue sufriendo y sin poder apaciguar lo horrible de tener esa ansiedad y estrés de no poder recibir agua potable ni energía en sus casas”, enfatizó Fontánez con voz entrecortada y a su vez destacó que al día de hoy el Hispanic Federation ha entregado sobre 7 millones de libras en suministros como agua y alimentos,  $27 millones para 70 grupos y espera distribuir sobre 100,000 lámparas de energía solar adicionales.

“El gobierno local es un recurso importantísimo y si queremos fortalecer al país eso es vital. Los alcaldes nos vamos a ocupar que esas lámparas lleguen a donde tienen que llegar y a quien realmente lo necesita”. sostuvo el alcalde de Comerío y expresidente de la Asociación de Alcaldes, José “Josian” Santiago.

Familias de los municipios de Bayamón, Barranquitas, Loíza, Las Marías, Morovis, Ponce, San Sebastián, Utuado, Villalba, Dorado, Vega Baja, Vega Alta, San Lorenzo y Comerío son las que serán impactadas con esta pequeña pero muy significativa ayuda.




Hacienda se prepara para convertir en agentes retenedores a vendedores online

En momentos en que Puerto Rico lucha por rescatar sus finanzas públicas, el Tribunal Supremo federal lanzó un salvavidas que podría ayudar a la isla a allegar más recaudos al fisco.

En la batalla para poder captar impuestos sobre Ventas y Uso a comercios online que no tengan presencia física en estados y territorios de Estados Unidos, el alto foro judicial declaró como ganador a las agencias fiscales en un apretado 5-4 del caso South Dakota v. Wayfair. De acuerdo a la opinión del juez Kennedy, el estado de derecho vigente desde el 1992 servía “as a judicially created tax shelter for businesses that decide to limit their physical presence and still sell their goods and services to a state’s consumer” y no se atemperaba a las tecnologías y formas de hacer negocios.

Esta nueva realidad contributiva, además de brindarle fuerza a legislación existente en más de 15 estados y territorios estadounidenses, supondría un aumento sustancial en sus ingresos. A su vez, proporcionaría un respiro a los comerciantes que hacen negocios de manera tradicional, pues ya podrían competir en cierto grado de igualdad de condiciones.

En el caso de Puerto Rico, ¿cómo se prepara y qué tan rápido reaccionará para tomar ventaja de esta determinación? En entrevista con CB en Español, el secretario auxiliar del Área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reveló que su equipo técnico evalúa con cautela y responsabilidad el tema, que podría allegar $40 millones en nuevos recaudos a base de una conservadora proyección realizada luego de que Amazon llegara a un acuerdo confidencial para retener el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a compradores locales.

Amazon cobrará IVU a clientes de Puerto Rico

Este estimado se mantendrá intacto hasta tanto no concluya el proceso que Hacienda llevaría a cabo la pasada semana, que incluyó dos reuniones con su equipo de trabajo, un cónclave con oficiales de la agencia expertos en materia de impuestos, la redacción de un borrador que se enviará a La Fortaleza para que el equipo fiscal inicie el proceso de revisión que, de acuerdo a Parés Alicea, podría concluir a finales de julio para que inicie el trámite legislativo correspondiente durante la próxima sesión.

“Vamos a presentar legislación para atemperar nuestro régimen contributivo de Ventas y Uso a los nuevos hallazgos y desarrollos que se han dado como consecuencia del caso Wayifair pero todavía queda mucho por resolverse. Esto va a abrir una caja de pandora en cuanto a un sinnúmero de pleitos entre las agencias fiscales y estos vendedores online”, vaticinó Parés quien adelantó que, utilizando la jurisprudencia como marco conceptual, utilizarán la pieza legal de Dakota del Sur como un buen ejemplo, pues superó el escrutinio del Tribunal Supremo federal que busca evitar imponer una carga indebida (undue burden) sobre el comercio interestatal.

Entre los aspectos que contendría la legislación destacan la no retroactividad en su aplicación, la implementación de un software para “evitar la burocracia en papel” y asegurar cumplimiento de las empresas con la nueva normativa y el establecimiento de un mínimo de transacciones para que una compañía pueda ser considerada con “extensive virtual presence”. En la ley de Dakota del Sur, se estableció un mínimo de 200 transacciones al año o $100,000 en ventas.

¿Qué pasará con los acuerdos confidenciales?

Mucho antes de la decisión de South Dakota v. Wayfair, la Asamblea Legislativa había tomado medidas que, a pesar de que son de carácter voluntario establecen requisitos de documentación a vendedores que realicen transacciones muebles tangibles a compradores en Puerto Rico. De esta forma, Hacienda obtuvo herramientas adicionales para recaudar el IVU sobre las ventas por internet, pero contando con la buena fe del comprador, quien está obligado a remitir el impuesto de su compra online.

Se trata de la Ley 25 de 2017 la cual busca que negocios con presencia virtual remitan un informe a Hacienda con nombres y direcciones de sus clientes para que la agencia pueda realizar gestiones de fiscalización y cobro del IVU a residentes y comerciantes en Puerto Rico que adquieran mercancía sin autoimponerse el impuesto. Si el comercio no desea someter la información, tiene la opción de convertirse en agente retenedor y remitir el impuesto.

De acuerdo a Parés Alicea, esa ley produjo sobre una veintena de acuerdos de carácter confidencial, siendo el más significativo el de la megaempresa del multimillonario Jeff Bezos.

¿Discrimina Amazon contra los residentes de Puerto Rico?

“Siendo estos acuerdos de material contributivo, el Departamento por regla general no puede decir interioridades pero te puedo decir que de todos los acuerdos que hemos suscrito, ninguno es a cambio de remitirnos menos del 11.5% del impuesto de ventas y uso. En el caso de Amazon, nosotros le pedimos que nos permitiera hablarle a la ciudadanía que, en efecto, se había llegado a este acuerdo, reconociendo lo integrado que está Amazon en el mercado de Puerto Rico”, admitió el secretario auxiliar de Rentas Internas quien exhortó a las compañías a entablar acuerdos voluntarios antes que la ley los obligue a ello.

“Al final del día se entran en estos acuerdos porque el contribuyente, ese comerciante remoto desiste de someternos los reportes requeridos de a quién le está vendiendo y para evitar ese reporte nos recoge el impuesto de ventas y se convierte en agente retenedor”, concluyó Parés Alicea.




Dispuesto Uber a pagar cargo para operar desde el aeropuerto SJU

La empresa de red de transporte (ERT) Uber sí está dispuesta a a pagar a la administración del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM) el cargo por servicio para poder recoger pasajeros, lo cual es contrario a las declaraciones del presidente de la Puerto Rico Operadores, Turísticos, Guías y Excursionistas (Protge) José Poupal, quien asegura que las negociaciones entre Uber y Aerostar están detenidas.

“No podemos dar detalles de esta negociación específica. Lo que sí podemos asegurar es que estamos a favor de pagar un cargo mientras sea similar a lo que otros servicios pagan, tal y como la ley establece”, confirmó por escrito la directora de comunicaciones para Uber Región Andina, Centro América y Caribe, Martha Castro.

De hecho, Uber señaló que cumplen con pagar un cargo en algunos aeropuertos similares al LMM y proveyó ejemplos para enfatizar que están dispuestos a cumplir con las disposiciones aprobadas en el reglamento de la Comisión de Servicio Público (CSP) vigentes desde principios de mayo.

“El cargo varía por lugar, y aspectos como costo de vida, tamaño de aeropuerto deben ser considerados, cargos a otros servicios deben ser tomados en cuenta. Al compararlo con aeropuertos de tamaño similar, podemos señalar que en el aeropuerto de San Antonio Texas, existe un cargo de $1.00 por recogida y en un aeropuerto de un tamaño un poco mayor como el de Palm Beach Internacional son $2.50 por recogida”, agregó la jefa de comunicaciones de Uber.

A preguntas de CB en Español sobre cómo compara la negociación con Aerostar con otros acuerdos que han alcanzado con otros administradores de aeropuertos en términos de la celeridad del proceso, Castro indicó que no puede confirmar el tiempo que se toma este tipo de negociación, ya que varía dependiendo del caso.

“La única razón por la cual una negociación no se ha llevado a cabo es porque definitivamente no han llegado a un acuerdo en el costo por acceso. Tenemos que partir de la premisa de que nosotros (taxistas turísticos, excursionistas y operadores de limusinas) prácticamente pagamos gran parte de la nómina de los empleados de Aerostar”, expresó el presidente de Protge a principios de semana.

Poupal indicó además poseer información fidedigna que apunta a que Uber busca ser eximida del pago del cargo de $1.00 para cada chofer que llegue al LMM a buscar pasajeros. Este “fee” se elevará a $3.00 a finales de agosto.

“Todo lo relacionado a los fees de Uber forman parte de las negociaciones confidenciales con Uber y al momento no podemos discutirlas”, indicó por su parte Aerostar por escrito, aludiendo a la existencia de acuerdos de no divulgación entre las partes.

Protge: Uber no quiere pagar cargos a Aerostar

¿Se beneficia el LMM con la llegada de ERT?

Si bien es cierto que la popularidad de las ERT como Uber y Lyft en muchas jurisdicciones de Estados Unidos, esta realidad ha tenido el efecto de reducir los ingresos que los aeropuertos reciben por concepto de cobros en sus estacionamientos, pues los pasajeros están cambiando la forma en que llegan a las instalaciones para salir de viaje, de acuerdo a un estudio reciente publicado por la National Academies Press (NAP).

La investigación auspiciada por la Agencia Federal de Aviación (FAA, en ingles) lleva como nombre “Transportation Network Companies: Challenges and Opportunities for Airport Operators” y establece que el 59% de los aeropuertos encuestados recurren al cobro denominado “Per-Trip Fee solo cuando recogen pasajeros, tarifa que ronda entre $1.00 a $4.00.

Este cobro toma especial importancia, pues permitir que las ERT operen desde un aeropuerto impone a su administrador la responsabilidad de contratar empleados en el lugar que se establezca como punto de recogido, lo cual aumenta los gastos operacionales. De acuerdo al estudio de NAP, los aeropuertos que le han abierto las puertas a las ERT han recibido ingresos anuales de entre $100,000 a $20,000,000 por concepto del cobro de “fees”.

Al cierre de la investigación, las ERT habían firmado acuerdos en 48 de 72 aeropuertos encuestados entre el 2015 y 2017, lo que provocó una reducción de entre un 5% a un 30% en viajes en taxis, decrecimiento que aparenta agudizarse con el pasar del tiempo. Además, la cantidad de clientes que utilizan los estacionamientos cayó entre un 5% y 10%.

¿Cómo se prepara Aerostar para enfrentar esta realidad? ¿Prevén una reducción en el personal que trabaja en LMM a consecuencia de esto?, preguntó CB en Español a Aerostar.

“No podemos reaccionar a lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones. Los datos relacionados a este asunto se encuentran en proceso de recopilación y son parte de las negociaciones que están en proceso”, reaccionó la empresa.