15 de Septiembre de 2019

Más de 5,000 demandas pendientes contra el ELA para 2017

Por el 18 de Enero de 2017

A menos que el gobierno de Puerto Rico pueda conseguir una extensión cuando la suspensión de las demandas de los acreedores expire en febrero o pueda renegociar su deuda, la isla se verá arropada por litigios a lo largo de 2017.

Hasta la fecha, el Estado Libre Asociado (ELA) figura como demandado en unas 5,192 demandas relacionadas con asuntos incidentales al desempeño de sus operaciones y el incumplimiento de la deuda. Al 30 de junio de 2016, el gobierno de Puerto Rico listó reportes de gastos de aproximadamente $2,200 millones para sentencias desfavorables dictadas y anticipadas, lo cual requeriría recursos financieros significativos. Las cantidades reclamadas al 30 de junio de 2016 exceden los $10,900 millones.

El Capitolio de Puerto Rico. (Jorge Láscar)

El Capitolio de Puerto Rico. (Jorge Láscar)

Además del litigio que involucra los salarios policiales sin pagar o la demanda de $800 millones en “pagos globales” de Medicaid, solo por mencionar algunos, el gobierno ha sido demandado por numerosos acreedores tras no pagar casi $70,000 millones de su deuda. La mayoría de las demandas han sido suspendidas.

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La junta de control fiscal dijo que intentará renegociar la deuda, mientras el gobierno ya le solicitó a la junta una prórroga hasta mayo de 2017 de la suspensión que expira el 15 de febrero de 2017.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo la suspensión, o “stay”, impuesta a varios litigantes por el Tribunal Federal y que fue establecida por la ley federal Promesa, pero ordenó una vista en el caso de Altair Global Credit Opportunities Fund. Sin embargo, una vista programada para el viernes con los demandantes de Altair se canceló después que las partes llegaron a un acuerdo, según el expediente en la corte federal.

Los demandantes de Altair estaban solicitando una protección de las aportaciones de los empleados del Sistema de Retiro de Puerto Rico, que se utilizaron para respaldar sus bonos.

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Una orden emitida el miércoles por el juez Francisco Besosa establece que ambas partes estipularon que todas las aportaciones patronales (tal como se definen en las Resoluciones de los Bonos de ERS) recibidas por ERS durante la pendencia de la suspensión de Promesa se pondrían en una cuenta separada en el Banco Popular. Besosa también desestimó el caso.

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