Ayuda Legal Puerto Rico denuncia contratistas violan procesos de recuperación sin consecuencias

Mapa de las empresas contratadas por el programa R3.

El programa de recuperación R3 solo ha completado 160 viviendas de las casi 27,800 solicitudes

A dos años de iniciado el desembolso de fondos para reconstruir propiedades afectadas por los huracanes Irma y María, sólo el Departamento de la Vivienda solo ha logrado completar 160 viviendas de las casi 27,800 solicitudes que recibió o que están en lista de espera y las denuncias de irregularidades sobrepasan por mucho los pocos avances celebrados por la agencia, denunció la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico.

La organización que provee educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos afirmó que han recibido “cientos de llamadas relativas a casos de recuperación en los que las violaciones de los procesos, la lentitud e incluso la desaparición de los manejadores de casos es la norma”. 

Ayuda Legal detalló que desde septiembre de 2018 el Departamento de la Vivienda federal (HUD) remitió la primera partida de fondos CDBG-DR asignados para la recuperación tras los huracanes Irma y María.

“El estancamiento y la lentitud en los procesos ocurren cuando la agencia ya ha comprometido alrededor de $1,239 millones en la implementación del Plan de Acción, suma que incluye $572.5 millones en contratos con las compañías a las que delegó la administración y las labores de construcción del programa R3. Esto incluye $125 millones para los project managers – IEM, ICF, AECOM y Alliance for the Recovery of Puerto Rico (un junte de Atkins Caribe y Tidal Basin Caribe) – y la administradora del centro de llamadas LinkActive, compañías a cargo del proceso de solicitud al programa R3. Estos contratos sólo contemplan el manejo de un total de 7,500 casos elegibles, lo cual apunta a que alrededor de veinte mil solicitantes no recibirán asistencia alguna o que los acuerdos con las empresas deberán ser enmendados”, denunció la organización.

Según Ayuda Legal, al momento se desconoce “cuáles medidas ha tomado Vivienda para garantizar la calidad de los trabajos que realicen estas empresas, si alguna”.

“Estas compañías tienen un deber contractual de ofrecer un servicio de calidad, notificar sus determinaciones por escrito, mantener récords de forma accesible en cualquier momento para la agencia, y responder a las peticiones de las solicitantes así como completar las etapas del proceso dentro de un término de tiempo establecido. Incumplir conlleva penalidades que deben ser reclamadas por el Departamento de la Vivienda como contratante”, señaló la organización en un comunicado difundido en su página electrónica.

“Además de la desesperación y frustración que sienten quienes esperan para reparar sus hogares, el desempeño mediocre de las compañías que están cobrando miles de dólares por cada etapa de cada caso es inadmisible según sus propios contratos. Las solicitantes de R3 tienen derecho a presentar quejas ante el Departamento de la Vivienda y algunas nos han notificado que lo han hecho pero hasta ahora no han visto resultados”, añadieron.

Ayuda Legal reclamó que el Departamento de Vivienda “debe hacer efectivo este proceso de querellas lo antes posible y fiscalizar a los contratistas y subcontratistas, imponer las penalidades que procedan, subsanar las fallas y los daños provocados e incluso cancelar los contratos de quienes incumplan repetidamente”. 

“Además, debe publicar los hallazgos de sus auditorías así como estadísticas sobre quejas presentadas para efectos de transparencia en el uso de fondos públicos y para mejorar futuros procesos de selección de contratistas. Es inaceptable que mientras miles de familias llevan años esperando por vivienda digna sin ver un centavo, unas pocas empresas conviertan la recuperación de desastres en un negocio lucrativo. Ante un panorama generalizado de irregularidades, es responsabilidad de Vivienda actuar de forma urgente y asertiva para que esta situación no se convierta en un obstáculo adicional para la recuperación justa”, sentenciaron.