25 de Septiembre de 2018

Bonistas de obligaciones generales y Cofina alcanzan acuerdo tentativo

Por el 14 de Mayo de 2018
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Por Philipe Schoene y Eva Lloréns Vélez 

El juego de la deuda de Puerto Rico está a punto de caramelo con los ajustes finales a un posible acuerdo entre los tenedores de bonos de obligaciones generales (GOs) del Estado Libre Asociado y los acreedores de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Según un borrador obtenido por CB en Español, el acuerdo preliminar “respaldado por ciertos tenedores o aseguradores de bonos de obligaciones generales  y ciertos tenedores o aseguradores de bonos de Cofina resolvería la disputa entre los GO-Cofina basada en la creación de un fideicomiso al que se aportarían todos los bonos de Cofina y que haría una oferta de intercambio para todos los bonos de obligaciones generales y permitiría reclamaciones generales no garantizadas (“GUC”). El fideicomiso será una entidad independiente que empleará un mecanismo de caja de seguridad y, en la máxima medida permitida por la ley aplicable, estructurada como una entidad remota de quiebra, en términos aceptables para las partes que lo respaldan”.

Los documentos que se compartieron con la junta de control fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fisca (Aafaf) estipulan que “la implementación del acuerdo sería que (i) los tenedores de bonos de Cofina reciban el 52.5% del valor distribuible, y (ii) los tenedores de bonos GOs participantes reciben 46.233%, y los GUC reciben 1.267%, para una participación agregada del ELA de 47.5% “.

La llamada disputa “ELA-Cofina” sobre quién tiene prioridad en los pagos de la deuda es una de las áreas clave que debe resolverse en el proceso de quiebra del Título III del gobierno bajo la ley federal Promesa, ya que tiene repercusiones en la determinación de cómo se distribuirán los activos.

Arrecia la ofensiva entre Cofina y GOs

Esto es muy importante porque, como saben, estos son los dos grupos de acreedores con un reclamo de jerarquías de prioridad; son los primeros grupos de acreedores que deben resolverse para que todo lo demás empiece a funcionar”, dijo a este medio una fuente de Wall Street con conocimiento del asunto.

El acuerdo incluye un número significativo de tenedores de bonos Cofina -incluidos los seniors, los subs y los fondos de cobertura, y un número significativo de tenedores de bonos de obligación general, que también incluye todos los fondos de cobertura”, sostuvo.

Según los informes, el acuerdo utiliza la estructura de Cofina, en la cual los ingresos del impuesto sobre ventas y uso (IVU) sirven como mecanismo para financiar el acuerdo.

En esencia, van a utilizar los ingresos de Cofina para pagar a los de obligaciones generales una parte, los Cofina seniors una parte, Cofina subs una porción. Otra reserva se hará para los acreedores no garantizados y el resto para el ELA”, agregó la fuente de Wall Street.

El acuerdo preliminar, que supuestamente fue discutido con miembros del equipo de reestructuración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y de la junta de control fiscal, es significativo porque establece un punto de partida para el consenso en la arena legal entre dos partes acreedoras de Puerto Rico.

Han llegado a una comprensión preliminar del nivel de recortes que estarían dispuestos a aceptar para dejar sus demandas legales y entrar en la estructura habilitada por este acuerdo“, dijo a CB en Español una segunda fuente involucrada en las negociaciones.

“Cofina se mantiene como una estructura muy importante que permite un acuerdo sobre cómo configurar los diferentes tramos y jerarquías con los principales acreedores que se pagarían con los recortes acordados. Libera el Fondo General del ELA para que el gobierno se libere del reclamo legal”, añadió.

La fuente de Wall Street confirmó que el acuerdo “va a ser un intercambio donde todos ofrecerán sus bono actuales y recibirán bonos de Cofina que, dependiendo del tramo en el que se encuentre, tendrá un recorte, cupón y vencimiento en particular”.

El intercambio de bonos contempla flujos de ingresos contingentes a ciertos niveles de crecimiento en la economía y la captura del IVU. En esencia, estipula que el pago al titular del nuevo documento se basa en los flujos de ingresos logrados por la estructura de Cofina.

“Los analistas hicieron sus proyecciones basadas en el pronóstico de crecimiento económico: basaron la recuperación de los acreedores en los ingresos esperados; si es más, obtienes más; si es menos; recibirás menos. Pero es sin recurso, por lo tanto, si es menor, no puedes salir de la estructura para presentar un reclamo. Entonces, el gobierno puede decir que esto es lo que va a ser mi flujo de ingresos dedicado. Por supuesto, hay un montón de obstáculos que quedan [por resolverse]”, dijo la fuente.

Las personas con conocimiento del asunto aseveran que la mediación entre abogados de varios distritos de acreedores que estuvieron en desacuerdo entre sí ha avanzado recientemente en su intento de llegar a un consenso. Sin embargo, hay muchas partes que siguen teniendo dudas. Estas objeciones vienen de algunos de los fondos de cobertura que poseen deuda de obligaciones generales y de Cofina.

La disputa entre los acreedores de Cofina y de obligaciones generales ha estado vigente en los tribunales durante algún tiempo, lo que llevó a la junta de control fiscal a designar funcionarios para representar a cada parte para resolver el asunto. La disputa formaba parte del proceso legal entre el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados contra Bettina Whyte, que es la representante de los bonistas Cofina en el caso.

La semana pasada, la jueza federal que preside el caso de quiebra, Laura Taylor Swain, se reservó una determinación sobre si se debe certificar ciertas preguntas al Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la constitucionalidad de Cofina y si el IVU le pertenece a Cofina o al Fondo General de la isla.

La resolución del problema es importante porque, aunque la ley habilitante de Cofina, o Ley 91, dice que el IVU le pertenece a Cofina, la ley también exige que una parte del dinero vaya al Fondo General.

Junta fiscal y Aafaf

La junta de control fiscal señaló en declaraciones escritas que los términos económicos de la propuesta que se hizo pública hoy no están alineados con el nuevo plan fiscal certificado el 19 de abril de 2018.

La junta declaró que “permanece muy interesada en lograr una reestructuración consensuada de base amplia para la deuda compleja y costosa de Puerto Rico y está motivada ante el hecho de que nuestros principales acreedores, incluso aquellos con reclamaciones que compiten entre sí, están trabajando juntos hacia un mismo fin. No obstante, los términos económicos de esta propuesta de acreedores se desarrollaron sin el insumo de la junta o del Gobierno y son completamente inasequibles”.

De igual manera, la Aafaf anunció que luego de haber consultado con sus asesores y con la junta, ha determinado que los términos del propuesto acuerdo son inaceptables.

“La decisión de Aafaf está basada en que los requisitos de deuda del propuesto acuerdo de bonistas no son sostenibles a raíz de la situación económica y fiscal de Puerto Rico como está reflejada en el plan fiscal del ELA sometido a la junta,” dijo el organismo financiero en declaraciones escritas.

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