9 de Julio de 2020

Cámara coloca tope a reclamaciones legales contra la UPR

Por el 1 de Junio de 2017

La Cámara de Representantes aprobó hoy una medida legislativa para que el tope de compensación posible en los casos de acción civil por daños y perjuicios que existe en el gobierno aplique también a la Universidad de Puerto Rico (UPR), que actualmente no posee límites en este tipo de reclamos.

El Proyecto de la Cámara 863 establece que, tal y como propone la Ley 104 de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, la cuantía máxima reembolsable en la UPR sería de $75,000 por persona o $125,000 cuando haya más de un afectado. La compensación es posible cuando un ciudadano o propiedad sufre daños o perjuicios por parte de funcionarios que actúen dentro del marco de su función.

Según la exposición de motivos del proyecto de la autoría de los representantes Jorge Navarro y Gabriel Rodríguez Aguiló, la razón de la medida es que, “en la coyuntura histórica en la que se encuentra la UPR, resulta en extremo oneroso que tenga que responder por la totalidad de los daños reclamados contra esta cuando no se traten en la prestación de servicios médicos”.

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“Actualmente, la UPR solo está cobijada por los límites establecidos en la Ley 104 exclusivamente cuando se trate de constitutivos de culpa o negligencia directamente relacionados con la operación por parte de esta de una institución de cuidado de la salud”, indica la exposición de motivos.

Secretaria de Educación integrará en currículo la “economía del conocimiento”

De otro lado, la Cámara también dio paso en la sesión de hoy a un proyecto que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Educación para que el titular de la agencia diseñe e integre el currículo general del sistema público de enseñanza en todos los niveles con el propósito de que este esté enfocado en la “economía del conocimiento”. 

De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 105, el propósito de la medida es crear un “plan educativo a largo plazo” enfocado en la “economía del conocimiento”, la cual da prioridad al desarrollo e innovación científica. El término de “economía del conocimiento”, sin embargo, no está definido en la legislación.

Además, la Cámara aprobó resoluciones para investigar el estado del Museo de la Guardia Nacional y la viabilidad para construir un conector entre Lagos del Plata y el Centro Gubernamental de Toa Baja.

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