12 de Noviembre de 2019

Cámara va tras saqueadores de contadores de agua y luz

Por el 31 de Agosto de 2017

El Código Penal de Puerto Rico resurgió hoy en la Asamblea Legislativa, cuando la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 699, que propone sancionar con una pena de reclusión de ocho años a quienes obstruyan o alteren contadores de agua, gas o electricidad.

La aprobación de la medida legislativa llegó luego de un acalorado debate entre rojos y azules. Entre los oponentes más vocales al proyecto estuvo el representante popular Luis Vega Ramos, quien destacó que la creencia de “mayor pena conlleva menos conducta criminal” es errónea.

“Se ha probado que el costo de una persona en cárcel un año, es en promedio $40,000 […] La pregunta que tenemos que hacer [es] ¿ganamos con la inversión de decenas de miles de dólares por procesar y encarcelar a estas personas que cometen conductas delictivas?”, cuestionó.

El representante Luis Vega Ramos. (Suministrada/Vía Twitter)

Vega Ramos sostuvo que se deben considerar otras penas para sancionar a quienes incidan en esta conducta, pues el país se encuentra en una crisis fiscal sin precedentes. Además, criticó las penas fijas por entender que no permiten a los jueces “analizar cuál es la sentencia prudente”.

En respuesta a la postura del legislador popular, la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, indicó que también se debe tomar en consideración “el otro lado”, en referencia a las víctimas, pues el robo se trata de un delito “contra la función pública”.

“Lo que quizás deja de ver el compañero y pierde de vista es que no es menos cierto que el aumento desproporcionado en el robo de agua y de luz, del cambio de contadores, lo paga él [Vega Ramos], lo pago yo, lo pagamos todos, los paga el pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

En cuanto a la crítica a la pena fija de ocho años a aquellas personas que alteren, interfieran u obstruyan contadores o medidores a cambio de un beneficio económico, la legisladora destacó que también se permite al juez sancionar al convicto con multa de $10,000 para personas jurídicas.

Gobernador convierte en ley enmiendas al Código Penal

El pasado mes de mayo, el gobernador Ricardo Rosselló firmó el Proyecto de la Cámara 743, para enmendar el Código Penal y así penalizar el uso de capuchas u otro tipo de disfraz mientras se interrumpan o detengan labores de instituciones educativas públicas, de salud o Gobierno.

Por otro lado, se aprobó además el Proyecto de la Cámara 276, para disponer que toda entidad adscrita a la rama ejecutiva que incumpla con el pago de agua potable, alcantarillado sanitario o electricidad debe detener los gastos de publicidad y relaciones públicas para pagar los servicios.

Entretanto, se dio paso al Proyecto de la Cámara 913, con el fin de eliminar la prohibición a la introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, venta y traspaso de los perros “Pitbull Terriers”, disposición cuestionada por sectores como veterinarios y protectores de animales.

Con los cambios sugeridos en la medida legislativa, los dueños de Staffordshire Bull Terriers, American Staffordshire Terriers, American Pitbull Terriers o mezclas de otras razas de Terriers tendrán un año para inscribir a su mascota en un registro del Departamento de Agricultura.

Todo perro, que luego de un año de gracia no tenga la placa indicativa de su número de registro y su dueño no produzca el Certificado de Registro será inmediatamente confiscado por las autoridades pertinentes”, dicta la medida aprobada con 36 votos a favor y siete en contra.

En curso investigaciones de gastos en San Juan

Mientras, la Cámara aprobó también las Resoluciones 388 y 503. La primera de estas ordena a la Comisión de Seguridad Pública investigar a “personas, grupos o entidades que proveen financiamiento” a quienes realizan algún tipo de acto de violencia en manifestaciones.

Contralor detecta “ambigüedades” en uso de fondos públicos de San Juan

La segunda, propuesta por el representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez, solicita una investigación sobre los donativos de al menos $1 millón que ha realizado el Municipio de San Juan a dos franquicias de voleibol superior desde 2015 y cuáles fueron las razones para detenerlos.

Ante la solicitud de estas investigaciones, varios miembros de la delegación popular –entre ellos Manuel Natal– acusaron al PNP de sostener una persecución contra la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto. La Oficina del Contralor encontró “ambigüedades” en el uso de fondos de la capital.

La Cámara decretó receso hasta el viernes, 7 de septiembre a las 11:00 de la mañana.

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