Municipio de Naranjito comienza construcción de nuevo Centro de Seguridad Pública

El alcalde del municipio de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, realizó el miércoles la colocación de la primera piedra de lo que será la nueva instalación del Centro de Seguridad Pública Municipal.

El Centro de Seguridad Pública, que beneficiará a 29,000 naranjiteños y ciudadanos de pueblos vecinos, albergará el Cuartel de la Policía Municipal y la Oficina para el Manejo de Emergencias.

“Para esta nueva construcción hemos invertido $1,029,500.00 y proyectamos que para septiembre del 2020 esté en operaciones. Los fondos provienen de una aportación que brindó el Senado de Puerto Rico junto con la Cámara de Representantes, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) y del propio municipio”, expresó Orlando Ortiz Chevres.

Por otro lado, el ejecutivo municipal firmó las escrituras para darle paso al proyecto de vivienda Villas del Centro, localizado en la carretera PR.-5 del barrio Achiote, justo al lado del Centro de Seguridad Pública Municipal. Villas del Centro es un complejo residencial privado y de interés social para los residentes en Naranjito que deseen adquirir un hogar a un costo asequible.

“Queremos que la clase trabajadora tenga la posibilidad de comprar una vivienda, aun en tiempos de contracción económica. El proyecto Villas del Centro es una alternativa viable para este sector de la población”, precisó Ortiz Chevres.




Ante el Supremo querella ética contra presidenta del Negociado de Telecomunicaciones

La presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres López. (Juan J. Rodríguez/CB)
La presidenta del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico, Sandra Torres López. (Juan J. Rodríguez/CB)

Twitter: @Limarys_Suarez

La presidenta del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), Sandra Torres López enfrenta una querella ética ante el Tribunal Supremo por presuntamente violar el Código Anticorrupción al solicitarle a un empleado la venta de taquillas para un evento de recaudación de fondos en horas laborables.

El nuevo escándalo que sacude a la presente administración a cargo de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced fue revelado el martes en el programa de Jay y sus Rayos X (Telemundo) cuando el propio exempleado de Torres López relató el pedido que le hiciera la funcionaria en el verano del 2018 de venderle unas taquillas para un evento en beneficio del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

Caribbean Business en Español obtuvo el miércoles copia de la querella ética que pesa en contra de Torres López ante el Supremo de Puerto Rico y que fue radicada el pasado 18 de octubre a las 2:27 p.m. por el exempleado de la actual presidenta del NET, Exel López Vélez.

“La presidenta me solicitó que pasara a su oficina y una vez allí me encargó una recaudación de fondos para la campaña a la reelección del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares… Una vez llegué a mi casa procedí a mirar la lista y fue entonces que identifiqué que los contactos eran los propios regulados de la entonces Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones”, reza la declaración jurada.

Según el documento ante el Supremo, Torres López le entregó en su oficina a su empleado una lista de las compañías de telecomunicaciones con sus contactos para que fuese a donde esas respectivas personas y le vendiera una taquilla con un valor de $1,500 por persona para una actividad el 7 de junio de 2018 en la Urbanización Los Arboles en Montehiedra en la residencia #416 en la calle Boulevard.

“Procedí a llamar a la licenciada Torres López y le indiqué que no podría ayudarle con el encargo ya que entendía incorrecto solicitar dinero a entidades reguladas por la agencia. Me respondió que yo tenía un puesto de confianza y que para eso me había llevado a trabajar con ella. Al día siguiente la licenciada me llama a su oficina y me repitió que tenía que colaborar porque de lo contrario tendría que prescindir de mis servicios”, agrega el documento juramentado.

El exempleado precisó que acudió a las oficinas centrales de Claro, AT&T, entre otras compañías reguladas por el NET, para entregar las taquillas y que, una vez entregó los boletos en las mencionadas empresas, éstos se los devolvieron y rechazaron comprar las mismas.

“Procedí ir a la oficina de la presidenta y le notifiqué que no deseaba continuar con esas gestiones no oficiales y que ambas compañías habían declinado participar y además había pasado un mal rato al devolverme las taquillas. Se molestó y desde su celular llamó al presidente de Claro de Puerto Rico, el Sr. Enrique Ortiz de Montellano y le dijo que eso era una actividad del gobernador y que tenía que ponerle las taquillas. Sucedió exactamente lo mismo con el Sr. Flores de AT&T. A través de contratistas logró vender suficientes taquillas. Pero en su mayoría fueron a regulados que aparecen en el anejo y formarán parte de la evidencia”, precisa la declaración jurada.

Asimismo, la declaración jurada establece que al mismo evento de recaudación de fondos en beneficio de Rosselló Nevares participaron varios de los contratistas del NET como: Perfect Cleanning, Aireko, la asesora legal externa, Miriam Toledo, el asesor en Asuntos Legislativos, Eduardo ‘Tito’ Laureano y la contratista en servicios administrativos, Carmen Carro.

“A mi mayor entender los actos de la licenciada y exjueza Sandra E. Torres López, de poder e influencia, son un mal uso intencional de la prominencia de su cargo para adelantar sus intereses personales y un intento para conseguir una ventaja ilegítima mediante una posible venta de influencia entre otros posibles delitos y violaciones al Código de Ética de los Abogados”, puntualiza el exempleado de Torres López.

Torres López asegura que nunca ordenó la venta de taquillas

La presidenta del NET, Sandra Torres López aseguró el martes en el programa de Jay y sus Rayos X (Telemundo) que las alegaciones de su exempleado son falsas e indicó que próximamente responderá al Supremo la querella ética que pesa en su contra.

“Es totalmente falso. Esa lista es una que yo tengo en mi oficina que se utilizó dos días antes del huracán María. Soy muy respetuosa de los Cánones de Ética, fui juez y llevo 40 años en la práctica y es la primera vez en mi vida que me encuentro en una situación como ésta. Este caballero tenía un problema de asistencia e iba a ser despedido. Luego cometió unos actos que están bajo investigación por la Policía de Puerto Rico. Esta persona iba a ser despedida. Las alegaciones son completamente falsas”, sostuvo Torres López.




Senado recibe nombramiento de director interino de Comercio y Exportación

La gobernadora Wanda Vázquez Garced sometió al Senado el nombramiento del licenciado Julio Benítez Torres como director ejecutivo interino de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) luego de que la aceptara a finales de la semana pasada la renuncia de Ricardo Llerandi al cargo que ocupó desde la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La notificación se recibió en la Sesión del martes de la Cámara Alta.

De esta forma se comienza a cumplir con lo establecido en el Código Político para llenar una vacante en caso de “muerte, renuncia, separación del jefe de algún departamento, oficina o negociado del Gobierno estatal o de la incapacidad o ausencia de este”.

En caso de que el Senado decida confirmarlo eventualmente, sería con la radicación de una pieza legislativa a esos fines y que tiene que recibir el voto afirmativo o en contra de los senadores.

Otros jefes de agencia, ya en propiedad, y que comenzaron con un interinato aprobado por el Senado, son los secretarios de Educación y de Corrección y Rehabilitación, Eligio Hernández y Eduardo Rivera Juanatey, respectivamente.

Un nombramiento que sí fue confirmado el martes en propiedad fue el de Nayeli Laureano Sánchez como miembro asociada de la Junta de Libertad bajo Palabra.

Con el fin de estimular y posibilitar un mayor uso de los vehículos eléctricos en la Isla, la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP), deberá realizar un estudio “abarcador” sobre este tema que deberá presentar ante la gobernadora Vázquez Garced y la Legislatura de modo que estas dos ramas de gobierno puedan radicar y aprobar legislación para su consecución.

Eso se desprende del informe positivo de la Resolución Conjunta del Senado 417, de la autoría del vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez y que fue aprobada esta tarde.

“Los resultados de dicho estudio ayudarán a establecer las acciones administrativas y legislativas que sean necesarias para permitir un transporte amigable al ambiente consumiendo menos combustible fósil y ayudando así a combatir la contaminación atmosférica y la dependencia del petróleo”, indicó Seilhamer Rodríguez.

Las recomendaciones deberán ser remitidas no más tarde 180 días a partir del martes.

Por otra parte, la Cámara Alta recibió el informe final de la Resolución del Senado 162, de la autoría del senador Aníbal José Torres Torres, a través de la cual se ordenó investigar si el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Hacienda están cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico particularmente en todo lo que tiene que ver con el sistema de notificación de balance de multas al conductor.

Según el informe, el propio DTOP recomendó que mediante ley se delegue a Hacienda la responsabilidad de la notificación de multas toda vez que es la agencia recipiente de los recaudos y pudiera destinar parte de estos para sufragar los costos de notificación. Asimismo, que se permita métodos alternos de notificación como los correos electrónicos y/o publicación de edictos. También, que se asignen fondos a DTOP provenientes de los recaudos de multas para sufragar los gastos que conlleva la implementación del proceso de notificación.

También, el Senado dio por terminada la investigación del cumplimiento con los códigos y estándares de construcción de todo el sistema de telecomunicaciones de la Isla al recibir el informe final de la Resolución del Senado 467 a esos fines.

“La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, previo estudio y consideración, recomienda a este honorable Alto Cuerpo, dar por terminada la investigación, y se concluye que no existe evidencia que establezca que no se han cumplido con los códigos y estándares de construcción en el sistema de telecomunicaciones en Puerto Rico, ámbito que se vio grandemente afectado luego del embate del huracán María”, reza el informe firmado por el presidente de dicha comisión, Miguel Laureano Correa.

Una medida que ahora pasa a la Fortaleza para la evaluación de la gobernadora es el informe del comité de conferencia del Proyecto de la Cámara 426 que dispone que el Departamento de la Familia, en coordinación con otras agencias gubernamentales y entidades sin fines de lucro, diseñará e implementará actividades extracurriculares para los menores ubicados en hogares de crianza y de grupo. Esto a los fines de que puedan mejorar su desarrollo integral, calidad de vida y relación “armónica” con el medio ambiente, entre otras cosas y particularidades.

Otro informe de comité de conferencia aprobado, y que también pasa a la Fortaleza, es el del Proyecto de la Cámara 1525 cuyo propósito es facilitar la implementación de la política pública del gobierno relacionada con los Trastornos del Espectro de Autismo.

Se aprobaron otras medidas y se recibieron otros informes.

El próximo día de Sesión será el jueves 31 de octubre a las 2:00 p.m.




Asociación de Paradores apoya enmiendas a Ley 17 del DMO

La Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico reiteró hoy su apoyo a las enmiendas propuestas a la Ley Número 17 del 2017, que creó la Organización para el Mercadeo del Destino de Puerto Rico (DMO por sus siglas en Ingles).

“En tan solo 16 meses, nuestro DMO ha demostrado ser muy eficiente y productivo para Puerto Rico. Al fortalecer nuestra posición e imagen en el mercado turístico, se ha aumentado el número de visitantes que están llegando y los recaudos en la Compañía de Turismo. En esta coyuntura, el DMO representa la mejor inversión en nuestro futuro”, resaltó Jesús Ramos, presidente de la Asociación.

“Para la asociación, el nuevo proyecto de ley busca cuatro enmiendas para asegurar que el DMO puede ser más efectivo y desarrollarse adecuadamente, para el beneficio de todos los residentes de Puerto Rico. El turismo es la principal herramienta de desarrollo económico que tenemos a corto y mediano plazo; y estamos convencidos que estas enmiendas servirán para distribuir los turistas a través de toda la Isla y la creación de nuevos empleos que tanto necesitamos”, añadió Ramos, dueño y operador del Parador Villas Sotomayor en Adjuntas.

“Primero que todo, apoyamos el aumento en la asignación directa de fondos al DMO para el mercadeo del destino; y asegurar que nuestra inversión crece a medida que el turismo crece y se distribuye por toda la Isla. Desde la incepción del DMO, establecimos que se necesitarían al menos $45 millones anuales para ser exitosos; y sabemos que cada dólar invertido en la promoción del destino puede causar un retorno de inversión entre $27 y $48 dólares directo a nuestra economía y hasta $5 dólares en impuestos. Actualmente, Puerto Rico invierte un tercio (1/3) de los fondos de mercadeo que se invertían en el 2015; y cerca del 50% de lo que invierten otros destinos más pequeños en el Caribe”, añadió Xavier A. Ramírez, líder del Comité de Mercadeo de la asociación.

“Al mismo tiempo, si queremos mejorar nuestra economía, necesitamos continuar la educación que lleva el DMO para que los municipios, organizaciones profesionales, agencias públicas y empresarios nos insertemos en apoyar los esfuerzos de mercadeo del destino. Además, todos tenemos alguna responsabilidad por asegurar cumplimos con nuestra promesa turística”, resaltó Ramírez, también Gerente General del Combate Beach Resort en Cabo Rojo.

“Ciertamente, el DMO ha tenido muchos logros en corto tiempo, y la recuperación en la actividad turística luego del Huracán María, no tiene precedentes en la industria. Gracias al trabajo del DMO, a 24 meses de María, Puerto Rico ha alcanzado niveles de visitantes que a otros destinos les ha tomado hasta nueve años, y una inversión incremental de hasta $100 millones. El hecho de que la llegada de

pasajeros a los tres aeropuertos internacionales ya alcanza los niveles del 2017, pre-María, es un logro excepcional. Si a esto le sumamos que varias líneas aéreas están aumentado su capacidad para los próximos doce meses, es indicativo del aumento en la demanda por nuestro destino” mencionó Ramírez.

Por otra parte, el presidente de la asociación recalcó que hay mucho trabajo por hacer ya que según nos dijo, “aún la gran mayoría de los turistas se quedan en San Juan y se benefician los que menos contribuyen”.

“Las regiones necesitan más apoyo del DMO y la Compañía de Turismo para que los turistas planifiquen – de antemano – desplazarse hasta nuestros municipios. En la temporada de verano del 2019, el número de viajeros extranjeros que se hospedaron en alojamientos certificados aumentó en 18%, versus el verano del 2018; sin embargo, observamos una reducción de doce por ciento (-12%) en los turistas extranjeros que llegaron hasta nuestras regiones”, añadió Ramos.

Según Ramírez, la limitación de fondos del DMO afecta directamente a las regiones turísticas y a los hoteles más pequeños. “Los efectos del Huracán María los ha obligado a focalizar sus recursos de ventas en el segmento de grupos y convenciones; y a utilizar el mercadeo digital para el sector de ocio. Aunque el DMO ha sido muy eficiente en su operación, la asignación al segmento de vacaciones es limitada. Como resultado y guiado por brechas en las agencias pertinentes, los esfuerzos del DMO han estimulado el crecimiento de los hoteles ilegales en la región metro y otras ciudades de la Isla. Desde el 2015, los alojamientos ilegales se han multiplicado en sobre 650%, y en el 2019 la evasión de licencias, patentes, permisos e impuestos puede llegar a $60 millones.”

“Definitivamente, apoyamos el Proyecto de la Cámara Núm. 2303, y vamos a someter algunas recomendaciones puntuales. Necesitamos fortalecer a la Compañía de Turismo y asegurar una fiscalización equitativa en los pagos del canon de arrendamiento”, culminó diciendo Jesús Ramos.




Avanza estudio de la GAO para un “hub” aéreo en Puerto Rico

La Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, y el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira Zayas, dieron a conocer hoy que representantes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) se encuentran en la isla esta semana como parte de un estudio que realizan sobre la posibilidad de establecer un ‘hub’ de carga aérea en Puerto Rico.

La GAO es una agencia de la rama legislativa del gobierno federal. La misma está realizando un estudio sobre los mercados de carga aérea internacionales, según el mandato de la Sección 537 de la Ley de Reautorización de la Agencia Federal de Aviación del 2018.

Maceira Zayas detalló que representantes de la GAO están en la isla llevando a cabo una serie de reuniones con diferentes entidades. Como parte de su agenda, se reunieron ayer con Puertos para revisar aspectos de los servicios de carga aérea internacional entre los Estados Unidos y países del África, la Cuenca del Caribe, Centro y Sur América, y Europa.

Esto incluye tipo y valor de la carga, los principales transportistas de carga aérea, rutas y aeropuertos utilizados, y explorar la posibilidad de establecer un ‘hub’ de carga aérea en Puerto Rico.

Concurrentemente, el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), le solicitó en junio al Departamento de Transportación federal una dispensa o ‘waiver’ a las restricciones a la ley de cabotaje aéreo por vía administrativa.

“La dispensa permitiría que aviones internacionales que actualmente pasan por encima de Puerto Rico desde Suramérica, Centroamérica hacia Europa y viceversa puedan parar en la isla y realizar transferencias de carga aérea y de pasajeros internacionales”, explicó el secretario del DDEC, Manuel Laboy.

Vázquez Garced manifestó que la obtención de una exención del cabotaje aéreo para Puerto Rico sería de gran beneficio, ya que permitiría el establecimiento de un ‘hub’ de carga aérea en la isla, aumentando el flujo de carga y de pasajeros internacionales.

“Sin duda convertiría a Puerto Rico en un jugador importante de dicha actividad en toda la región del Caribe, incluyendo Centro y Sur América, generando importante actividad económica adicional para la isla”, comentó Vázquez Garced.

Maceira Zayas reconoció la labor de la Comisionada Residente, Jenniffer González Colón, quien sometió legislación en el Congreso para ordenar al GAO realizar el estudio.

“Agradezco al director de Puertos, Anthony Maceira, por darle seguimiento y proveer elementos de necesidad de que Puerto Rico se convierta en un ‘hub’ de carga aérea a la Oficina del GAO.  El año pasado logré lenguaje y legislación para ordenarle al GAO hacer el estudio de que la isla sea un ‘hub’ de carga aérea y así diversificar nuestra economía.  Hoy, Puertos y el gobierno proveen datos al GAO para hacer cumplir con el mandato del Congreso que incluí en la Ley de Reautorización de la Administración Federal de Aviación de 2018. Agradezco a las agencias estatales por ayudar a dar las herramientas necesarias al gobierno federal para permitir este ‘hub’. El Centro de Información del Censo, del Recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico, estima que, si se le da a Puerto Rico la flexibilidad para las operaciones de carga aérea, habría un impacto económico de $405.3 millones. Además, esta iniciativa está respaldada por la Junta de Supervisión fiscal”, expresó González Colón.

El titular de Puertos resaltó que Puerto Rico posee la pista aérea más larga del Caribe en el Aeropuerto Internacional de Aguadilla, además de las excelentes pistas del aeropuerto internacional en Carolina, Mercedita en Ponce y la del aeropuerto José Aponte en Ceiba, las cuales posicionan muy favorablemente a la isla para ser un ‘hub’ de carga aérea y de pasajeros que sirva de puente entre la región del Caribe y de Centro y Sur América con Europa.

“Continuamos trabajando para maximizar los activos de la Autoridad de los Puertos, siempre propiciando mayor actividad económica y creación de empleos”, concluyó Maceira Zayas.




A lo adivino el manejo de los puentes en Puerto Rico

(Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo)
(Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo)

Por Rafael René Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo

Las lluvias que afectaron hace un mes el tramo del barrio Cañabón en la carretera PR-770 de Barranquitas causaron que un puente provisional colapsara. En la colindancia oriental de Barranquitas, un puente del municipio de Comerío presentó una situación similar.

“Yo tengo comunidades que están transitando por puentes que están socavados y por ahí pasa el camión de basura, y por ahí pasa el camión de hormigón. Todo el mundo se asusta con el temor a que ese puente se pueda caer en cualquier momento, pero yo no puedo arreglarlos”, lamentó el alcalde Josian Santiago en el programa radial del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), “Agenda propia”.  

Aunque se prevé que la cantidad de eventos atmosféricos intensos continuará en aumento en la región del Caribe, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico no posee un inventario de puentes que, por su ubicación o historial, se consideren vulnerables ante episodios de lluvias intensas, tormentas tropicales y huracanes.

La ausencia de un inventario de puentes vulnerables ante eventos atmosféricos priva a las agencias, municipios y comunidades de una herramienta que ayude a desarrollar estrategias de adaptación y mitigación ante escenarios de peligro. 

El CPI le preguntó a la directora ejecutiva de Carreteras, Rosana Aguilar Zapata, cuáles son los criterios para establecer prioridades para la reparación y mantenimiento de puentes, y la titular explicó que su agencia se basa en las inspecciones que se le hacen a todos los puentes del país cada dos años.    

“Dependiendo lo que resulte de esas inspecciones, si está en la categoría good, pues son reparaciones mínimas que hay que hacer en el puente. Si cae en fair, determinamos qué otras medidas tenemos que hacer, si es mejora o reemplazo o monitoreo más frecuente, o quizás algún carril que hay que afectar. Ya en poor, decidimos si tenemos que cerrar el puente o tenemos que cerrar un carril, o tenemos que cambiar unos elementos, o tenemos que contratar a un contratista para que vaya al área”, mencionó Aguilar Zapata.

“A base de la inspección que se hace en los puentes se determina qué acción hay que tomar”, añadió la ingeniera, sin precisar cómo se establecen prioridades luego de esas inspecciones. 

En otros países y en jurisdicciones de Estados Unidos se identifican las carreteras de mayor susceptibilidad a eventos atmosféricos. Estados como Maryland y Pensilvania han preparado documentos o participado de estudios en los cuales integran el tema del cambio climático a sus estrategias y política pública relacionadas a carreteras y transportación. Para tales fines, utilizan la herramienta de los Sistemas de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) para analizar y relacionar distintas variables, previo a determinar si una carretera o un segmento de alguna vía de transportación es vulnerables a los patrones climatológicos contemporáneos.

Igualmente, entidades de cooperación internacional abogan porque se incluya la consideración de la crisis climática en la construcción de infraestructura, incluyendo los puentes. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) publicó el informe Climate resilient infrastructure, que hace referencia al aumento de los niveles del mar como un criterio que debe ponderarse en la construcción de la infraestructura vial. La OECD tiene 36 países miembros, incluyendo a Estados Unidos. 

Al preguntársele a oficiales de la ACT y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) sobre por qué no hay un inventario de los puentes con historial de vulnerabilidad, o que, por su ubicación, se les debe prestar más atención en el contexto de la crisis climática, estos respondieron que cada evento atmosférico es diferente y que el impacto no siempre va a ser el mismo en los puentes y carreteras impactados adversamente en eventos de lluvias intensas o ciclones. 

“Hablan de ciclones, huracanes… en realidad nosotros seguimos la ley federal. Y la ley federal sí tiene cierta estructura de cómo inspeccionas los puentes, cómo los categorizas. Trato siempre de explicar la parte de los puentes susceptibles a socavación, aparentemente todavía me malentienden. Porque nosotros sí tenemos una lista de puentes susceptibles a socavación”, dijo el ingeniero Manuel Coll, quien es jefe de Gerencia de Inventario de Puentes en la ACT. El funcionario se negó a entregar esa lista al CPI.

Tras la entrevista, el CPI solicitó en varias ocasiones copia de la lista de puentes susceptibles a socavación. Las peticiones se hicieron en persona, por teléfono, por correo electrónico y por mensaje de texto. Sin embargo, las gestiones fueron infructuosas y hasta se recibieron reacciones que sugerían la negativa de personal de la ACT para hacer público el documento.

El CPI volvió a solicitar la lista de puentes susceptibles a socavación un mes después de la entrevista con los ingenieros, pero tanto Aguilar Zapata, como el ingeniero consultor de la ACT, Ariel Pérez, dijeron que no la entregarían y que tenían preocupación sobre la posibilidad de que la prensa tuviera acceso a un documento público.

La nueva Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, aprobada por la administración de turno, establece en su Artículo 6 que, “cualquier persona podrá solicitar información pública mediante solicitud escrita o por vía electrónica, sin necesidad de acreditar algún interés particular o jurídico”. 

Las solicitudes hechas por el CPI se realizaron por vía electrónica y se explicaron las razones de la petición, a pesar de que la ley no obliga a los ciudadanos a justificar sus razones para pedir documentos públicos. 

“Tenemos un público allá afuera que me preocuparía que malinterpretara”, argumentó Pérez mientras Aguilar Zapata asentía con su cabeza. 

“Yo tengo mucho miedo de dártela a ti porque hasta a profesores se la damos y lo que hacen es malinterpretarla. Por ejemplo, esto de susceptible a socavación”, argumentó Coll, cuando se le solicitó en persona la lista.

La divulgación de esa información proveería herramientas a municipios y comunidades para trabajar en estrategias de adaptación y mitigación ante la realidad actual que se vive por el aumento en eventos atmosféricos extremos. Además, es un documento público que podría utilizarse para propósitos educativos.

Hay una lista fantasma, pero no hay inventario de puentes vulnerables

Si bien la ACT cuenta con una lista de puentes susceptibles a socavación que no quiere hacer pública, este documento es distinto a un inventario de puentes vulnerables a eventos atmosféricos de gran intensidad que tome en consideración el tema de la crisis climática. 

Una lista de puentes susceptibles a socavación atiende el posible impacto de aspectos tales como el flujo de las cuencas hidrográficas en debilitar los pilares y materiales de un puente. Con esta información podría dársele seguimiento prioritario a estos puentes para evitar que se ponga en riesgo a las personas que los transitan.

Para Coll, el hecho de que un puente esté clasificado como susceptible a socavación no necesariamente implica que dejará de operar o que se va a afectar con el paso de un evento atmosférico de gran intensidad. El funcionario planteó que hay ocasiones donde los puentes afectados por un derrumbe, un desprendimiento o una inundación no son los clasificados previamente como susceptibles a socavación.

“Cuando va a pasar un evento grande, la lista es toda, toda la población de los puentes. Porque cuando ocurre un evento grande, van a haber puentes que se van. Quizás estaban diseñados para socavación, quizás no. Quizás se fueron por socavación, quizás por las varias razones que se puede caer un puente en ese tipo de desastre”, añadió el jefe de Gerencia de Inventario de Puentes en la ACT. 

“La realidad es que en un evento extremo atmosférico, cualquier puente puede verse afectado, no necesariamente que esté sobre un cuerpo de agua. Unos quizás se ven afectados por la carga hidráulica, pero los otros también por descargas de viento”, indicó Aguilar Zapata en una entrevista separada con el CPI. 

La opinión de la directora ejecutiva de la ACT se distancia del planteamiento de Coll, quien expresó en entrevista separada que aunque “el viento es una carga de diseño que también hay que considerar, la realidad es que hemos visto huracanes fuertes y es bien raro identificar una estructura de las típicas que hay aquí y uno diga, esa se dañó por el viento. Es bien raro”. 

A diferencia de la lista de puentes susceptibles a socavación, un inventario de puentes y carreteras vulnerables a eventos atmosféricos de gran intensidad en el contexto de la crisis climática actual requiere la colaboración de varias agencias gubernamentales, incluyendo la ACT, la Junta de Planificación (JP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), entre otras. 

De espaldas a la crisis climática

Cuando se le preguntó a Coll y al jefe de ingeniería del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Manuel Pellot, si existe una política pública que integre el tema del cambio climático a la evaluación y planificación de puentes y carreteras, ambos ingenieros se miraron y no pudieron responder. 

Instrumentalidades públicas en jurisdicciones en los Estados Unidos como el Departamento de Transportación de Pensilvania (PennDOT) tienen una política pública relacionada al cambio climático y los eventos atmosféricos extremos. Si bien ese estado no es propenso a ciclones tropicales como Puerto Rico, su región sí está expuesta a episodios de nevadas y lluvias intensas. Por tal razón, la agencia del Gobierno estatal publicó en el 2017 el documento “PennDOT extreme weather vulnerability study”. 

El documento identifica la preparación de la infraestructura de transportación ante el cambio climático como “algo crítico para proteger la integridad del sistema de transportación y las inversiones financieras”, lee el documento de PennDOT. 

Maryland, por su parte es el foco de un estudio del Gobierno federal a través de la iniciativa “U.S. Climate Resilience Toolkit”. El estudio utiliza herramientas de recolección de datos e instrumentos de visualización para identificar aquellas carreteras y puentes vulnerables al cambio climático. 

Otros países de América como México y Costa Rica también cuentan con documentos guía para trabajar con la vulnerabilidad de la infraestructura vial. En el caso de México, su Instituto Mexicano de Transporte publicó en el 2017 el informe titulado El clima y las carreteras en México. El documento expone que ante la realidad climatológica contemporánea ya no resulta suficiente diseñar la infraestructura vial en el estado usual del tiempo local y el clima. 

“Debido al cambio climático, a partir de sólo datos climáticos históricos ya no es posible tener un indicador confiable sobre los impactos futuros. La mayor parte de la infraestructura carretera es construida para durar 50 años o más, por lo que comprender cómo los cambios futuros en el clima pueden afectar a esta infraestructura en el futuro resulta importante para la protección de estas inversiones en el largo plazo”, indica el documento preparado por el Gobierno de México. 

Tras el seguimiento del CPI, la directora de la agencia dijo posteriormente que su agencia ahora trabaja en un documento relacionado al tema de la crisis climática, “igual que en otras jurisdicciones de Estados Unidos”. 

Para el climatólogo y profesor del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Amílcar Vélez, la amenaza cada vez más frecuente de ciclones y otros eventos atmosféricos fuertes debe instar a planificar los puentes pensando en que los episodios de lluvias intensas serán más recurrentes. Propone que el diseño de esta infraestructura vial comience a trabajarse pensando en el período de retorno de lluvias de 500 años. 

El período de retorno se refiere al número de años en que se estima que volverá a ocurrir un evento extremo. En el caso de la lluvia, se refiere al intérvalo de años que, en promedio, se cree que volverá a ocurrir un episodio de precipitación de igual o mayor intensidad. Mientras más alta sea la frecuencia o número de años que se estima para el período de retorno, más intensas serán las lluvias asociadas al evento atmosférico. La probabilidad de que haya un impacto adverso a la vida e infraestructura aumentará de ocurrir ese evento atmosférico asociado con un período de retorno mayor. Hasta el momento, la ACT utiliza como referencia el periodo de retorno de 100 años para el diseño de puentes. 

“¿Por qué [usar de referencia] la de 500 años? Porque la lluvia del huracán Georges en el 1998 fue una lluvia de un período de recurrencia de 500 años. Las precipitaciones en gran parte de Puerto Rico en George, por ejemplo, Caguas, el interior, recibieron precipitaciones por encima de 15 hasta 20 pulgadas de lluvia son recurrencia de 500 años. Pues, ¿qué pasó? Que el huracán María también trajo una lluvia de un período de recurrencia de 500 años, y fueron 19 años la diferencia”, explicó Vélez. 

Vélez, además, planteó la necesidad de tener un inventario de puentes vulnerables a eventos atmosféricos de gran intensidad. De acuerdo al climatólogo, ese documento podrá servir de guía para monitorear a aquellos puentes que conectan carreteras pequeñas que ubican principalmente en comunidades rurales. Esas carreteras o caminos estrechos son las que caen bajo la clasificación de carreteras terciarias.   

Además del inventario, debe dársele prioridad al estudio de aquellos lugares que de manera recurrente ocurren precipitaciones extremas en un corto período de tiempo. 

“Conocer esos lugares también serviría para identificar esas áreas vulnerables”, afirmó el climatólogo. 

Los municipios tampoco tienen inventario de puentes  

El 20 de septiembre de 2017 colapsó el puente que conecta a las comunidades Las Vegas y Agustinillo en el barrio Collores en Juana Díaz. Era una situación temida por los residentes del área. Por años, dos árboles de ceiba amenazaban con colapsar o chocar con el puente, de ocurrir la crecida del río Guayo.

El colapso luego del huracán María no era el primero que afectaba parte de la infraestructura vial en esa área. Previamente, esas comunidades de Collores eran conectadas por un vado. Este vado se afectó con un evento de lluvias fuertes en la década pasada y fue sustituido por un puente durante la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Ese fue el puente que colapsó en septiembre 2017.

“Sin duda el Departamento de Transportación y Obras Públicas debe tener un inventario de esos puentes críticos, de situaciones peligrosas que se presentan”, argumentó el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández.

Hernández aseguró que varias veces le comunicó la preocupación sobre las ceibas a la ACT, pero a agencia indicó que no tenía jurisdicción sobre el problema y que debía comunicarse con el DRNA. Sin embargo, el Alcalde alega que del DRNA le indicaron que no debía preocuparse por los árboles.

“Se entendía por parte de nuestro ingeniero que había que hacer algo con esos árboles que ya estaban dentro del cauce del río prácticamente. Ese río empeora cada vez su condición porque está prácticamente ciego [a ras de carretera]. En la carretera 112, el río está a la par con la carretera”, explicó al CPI Hernández.

Con el Alcalde coincidió el director de ingeniería del municipio, Enrique Lugo, quien aboga por la preparación y publicación de un inventario de puentes vulnerables a actividad atmosférica.

“Para uno darle prioridad a proyectos en asignación de fondos, se necesita hacer un inventario”, dijo Lugo.

No obstante, cuando se le preguntó hacer el inventario de ese tipo para los puentes municipales se incluyó en el plan de mitigación municipal que actualmente está bajo revisión, Lugo dijo que no.  

Según la página de la Junta de Planificación de Puerto Rico, 11 municipios han entregado el borrador final de su plan de mitigación actualizado. Estos borradores están siendo evaluados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). De este grupo de 11, solo Barranquitas incluyó una tabla en la que identifica puentes municipales vulnerables a eventos de inundación.

Otro lugar donde varias comunidades se impactan adversamente y quedan incomunicadas por la inutilidad de sus puentes tras episodios de lluvias fuertes es Utuado.

El martes, 24 de septiembre de 2019, la comunidad de Parcelas Pons quedó incomunicada luego de que el río Caonillas se saliera de su cauce por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Karen.

En septiembre 2017, el puente de la Avenida Ribas Dominicci en la carretera PR 111 de Utuado dejó de operar luego de colapsar tras el paso del huracán María. No fue hasta el viernes 27 de septiembre de 2019 que finalmente fue reabierto.


Ante este escenario en el cual comunidades utuadeñas quedan incomunicadas luego de episodios de lluvia, el alcalde del municipio, Ernesto Irizarry Salvá, entiende que la ACT debería tener un inventario de puentes vulnerables a eventos atmosféricos de gran intensidad.

“Claro que hace falta el inventario. No solo el análisis de esos puentes, sino que cada uno de esos puentes tenga su bitácora de incidentes. Los ingenieros te hablan de la lluvia de 100 años, de lo que va a suceder, pero yo no soy ingeniero, pero cuál es el problema de que cuando tú vienes a evaluar los puentes, pongas en este puente sucedió tal cosa en tal fecha”, afirmó Irizarry Salvá en entrevista con el CPI.

La crítica del Primer ejecutivo de Utuado iba dirigida a la gestión del Gobierno central en el mantenimiento de los puentes en su municipio. No obstante, cuando se le abordó sobre el estado de los puentes y vados de jurisdicción municipal, Irizarry Salvá indicó que estos eran resistentes y habían sobrevivido al paso del huracán María en el 2017.

En una visita del CPI a los sectores Las Cuevas y La Mula en el barrio Viví Abajo de Utuado, se observaron vados construidos por los vecinos. En el caso de La Mula, uno de los vados era una estructura improvisada en la cual la gente usó pedazos de poste, restos de tensores de cables telefónicos, zinc y hasta vallas de seguridad encontradas en carreteras para construir la estrecha vía de rodaje. Era evidente que la comunidad había hecho el vado como medida para evitar la incomunicación, pero al observar la estructura, cabe preguntarse si es segura.

Al cuestionar al Alcalde, este indicó que estos vados resistieron las aguas que trajo María.

“Lo que funciona no se cambia”, planteó Irizarry Salvá.

“Si tú te vas ahora a Las Cuevas, pues a esos vados se les va por encima el agua. Se quedan incomunicados, es la realidad, pero baja la creciente en dos o tres horas y siguen funcionando”, añadió.


Utuado está en el grupo de 11 municipios que ya entregaron el borrador final del plan de mitigación actualizado. A diferencia a Barranquitas, Utuado no incluyó una lista de puentes vulnerables a inundaciones. 

Sobre este particular, se le preguntó a Irizarry Salvá si, así como él aboga por la existencia de un inventario de puentes vulnerables, entendía que debía hacerse lo mismo para aquellos puentes que caen bajo la jurisdicción municipal, especialmente para el caso de los vados hechos de manera improvisada por algunas comunidades.

“Se puede hacer”, comentó el Alcalde.  

En septiembre, FEMA informó que las carreteras y puentes no fueron incluidos como servicios esenciales en la Ley de Presupuesto Bipartita de 2018 aprobada por el Congreso. No obstante, el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez y la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, indicaron al diario Metro que esta decisión no afectará el acceso a fondos federales para proyectos relacionados a este tipo de infraestructura. Según ambos funcionarios, algunos proyectos de puentes y carreteras son elegibles para fondos del Departamento de Transporte federal y otros fondos relacionados a mitigación.

Gobierno desacredita las voces de las comunidades

El caso del puente que colapsó en el barrio Collores de Juan Díaz fue una situación anticipada por sus residentes. Ya existía un historial de inundaciones y socavación de ese puente luego de eventos de lluvias intensas.

“Sí, en efecto la comunidad ya lo daba por hecho”, comentó Lorence Morell Vega, quien es de Collores y le dijo al CPI que existía un consenso entre la comunidad sobre el hecho de que el puente colapsaría con el paso del huracán María.

Ante esa sospecha que algunas comunidades tienen sobre cuáles carreteras y puentes serán impactados adversamente como resultado de eventos atmosféricos de gran intensidad, personal de la agencia alegó que las comunidades en realidad no tienen forma de saber cuándo un puente puede colapsar.

“No lo sabían”, dijo Coll, tras hacérsele el planteamiento sobre el consenso de la comunidad del barrio Collores en torno a la posibilidad de que el puente colapsara con el poderoso huracán de septiembre 2017.

“Ellos no hicieron una evaluación del puente para saber si se va o no se va”, añadió el ingeniero de puentes de la ACT.

En cambio, la jefa de Coll, la ingeniera Aguilar Zapata, le indicó al CPI unas semanas después que la voz de las personas y la participación ciudadana sí son importantes para la agencia que dirige. 

“Hay comunicación con las comunidades todo el tiempo”, afirmó Aguilar Zapata. 

Por su parte, Morell Vega criticó a la ACT por no tomar en consideración las particularidades geográficas del área donde ubica el puente. Por ejemplo, criticó que la agencia no tenga conocimiento sobre el río Guayo a la hora de tomar decisiones de diseño sobre el puente. También lamentó que las gestiones de intervención en este tipo de emergencias se dilaten como consecuencia de la burocracia gubernamental o las dudas en torno a qué dependencia tiene jurisdicción sobre el caso.

“Mi comunidad incluso dialogó con el alcalde (de Juana Díaz) para poder sacar unos árboles que fueron causantes del derrumbe, pero al parecer no tenía jurisdicción y quien tenía que dar orden era el Departamento de Recursos Naturales. Inclusive, cuando cayó el puente, para la reconstrucción no se sabía quién tenía que responder, si el municipio o la Autoridad de Carreteras”, comentó Morell Vega, quien actualmente es estudiante de maestría en geografía en la Universidad de Binghamton de Nueva York.  

Rafael R. Díaz Torres es miembro de Report for America




AEE invita a los celadores a resolver asuntos salariales en la mesa de negociación

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aseguró el lunes que se encuentra en un proceso activo de negociación con la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) sobre los celadores de líneas.

Marc Thys, director de Recursos Humanos y Asuntos Laborales sostuvo que “aún dentro de las limitaciones austeras de la AEE, bajo título III de la Ley Promesa, se les ofreció aumentos de entre un 10 a un 15 por ciento, así como cambios en los deberes del puesto, enfocado en la efectividad y calidad en el servicio de los clientes”.

El funcionario recalcó que tan reciente como el viernes pasado, 25 de octubre, recibieron de la Utier la sexta propuesta y actualmente se encuentran analizándolo.

“La invitación es a resolver estos asuntos en la mesa de negociación, y no en la calle afectando el servicio a nuestros clientes y la imagen de la empresa”, sostuvo Thys.

“La gerencia de la AEE ha hecho todo lo posible para poder ofrecer un incremento salarial que esté a tono con las exigencias del Plan Fiscal que rige a la Autoridad y pasa por el cedazo de la Junta de Control Fiscal. Es importante señalar que para atender las necesidades de la empresa durante este año fiscal se adiestrarán 160 nuevos celadores de línea”, señaló.

Miembros de la Utier llegaron el lunes desde tempranas horas de la mañana a los predios de La Fortaleza, donde establecerían un campamento en reclamo por las condiciones laborales de los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

A su llegada a la manifestación en la Fortaleza, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo dijo que decidieron extender el reclamo a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced ante la alegada falta de voluntad del director de la AEE, José Ortiz y aseguraron no abandonarán el predio hasta que se firme el acuerdo con la corporación.

“Vinimos donde la gobernadora porque la falta de voluntad de José Ortiz es más que evidente. Si a José Ortiz no le ha importado a dejar el país sin luz, menos le va a importar que se retengan los celadores de línea”, dijo el líder sindical a la prensa.

“A la gobernadora la llamamos a que intervenga en este proceso para evitar una controversia mayor… Nosotros vamos a estar aquí hasta que se resuelva la negociación. No es que nos atiendan. Ya nos atendieron y nos fuimos bajo un compromiso que se cumplió parcialmente… No nos vamos de aquí hasta que firmemos el acuerdo”, agregó.

Alegó que en una reunión previa, la AEE les hizo una propuesta “que iba en retroceso a lo que ya habíamos superado”. Agregó que cada mes se van uno o dos de estos trabajadores, así como otros recursos de la AEE.

Los unionados de la Utier llevan un tiempo realizando manifestaciones en reclamo por las negociaciones para que se les mejoren las condiciones de empleo a los celadores de la corporación pública.

Según se informó, más temprano agentes de la Policía removieron a los manifestantes que se apostaron frente al portón posterior del Palacio de Santa Catalina, por donde entra y sale la gobernadora.

En una grabación divulgada por una emisora radial (NotiUno), se escucha a Figueroa Jaramillo convocando a los unionados que trabajan en las unidades técnicas de la zona metropolitana a agruparse en la Mansión Ejecutiva.

“Hoy continúa una jornada de lucha sobre todo lo que estamos llevando a cabo sobre los celadores. Ya hay un grupo de compañeros en Fortaleza donde están tomando un área encadenados. La guagua de nosotros está dentro de Fortaleza ubicada para montar el campamento”, dijo Figueroa Jaramillo en la grabación.

“Todas las Unidades Técnicas salen y montan su piquete y campamento frente a cada técnica. Las Unidades Técnicas del área metropolitana: Caguas, Río Piedras, San Juan y Bayamón, inmediatamente tengan acceso, se movilizan al área de San Juan donde va a estar el campamento”, agregó.

El líder sindical dijo que los trabajadores de las distintas regiones de la AEE se rotarán para pernoctar en el campamento. “No estamos decretando una huelga. Posteriormente, una vez tengamos todo bajo control, estableceremos el ‘ruling’ de quién va estar entrando, si estaremos entrando, quién va a estar en el campamento ese día, en paro”, dijo.

–CyberNews contribuyó a esta nota




Alegan riesgo en sectores alrededor de muelles de San Juan por supuestas importaciones de gas metano

Grupos ambientales y comunitarios, alegaron el lunes, que el director y Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya ha negociado contratos para la gasificación de las unidades 5 y 6 de San Juan y planifican el desarrollo de terminales de gas metano a establecerse en Mayagüez y Yabucoa.

Según alegaron, contratos públicos de la AEE para el mes de noviembre a las plantas generatrices 5 y 6 de San Juan quemarán gas metano, conocido como gas natural. Las entidades levantaron un alerta sobre los peligros y alto riesgo que se exponen las comunidades y comercios aledaños, donde planifican que lleguen las embarcaciones transportando el gas metano.

La entrada por la Bahía de San Juan de grandes cantidades de gas metano hasta el puerto adyacente a la planta generatriz de la AEE, conlleva inevitablemente unos riesgos a las comunidades cercanas de Guaynabo, Cataño y San Juan también, a los trabajadores y otro personal de esa planta y otros intereses que circulan y atracan en la Bahía como pudieran ser los cruceros turísticos.

Los grupos levantan la voz de alerta pues se desconoce si realmente la AEE o agencias del Gobierno de Puerto Rico o de Estados Unidos han calculado y tomado en cuenta los riesgos, los daños potenciales a personas y propiedades y la capacidad de respuesta en caso de accidentes serios.

“Estos asuntos se deben evaluar antes de contratar y permitir la entrada de barcos con gas a San Juan. Se desconoce si la AEE ha hecho tal estudio y cálculo para proteger el personal en su planta de San Juan y, en todo caso debe hacerlo público”, expresaron en declaraciones escritas.

“Como líder religioso en la comunidad de Puerto Nuevo y parte de una Hermandad Pastoral que reúne iglesias cristianas de diversas tradiciones, no estábamos al tanto de los proyectos de gasificación para nuestra zona. Nos preocupa la seguridad de nuestra comunidad y sobre todo que continuemos dependiendo de los combustibles fósiles. Los daños que causan a nuestro ecosistema y al balance ecológico son inminentes en estos tiempos”, dijo el reverendo Carlos Negrón Sánchez que es el coordinador Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo.

El gas metano o gas natural es un combustible fósil que no tenemos en la isla y que para ser utilizado debe ser importando de forma líquida en barcazas. Estas estarán entrado por el puerto de la Bahía de San Juan donde existe un gran tráfico de bienes y servicios esencial para la isla. Para poder llevar gas metano a las unidades generatrices, la Guardia Costanera advirtió que la Bahía de San Juan tendría que tener un calado más profundo por el tamaño de los barcos que lo transportarán. Una vez llega el gas metano de forma líquida en un proceso de alto riesgo por las temperaturas y volatilidad del combustible.

“Es inaceptable que estos cambio ocurren a pesar que la discusión y evaluación del Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica apenas ha comenzado. La gran cantidad de gas que entrará a la Bahía y hasta esa planta responde a que la empresa New Fortress traerá un barco de mucha capacidad no solo para vendérselo a la AEE, sino para distribuirlo mediante numerosos camiones a otros clientes en PR. Los riesgos y peligros del gas no se resuelven únicamente con las zonas de exclusión que impone el Coast Guard. Varios estudios concluyen que en caso de accidentes serios pueden escapar nubes peligrosas de gas, que estaban antes en estado líquido, y moverse a causar fuegos o explosiones”, indicó Timmy Boyle del grupo Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste (ACASE).

Las entidades consultaron con el experto Fred Miller quien ha dado testimonios en el tema para EarthJustice en el tema del gas licuado natural, identificado áreas de riesgo. Este gas desde que es extraído en forma violenta hasta llegar al consumidor y representa un riesgo por la gravedad de la posibilidad de explosiones. El gas metano es transportado en barcos a temperaturas muy bajas en contenedores ultra insulados por la inflamabilidad del combustible.

En las barcazas, si el gas metano licuado se libera o liquea, no puede ser detenido. Todo el gas metano licuado del contenedor saldrá. Congelará instantáneamente todo lo que toque. Si el líquido toca suelo o el océano, con el calor que generaría el contacto produciría una nube enorme de gas metano. Nube que puede llegar a largas distancias. Si coge fuego, no se puede apagar. Habría que evacuar inmediatamente a todo lo que haya alrededor hasta una milla en esa primera fase.

“Nuestro grupo de interventores ha estado presentado alternativas para cubrir algunas de las deficiencias del Plan Integrado de Recursos y asegurar que este incluya lo necesario para que nuestra isla tenga 100 por ciento energía limpia. No podemos estar evaluado este plan a 20 años y comenzar a hacer infraestructuras costosas y riesgosas para continuar quemando combustibles fósiles. Nuestra propuesta de modelo energético está basada en la presentación de Queremos Sol, la cual hemos presentado al país”, informó Adriana González del Sierra Club de Puerto Rico.

“Continuaremos solicitando al Negociado de Energía que provean espacios de participación pública para el desarrollo de estos procesos de planificación como el PIR. Recalcamos que la información en estos procesos tiene que ser accesible para el público y traducidas al español. Queremos un futuro de energía 100 por ciento limpia para Puerto Rico y para esto no podemos quemar gas metano”, concluyó Amy Orta de El Puente Enlace Latino de Acción Climática.

Los grupos interventores son: Cambio, Sierra Club, El Puente: Enlace Latino de Acción Climática, Comité Diálogo Ambiental, Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste (ACASE) y Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida Inc. (YUCAE), Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, Amigos del Rio Guaynabo, Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente y el Campamento Contra las Cenizas.




Presidente de la Utier dice no abandonarán La Fortaleza hasta que se firme acuerdo entre AEE y celadores

Miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) llegaron el lunes desde tempranas horas de la mañana a los predios de La Fortaleza, donde establecerían un campamento en reclamo por las condiciones laborales de los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

A su llegada a la manifestación en la Fortaleza, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo dijo que decidieron extender el reclamo a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced ante la alegada falta de voluntad del director de la AEE, José Ortiz y aseguraron no abandonarán el predio hasta que se firme el acuerdo con la corporación.

“Vinimos donde la gobernadora porque la falta de voluntad de José Ortiz es más que evidente. Si a José Ortiz no le ha importado a dejar el país sin luz, menos le va a importar que se retengan los celadores de línea”, dijo el líder sindical a la prensa.

“A la gobernadora la llamamos a que intervenga en este proceso para evitar una controversia mayor… Nosotros vamos a estar aquí hasta que se resuelva la negociación. No es que nos atiendan. Ya nos atendieron y nos fuimos bajo un compromiso que se cumplió parcialmente… No nos vamos de aquí hasta que firmemos el acuerdo”, agregó.

Alegó que en una reunión previa, la AEE les hizo una propuesta “que iba en retroceso a lo que ya habíamos superado”. Agregó que cada mes se van uno o dos de estos trabajadores, así como otros recursos de la AEE.

Los unionados de la Utier llevan un tiempo realizando manifestaciones en reclamo por las negociaciones para que se les mejoren las condiciones de empleo a los celadores de la corporación pública.

Según se informó, más temprano agentes de la Policía removieron a los manifestantes que se apostaron frente al portón posterior del Palacio de Santa Catalina, por donde entra y sale la gobernadora.

En una grabación divulgada por una emisora radial (NotiUno), se escucha a Figueroa Jaramillo convocando a los unionados que trabajan en las unidades técnicas de la zona metropolitana a agruparse en la Mansión Ejecutiva.

“Hoy continúa una jornada de lucha sobre todo lo que estamos llevando a cabo sobre los celadores. Ya hay un grupo de compañeros en Fortaleza donde están tomando un área encadenados. La guagua de nosotros está dentro de Fortaleza ubicada para montar el campamento”, dijo Figueroa Jaramillo en la grabación.

“Todas las Unidades Técnicas salen y montan su piquete y campamento frente a cada técnica. Las Unidades Técnicas del área metropolitana: Caguas, Río Piedras, San Juan y Bayamón, inmediatamente tengan acceso, se movilizan al área de San Juan donde va a estar el campamento”, agregó.

El líder sindical dijo que los trabajadores de las distintas regiones de la AEE se rotarán para pernoctar en el campamento. “No estamos decretando una huelga. Posteriormente, una vez tengamos todo bajo control, estableceremos el ‘ruling’ de quién va estar entrando, si estaremos entrando, quién va a estar en el campamento ese día, en paro”, dijo.




DDEC presenta alternativas energéticas para reforzar la inversión en Puerto Rico con empresas alemanas

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel A. Laboy Rivera, anunció que ejecutivos de la agencia que lidera participaron de la iniciativa de exportación de Energía del Ministerio Federal de Economía de Alemania que tiene como tema principal “Estabilización y modernización de la infraestructura energética a través de soluciones integrales en Puerto Rico”.

“Puerto Rico, a traviesa por un momento muy importante para la transformación energética. Ante esto, durante este evento el subsecretario del DDEC, Julio Benítez y el principal oficial de Desarrollo de Negocios, Víctor Merced, presentaron ante un grupo de ejecutivos de varias empresas que tienen interés de invertir o reafirmar su relación de negocio con Puerto Rico, los incentivos y oportunidades disponibles para desarrollar proyectos de energía renovable, así como las iniciativas que implementaremos para atender este asunto que es medular para el desarrollo económico de la Isla”, indicó Laboy Rivera.

En Puerto Rico se encuentran localizadas nueve compañías alemanas, entre estas: Sartorius, Fresenius Kabi, Lufthansa y Bayer, que a través de los años han reafirmado su compromiso de inversión y creación de empleos, con planes de continuar su expansión en la Isla.

El funcionario, destacó algunos de los estímulos que estarán disponibles en el nuevo Código de Incentivos para atender el asunto de promover la energía verde. Por ejemplo, se concede un 4 por ciento de tasa fija preferencial en contribución sobre ingresos, una exención de 100 por ciento de arbitrios estatales e Impuesto sobre la Venta y Uso, así como una exención de 75 por ciento en contribuciones municipales sobre construcciones de obras a ser utilizadas por el negocio, entre otros. Los negocios que se dediquen a la producción y venta de energía verde a escala comercial, entre otros podrían cualificar para estos incentivos.

Por otra parte, Laboy Rivera, detalló que el equipo de trabajo del DDEC, trabaja en el desarrollo de cuatro microredes de energía, como parte de un proyecto piloto para los parques industriales de Santa Isabel, Jayuya, Aguadilla y Añasco.

A través de las microredes industriales, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, proveerá alternativa a los manufactureros para que reciban energía de buena calidad, estable y a un precio competitivo. Este modelo va acorde con el plan de energía 2.0 para Puerto Rico compatible con dividir la isla en mini y microredes de generación distribuida, alineado al “Compromiso de cambio climático” que implementa la administración de la gobernadora, Wanda Vázquez.