24 de Mayo de 2020

Bhatia objeta enmiendas a Ley de Violencia Doméstica

Por el 30 de Enero de 2017

El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, objetó hoy las enmiendas que propone el Proyecto del Senado 145 a la Ley 54 de Violencia Doméstica, al destacar que no se debe legislar una “regla para todo el mundo” ya que cada caso es diferente.

La medida enmienda la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica a los efectos de disponer que en todo caso en que se expida una Orden de Protección, en el caso de una pareja que tenga hijos menores de edad, las relaciones paterno filiares quedarán automáticamente paralizadas. La medida también ordena que la Unidad de Trabajo Social del Tribunal realice una evaluación de trabajo social a los efectos de que se recomiende si se deben establecer o restablecer las relaciones paterno filiares, sin que los menores estén expuestos a ser víctimas de violencia o maltrato durante esos encuentros.

“Me preocupa crear, como dicen en inglés, hacer un ‘one size fits all’ que le aplique a todo el mundo, sabiendo que todos los casos son diferentes unos de los otros”, sostuvo Bhatia.

(Juan J. Rodríguez/CB)

(Juan J. Rodríguez/CB)

Aunque algunos casos de violencia doméstica son legítimos, Bhatia destacó que algunos jueces le han manifestado sobre casos ilegítimos en donde una mera discusión entre una pareja ha desembocado en una querella por violencia doméstica.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, favoreció las enmiendas tras pedir que la medida vaya más allá e impida al agresor tener relaciones con sus hijos de forma inmediata cuando el acto violento se haga delante de ellos.

“Favorecemos la aprobación de la medida, toda vez que garantizaría la seguridad del menor ante una situación de disputa entre sus padres que requirió la expedición de una orden de protección por parte del tribunal”, apuntó Vázquez Garced, quien además recomendó que la restricción inmediata de las relaciones paterno-materno filiales sea en aquellos casos en que la violencia doméstica se cometa en presencia de los menores o en aquellas circunstancias en las que se evidencie un patrón de violencia por parte del agresor.

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“Este proyecto impone al Estado que vaya más allá en su responsabilidad de proteger los derechos de los menores”, agregó la funcionaria.

Por otra parte, la titular de Justicia recomendó que los trabajadores sociales del tribunal que atiendan los casos planteados en el texto de la pieza legislativa, deben ser profesionales con peritaje en casos de violencia doméstica.

De igual manera, hizo énfasis en que las órdenes de protección son mecanismos que son mucho más efectivos cuando están acompañados por las medidas de seguridad adecuadas.

El Departamento de la Familia endosó la medida, pero recomendó que en el lapso de 30 días que indica el proyecto para que los trabajadores sociales del tribunal estudien el caso, las relaciones paterno-materno filiales no sean suspendidas, sino que se autoricen en un ambiente controlado, bajo el esquema de visitas supervisadas. De igual forma, propuso que el texto de esta herramienta jurídica dictamine que mientras las relaciones filiales son auscultadas, las víctimas de violencia doméstica, incluyendo los menores, deben ser referidos a recibir ayuda psicológica y terapia de familia.

La Red de Albergues, Instituciones y Centros para Menores de Puerto Rico, ente representado por su presidente, Marcos Santana Andújar, propuso varias enmiendas al proyecto.

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En primer término, destacó que amerita un análisis minucioso el hecho de que en casos de patria potestad compartida, ello supone la participación de ambos progenitores en decisiones relevantes sobre asuntos que afectan a sus hijos. “Para que los menores reciban una intervención especializada dirigida a romper con el ciclo de la violencia, la víctima deberá tomar decisiones en conjunto con quien ejerce violencia doméstica”, dijo Santana Andújar.

Subrayó además que, para hacer frente a la lucha contra la violencia en niños y adolescentes, es de suma importancia contar con estadísticas actualizadas. En tal sentido, sugirió incorporar al proyecto que se establezca como política pública la recopilación de datos a través de un registro único a nivel estatal.

Asimismo, recomendó que se integre la limitación de relaciones filiales también para casos de víctimas de agresión sexual y acecho, al tiempo que pidió incluir una sección adicional al articulado de la ley, relacionado al pago por servicios especializados prestados a las víctimas de violencia doméstica o en su lugar establecer multas a la parte agresora, las cuales estén dirigidas a crear un fondo para la atención de menores víctimas de este flagelo social.

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