25 de Febrero de 2021

Bacó en una cruzada para revitalizar el BGF

Por el 25 de Agosto de 2016

Por Philipe Schoene Roura y Luis J. Valentín

Si el secretario de Desarrollo Económico y Comercio y presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Alberto Bacó Bagué, pudiera salirse con la suya, auxiliaría al moribundo banco con una serie de movidas estratégicas —él está preparando un estudio de la institución y promete estados financieros auditados para el 25 de diciembre— cuya meta es revitalizar el gravemente descapitalizado BGF.

Lo que anteriormente fue el agente fiscal de Puerto Rico encargado de manejar el financiamiento externo de las corporaciones e instrumentalidades públicas de la isla, ahora está “con un respirador artificial” gracias, en gran medida, a una cultura de financiamiento de déficits que ha prevalecido a través de varias administraciones.

La liquidez que se redujo de $5,000 millones en 1989 a $160 millones en 2016 tiene al banco con una camisa de fuerza —la ley que le confería autoridad fue cambiada para restringir aún más los préstamos y el banco ha sido despojado de su papel como agente fiscal— mientras los detractores siguen clamando por su liquidación.

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La iniciativa de resucitación de Bacó es una tarea de proporciones milagrosas porque tiene que exponer su plan para revitalizar el BGF ante un público que está obligado a denunciar la violación de los principios de las buenas prácticas bancarias que cometió la institución. (Sebastián Romero/Ilustración)

A pesar de las horrorosas estadísticas y un coro de detractores en la administración de Alejandro García Padilla, Bacó —que se convirtió en presidente de la junta y presidente del BGF el 1 de agosto— sigue convencido de que el banco puede ser revitalizado con un plan que incluye un futuro que se inclina hacia el desarrollo económico y una participación significativa del sector privado, una gobernanza renovada y maneras “creativas” de capitalizar la atribulada institución.

“Se convirtió en un cajero automático para las obras que no podían obtener financiamiento en el sector privado. No corría con un plan concertado que tuviera métricas. Y no puedes correr una institución de esa manera”, dijo Bacó a Caribbean Business tras su primera reunión de junta que tuvo lugar la semana pasada. “Lo primero que pedí fue la autorización para llevar a cabo un estudio y [establecer] un plan estratégico para trazar un mapa de la visión para el banco —para poder responder por qué la institución es importante en esta economía. Y puedo expresar muchas razones por las que la institución es muy importante en esta economía en este momento. Podría hacerlo en este momento, pero la forma correcta de hacerlo es ir a los ejecutivos, a la comunidad y trazar un plan que pueda medir las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que existen”.

Bacó está convencido de que el banco es esencial para el desarrollo económico de Puerto Rico y confía que el estudio que está confeccionando, y que espera dar a conocer dentro de ocho semanas, le ayudará presentar su caso en una vista ante los miembros de la junta de control federal que deben ser seleccionados no más tarde del 15 de septiembre, según lo establecido en la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés). Su misión para salvar el banco es una cruzada cargada de dificultades ya que el BGF se enfrenta a una confluencia de factores que actúan en contra de su supervivencia.

El centro de atención de Promesa

El Título II de Promesa prevé la supervisión de los planes fiscales, el análisis de la sostenibilidad de la deuda y el escrutinio de los bienes, fondos o recursos de las dependencias del territorio. Aunque el “Plan Lázaro” de Bacó para resucitar el banco moribundo podría beneficiarse con un estudio, es esencial que presente los estados auditados de dos periodos: los años fiscales 2015 y 2016.

“Los estados financieros auditados de los últimos dos años que no están listos y no han salido tienen que presentarse antes del 25 de diciembre de este año”, dijo Bacó a Caribbean Business. “Esta es una meta muy clara que he establecido desde el principio”.

Bacó es bien consciente de que la cancelación del 40% de ciertas deudas que el gobierno central y sus instrumentalidades tienen con el BGF está impidiendo la entrega de dichos estados. “Los auditores podrían reservar una cantidad [menor], pero vamos a ver las circunstancias de aquí a diciembre”, dijo de forma bastante despectiva. “Espero habernos movido hacia adelante. En las negociaciones con los acreedores… voy a tener un plan estratégico en cuanto a cómo manejar esas deudas y siempre podemos llegar a una reserva. Pero hay varias maneras de lograr las metas. No le tengo miedo a eso”.

Cuando Caribbean Business le preguntó: “¿no sería aconsejable entregar los estados auditados antes de llegar a acuerdos con los acreedores?”, Bacó respondió: “Por supuesto, por eso es que mi objetivo es el 25 de diciembre; tienen que estar listos para esa fecha”.

La falta de estados financieros auditados son una manzana de la discordia en la crisis de la deuda de Puerto Rico, que se remonta al comienzo de la administración de García Padilla. El coro de críticos que expresan su descontento incluye a los acreedores y a los miembros del Congreso estadounidense. El senador Orrin Hatch (Republicano, Utah), que preside el grupo de trabajo de ocho miembros para el desarrollo económico de Puerto Rico, ha sido firme al insistir que los estados financieros auditados son esenciales para efectuar un análisis creíble sobre la sostenibilidad de la deuda. Desde que puso a Puerto Rico en su mirilla en las vistas previo a la promulgación de Promesa, Hatch le ha enviado más de una misiva al gobernador García Padilla exigiendo una auditoría creíble. El senador no está solo en sus exigencias.

“Existe un escepticismo general en la comunidad de acreedores en cuanto a las posibilidades y las probabilidades porque ni siquiera tenemos estados financieros de estas entidades. ¿Cómo llegar a algún acuerdo hasta que tengamos una idea de lo que realmente es necesario?”, dijo en mayo Nader Tavakoli, presidente y principal oficial ejecutivo de Ambac Financial Group, a Caribbean Business.

“No vamos a suscribirnos a nada sin una junta de supervisión federal. Queremos que la junta de supervisión vaya allá y evalúe la situación. Y no presumir que toda esta reestructuración de la deuda que tiene que ocurrir. Estamos encantados de considerar todo lo que sea constructivo, pero en este momento nuestro enfoque está en el proyecto de ley del Congreso”, dijo en aquel momento.

“No estamos bajo la premisa de que la deuda es insostenible; por eso es que queremos que una junta de control vaya allá”, dijo Tavakoli.

Los grupos de acreedores —no solo aquellos del BGF sino también los tenedores de bonos de obligación general (GOs) y de Cofina (la Corporación del Fondo de Interés Apremiante) y las compañías aseguradoras de emisiones de valores principalmente entre ellos—ven el Título II como un componente esencial en Promesa porque ayudará a descifrar el nivel de insostenibilidad del servicio de la deuda de Puerto Rico.

El banco Lázaro

La iniciativa de resucitación de Bacó es una tarea de proporciones milagrosas porque tiene que exponer su plan para revitalizar el BGF ante un público que está obligado a denunciar la violación de los principios de las buenas prácticas bancarias que cometió la institución. El banco se fundó en 1942 y su insolvencia es producto de un trabajo en progreso por largos años. la mecha de su implosión se encendió hace más de 10 años cuando la deuda a corto plazo aumentó para financiar las corporaciones públicas y los presupuestos desequilibrados del gobierno central, un término conocido como el financiamiento del déficit. Peor aún, no se comprometieron suficientes fuentes de ingresos para pagar la deuda.

“Para llenar el enorme agujero dejado por la salida de los fondos de la Sección 936, el banco tuvo que desarrollar múltiples vehículos de financiamiento”, explicó Melba Acosta, expresidenta del BGF y presidenta de la junta del banco, durante una entrevista reciente. “En esencia, el banco buscó la manera de liberar al fondo general de la presión de liquidez que no podía mantener”. Era solo cuestión de tiempo para que el banco se tornara insolvente.

Entonces, la estocada mortal ocurrió en 2014 cuando el banco acudió al mercado con un acuerdo de $3,500 millones en bonos GO vendidos en su mayoría a inversionistas no tradicionales —de los cuales $2,000 millones se utilizaron para pagar la deuda contraída por el BGF. La plana mayor del banco estaba preocupada por la merma vertiginosa de liquidez, pero pensaron que tenían un último recurso: ir al mercado en 2015 con otra emisión de bonos de $3,000 millones. Estaban muy equivocados.

En las entrevistas llevadas a cabo en 2015, Acosta explicó que la confluencia de eventos —un atraso en la aprobación de los aumentos a los impuestos en los productos derivados del petróleo o “la crudita” y el no aprobar un presupuesto estructuralmente equilibrado de manera oportuna, entre otros hechos— hizo imposible el acceso al mercado.

Según informó anteriormente este periódico, la campaña de Acosta en búsqueda de una legislación que permitiera aumentos a “la crudita” desató luchas políticas con el presidente del senado Eduardo Bhatia y el presidente del Comité de Hacienda de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández en 2015. El rencor y el desprecio por el banco que prevalecen hasta hoy no ayudará en la cruzada de Bacó en pro del BGF.

 “¿Quiénes son los enemigos del banco? Son como las personas que cogen un préstamo hipotecario para una casa que vale el doble de lo que vale mi casa y trepan sus tarjetas de crédito al máximo sin tener fuentes de repago y luego se dedican a criticar al Banco Popular —cierren el Banco Popular, ese Banco Popular no es bueno— para que el Banco Popular cierre y así no tengan que pagar los préstamos”, dijo Bacó en un tono bastante combativo.

“Esos legisladores, ¿a quiénes le dejan los acreedores, a las cooperativas de crédito? Creo que los escenarios políticos y los ciclos de cuatro años han cegado a algunos legisladores que no entienden la importancia del banco; y yo les voy a dar el beneficio de la duda”.

En el banco, los desembolsos en efectivo están restringidos a asignaciones específicas por virtud de un par de órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador en abril, de acuerdo con la Ley 21 o la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico. La legislación local le quitó al banco su papel como agente fiscal, transfiriendo esa tarea a una entidad de nueva creación, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Un total de 28 exempleados del BGF fueron transferidos al nuevo agente fiscal de la isla, reduciendo la nómina del banco a 204 empleados.

Bacó afirma que “insistir en la destrucción del banco” es un error colosal ya que ello perjudicará las perspectivas de Puerto Rico para regresar al crecimiento económico, lo que afecta particularmente a los municipios y a los principales proyectos de vivienda de interés social. Él lamentó que el BGF ha perdido el talento que tanto necesita, sobre todo por la incertidumbre que durante meses ha nublado el futuro del banco.

“Se ha hecho todo lo posible para destruir el banco. Nuevamente desconozco el por qué”, dijo Bacó. “El banco podría ser el líder revolucionario porque el banco mismo ya está luchando por su supervivencia”.

Luego urgió a las personas negativas a tratar de comprender mejor la institución y a unirse en su visión para revitalizar el BGF y “responsabilizar a los que realmente fueron responsables” de la desaparición del banco.

Saliendo adelante

Además de entregar un plan a largo plazo para el BGF y los estados financieros auditados, inyectarle liquidez al banco con problemas de efectivo contribuiría en gran medida a poner el banco nuevamente de pie. Actualmente, la liquidez del BGF supera los $160 millones, según indica Bacó. Para empezar, el banco recientemente comenzó a recibir los $120 millones designados del presupuesto del fondo general de este año. “[el secretario de Hacienda, Juan] Zaragoza dijo que este viernes [19 de agosto] se hará el primer pago”, dijo Bacó, explicando que la asignación presupuestaria fue dividida en 11 pagos mensuales de aproximadamente $11 millones cada uno.

Sin embargo, a la fecha de este escrito, el BGF aún no había recibido el pago de $11 millones, dijeron fuentes a este periódico.

También está la idea de depositar al menos la mitad de los $22 millones recibidos mensualmente de la crudita. “[Zaragoza] reafirmó además que la mitad de los pagos de la crudita, que son alrededor de $22 millones [mensuales], continuarían siendo destinados para uso operacional en [la Autoridad de Carreteras y Transportación] y la otra mitad iría al BGF. Esto proporcionaría liquidez adicional”, dijo Bacó.

Mientras tanto, algunas de las propiedades inmobiliarias del BGF permanecen en el mercado ya que el banco continúa sus esfuerzos para obtener beneficios económicos de algunos de sus activos. Sin embargo, Bacó aseguró que no se están vendiendo préstamos en este momento.

También hay “otras formas creativas para capitalizar el banco” y Bacó tiene la intención de explorar cada una de ellas. “Se puede añadir un pequeño impuesto para la capitalización del BGF. Ahora, todo el mundo tiene que entender que es importante. Podríamos enmendar algunas de las leyes que otorgan ciertos beneficios extraordinarios y utilizar un pequeño porcentaje para recapitalizar el banco”, dijo y señaló a las Leyes 20 y 22 de incentivos contributivos como posibles vehículos.

A la larga, traer de vuelta los más de $1,000 millones en fondos del gobierno que una vez fluyeron a través del BGF sería clave para mejorar la posición de liquidez del banco. A principios de este año dichos fondos comenzaron a ser depositados en bancos privados, asestando un golpe mortal a los niveles de efectivo del BGF. “Cuando tengamos los estados auditados y lleguemos a un acuerdo con nuestros acreedores, sería lógico tener esas cuentas de vuelta en el BGF”, dijo Bacó.

“Pero mientras mantengamos la liquidez cerca de los $150 millones, la idea es desembolsar dinero a los depositantes que tienen prioridad, según lo dispuesto por las órdenes ejecutivas. Y si tenemos una mayor liquidez, tal vez podríamos dejar atrás las órdenes ejecutivas de modo que otros depositantes con necesidades y que no han estado recibiendo pagos comienzan a recibirlos”, agregó en referencia a las restricciones de flujo de efectivo bajo las cuales el BGF ha estado operando desde abril.

Con la implementación de su abarcador plan, Bacó quiere reanudar las conversaciones con los grupos de acreedores del banco bajo una nueva estrategia de negociación. También se dispone a renovar la gobernanza del BGF, pidiéndole al mismo tiempo al sector privado un papel más importante en las operaciones del banco. Por ejemplo, señaló que hay bancos de desarrollo gubernamental que operan de manera similar a las alianzas público-privadas.

“Creo que los principales grupos de acreedores podrían tener representación en la junta de directores de una nueva entidad que pudiera ser el resultado de un esfuerzo de colaboración entre el sector privado y el sector público, lo cual tendría la mayor inversión y uso y, por ende, representación de la mayoría”, Bacó dijo a este periódico.

La junta del banco —que aún tiene tres puestos vacantes— ahora incluye a Joey Cancel, presidente del Banco de Desarrollo Económico; los representantes del sector privado Carlos Bonilla y Rafael Vélez; y Bacó, que también funge como presidente. Como informó Caribbean Business en primicia, los nombramientos de Vélez y Bonilla fueron hechos por La Fortaleza el 17 de mayo, mientras que el de Cancel se hizo el 3 de agosto.

“He propuesto otros nombres y el gobernador quiere completar la junta a pesar de que las personas con mala voluntad están diciendo que nadie querría servir en la junta”, dijo Bacó, elogiando al gobernador por sus más recientes nombramientos a la junta, que no fueron anunciados públicamente por La Fortaleza. “Todos compartimos la misma visión”, señaló.

Bacó ve el BGF como un pilar de la visión de desarrollo económico que ha venido creando para la isla en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. “Por eso es que es importante para mí conservar los dos sombreros”, dijo en referencia a su actual doble papel en la administración de García Padilla.

A pesar de que quiere quedarse a largo plazo, Bacó se reconoció que el gobernador tiene la última palabra en cuanto a su permanencia, que podría durar un día o cinco meses. “Estoy con su equipo… estoy disponible, es fuerte”, dijo durante la entrevista.

“Pero estoy seguro de que una institución como esa, bien capitalizada, puede empezar a crecer, a generar riqueza y de esa manera comenzar a pagarle más a sus acreedores”, dijo Bacó y agregó que está seguro de que podía capitanear el bote por un tiempo y más si es necesario.

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