Autoridad del Distrito de Convenciones defiende desarrollo en Navy Frontier

La directora del Distrito de Convenciones, Noelia García se expresó dispuesta a evaluar distintas alternativas para garantizar la operación efectiva de las empresas que hoy operan desde el Navy Frontier en Puerta de Tierra, pero aseguró que la mentira no puede ser parte del proceso. 

En entrevista con Caribbean Business, García aseguró que personalmente se reunió con el grupo de navieros que se opone al desarrollo de propuesto por BU Harbor en el muelle Navy Frontier cuando escuchó que ellos tenía preocupaciones con el desarrollo.

“Ahí hay dos inquilinos de Puertos. Puertos está haciendo unos análisis para identificar dónde pueden ubicar estos inquilinos. Pero las mentiras no están bien. Yo escuché que ellos tenían una incomodidad y yo los cite aquí para atender sus preocupaciones. ¿Porqué? Porque yo no puedo, por querer desarrollar, y querer mayor conectividad y maximizar la experiencia del crucero y maximizar el consumo de los cruceristas y de los visitantes, pasarle por encima a la industria de transporte marítimo”, dijo García. 

Sostuvo que en la reunión se les explicó a los navieros, en términos generales, la legalidad del contrato con la empresa BU Harbor Partners desarrolladores de lo que se conocería como Harbor Village 

“El Distrito de Convenciones tiene la misión en ley de desarrollar todo lo que le llegue a las manos. No maximizar nuestros recursos va en contra de nuestra propia ley”, dijo García al sostener que desde el 2011, la Autoridad del Distrito tiene titularidad sobre la parcela del Navy Frontier a pesar de que los inquilinos que operan sus negocios desde ese lugar tienen como arrendatario a la Autoridad de los Puertos. 

La funcionario reveló que la Autoridad solicitó y le fueron aprobados fondos federales a través del programa federal CDBG para hacer el diseño de un paseo peatonal que conecte al Viejo San Juan, el Condado y Miramar con el área del Centro de Convenciones y como parte de ese desarrollo está establecer una zona de hoteles, viviendas, comercio y marina en los terrenos del Navy Frontier. 

Dijo que el contrato establece que la inversión del gobierno en el proyecto es el terreno donde se realizarán las obras mientras que el desarrollador invertirá cerca de $300 millones en el proyecto. Al final, el gobierno será dueño del 50% del proyecto. 

García admitió la importancia del servicio que prestan las compañías que operan desde el Navy Frontier para la operación marítima en la bahía. 

“Es imposible que ese servicio no se preste. Echarle combustible a los barcos y entrar los cruceros a la bahía es indispensable”, declaró. 

Según la funcionaria, Puertos, cuyo director ejecutivo Anthony Maceira renunció efectivo el viernes 8 de noviembre, les informó que identificó tres espacio para mover las operaciones y de las empresas que operan en el Navy Frontier y se encuentran realizando los estudios de viabilidad correspondientes. 

“En el último análisis, si no hay espacio (en otro lugar) esa (operación) tiene que ser la prioridad. Ahora, que si hay espacio para coexistir, pues claro que si. Hay tres espacios que se están considerando”, dijo García. 

Detalló que existe la posibilidad de que una de las empresas mantenga su operación en el Navy Frontier, sin embargo se evalúa que la operación de Harbor Bunkering se establezca en el muelle 16, la de los pilotos en el muelle al lado de Bahía Urbana, mientras que la operación de transbordo de vehículos podría ubicarse en el Army Terminal en Puerto Nuevo. 

García aseguró que la Autoridad de los Puertos estaría dispuesta a costear las mejoras que sean necesarias para hacer ese movimiento de Harbor Bunkering al muelle 16.  

“Todos debemos dar un poquito para lograr una meta en común. Yo paré mi proyecto, ya yo tengo los permisos de demolición pero lo detuve en espera de que Puertos les diga a dónde pueden mover”, destacó.  

El jueves varios navieros y miembros de la industria denunciaron que la Autoridad de los Puertos y el Gobierno de Puerto Rico podría dejar de recibir cerca de $9.4 millones anuales si se ejecuta el proyecto propuesto por la empresa BU Harbor Partners, para desarrollar un complejo residencial y comercial en el muelle que hoy se le conoce como el Navy Frontier en Puerta de Tierra.  

Fernando Rivera, vicepresidente de Harbor Bunkering y presidente del Comité Ad Hoc Navy Frontier en la Asociación de Navieros explicó que en ese muelle operan de forma ordinaria una compañía de lanchas piloto, la empresa Harbor Bunkering – que provee combustible a las embarcaciones, y una empresa que hace transbordo de vehículos de motor. Además, el muelle es utilizado por cruceros cuando los demás están ocupados con otras embarcaciones. 

“Si se detienen todas estas operaciones, el impacto a la economía sería de $9.4 millones”, afirmó Rivera.

Kenneth Díaz representante de San Juan Bay Pilot, dijo que por su localización dentro del canal San Antonio, el muelle es ideal para la operación de los pilotos ya que sus embarcaciones, imprescindibles para la operación marítima en la bahía, no están expuestas a las fluctuaciones de la marea. 

“Si estas embarcaciones no están en buenas condiciones y listas en puerto no entra un solo barco a la bahía, no porque lo digamos nosotros, sino porque es lo que establece la tanto la Ley Marítima federal y estatal”, dijo Díaz.

Por su parte, Paul Colgan, gerente de Grupo Pérez y Cia, indicó que el negocio de transbordo de vehículos -que está recuperándose luego de haber prácticamente desaparecido en el 2010-  se vería afectado porque no hay otros lugares en el área de muelles de San Juan con capacidad adecuada para manejar esa operación. 

Colgan indicó que un barco de vehículos para la venta puede traer hasta 4,000 unidades que usualmente permanecen en el muelle por espacio de 7 días antes de que puedan ser transportadas en embarcaciones más pequeñas a otras islas del Caribe. En su mejor momento esta industria movió cerca de 54,000 vehículos en un año. 

“En este momento estamos empezando a recuperar ese negocio. Si no podemos usar este muelle ese recuperación se verá afectada”, dijo Colgan. 

El muelle Navy Frontier también opera como espacio para cruceros cuando los demás muelles de la bahía están ocupados con otras embarcaciones. 

“Este Comité exige que se trate este tema con absoluta transparencia, se revalúen todas las consideraciones sobre el impacto a la industria marítima; los impactos económicos, la logística y razonamiento para estas decisiones y, en consecuencia, se revierta el acuerdo alcanzado por la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (PRCC)”, dijo Rivera. 

“Además solicitamos un examen riguroso sobre las falsas representaciones contractuales tomadas por la Autoridad de los Puertos en contrataciones con arrendatarios del muelle, y cualquier otro asunto en torno a las interioridades de esta negociación sin que se tomara en cuenta al sector comercial marítimo”, insistió. 

BU Harbor Partners es una empresa hermana de Interlink, desarrolladora de proyectos de usos mixtos y hoteles de lujo como el Sheraton del Centro de Convenciones y el St Regis Bahía Beach Resort en Río Grande. 

Bruno Calenda, presidente de Cruise Plus Services & Tours resaltó que a solo pasos del Navy Frontier está el Club Náutico de San Juan y la marina San Juan Bay, utilizadas solo en un 70% de su capacidad la mayor parte del año.