Cámara avala plan de reorganización que consolida la Comisión de Energía

La Cámara de Representantes avaló hoy los planes de reorganización que proponen crear la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) y consolidar las funciones del Consejo de Educación en el Departamento de Estado.

El Plan de Reorganización 8, devuelto con enmiendas a la Legislatura a inicios de marzo, consolida en la JRSP las funciones de la Comisión de Servicio Público, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, la Administración de Energía y la Comisión de Energía (CEPR).

Esta última ha causado el mayor debate pues diversos sectores argumentan que la consolidación del ente encargado de supervisar y hacer cumplir la política pública energética del país desde el 2014 menoscabaría su independencia y transparencia.

El representante popular Rafael “Tatito” Hernández cuestionó la falta de detalles en los planes de reorganización. (Archivo)

Se espera que la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que integraría bajo una misma estructura administrativa tres nuevos negociados, logre economías de hasta $13 millones en su primer año y cerca de $70 millones en los próximos cinco años.

Si bien diversos legisladores han denunciado que este plan atenta contra la autonomía de la CEPR, el documento afirma que “los negociados tendrán total independencia de criterio y autonomía decisional para atender los asuntos bajo su jurisdicción e implementar la política pública de sus respectivas leyes”.

Uno de los aspectos que más se ha debatido es el poder que tendría el presidente de la JRSP para revisar las decisiones finales de los Negociados. A esta preocupación se unió el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández.

“Esta medida, como está redactada, todavía tiene un sinnúmero de dudas de cómo van a ser las decisiones. Estamos aprobando un plan donde no sabemos cuál va a ser la política pública”, planteó al objetar que los planes debían ser aprobados junto a los proyectos que dictarán cómo se llevará a cabo cada reorganización.

Senado impone nuevas enmiendas a la reforma educativa

El presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, aseguró ayer que la intención de La Fortaleza es eliminar el Negociado de Energía de la revisión que permitiría al presidente de la Junta anular decisiones de los negociados “cuando presente el proyecto derogatorio” que acompañará al plan.

Por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, se hizo eco del reclamo de la delegación popular al criticar que la Asamblea Legislativa no puede realizar enmiendas a los planes, lo que ha obligado al Ejecutivo a retirar y enmendar varias propuestas.

“Estaré votando en contra a este y cualquier plan de reorganización que utilice los mecanismos de la Ley 122 [Ley del Nuevo Gobierno], porque es inconstitucional, porque menoscaba las prerrogativas constitucionales de este cuerpo”, sentenció el representante.

En el caso del Plan de Reorganización 6, las facultades del Consejo de Educación se transfieren a la Junta de Instituciones Postsecundarias, una nueva entidad que crea el plan y que estaría adscrita al Departamento de Estado. El plan original retirado por La Fortaleza pretendía transferir las funciones del Consejo al Departamento de Educación.

“Los ahorros y eficiencias proyectados con la implementación de este plan se estiman en hasta $8 millones para el primer año y alrededor de $40 millones para los próximos cinco años”, lee el plan de Rosselló Nevares.

Gobernador presenta planes de reorganización para Justicia y Agricultura

Ambos planes fueron aprobados por el Senado el pasado 12 de marzo. Estos se unen a las reorganizaciones de la Oficina del Bosque Modelo y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para un total de cuatro planes avalados por ambos cuerpos.

Quedan sobre el tintero los planes para realizar cambios al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Además, el Senado aprobó ayer una resolución para expresar que “no hay acuerdo con la Cámara” sobre el Plan de Reorganización 7, que propone consolidar en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cinco entidades, entre ellos el Instituto de Estadísticas.

“Mediante esta resolución le notificamos al gobernador de Puerto Rico la extensión de 15 días adicionales al término original [de evaluación] para que la Asamblea Legislativa se exprese sobre la aprobación o rechazo del Plan de Reorganización 7”, reza la Resolución del Senado 683. La Legislatura tendrá ahora hasta mediados de abril para evaluar el plan.