26 de Septiembre de 2018

Cámara avala con enmiendas reforma educativa de Ricardo Rosselló

Por el 13 de Marzo de 2018
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Mientras en las gradas del hemiciclo de la Cámara de Representantes se escuchaban reclamos para que los legisladores “no mientan” y se movilizaban agentes de la Policía para intervenir con los manifestantes, el cuerpo legislativo aprobó hoy la reforma educativa con amplias enmiendas y la oposición de las delegaciones de minoría.

Entre las enmiendas incluidas en el informe de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara, destaca que las escuelas “chárter” serán “públicas, gratuitas, no sectarias y libres de cualquier tipo de discrimen; y se constituirán “al menos dos” planteles por región educativa.

La Cámara de Representantes. (Génesis Ibarra/CB)

Se establece que el número de Escuelas Alianza no será mayor del 10%, utilizando como base el número total de las escuelas públicas en funciones al 15 de agosto de 2018”, manifiesta una de las enmiendas. El plan fiscal propone reducir el total de escuelas a unas 805, por lo que el 10% representará cerca de 80 escuelas.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez, denunció que la pieza de 176 páginas pretende “condenarnos nuevamente al fracaso”, y agregó que la “mal llamada reforma educativa” no incluye voluntad real para atender lo que es, a su entender, el mayor problema en el sistema educativo: el control político en la agencia.

“Durante el proceso de discusión de este proyecto [y] de una alegada reforma educativa, se ha criminalizado la educación pública, y se han criminalizado a las maestras y los maestros de este país”, señaló al sostener que se han culpado a los maestros del “desastre educacional”.

Una de las enmiendas que cuestionó el representante fue la privatización de diversas áreas del sistema educativo. Como ejemplo, sostuvo que la reforma permitiría al Departamento de Educación privatizar los servicios de los comedores escolares, específicamente mediante Alianzas Público Privadas o Cooperativas de Empleados de Comedores.

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La medida, aprobada por los legisladores luego de cuatro horas de debate y a tan solo horas de haber hecho públicas las enmiendas, señala además que el 70% del presupuesto deberá dedicarse a servicios para los estudiantes. El secretario de la agencia deberá presentar un informe anual a la Legislatura.

“Se habla del 70% del presupuesto dedicado a los estudiantes; el englobado, el estatal, asignaciones especiales, asignaciones federales. Pero no se hace referencia a que las llamadas Escuelas Alianza tendrán la misma utilización del presupuesto que las demás escuelas públicas”, dictó Márquez.

Asimismo, el portavoz de la delegación popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, sentenció que el verdadero propósito del proyecto “es la privatización por la cocina del sistema educativo de Puerto Rico”. A esto, agregó que el tope de 10% para establecer escuelas “chárter” no limita los estudiantes que podrán matricularse.

Sobre las 80 escuelas “chárter” que propone fundar la reforma educativa, el legislador del Partido Popular Democrático (PPD) sostuvo que este 10% podría atender a cerca del 18% del estudiantado, lo que representará una pérdida para las escuelas públicas del país.

Llueven las enmiendas

Por otro lado, la medida establece que las escuelas “implantarán programas de educación sexual para sus estudiantes”, pero luego dispone que los padres deberán autorizar a que sus hijos tomen el curso y serán consultados sobre el material lectivo.

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Mientras, un nuevo artículo propone establecer un sistema de incentivos para la retención de aquellos maestros de difícil reclutamiento. Estos podrían variar desde licencias para estudios en sus áreas de especialidad, hasta bonificaciones y “otras distinciones que resalten la labor docente”.

La propuesta dispone además el proceso que deberá seguir el Departamento de Educación al momento de cerrar, consolidar o reorganizar escuelas. La secretaria de Educación, Julia Keleher, ahora deberá preparar un estudio que contenga indicadores de medición “que permitan la valorización por cada criterio”.

Entre los detalles que debe incluir ese “estudio” resaltan la matrícula actual y proyectada por los próximos cinco años para los alumnos de la escuela impactada, condiciones de la infraestructura, cantidad de empleados por categoría,, costos operacionales, y el efecto del cierre en la comunidad.

“En el caso de que el secretario determine que el cierre, consolidación y/o reorganización de escuelas es urgente y necesario para la preservación de la salud de los estudiantes o la seguridad general, el secretario podrá proceder con el cierre temporal de una escuela pública, o consolidar o reorganizar la misma”, se establece más adelante.

La propuesta atiende además el reclamo de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (UIEAEP), con una enmienda que dispone que “el mantenimiento de las facilidades (sic) de las escuelas públicas estará a cargo de la AEP en aquellos casos en que actualmente presten el servicio”.

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En cuanto a los vales educativos, declarados inconstitucionales en 1993 bajo una composición diferente del Tribunal Supremo, se estableció que será elegible para este programa hasta un 3% de los estudiantes del sistema público durante el año fiscal 2019-2020, y hasta un 5% en los años subsiguientes.

Reclamos durante el debate

El debate sobre la reforma educativa fue marcado por constantes careos, reclamos y gritos de las maestras presentes en las gradas del hemiciclo cameral, todo mientras empleados del Capitolio que ocupaban algunos de los espacios disponibles presenciaban las discusiones en silencio.

El instante más tenso durante el canje de insultos se dio cuando la maestra Anés Cedeño, de Caguas, reclamó a los representantes que en su plantel no hay maestro de inglés ni consejo escolar. Inmediatamente, agentes de la Policía intentaron remover a la joven y a la líder sindical Eva Ayala sin lograr su cometido.

“Arréstenme, que nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo. ¿Qué voy a perder ahora si me sacan [del hemiciclo]? ¿Qué voy a perder, si ya me lo han quitado todo?”, gritó la maestra, y agregó que los legisladores deben escuchar a los maestros que conocen la situación en las escuelas.

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