[COLUMNA] Se nos está yendo la guagua…

Por Manuel Cidre

Mi compañeros puertorriqueños, a través de los años he tenido el privilegio de servir a Puerto Rico en diferentes plataformas y funciones. Mi experiencia multisectorial me ha mostrado nuestra isla en sus distintas dimensiones. Gracias a esta exposición he desarrollado una pasión que me impulsa a transformar a Puerto Rico. Esa misma pasión me ha traído hoy aquí para hablar con ustedes sobre el país que todos merecemos.

Sin duda Puerto Rico no es el país que solía ser. Hace sesenta años otras naciones nos veían como un ejemplo a emular. Nuestra entonces nueva Constitución fue elogiada por su originalidad, nuestra economía estaba boyante y nuestros hombres de Estado eran exaltados a nivel internacional. Había pan en nuestras mesas, el país se estaba moviendo hacia adelante y la gente estaba llena de júbilo, descubriendo con asombro las posibilidades del futuro. Sin embargo, hoy día la historia es diferente.

Sesenta años es la “edad” del único proyecto a largo plazo que Puerto Rico ha tenido. Con sus pros y contras y más allá de sus méritos y defectos, ese plan nos ayudó a industrializar nuestra isla, levantándola del fango de la pobreza e impulsándola hacia la modernidad. Sin lugar a dudas el plan fue útil durante un tiempo, pero por las vueltas de la vida el plan nunca fue actualizado o incluso tomado con la seriedad y el compromiso que merecía.

(CB / Archivo)

(CB / Archivo)

Los años se convirtieron en décadas y en un intento de remediar nuestro profundo malestar nacional, nuestros líderes políticos nunca fueron capaces de darnos más que unos pocos parches aquí y allá e incurrieron en deudas para reparar un barco que ya no tenía brújula ni capitán. Esa falta de visión, esa falta de compromiso y cohesión de los que nos precedieron nos ha puesto hoy en una situación muy difícil.

Se nos acaba el tiempo, el punto de no retorno está aquí. El tiempo es un lujo que ya no tenemos. No es preciso ser un experto para saber que nuestro país está en crisis. Nuestros residentes están desmoralizados por la situación, indefensos ante las adversidades que tienen por delante. Para muchos, el aeropuerto parece ser la única manera de escapar. Para otros, el cinismo y la ira es su refugio habitual.

Yo, por mi parte, no quiero despertar en quince años para ver el espectro del país que tanto amo. No quiero que mis nietos crezcan en un país insolvente, en un país sin un norte. No quiero ver un país donde a la policía no se le paga apropiadamente mientras arriesgan su vida día y noche en las calles. No quiero ver un país donde la educación se maneja como una empresa común y no como una prioridad del estado y de su gente. No quiero ver un país donde la salud es un lujo para algunos y no un estilo de vida para todos. No quiero ver a un país donde su economía es un simple eco del rugido de las décadas del 1950 y 1960, una mera sombra de lo que todos podemos lograr juntos como un pueblo unido.

Tenemos que hacer algo inmediatamente.

Ha llegado el momento de tomar medidas; no más titubeos, no más peleas. Ha llegado el momento de enrollarse las mangas y tomar acción; de dejar de esperar a que otros nos digan qué hacer. Es tiempo de restaurar la isla que todos amamos y merecemos. El sistema político bipartidista —que ha existido en nuestra isla desde hace más de medio siglo— nos ha fallado.

No podemos esperar mejores resultados si seguimos cometiendo los mismos errores. La lección más clara del bipartidismo en Puerto Rico es que no funciona. Ha llegado el momento de pasar la página y decirle adiós a lo que ya no es útil. Divididos estamos destinados a fracasar, pero unidos podemos dar una buena pelea. Yo sé que lo que digo es verdad y tengo fe de que puedo hacer algo al respecto.

Hay muchos que no creen en mi candidatura. Habrá escepticismo, eso lo sé. Después de todo, cada cuatro años es la misma historia. Los candidatos hacen promesas y viajan a través de la isla con ruidosas caravanas, pero después de las elecciones es otra historia. No importa qué partido gane, una vez que termina la luna de miel las cosas vuelven al mismo amiguismo, a las agendas ocultas y al saqueo excesivo de lo que queda de nuestra isla.

Damas y caballeros, esto tiene que terminar.

Tenemos que arrancar de raíz toda la decepción y la negatividad que han distorsionado el proceso democrático en la isla. Por primera vez en décadas tenemos la posibilidad real de hacer historia con nuestro voto. Tan solo hay que tener el valor de hacer historia y decir de una vez por todas, ¡basta ya! ¡No más mediocridad, no más impunidad!

Nuestro país necesita un gobierno que tome decisiones a largo plazo; un gobierno que posea un verdadero modelo de meritocracia, libre de cualquier tipo de favoritismo. Puerto Rico necesita la unidad para seguir adelante porque es allí donde está nuestra fuerza. Puerto Rico necesita dirección y estoy totalmente convencido de que juntos podemos elegir un norte común. Es por eso que esta campaña no puede centrarse en mí o en cualquier candidato en particular.

Esta campaña debe centrarse en los cientos de miles de voces puertorriqueñas que exigen un rotundo e impostergable cambio, que quieren un nuevo proyecto nacional para Puerto Rico y que quieren de una vez por todas que las riendas del gobierno estén en las manos de verdaderos líderes, no en las manos de ineptos farsantes.

Una colectividad que no puede unirse está condenada al desorden y al caos. Pero una ciudadanía unida será capaz de superar cualquier infamia. Nuestro dilema en cuanto al sistema político es que se convierte en una pesada cruz que llevamos a cuestas como pueblo, cargada de venganzas y disputas inútiles, dividiendo generaciones e incluso a familias. La inclusión no es posible en este sistema.

El estatus es un “problema” y la tiranía de la división que causa este problema no es compatible con el proyecto de país entusiasta y veraz. El asunto del estatus político debe ser resuelto y solo puede resolverse mediante la acción democrática. Respetar y obedecer las decisiones de la mayoría —con respeto y sensibilidad en cuanto a las necesidades de la minoría— es la dirección que siempre debemos seguir. Más importante aún, ejecutar esas decisiones es la principal obligación de quienquiera que pretenda liderar a Puerto Rico. No hay otra manera y estoy listo y dispuesto a llevar ese mandato.

Ha llegado el momento de dar ese gran paso, el momento para definirnos colectivamente. La lealtad al partido no puede anteponerse a la lealtad al país. El ser humano debe ser el centro de cualquier desarrollo y nuestra voz siempre debe ser respetada y escuchada. Solo así lograremos un verdadero desarrollo e inclusión real.

Un país diferente es posible. Un país diferente es nuestra obligación. Este empresario puertorriqueño quiere hacerle saber a ustedes que hay poder en palabras pero aún hay más poder en las acciones. Este candidato independiente a gobernador quiere decirles que hay fuerza de carácter y convicción mucho más allá de los colores, mucho más allá de la izquierda o la derecha y mucho más allá del campo o la ciudad. Hay un inmenso poder en el hecho de estar unidos, en ser proactivos y tenaces. Nunca habrá nada tan poderoso como un Puerto Rico que exige disciplina, igualdad y justicia.

Los invito a aprovechar esta oportunidad de elevarse a sí mismos como un Puerto Rico nuevo y unido.




[COLUMNA] Puerto Rico: Creando la mejor receta para el desastre desde el 1898

POR: LCDA. ALEXANDRA LÚGARO
Candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico
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lugaro columnaPor 118 años, la mejor receta para el desastre ha sido creada en Puerto Rico. Con el paso del tiempo, cocineros de múltiples trasfondos y sectores han contribuido en gran medida a mejorar el brebaje ya reconocido a nivel internacional. A pesar de que el origen exacto de la receta sigue siendo un misterio, muchos apuntan al estatus colonial del territorio no incorporado de los Estados Unidos como su único creador. Sin embargo, la historia ha demostrado que los gobiernos locales altamente ineficientes, los secretarios de agencias incompetentes, los sindicatos, las uniones intransigentes, las asociaciones egocéntricas, los codiciosos propietarios de fondos de cobertura, los empresarios no innovadores y millones de votantes desinformados han contribuido a la fórmula.

Durante casi un siglo, el gobierno de los Estados Unidos ha sido una figura clave en el desarrollo de la mezcla, suministrando uno de sus ingredientes principales: la Ley Jones. Esta ley, que obliga que todos los envíos hacia y desde los puertos de Estados Unidos se lleven a cabo con barcos y tripulaciones estadounidenses, ha disminuido la capacidad de Puerto Rico para competir en los mercados globales al aumentar los costos de importación de manera desproporcionada, haciéndolos al menos dos veces más altos que en las islas vecinas. Desde el 1920, este obsoleto aditivo ha costado casi $78,500 millones a Puerto Rico, una cantidad que supera su deuda pública.

La intervención federal, sin embargo, no se ha limitado a añadir elementos a la mixtura. A través de los años, han hecho el desastre más amargo al extraer los principales condimentos como la Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, que otorgó generosos incentivos contributivos a las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico, marcando el comienzo de una profunda recesión que ha durado hasta hoy.

Más recientemente establecieron los topes estatutarios de financiamiento y los límites en el gasto máximo para la salud y los servicios humanos en la isla, a pesar de que los residentes de Puerto Rico pagan las mismas tasas de la Seguro Social y Medicare que los residentes del continente y su gobierno debe cumplir con todas las regulaciones federales de salud. Esto ha llevado al programa Medicaid de Puerto Rico a recibir una tasa de reembolso que es un 70% inferior a la de cualquier estado y que a su programa de Medicare Advantage se le pague el 60% de la tasa promedio. Debido a esta ruinosa infradotación, el gobierno de Puerto Rico terminó teniendo que pagar la factura, que representa $25,000 millones de la deuda total de la isla. Además de eso, las enormes disparidades en las tasas de reembolso de Medicare y Medicaid han provocado el éxodo de más de 3,000 médicos y miles de otros profesionales de la salud durante los últimos cinco años, colocando al sistema de salud de Puerto Rico al borde del colapso.COLUMNA LUGARO

Sin embargo, no hay duda que las administraciones políticas bipartidistas de Puerto Rico que cuentan con 64 años de trayectoria son las que primordialmente han enriquecido el desastre con déficits presupuestarios, corrupción sistémica, improvisación política pública, un sistema de patrocinio y financiamiento privado de campañas políticas que más tarde resulta pagado con contratos innecesarios a personas no cualificadas.

Hoy día, la receta más cara para el desastre está compuesta por $70,000 millones de deuda pública, acumulación de impagos, décadas de recesión, una relación deuda-PIB del 70%, planes de pensiones enormemente mal financiados, una tasa de desempleo de 11.4%, una tasa de pobreza de 45%, un fallido sistema de educación pública, la dependencia del petróleo para generar electricidad, un contraproducente sistema de bienestar social que ha dado paso a una tasa de participación laboral del 40.5%, el impuesto sobre las ventas más alto de cualquier estado o territorio de los Estados Unidos que alcanza el 10.5%, la producción concentrada en industrias con disminuida demanda, un mal posicionamiento en el mercado de exportación, un sistema de salud deteriorado, una baja inversión en investigación y desarrollo, el envejecimiento de la población, un brote de virus Zika y la emigración masiva.

Cansados de tener que “comerse” esta mezcolanza de mal gusto tres veces al día, los puertorriqueños han intentado cambiar la receta a una de éxito durante décadas. Sin embargo, han estado tratando de hacerlo añadiendo nuevos ingredientes al desastre existente o deshaciéndose de algunos de sus elementos más insípidos, ignorando por completo que el amasijo ya es tóxico.

En menos de un mes, el presidente de los Estados Unidos enviará siete nuevos cocineros a la isla en virtud de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa por sus siglas en inglés). Que vengan a menear el mismo caldo viejo será desperdiciarlos. Puerto Rico debe utilizar esta como una oportunidad para empezar de nuevo y conseguir un chef ejecutivo local, innovador y capaz para esa cocina que no provenga de las mismas escuelas que los anteriores. Un chef que traiga toda una gama de nuevas especias como: planificación estratégica de desarrollo económico a mediano y largo plazo, un sistema de méritos, herramientas tecnológicas para lograr la eficiencia gubernamental, reformas en el financiamiento de campañas y pensamiento evolutivo.

La nueva receta de Puerto Rico definitivamente debe incluir el atraer inversión extranjera directa en actividades cercanas a la frontera tecnológica, la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas locales, la diversificación y modernización de la manufactura, el desarrollo de las exportaciones y el crecimiento mediante el mejoramiento de la productividad y la creación de nuevos bienes y servicios, una política de innovación que defina la estrategia de desarrollo nacional, la creación de alianzas público-privadas, un sistema de salud universal, la aplicación efectiva de las leyes e incentivos para un efecto sistémico coordinado y la reinvención de un sistema educativo realmente poderoso.

Es hora de que los puertorriqueños se den cuenta de que nunca lograrán que el desastre mejore si continúan utilizando los mismos ingredientes. Ha llegado el momento de cambiar la receta. Para tener éxito, lo primero que Puerto Rico necesita es alguien derrame el caldero.

—Alexandra Lúgaro es candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico. Abogada de profesión, posee grados de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Complutense de Madrid. Su experiencia profesional incluye fungir como directora ejecutiva de Metropolitan New School for America y de America Aponte & Associates Corp. También estuvo a cargo de su propio bufete de abogados, Lúgaro Law.




[COLUMNA] Pregunta de estatus representa riesgo de crédito

Por Rafael M. Arrillaga-Romany

Puerto Rico se ha quedado con un modelo para una junta de supervisión federal donde los objetivos de política pública serán realizados a través de un mecanismo de control, no electo, de duración limitada, y cuyo rendimiento será principalmente evaluado basado en puntos de referencia a corto plazo. Nuestro mayor reto en esta situación será desarrollar un plan fiscal que sea exitoso y relevante a pesar de los futuros cambios inevitables en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

El estatus es un riesgo significativo de crédito

(AP / Ricardo Arduengo)

El estatus territorial de Puerto Rico representa un riesgo para los inversores (AP / Ricardo Arduengo)

Con la sostenibilidad de la deuda como foco, como dicen en inglés “the cat is out of the bag” (que puede ser equivalente al dicho en español “se destapó la olla”). Inversores tradicionales y agencias de calificación crediticia estarán prestando mucha atención a este experimento.

La decisión del Congreso de no rescatar al Estado Libre Asociado (ELA) reveló que la “pregunta de estatus” representa un riesgo de crédito significante. Es un mensaje claro a los inversores que, al menos por ahora, deben tomar en cuenta el riesgo asociado con el estatus territorial de Puerto Rico.

Puerto Rico también debe estar consciente de este mensaje. Al poner en efecto un régimen federal de quiebra para los territorios, podría decirse que resulta necesario que el ELA retome cuánto de este riesgo querrá asumir, con la asunción de riesgo manifestándose si opta por conceder obligaciones diseñadas para ser “aisladas de riesgo de quiebra”.

Por otra parte, si el ELA fuera a retener flexibilidad en cuanto a las consecuencias de corto y medio plazo que pudiesen ocurrir por la resolución de la pregunta del status, parece aceptable insistir que pagos futuros en una porción de la deuda sean condicionados por ciertas contingencias.

La pregunta, sin resolver, del status requiere que proyecciones fiscales incorporen un mayor grado de contingencias identificables, que tendrán que ser resueltas a base de suposiciones. Hasta que la pregunta del status no sea discutida, los inversores tradicionales estarán en lo correctos en cuanto a sus exigencias de mayores primas para deudas a largo plazo, no porque Puerto Rico decidió reestructurar la deuda como una solución a corto plazo para su crisis fiscal, sino porque un regreso exitoso a los mercados capitales va a principalmente depender en la capacidad de pago.

 

A partir de ahora el ELA tendrá que considerar

cuánto de este riesgo querrá asumir

 

La presencia de estas suposiciones no solo hace que la reestructuración de la deuda con apoyo de impuestos sea aún más difícil, pero también obstruye la habilidad de Puerto Rico para lograr el objetivo principal de restaurar el “acceso adecuado al mercado” a través de la sostenibilidad de la deuda.

Algunas de las contingencias más obvias parecen ser manejables. Mientras algunos pueden argumentar que reestructurar la deuda abre la posibilidad de distribuir el riesgo entre el ELA y los inversores sobre la cantidad de pagos futuros de transferencias federales, al día de hoy todas las propuestas para reestructuración de la deuda hecha por el ELA han tenido como premisa la continuación de tales beneficios.

En el centro de la fundación política de EE.UU. hay un conjunto de valores que impiden, en un futuro previsible, que transferencias protegiendo y promoviendo el bienestar común de los ciudadanos de EE.UU. en Puerto Rico sean retiradas como consecuencia de un cambio del status político.

Un plan fiscal neutral a estatus es esencial

(Getty Images / Joe Raedle)

El estatus colonial de Puerto Rico hace peligrar su crédito ya empobrecido (Getty Images / Joe Raedle)

Sin embargo, si el periodo interino—antes de un cambio en estatus— ha de ser relevante en impulsar los prospectos para una recuperación económica sostenible un plan fiscal neutral sobre el status será esencial.

Mientras yo he sido sumamente escéptico de la relevancia y eficiencia de un “plan de desarrollo económico” en una  economía industralizada en un modelo globalizado, y he abiertamente abogado en contra de la participación del estado en lugar de confiar del proceso competitivo de mercado para mejor localizar recursos, tal rechazo no minimiza el papel que juega la política fiscal cuando se maximiza el prospecto del crecimiento de una economía sostenida.

Políticas de impuestos y gastos bien diseñadas pueden impactar positivamente el empleo, las inversiones y la productividad a largo plazo. Tales políticas, sin embargo, son más poderosas cuando provocan respuestas genuinas a largo plazo de los agentes económicos. Si las políticas adoptadas se percibiden como demasiado conectadas a una resolución particular a la pregunta de status, su permanencia será expuesta y su eficacia disminuida.

De hecho, mi mayor temor es que, aunque seamos exitosos identificando una mezcla de políticas fiscales que son neutrales en cuanto al status, dicho ejercicio enfatizará cómo nuestro status político actual limita nuestra habilidad para lograr crecimiento a largo plazo utilizando políticas fiscales que impacten empleos, inversiones en capital física y humana, y el factor total de productividad.

Más aún, algo que puede ser más preocupante para algunos—dependiendo de la distribución del riesgo entre el ELA e inversores— es el que adoptar políticas asociadas con un estatus particular también podría predeterminar la futura relación política con EE.UU.

La “pregunta de status” ya no puede ser ignorada. Mientras más rápido se resuelva, mejor. Will Rogers estuvo en lo correcto cuando dijo: “Lettin’ the cat outta the bag is a whole lot easier that puttin’ it back in.”

arrillaga—Rafael M. Arrillaga-Romany es el miembro administrador de RAR Consulting Group LLC. En esta posición, ha asesorado al Presidente del Senado de Puerto Rico Eduardo Bhatia Gautier acerca de asuntos sobre política fiscal. Antes de fundar RAR, sirvió como el director ejecutivo del Fondo de Desarrollo para el Turismo de Puerto Rico y como asesor especial al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Arrillaga-Romany obtuvo su bachillerato en economía y ciencias políticas de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, y un J.D. de Fordham University School of Law. Se encuentra en Twitter como @RafiArrillaga.




[COLUMNA] Para la Junta de Control, la independencia es la clave

john muddPor: John E. Mudd – Abogado y analista legal
Twitter
: @MUDDLAW / Blog: www.johnmuddlaw.com

Este verano marca el comienzo de una era sin precedentes para Puerto Rico y su relación con el gobierno federal de los Estados Unidos. Gracias a años de políticas fiscales irresponsables que han resultado en una asombrosa deuda pública, el gobierno federal ha suspendido nuestro derecho al autogobierno a petición de la presente administración, instalando una junta de control fiscal para corregir nuestros errores, mejorar nuestras finanzas y revitalizar nuestra economía.

La tarea que esta junta tiene ante sí es colosal y la llevará a cabo en un ambiente empañado por la incertidumbre, gracias a una investigación por parte de la Comisión de Valores y Cambio sobre las emisiones de deuda autorizadas por la presidenta saliente del Banco Gubernamental de Fomento y exsecretaria de Hacienda, Melba Acosta, y un grupo de trabajo nombrado por el Congreso que evaluará la deuda pendiente y le ofrecerá a la junta recomendaciones dudosas y cargadas de motivaciones políticas.

No obstante, la junta no solamente tendrá la tarea de aprobar un plan fiscal planteado por nuestro gobierno, sino también deberá supervisar las negociaciones con los acreedores (cosa que el gobierno actual no ha llevado a cabo de buena fe), implementando reformas destinadas a mejorar la situación fiscal de Puerto Rico, renovar el crecimiento del sector privado y, si es necesario, autorizar la reestructuración de ciertas porciones de nuestra deuda. La junta también probablemente examinará los presupuestos actuales y previos, analizará partidas específicas e investigará por qué el año pasado y con ingresos mayores de lo esperado, el gobierno fue supuestamente incapaz de pagar las facturas para las cuales ya tenía dinero asignado.

La clave de todo esto será la total independencia de la junta, tanto de las presiones políticas internas de Puerto Rico y las divisivas políticas de deuda nacional que tuvieron un rol protagónico en los meses previos a la aprobación de Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas e inglés). Quienes han seguido reportes en otros medios saben que por mucho tiempo he considerado esta indispensable independencia como la mayor virtud de la junta de control, permitiéndole tomar las decisiones necesarias sin doblegarse ante la influencia política, y es la razón por la cual por mucho tiempo he defendido a la junta como una solución de política para nuestra crisis.

Sin embargo, no hay duda de que las partes interesadas en todos los aspectos de esta crisis van a tratar de influenciar a la junta para su propio beneficio, aún si ello no ayuda a la junta a cumplir su misión primordial de lograr el crecimiento de nuestra economía. Muchos de los nombres que se mencionan en Washington, D.C. como posibles miembros de la junta tienen estrechos vínculos con la administración de Alejandro García Padilla, las uniones de trabajadores o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y traen una mentalidad contaminada a la mesa. Puerto Rico no necesita ni merece eso.

Por ejemplo, se alega que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya está trabajando con funcionarios de la administración de García Padilla para revisar las proyecciones de crecimiento fiscal —una tarea que debe dejársele a los miembros de la junta independiente— antes de que los integrantes de la junta estén oficialmente nombrados. Si bien esto puede servir los intereses de las administraciones salientes en San Juan y Washington, es una forma deshonesta de influenciar el trabajo de la junta antes de que pueda llevar a cabo su propio examen de las finanzas de Puerto Rico.

Por esta razón los puertorriqueños deben mantenerse extremadamente vigilantes y tener una voz fuerte, tanto en apoyo a los nombrados como a las acciones que defienden la independencia de la junta, y oponerse a quienes la pondrían en peligro. La política partidista nos ha llevado a esta encrucijada; no necesitamos más de lo mismo.

Por eso, en esta columna mensual y a través de mi grupo de vigilancia ciudadana Control Board Watch (Vigilancia a la Junta de Control), voy a analizar los muchos rumores que circulan sobre la junta, sus potenciales designados y su personal. Al hacerlo, promoveré las personas designadas, el personal y las decisiones que fomentan la independencia total de la junta de las fuerzas políticas y le dan el poder para restaurar nuestra economía y llevarla a una posición de solidez. Además, trataré de explicar los diferentes asuntos relacionados a los pleitos en contra de las acciones gubernamentales y también explicar los diferentes matices de Promesa.

Por último, una breve nota sobre el creciente número de litigios ante las diversas acciones del gobernador García Padilla y relacionados con los impagos de Puerto Rico. En este momento hay cinco casos en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico que retan estas acciones y la aplicabilidad del aplazamiento de Promesa en sus pleitos. Lo que la propaganda del gobierno no nos dice es que el aplazamiento no aplica en los casos en que no buscan compensación monetaria e incluso si lo hicieran, el aplazamiento puede ser rescindido como dos de estos pleitos solicitan. Una vez se radica una moción para eliminar el aplazamiento de Promesa, la Corte Federal tiene 45 días para determinar, tras emitir una una notificación y llevar a cabo una vista, si el aplazamiento permanece en pie. Si no hace nada, el aplazamiento se elimina automáticamente. Vea la sección 405 (f) de Promesa.

-John Mudd es abogado y analista legal en Puerto Rico y cuenta con más de 30 años de experiencia. Postula como abogado en los tribunales de Puerto Rico, el Tribunal Federal de Distrito para Puerto Rico y el Tribunal del Primer y Cuarto Circuito de Apelaciones. Por más de tres años ha estado analizando la posibilidad de una junta de control para Puerto Rico. Lo puedes seguir en Twitter en @MUDDLAW y en su blog www.johnmuddlaw.com.