7 de Julio de 2020

Brecha fiscal de Puerto Rico será $9,000 millones mayor a lo proyectado en una década

Por el 20 de Diciembre de 2016

Si el gobierno de Puerto Rico no tomara acciones correctivas para reducir gastos, solventar los sistemas de retiro, sustituir o recuperar los fondos del Obamacare y el impuesto a las empresas foráneas (Ley 154), y no realizara los pagos correspondientes a la deuda pública, la brecha fiscal sería de $67,500 millones en 10 años, según un análisis de la Junta de Supervisión y Manejo Fiscal impuesta por la ley Promesa. 

Esta cifra es casi $9,000 millones superior a los estimados realizados por el equipo de trabajo del gobernador Alejandro García Padilla, que colocaba la brecha fiscal —si no se tomara ninguna acción— en $58,700 en una década. Los mismos datos fueron ajustados a petición de la junta.

La junta estará recibiendo solicitudes hasta el viernes, 9 de diciembre. (Juan J. Rodríguez/CB)

La junta comenzará esta semana las conversaciones con los acreedores de cara a la reestructuración de la deuda. La próxima reunión de la junta de control fiscal será a mediados de enero. Sin embargo, el organismo estará trabajando directamente con el gobernador electo Ricardo Rosselló para alcanzar el objetivo de tener un plan certificado en o antes del 31 de enero. (Juan J. Rodríguez/CB)

“La brecha presupuestaria proyectada de $67,500 millones equivale a aproximadamente $54,000 por familia puertorriqueña o 2.8 veces el promedio anual de la renta familiar promedio de Puerto Rico. En otras palabras, a menos que se tomen medidas, cubrir este enorme déficit requeriría el equivalente a que cada familia puertorriqueña pague $5,400 cada año en los próximos 10 años, para un total de $54,000 por familia”, detalló la junta de control fiscal en una carta enviada a García Padilla y al gobernador electo Ricardo Rosselló.

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En esta carta, se adelanta que el grupo iniciará esta semana las conversaciones con los acreedores para el proceso de reestructuración de la deuda pública de alrededor de $70,000 millones. La reestructuración solo será posible con un plan fiscal certificado, ha reiterado la junta.

El organismo explicó que, incluso si el gobierno no pagara sus deudas, algo que no es viable legalmente, “Puerto Rico enfrentaría un promedio anual de $3,200 millones en déficit”. El gobierno tendría que reducir gastos, aumentar ingresos o ambos para cerrar la brecha presupuestara anual de $7,000 millones para cumplir con sus obligaciones, lo cual representa unos $20,000 millones anuales.

La situación del país empeora al preverse una disminución del producto nacional bruto (PNB) mayor a la producida en los últimos años, así como por la limitada o ninguna capacidad del gobierno de acceder a préstamos para financiar este déficit, sostuvo la junta de control fiscal en su análisis, que se basa en los documentos y cifras provistas por la administración saliente.

En la misiva, firmada por los siete miembros de la junta, se insiste en la necesidad de tener un plan fiscal certificado en o antes del 31 de enero de 2017, lo que requerirá que la administración de Rosselló cree un grupo de trabajo de “alto perfil” para que se concentre en estos procesos. De igual forma, se indicó que se requerirá un paquete de medidas legislativas y reformas que se implementen inmediatamente se certifique el plan, para el 15 de febrero. Todo será discutido por la junta con Rosselló en las próximas semanas.

Entre las reformas para lograr crecimiento económico, el organismo destaca la necesidad de aumentar la participación de la fuerza laboral de 40% a entre 60% (en Florida) y 63% (en el resto de Estados Unidos) mediante una reforma laboral, que incluya cambios en las pensiones y la Ley 80 (de despido injustificado).

Cambios en los programas de bienestar social, una reforma energética, una reforma contributiva —más sencilla y justa, y que tome en cuenta la culminación de la Ley 154 (impuesto a las empresas foráneas)—, medidas de competitividad económica y alianzas público privadas, sobre todo para el área de infraestructura, son parte de las recomendaciones de la junta.

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Para alcanzar un balance fiscal, el ente recomienda: reestructurar el gobierno y sus sistemas de finanzas —actualmente descentralizados—, ajustes en el sistema educativo —que podría incluir el cierre de escuelas de acuerdo a los cambios poblacionales—, y una matrícula ajustada a los ingresos en la educación superior para eliminar el sistema de financiamiento actual —la formula del 9.6% para la Universidad de Puerto Rico.

También pide cambios para que el pago de pensiones sea sostenible.

Antes del 15 de febrero, la junta de control fiscal quiere: “definir la naturaleza y magnitud del actual problema fiscal y económico de Puerto Rico”, “proporcionar un marco” para el desarrollo de política pública que atienda ese problema fiscal y económico, y “proponer un camino hacia adelante para certificar un plan fiscal”. Todo esto es preciso previo al inicio de la renegociación de la deuda.

El 31 de enero es la fecha en que culmina la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación, lo que significa que el gobierno deberá enfrentar la obligación de cumplir con más de $1,300 millones en pagos pendientes por concepto de deuda. Mientras que el 15 de febrero coincide con la suspensión, o “stay” en inglés, de demandas de acreedores contra el gobierno de Puerto Rico, según dispuesto por Promesa. Este mecanismo podría extenderse solo si el gobierno está cerca de lograr acuerdos voluntarios con sus acreedores bajo el Título VI de Promesa, a discreción de la junta y el Tribunal Federal.

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