Cámara de Representantes continuará investigación de los muelles

La Cámara de Representantes continuará la investigación sobre el proceso mediante el cual se le permite a las empresas Puerto Rico Terminals y Luis Ayala Colón crear una nueva empresa para operar el principal muelle de carga del país.

En el informe se levanta preocupación además sobre la transacción para desarrollar el área conocida como el Navy Frontier Pier y sobre la alianza público privada para operar los muelles de crucero.

La resolución a esos efectos se aprobó al cierre de la Sesión
Ordinaria de la Cámara mediante la aprobación de un informe parcial de investigación
de las Comisiones de Asuntos Federales, Internacionales y Estatus y de
Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones. Alianzas Público Privadas
y Energía.

En dicho informe, las comisiones camerales consignan que del
expediente público se evidencia que la Comisión Federal Maritima (FMC, por sus
siglás en inglés) “no es cónsono con los mejores intereses del pueblo de Puerto
Rico”.

“El acuerdo compromete nuestras capacidades en un área crítica
para el pueblo de Puerto Rico y limita seriamente un sinnúmero de servicios
estratégicos críticos”, lee el documento.

Además establecen que “las comisiones entienden altamente
cuestionable el rol asumido por la Autoridad de los Puertos ante los posibles
retos que conlleva el acuerdo y las reiteradas expresiones de distintos grupos
multisectoriales”, dice la resolución en sus hallazgos.

“Esa visión limitada de sus funciones es precisamente sintomática
de una política pública que carece de cohesión y visión; que valora
desproporcionadamente el impacto inmediato sobre la planificación a largo plazo”,
añaden.

El informe estabalece la preocupación que levanta la visión
de Puertos en vista de las transacción que también están en proceso para “el
traslado de operaciones y el redesarrollo turístico  de 
facilidades portuarias”.

Como reportó Caribbean Business, el Gobierno de Puerto Rico,
a través de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, está negociando
con un proponente preferido APP para  desarrollar
y operar los muelles de barcos cruceros en la bahía de San Juan (muelles 1, 3,
4, 12, 13 y 14 en el Frente Portuario de San Juan, y los muelles denominados
Panamericano I y II en Isla Grande).

En el informe se consigna que durante la Conferencia Anual
de la Asociación de Cruceros del Caribe y Florida, que se realizó en Puerto
Rico en octubre pasado, las empresas Royal Caribbean y Carnival Cruise Line
advirtieron que reducirían su presencia en la isla entre un 25% a 40%, si se
firma esta la APP de los muelles.

Estas mismas empresas firmaron un acuerdo en dicho cónclave
con el gobierno de la isla de Santa Lucía construir y operar los muelles de crucero
en ese país, con una inversión millonaria.

Sobre Navy Frontier

El informe de las comisiones camerales señala también que
preocupación sobre el el proyecto de desarrollo comercial, residencial y/ o
turístico que se propone para el muelle denominado Navy Frontier.

Este medio también ha publicado que a pesar de que el predio
de terreno conocido como Navy Frontier es propiedad de la Autoridad para el
Distrito de Convenciones, la Autoridad de los Puertos hizo una falsa
representación cuando firmo contratos de alquier de espacios en dicho muelle
con dos consecionarios.

Las comisiones cuestionan que el acuerdo para desarrollar el
Navy Frontier, se firmó “sin consulta ni vistas públicas y sin que se conozca dónde
serán ubicados los actuales ocupantes de dichas facilidades”.  “Cabe destacar que algunos hari estimado que
la Autoridad podría dejar de recibir cerca de $9.4 millones anuales si se
concreta el proyecto”, dice el informe.

Las comisiones concluyen que “la inacción de la Autoridad,
en no querer intervenir, es un aspecto importante que debe continuar bajo evaluación”.
“Sin embargo, nuestro foco primordial es y debe continuar siendo los grandes
riesgos que representa este acuerdo y otras determinaciones de política pública
de la Autoridad que atentan contra este sector clave  de 
nuestra económica, porque mientras la Autoridad persiste en actuar como
arrendador, administrador y “bróker”, limitando los muelles que actualmente
están  en 
operación, otros sectores, incluyendo funcionarios públicos, como el
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico, alertan sobre los efectos
negativos que estas transacciones pueden tener”, sentenciaron.