Calendarizan vistas generales en casos de quiebra bajo Título III

Por Eva Lloréns Vélez el 5 de Junio de 2017

La jueza federal Laura Taylor Swain calendarizó el pasado viernes cinco vistas generales, u “omnibus” en inglés, en los casos de quiebra bajo el Título III del gobierno de Puerto Rico, con la primera de ellas siendo el 28 de junio.

Asimismo, estableció los procesos para el manejo de casos e impuso las reglas locales de quiebras para todas las peticiones del gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal Promesa. Con esto, se establecen las instrucciones que deberán seguir las partes en cuanto a los procesos de notificación y la presentación de mociones y objeciones en los casos.

Hasta el momento, la junta de control fiscal -quien representa al gobierno como deudor- ha presentado cuatro casos de Título III: el gobierno central y sus obligaciones generales (GOs en inglés); la Corporación del Fondo para el Interés Apremiantes o Cofina; la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT); y el Sistema de Retiro de empleados del ELA.Para efectos administrativos, la juez de quiebras consolidó los casos de Cofina y el gobierno central, siendo este último el caso líder. Mientras, el resto de las fechas para las vistas “omnibus” son 9 de agosto, 26 de septiembre, 15 de noviembre y 20 de diciembre, todas en la mañana.

Junta fiscal inicia procesos de quiebra para Carreteras y Retiro

Por otro lado, se espera que Swain también sostenga vistas adicionales durante los próximos meses para atender asuntos relacionados a ciertas acciones presentadas en contra de la ACT y el SRE. De hecho, la juez estará atendiendo mediante una vista hoy, lunes, un recurso incoado por un grupo de acreedores de Carreteras llamado Peaje Investments, en contra de la corporación pública.

En cuanto a los casos del gobierno central y Cofina, la juez federal determinó recientemente suspender hasta nuevo aviso los pagos de deuda a los acreedores de Cofina, cuyos bonos se pagan con una porción del impuesto sobre ventas y uso (IVU). El dinero para el pago de esta deuda se mantendría en reserva, bajo la custodia del fideicomisario de Cofina, el Bank of New York Mellon.

Los bonistas de GOs aseguran que el dinero de Cofina le pertenece al gobierno y, por consiguiente, debe estar disponible para el pago de la deuda constitucional. Por su parte, los bonistas de Cofina argumentan que los dineros comprometidos del IVU no son recursos disponibles del gobierno, tal y como se estableció al crear la estructura de Cofina en el 2006.