[EDITORIAL] Un nuevo desorden mundial

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Lo inconcebible ha sucedido: Donald Trump ha sido electo a la presidencia de los Estados Unidos y la vida será aún más difícil para Ricardo Rosselló, el gobernador electo de Puerto Rico, al que ya le espera un mandato difícil porque debe obtener el sello de aprobación de Promesa por parte de una junta de control fiscal en todas las cosas que proponga durante los próximos cuatro años.

Rosselló cree en intentar lograr la paridad en Medicaid y Medicare para Puerto Rico, que es una de las propuestas para el plan de desarrollo económico de la isla presentado al grupo de trabajo de Promesa. No debe apostar ni una peseta a que un Congreso en los tiempos del presidente Donald Trump —que tiene la intención de volar a Obamacare en mil pedazos— fomente la paridad.

El plan de Rosselló para obtener la estadidad para Puerto Rico: nanka. Este es un nuevo orden mundial y tal vez sea mejor que nos liberen, porque nosotros somos mejores que todo eso. Algún día te diré mi desengaño. Los puertorriqueños somos personas más compasivas, más tolerantes. Pero prepárese, porque aquí viene un Tribunal Supremo de los Estados Unidos que no tendrá al moderado Merrick Garland en el estrado, sino más bien la segunda venida de Antonin Scalia.

Por desgracia, en lo que parece un ejercicio de cinismo, Puerto Rico acudió a las urnas el martes 8 de noviembre, eligió a Rosselló como gobernador  y ahora tiene que lidiar con el presidente electo Donald Trump, además de la junta de control de Promesa.

¿Es la elección de Rosselló algo bueno? Depende de a quién le pregunten. Muchos de los que están en el bando de los acreedores sienten que Rosselló dijo las cosas correctas en los cónclaves correctos. Fue transmitido en vivo y a todo color durante la Conferencia para la Revitalización de Puerto Rico organizada por la Asociación de Aseguradoras de Garantía Financiera para que todos lo vieran. La impresión general de aquellos en el público era una de curiosidad en cuanto a si alguien sin experiencia podía cumplir con las complejidades de la reestructuración sin ahogar aún más la economía.

Este periódico solicitó una entrevista para discutir las rutas exactas a la reestructuración —si el modelo de Washington, D.C. o las reglas de la bancarrota del juez Steven Rhodes que se aplicaron en Detroit. Esperamos con interés esa discusión en los próximos días porque el pueblo de Puerto Rico merece saber lo que nos espera en los próximos años.

En una visión optimista, Rosselló cree que es capaz de reestructurar al menos dos créditos que pueden proporcionar unos $800 millones en liquidez a corto plazo. Debería decirnos cómo lo hará.

Muchos miembros de la comunidad de acreedores le han dicho a este periódico que confían en que Rosselló seguirá una doctrina de transparencia. Implícita en esas declaraciones se encuentra una desconfianza en el actual gobierno del ELA como un barco sin timón guiado por corrientes cruzadas que fueron puestas en movimiento hace mucho tiempo. Hay una responsabilidad compartida entre las administraciones; en estos mambos tropicales y en esas salas imperiales la gente susurra sobre las atrocidades usurarias, pero no les prestan atención. Tomemos a Promesa como el “Exhibit A”.

Con toda probabilidad, Trump dejará que la junta de control lidie con el fastidioso asunto de Puerto Rico. Uno de los partidarios hispanos de Trump le advirtió a este periódico que Trump sería el próximo presidente de los Estados Unidos porque muchos estadounidenses no vacilarían en separar a los hispanos de la población general. ¿Qué más debemos esperar de personas que corean “construye ese muro”?

Nos da mucha pena con la recién electa comisionada residente Jenniffer González. Dada la retórica vitriólica de Trump contra las mujeres y los latinos, ¿cómo manejaría el tener una reunión con ella? Probablemente enviará a Ivanka o a Eric para reunirse con nuestro miembro no votante del Congreso. A González le espera un enorme reto. Qué triste.




[EDITORIAL] Gobernando en la “Era de permiso”

A medida que avanzamos hacia la recta final de las elecciones generales, hay una diferencia palpable en las campañas que se remonta a la evidente realidad de que el gobierno de Puerto Rico está prácticamente suspendido por la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

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Subconscientemente, los candidatos que compiten por los votos están enfrentándose a esa realidad, algunos están en negación y otros podrían recurrir al instinto de lucha o huida. Si hubiera algo de verdad en el lenguaje del Congreso, el nombre de la ley que habilita a la junta de control fiscal habría sido Permiso (en vez de Promesa). ¿Su uso? ¿Me dan permiso para presentar este acuerdo con los acreedores sénior de Cofina? ¿Me dan permiso para salir al mercado?

Y por ello, esta elección general se siente como un engaño. Nosotros, el pueblo, elegiremos representantes que pretenderán gobernar sobre los asuntos de Puerto Rico, si nos dan permiso.

La edición especial preelectoral de Caribbean Business fue planeada como una guía para las próximas elecciones. En la versión impresa encontrarás un Mano a mano entre los dos candidatos principales: el candidato a gobernador del Partido Nuevo Partido Progresista (PNP), el Dr. Ricardo Rosselló, y el candidato a gobernador del Partido Popular Democrático (PPD), el Dr. David Bernier. Los dos candidatos debían haber respondido a preguntas idénticas con seguimientos que ofrecieran respuestas que iluminen. Por desgracia, Rosselló no pudo participar en la entrevista. Por ello, este periódico preparó un ensayo sobre el candidato, junto con las respuestas que ofreció durante una entrevista que se llevó a cabo después del evento Juntecónomico organizado por Caribbean Business, Caribbean Business en Español y la estación de televisión ABC5.

Fue sorprendente ver a Rosselló entrar en hibernación en este momento crítico de la campaña; aparentemente, las cosas son más complejas que lo que este periódico pueda saber.

Antes de las fechas en que debíamos haber llevado a cabo nuestras entrevistas, el padre de Rosselló —el exgobernador por dos términos Pedro Rosselló— se expresó para el récord diciendo que siente que su hijo está bien equipado para gobernar Puerto Rico, pero cuestionó algunas de las personas que lo rodeaban. El electorado de Puerto Rico podría muy bien imaginarse al candidato suspirando en voz alta: “gracias papá”, aunque Rosselló padre no puede evitarlo ya que tiene una inclinación patológica a decir la verdad en momentos importantes.

Al momento de redactar este escrito, los dos principales candidatos que compiten por cuidar o hacerle house-sitting a La Fortaleza, tienen puntos de vista diametralmente opuestos sobre cómo manejar una junta controlada tras bastidores por personas que le responden al exgobernador Luis Fortuño.

Un candidato, el estadolibrista Bernier, cree que Puerto Rico debe manejar las medidas de austeridad con precaución mientras que él busca tenazmente que los incentivos pro-crecimiento como la Sección 245A sean promulgados en el Congreso estadounidense. Ese incentivo, que es consensualmente cuestionado porque apesta a mantengo corporativo, otorgará un 85% de exención contributiva en los dividendos repatriados a los Estados Unidos por las compañías manufactureras que hacen negocio en Puerto Rico.

La creencia popular en el Congreso está apostando contra la medida porque podría restarle $10,000 millones en impuestos al Tesoro de los Estados Unidos, según los estimados del Comité Conjunto de Impuestos.

Por otra parte, la retórica de Rosselló es más cónsona con la creencia popular en el bando de los acreedores. Rosselló, que es visto por muchos en Wall Street como la segunda venida del presidente de Argentina, Mauricio Macri, está negociando con los acreedores y ha dicho para el récord que tendrá al menos dos hojas de términos preparadas dentro de los primeros 50 días de su posible administración. A su vez, eso —dice él— le proporcionará a Puerto Rico acceso a los mercados en 2017.

Lo que Rosselló y Bernier están ignorando es que la cultura de austeridad que impulsa una junta sustentada por la doctrina Fortuñista podría poner tanto énfasis en la economía de Puerto Rico que tomaría una generación completa antes de que las cosas se arreglen. Vamos con calma.




Pongamos un alto a la riña familiar

Imagínese que la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) es el programa televisivo de juegos Family Feud (riña familiar) donde se enfrentan los miembros de la junta de control fiscal contra los restos de la administración de Alejandro García Padilla. Steve Harvey dispara la pregunta: “¿Cuál es la mejor manera de crear empleos para Puerto Rico?”.

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José Carrión III, el presidente de la junta, golpea con entusiasmo la chicharra y responde “medidas de austeridad”. Una gran X roja llena la pantalla, a lo que Harvey comenta: “Lo siento, señor presidente; va a necesitar la ayuda de Washington, DC”.

Por desgracia, Promesa no es un juego —el Congreso es un campo minado y la junta federal y su contraparte, el grupo de trabajo para el desarrollo económico, se están moviendo a un ritmo típicamente deliberado. El grupo de trabajo dirigido por el presidente del comité de finanzas del Senado, Orrin Hatch (R-Utah), tiene hasta el 31 de diciembre para entregar un informe completo de las recomendaciones diseñadas para avivar la economía de Puerto Rico.

Los miembros del grupo de trabajo solo se han reunido una vez, en septiembre, a pesar de que se alega que tienen más de 400 propuestas que analizar. Las medidas de crecimiento económico que finalmente propongan serán esenciales para rehabilitar la economía de Puerto Rico. Los poderes en Wall Street y los cabilderos en el Congreso con vínculos al Partido Republicano (GOP, en inglés) prefieren un “programa de 12 pasos” que se parezca al utilizado en Washington, DC en la década de 1990 y que combinaba medidas de austeridad con incentivos, en vez del modelo utilizado en Detroit, que arrastró a los acreedores a procesos de quiebra que algunos de ellos describieron como un tribunal de pacotilla.

¿Cuál es la mejor alternativa? La verdad es ecléctica y radica en algún punto intermedio.

Durante Juntéconomico -un reciente foro televisivo organizado conjuntamente por Caribbean Business, Caribbean Business en Español y la estación de televisión ABC5- el candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, dijo a este medio que Hatch estará instando a los miembros del Congreso a que aprueben la Sección 245A. Esta medida ofrece incentivos contributivos que proporcionarían una exención del 85% en los dividendos pagados por las compañías manufactureras estadounidenses que hacen negocio en Puerto Rico. A cambio, las empresas tendrían que crear empleos desesperadamente necesarios en Puerto Rico.

Hasta la fecha, el entusiasmo de Hatch no es compartido por suficientes miembros del Congreso como para aprobar la medida. Durante una conferencia que se llevó a cabo hace dos semanas y que fue organizada por la Association of Financial Guaranty Insurers en la ciudad de Nueva York, el exlíder de la mayoría en la Cámara, Eric Cantor, explicó que los elementos contenciosos de la 245A —una proyección hecha por el comité conjunto de impuestos y que indica que la medida traduciría en negativo $10,000 millones para el Tesoro de los Estados Unidos— hacen prudente la búsqueda de otros incentivos con mayores probabilidades de lograr el consenso.

Cantor, que ahora es el vicepresidente de Moelis & Co., opina que la medida podría tener una oportunidad como parte de un plan fiscal de 10 años con elementos pagados. Pero el fantasma de la Sección 936, que le proporcionó una exención de impuestos de casi 100% a las compañías manufactureras en Puerto Rico, continúa rondando en los pasillos del Congreso.

La verdad es que el antiguo odio en el que se basa el desdén por estos incentivos diseñados para impulsar la manufactura se remonta al simple hecho de que las medidas solo se extienden a los territorios de los Estados Unidos —si Puerto Rico fuera un estado, los beneficios no estarían disponibles. Tal vez es hora de que los Hatfield y los McCoy —los populares pro-ELA y los penepés pro-estadidad— establezcan una tregua mientras trabajamos juntos para crear empleos en Puerto Rico. Cantor les aconsejó a quienes quieren ayudar a Puerto Rico que busquen otras herramientas para el desarrollo económico que sean similares a las utilizadas en Washington, DC.

Hatch y las brigadas de su grupo de trabajo podrían lograr un consenso en cuanto a los créditos salariales, una exoneración contributiva temporera en el Seguro Social y quizás lograr un aumento en los fondos de Medicaid. Esos incentivos podrían ayudar a que a la economía de Puerto Rico arranque con los empleos que tan desesperadamente necesita. ¿Será suficiente para compensar el modelo de austeridad que podría obligar a que la economía de Puerto Rico experimente una contracción del 1.4%? Hablen claro.




¿El principio del fin?

Los primeros días de Puerto Rico en los “Tiempos de la supervisión” —el retorno a un gobierno de Puerto Rico para la junta y por la junta— ha tenido un comienzo bastante escabroso marcado por metas establecidas a un ritmo muy lento.

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Date prisa y espera”, sería un lema apto para la junta de control fiscal. Las personas que trabajan tras bastidores habían puesto en marcha una búsqueda para conseguir un director ejecutivo hace casi seis semanas, cuando le hicieron un acercamiento a Bill Cooper, el director del Subcomité de Energía y Recursos Minerales y principal asesor de política pública de Rob Bishop (R-Utah), quien fue fundamental en la redacción de gran parte del lenguaje incluido en la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

En una entrevista exclusiva con Caribbean Business, Cooper confirmó que le habían hecho un acercamiento para medir su disponibilidad para el puesto. Ahora lo está reconsiderando. Por lo tanto, la “búsqueda ejecutiva” se ha extendido. Marc Kaufman, un experto en reestructuración conocido por su trabajo reorganizando la deuda de Harrisburg, Pennsylvania, y Fernando Batlle, el otrora vicepresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la administración del exgobernador, Luis Fortuño, figuran entre algunos de los nombres mencionados en el Congreso. Durante el segundo cónclave de la junta, que se celebró en Nueva York la semana pasada, el presidente del organismo dijo a los presentes que el director ejecutivo debe seleccionarse no más tarde del 15 de enero de 2017.

Atrasar la selección hasta esa fecha ha puesto en marcha un movimiento entre los acreedores con miras a enmendar la ley Promesa y ejercer presión para que la suspensión en las demandas se extienda por seis meses adicionales.

Un documento obtenido por este periódico indica que algunos grupos del bando de los acreedores contemplan enmiendas a Promesa para fortalecer el lenguaje en el Título III relacionado a la reestructuración de la deuda y extender la suspensión en las demandas según estipulado en la Sección 405: Suspensión Automática tras la Promulgación.

Durante un panel moderado por Caribbean Business en la Conferencia de Revitalización de Puerto Rico en Nueva York, auspiciada por la Asociación de Instituciones de Garantía Financiera, Eric Cantor, exlíder de la mayoría en la Cámara, confirmó que había preocupación entre los acreedores de que la frase “incapacidad de pago” fuera sustituida por “negativa de pago” en el Título III.

También dejó entrever que podría haber preocupación de que la suspensión en las demandas expira un mes después que juramente el nuevo gobernador de Puerto Rico. Cantor, quien es el vicepresidente de Moelis & Co., asesores de ciertos acreedores en sus demandas contra Puerto Rico, dice que “hay problemas en cuanto a la duración de la suspensión dado el tiempo que le ha tomado la junta el entrar en funciones”.

La suspensión en las demandas contenida en el Título IV expira a mediados de febrero de 2017 y cualquiera de los principales candidatos a gobernador que salga electo — sea David Bernier, que es pro ELA, o Ricardo Rosselló, que es pro-estadidad— tomará posesión del cargo el 3 de enero de 2017. Las aseguradoras de bonos temen que un mes es una ventana precariamente apretada con una junta que vuela a ciegas, apenas cumpliendo con las formalidades, mientras los buitres acechan en espera de que expire la suspensión de Promesa. Al momento de redactar este escrito ya hay un caso en corte ante el juez federal Francisco Besosa que ha unido cuatro casos de acreedores que retan la suspensión de Promesa con el argumento de que la moratoria de deuda del ELA viola la Ley Promesa en sí.

Las enmiendas a Promesa para extender la suspensión podrían ayudar a evitar un aluvión de demandas. Si la suspensión expira y entramos en litigios a tutiplén, entonces ¿cuál habrá sido el punto de toda esa legislación?

Si bien es cierto que Puerto Rico tiene una brecha fiscal de $58,000 millones, lo último que nuestro pueblo necesita es verse afectado aún más por demandas que podrían costarle al gobierno cientos de millones de dólares en gastos legales y administrativos.




Elecciones confiables a toda costa

Evolucionar a través de los cambios exponenciales del mejoramiento tecnológico a menudo trae consigo un período de adaptación que provoca ansiedad, al principio hay dolor y luego viene el crecimiento. La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) está experimentando esos “dolores de parto” a medida que se mueve a un sistema de escrutinio electrónico tras años de resistencia a la transformación de su sistema eleccionario arcaico, pero confiable.

Los primeros problemas surgieron durante las primarias del 5 de junio cuando las nuevas urnas electrónicas se pusieron a prueba. En ese ensayo general, las máquinas ubicadas en zonas con poca intensidad en la señal inalámbrica eran incapaces de transmitir los resultados a la sede de la CEE, frustrando así la meta de la presidenta de la CEE, Liza García Vélez, de tener resultados tempranos de todos los colegios. En lugar de cumplir con el plazo establecido de las 6:00 p.m. para los resultados finales, sería otra larga espera para el recuento final de tan solo 650,000 votos. Con más de tres veces la cantidad de papeletas durante las elecciones generales del 8 de noviembre, García Vélez no puede darse el lujo de tener más instancias de mala comunicación.

Dominion Voting System, la empresa contratada por la friolera de $38.5 millones para implementar la infraestructura electrónica, insiste en que ha resuelto los problemas. Esto es esencial y puede hacerse. Cientos de jurisdicciones en los Estados Unidos exitosamente utilizan el escrutinio electrónico en elecciones generales y locales. En Rhode Island, la secretaria de estado Nelly Gorbea, quien es puertorriqueña, ayudó a diseñar la transformación del aparato electoral de ese estado a principios de este año. Hoy día, el andamiaje electoral de Rhode Island, uno de los más confiables en los Estados Unidos, está a punto de rebasar la velocidad de la luz con una escuadra masiva de escáneres de mano que prometen mejorar aún más la entrega de los resultados.

En marcado contraste, Puerto Rico se enfrenta a un nuevo conjunto de retos que incluyen la posibilidad de una impresión inadecuada que podría entorpecer todos los progresos realizados por García Vélez y sus brigadas electorales. En el artículo de portada sobre los retos enfrentados por la CEE, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, planteó la preocupación de que Printech, una imprenta en Cayey que fue contratada para imprimir 8.5 millones de papeletas, alega no tener suficiente tinta para completar el trabajo.

La insuficiencia de Printech apunta a varios escenarios, ninguno de los cuales es bueno. La preocupación más urgente es que las papeletas no se imprimirán a tiempo, lo cual afectaría la votación anticipada que se lleva a cabo dos semanas antes de las elecciones. El problema se agrava porque el voto anticipado -que se le brinda a los reclusos carcelarios, empleados de seguridad pública y funcionarios electorales- ahora ha crecido para cubrir a todo el mundo y su abuela. Por lo tanto, se debe tomar una decisión en cuanto a imprimir las papeletas ahora y correrse el riesgo de producir papeletas con mala calidad de impresión o dar la orden para que las papeletas se impriman en los Estados Unidos.

La pregunta que debe hacerse es: ¿por qué Dominion aprobó la impresión de las papeletas en Printech en primer lugar? Al parecer, el representante popular José “Conny ” Varela propulsó la opción de imprimir localmente porque ahorraría dinero. El legislador basó su reclamo en el costo de que Dominion imprimiera las papeletas de las primarias en los Estados Unidos continentales. Por lo tanto, es posible que nos hayamos ahorrado algunos dólares a expensas de la confiabilidad en el ejercicio de la democracia. De ser así, esto es un costo demasiado alto.

García Vélez cree que la estrategia de imprimir las papeletas con menos tinta no afectará la habilidad del equipo para leer correctamente los resultados. Esa es una estrategia donde se cuida tanto el dinero que se acaba gastando un dineral. ¿Qué tan bueno es mejorar la maquinaria electoral si terminas echándole melaza al tanque? Empéñense en que las papeletas estén impresas correctamente y a tiempo. La democracia de Puerto Rico ya ha sufrido bastante este año.




Pajarito volando con la 245a

Los políticos se esmeran en darle un giro positivo a las cosas cuando lidian con una crisis como la asfixiante deuda y el declive económico de Puerto Rico. Un reciente ejemplo que viene a la mente es el informe de empleos locales que distribuyó el Departamento del Trabajo de Puerto Rico donde indica que la tasa de desempleo había permanecido estable en 12.1%.

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Es hipócrita ondear esa inquietante estadística como una bandera de victoria moral; en primer lugar, porque implica que nos mantenemos estables y, en segundo lugar, porque en realidad la cifra es mucho mayor si se toma en cuenta que nuestro universo de personas aptas para ser empleadas se está reduciendo al alarmante ritmo de 64,000 personas que abandonan la isla cada año. No se equivoque, nuestros empleos se crean en Florida, Texas y Nueva York. Los empleos netos creados en Puerto Rico fueron negativo 44,000 en 2016, para un total de 985,000 empleos, un nivel de empleo que se vio hace 25 años en la isla.

A medida que la junta de control fiscal comienza a tomar forma, hay muy poco que podamos esperar en cuanto a la creación de empleos. Los observadores tienen la esperanza de que el Grupo de Trabajo para el Desarrollo Económico cree suficientes medidas que puedan ayudar a que la economía de Puerto Rico arranque.

En cuanto al grupo de trabajo, hay mucho cuchicheo entre la clase política de la isla en relación a las propuestas que presentó el sector privado, entre las que destaca la inserción de la Sección 245a bajo la Sección 245 del Código de Rentas Internas. Los incentivos contenidos en la Sección 245a ofrecen una exención contributiva del 85% en los dividendos de las empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico.

Durante una reciente reunión del Comité Conjunto de Impuestos celebrada en Washington,  empleados del Congreso le presentaron cálculos a los cabilderos de Puerto Rico que ubicaban los efectos de concederle la Sección 245a a la isla en negativo $10,000 millones para el Tesoro estadounidense. Un cabildero vinculado al Partido Demócrata caracterizó la reunión como una mala para Puerto Rico ya que dejó a los miembros del comité con más preguntas que respuestas.

Aunque este periódico cree que la Sección 245a podría ayudar a avivar la economía de Puerto Rico, no somos partidarios de engañarnos a nosotros mismos poniendo todos los huevos en una canasta de cuentos de hadas si no hay ambiente en el Congreso para aprobar la medida. Es precisamente ese tipo de autoengaño que inicialmente nos metió en este lío.

¿Cómo olvidar cuando la Sección 936 fue objeto de eliminación gradual a partir del 1996 y continuamos como si nada, pensando que encontraríamos un reemplazo? En ese entonces, escuchamos a los políticos y cabilderos decir: “No se preocupen, vamos a obtener los créditos salariales de la Sección 30A”. Eso nunca ocurrió.

En cambio, con el paso de cada año se perdieron más empleos; el 40% de los fondos de la Sección 936 en los bancos de Puerto Rico desapareció y no teníamos nada para sustituirlos. Cuando llegó el 2006, la economía de Puerto Rico entró en una picada vertiginosa que aún no termina. Por lo tanto, aquí viene la junta de control creada por la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) para rescatar nuestra buena fe y nuestro crédito. No creo.

Puerto Rico tiene problemas apremiantes que los políticos deben atender inmediatamente. En primer plano está el abismo de la industria de salud, un precipicio de financiamiento de $1,500 millones que impactará en 2018 y que requiere un esfuerzo titánico de cabildeo en el Congreso para obtener la paridad en los fondos de Medicaid y Medicare. En 2014, el gasto de Medicaid en Puerto Rico totalizó cerca de $2,800 millones, de los cuales el gobierno federal aportó $1,600 millones o el 57% del costo. En marcado contraste, Mississippi -que tiene el ingreso per cápita más bajo entre los estados de la nación norteamericana- recibe del gobierno federal $4,100 millones en dinero de Medicaid. Por sí sola, la paridad en fondos federales para la salud sería una enorme inyección monetaria.

Es hora de despertar y lidiar con lo posible; maniobras de autoengaño en tiempos como estos no benefician a nadie.




De Fatmagül a Promesa

Tras ver el primer debate presidencial de la campaña electoral de 2016, se hizo dolorosamente evidente que hay una división filosófica entre los dos candidatos. Donald Trump se expresa como un propagandista sobre generalidades que “le hablan” a una población oprimida. Hillary Clinton, aunque socialmente cuestionada, habla con la autoridad informada de una persona que está sumamente calificada para ocupar el cargo. Ella es una exsecretaria de estado, exprimera dama de los Estados Unidos y exsenadora por Nueva York que entiende los matices de la política exterior y ha aprendido a no decir que cuando asuma el cargo “simplemente vamos a ganar”. La experiencia no puede improvisarse.

editorial-philipe-schoene¿Qué significa la elección general en los Estados Unidos para Puerto Rico? ¿Se imaginan a Trump a bordo del Air Force One, con Chris Christie como su secretario de Estado diciéndole: “tenemos un problema con Fatmagül”. “¿Ese es el nuevo presidente de Irán?”, preguntaría el presidente Trump. “No, es una telenovela turca que están viendo todos los puertorriqueños”, respondería Christie. “Hasta ahí llegamos; depórtalos”, respondería Trump. Christie, horrorizado, le recordaría a Trump que todos somos ciudadanos americanos. Trump lo miraría: “¿En serio? Pensé que solo era algo imaginario como cuando mis nietos me dicen, ‘mira Opa(abuelo en alemán): soy un superhéroe’”. ¡Imagínate tú!

Aunque una escena como esa podría parecer inverosímil con Trump en la Casa Blanca, no hay duda de que su bravuconería ignorante tiene a muchos preguntándose cómo manejaría el arte de gobernar en un mundo peligroso. Una presidencia de Clinton está probablemente mejor equipada para hacerle frente a las amenazas del nuevo extremismo.

En lo que concierne a Puerto Rico, Hillary conoce bien a la isla. Durante una entrevista que este reportero llevó a cabo con ella en medio de las primarias de Pensilvania en 2008, Hillary estaba muy al tanto de los retos que Puerto Rico enfrentó tras la eliminación de los beneficios contributivos de la Sección 936 cuando el expresidente de la Cámara Newt Gingrich llevó a cabo su cruzada contra el mantengo corporativo.

 

Promesa es para los acreedores,

no para los débiles de corazón.

 

En 1996 los beneficios contributivos estaban pautados para una eliminación progresiva en 10 años y la economía de la isla ha estado en picada desde el año 2006. Sin embargo, si es elegida al cargo, hay poco que ella pueda hacer por Puerto Rico porque hay un gobierno permanente compuesto por los acreedores, el complejo militar industrial y el sector energético que tiene la última palabra.

Si le queda alguna duda no hay más que mirar a la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés). Esa ley para reestructurar la deuda de Puerto Rico está plagada de intereses, entre los cuales figura la revitalización de la energía en Puerto Rico.

La crítica más reciente contra el proceso de Promesa remonta a la selección de Bill Cooper como el candidato ideal para convertirse en el director ejecutivo de la junta de control fiscal. ¿A nadie se le ocurrió que Cooper, quien ejerció una enorme influencia en la redacción de Promesa -especialmente en lo que concierne al Título V para la revitalización de la infraestructura (energía)- podría provocar la ira de los ambientalistas debido a sus antiguos lazos con el sector del gas natural?

Varias fuentes de alto nivel le aseguraron a Caribbean Business que Cooper estaba extremadamente preocupado por su seguridad ya que ha recibido cartas desagradables en relación a su posible conflicto de intereses. No sería nada del otro mundo si no fuera por el hecho de que durante una reunión entre las agencias federales del orden público que se llevó a cabo la semana pasada, un representante del Departamento de Policía de Puerto Rico no pudo garantizarle protección adecuada a Cooper a raíz de las limitaciones presupuestarias existentes. Esos inconvenientes de seguridad que aún quedan por resolver son una gran razón para que la “primera” reunión de la junta se llevará a cabo en Nueva York. Promesa es para los acreedores, no para los débiles de corazón.




Morcillas de Promesa

Las leyes, como las morcillas —los sabrosos embutidos que tanto amamos durante nuestras interminables navidades— son el producto de una confección secreta mejor dejada a la imaginación porque no hay nada bonito en el proceso de su creación. Ese viejo dicho continúa siendo válido hasta el día de hoy.

Si alguien tiene alguna pregunta, por favor échele un vistazo a la redacción de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés); la ley destinada a rescatar a Puerto Rico de las profundidades de la depresión es en realidad una hoja de ruta hacia una reestructuración de deuda.

Para hacer morcillas realmente sabrosas hay que sacar los intestinos y llenarlos con arroz y sangre; en fin, no es tarea para los débiles de corazón. Lo mismo puede decirse de la legislación que pretende restaurar el crédito de Puerto Rico. Aquí no hay Credit Karma.

En realidad, Promesa es el resultado de una confluencia de eventos que comenzó como la carrera de Donald Trump para la presidencia, como un ardid que nunca llegaría a lograrse. En lo que le toca a la Promesa, un proceso que comenzó como un ejercicio rutinario de “vamos a prestarle atención a nuestros electores hispanos” —había pocas posibilidades de que un Congreso disfuncional aprobaría una ley tan manchada con el barniz del rescate— poco a poco se abrió camino a través de la tormenta del partidismo.

Hubo una confluencia de eventos improbables: el Caucus Pro Libertad respaldó al representante estadounidense Raúl Labrador (R-Idaho), los cabilderos de los tenedores de bonos de deuda de obligación general estaban seguros de que su excelente crédito tendría algún grado de prioridad una vez que Promesa echara a andar y se le aseguró a los tenedores sénior de deuda Cofina (siglas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante) que sus créditos respaldados por los impuestos no serían arrojados en un mismo basurero.

Y entonces, Promesa llegó a un comité de votos, a pesar de que el portavoz de la Cámara Paul Ryan invocó la Regla Hastert. Esa maniobra parlamentaria informal, que toma su nombre del expresidente de la Cámara Dennis Hastert, exige que se presente una legislación para votación únicamente si el portavoz cree que puede aprobar la medida cuando vaya al pleno con una mayoría de la mayoría. Pocas personas en el Capitolio pensaban que hubiese posibilidad alguna de que eso ocurriera. En ese sentido, Promesa era como la penicilina, surgió casi por accidente. Ahora la pregunta es: ¿cómo beneficiará a Puerto Rico?

Hay algunas personas muy serias en el Partido Republicano (conocido como el GOP en inglés) que están bien informadas sobre la política de Puerto Rico —por desgracia podemos contarlas con una mano— y que creen que los republicanos están siendo ingenuos en la selección de los miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera.

¿Cómo es que las únicas personas que dan la talla, según los estándares de esta junta, son personas como Carlos García, cuya selección por parte de Ryan está siendo cuestionada porque el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ayudó a diseñar las emisiones de bonos que están próximas a su vencimiento? También está el nombramiento de Bill Cooper como director ejecutivo de la junta, que ha sido alabado por el sector privado y criticado por algunos en el GOP ante la posibilidad de que el sector ambientalista lo rechace.

Lo próximo en agenda es la elección del presidente de la junta. Los rumores en los sagrados pasillos del Congreso es que se seleccionará a José Carrión III. Se alega que él, a su vez, parece inclinado a confirmar a Cooper como director ejecutivo.

De ahí se pasará a escoger el coordinador de revitalización, que es elegido por el gobernador de una lista con al menos tres nombres presentados por los miembros de la junta. Ese puesto ejercerá un poder considerable al exigir que se sigan las reglas de la vía rápida o “fast-track” en los permisos para proyectos de infraestructura considerados como cruciales. Cooper tuvo mucho que ver con el lenguaje incluido en Promesa que faculta la expedición acelerada de permisos. Mucho ojo.




Aquí viene el juez

“Si tu abogado está durmiendo, más vale que lo despiertes! Todo el mundo atento, porque aquí viene el juez. ¡Aquí viene el juez!”

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Así se traduciría la famosa advertencia del comediante Sammy Davis Jr., quien la inmortalizó en el paso de comedia donde intervenía un juez en Laugh-In, el popular programa de parodias en la televisión durante la década del 1960.

La célebre frase habría sido perfecta para presentar a Richard “Dick” Ravitch mientras se dirigía a una mesa redonda celebrada en La Fortaleza a principios de esta semana. El otrora vicegobernador de Nueva York está siendo aclamado por el gobernador Alejandro García Padilla como la voz de la razón en medio de tanta turbulencia. Ravitch ha aceptado la difícil tarea de representar al actual gobernador como miembro ex-oficio de la junta de control federal creada por la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Es hora de despertar; aunque Ravitch representará al gobernador por unos pocos meses, él estará en una posición que le permitirá ejercer influencia sobre los miembros de la junta con quienes interactúa.

La primera vez que Ravitch atendió a la prensa en Puerto Rico hace varios meses, se presentó como un asesor de alto nivel para Puerto Rico que quiso compartir su experiencia al llevar la ciudad de Nueva York de la crisis financiera en la década de 1970 al camino hacia la prosperidad. Durante esa primera reunión, compartió que él quería ayudar a Puerto Rico. Sin embargo, no mencionó que estaba la junta de Build America Mutual (BAM), una aseguradora de bonos que podría beneficiarse en gran medida, si su influencia se ejercía de manera que impacte a otras aseguradoras que cubren unos $16,000 millones de deuda de Puerto Rico.

Algunas de las aseguradoras que velan el involucramiento de Ravitch con mucha consternación son Assured Guaranty, MBIA’s National Public Finance Guarantee, Ambac Assurance y Syncora Guarantee. Ravitch renunció a su puesto en el consejo BAM la semana pasada para disipar la preocupación por el posible conflicto de intereses. No vendas guayaba.

Tras participar en otra mesa redonda con la prensa de Puerto Rico la semana pasada, muchas preguntas continúan sin respuesta. Aunque su reunión con nuestros reporteros el lunes pasado arrojó luz sobre algunos elementos importantes que se avecinan —por ejemplo, él advirtió que el plan fiscal de la administración de García Padilla será infernal— Ravitch sigue vendiéndose a sí mismo como el sabio que puede arreglar la maltrecha economía de Puerto Rico. Aun así, es probable que no permanezca en su puesto después de que el nuevo gobernador sea juramentado el 3 de enero de 2017.

Más que nada, su designación “pro bono” sugiere que Puerto Rico ha perdido tanta credibilidad que necesitamos delegados que hablen por nosotros. En su más reciente alocución, Ravitch afirmó que los miembros de la junta deberían tener una tabula rasa. Él no quiere hacer algún comentario que emita juicio con respecto al miembro de la junta de control Carlos García, cuya designación está siendo ampliamente cuestionada ya que fue uno de los responsables de incrementar la deuda de Puerto Rico al promover una cultura de endeudamiento.

¿Acaso Ravitch cambiaría su opinión sobre Carlos García si supiera que hubo peticiones de los miembros del GOP para que García fuera eliminado de la lista? Hubo una creciente preocupación entre el personal de la oficina del presidente de la Cámara, Paul Ryan, en cuanto al rol de García en el crecimiento de la deuda de Puerto Rico mientras fungía como el presidente del Banco Gubernamental de Fomento en el 2011. Se alega que él intervino en la creación de ofertas de bonos a corto plazo valoradas en al menos $2,500 millones que vencen ahora.




Entre broma y broma

Nuestro dicho en español “entre broma y broma, la verdad se asoma” sería un perfecto atisbo de las noticias que rondan por los pasillos del Congreso de los Estados Unidos en cuanto a que un proyecto de ley que le concedería la independencia a Puerto Rico está ganando adeptos. El proyecto de ley establece que “es la intención del Congreso el aprobar legislación, en estrecha consulta con el Ejecutivo de los Estados Unidos, para asegurar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico obtenga plena soberanía como país independiente no más tarde de siete años después de la fecha de la promulgación de esta ley”. Ese es el plato principal.

El acompañante en el proyecto de ley, solo para añadir un poco de pique: “Tras más de un siglo de debates internos y externos, no hay consenso para la estadidad, ni existe un deseo a través de toda la nación para admitir un estado número 51”. ¿Podemos decir que estas verdades son evidentes?

Entonces, para poner a la gente nerviosa, una doble dosis de espresso en la Sección IV del proyecto de ley titulado “Tratado” que establece, entre otras cosas, una moneda común y que “la ciudadanía estadounidense puede mantenerse o renunciarse por las personas que son ciudadanos de los Estados Unidos [en la fecha de la promulgación de esta Ley], pero no pasará a los niños nacidos después de la promulgación de esta Ley”.editorial-philipe-schoene

El proyecto de ley contiene este tipo de preguntas entre paréntesis como “[¿y si no se establece este tratado? No hay manera de exigirle a Puerto Rico que entre en un tratado vinculante]”, lo cual nos llevaría a pensar que se trata de un globo de prueba para promover una agenda diferente.

Un cabildero en el Capitolio vinculado al Partido Republicano dijo a este periódico que el proyecto de ley es una respuesta directa a la acción legal considerada por los acreedores en el bando de los seguros de bonos monolínea y los fondos de cobertura, que al parecer tienen la intención de hacer que los Estados Unidos sea responsable de parte de la deuda de Puerto Rico basándose en la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Sánchez Valle vs. Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En una decisión 6-2, los jueces del Supremo determinaron que Puerto Rico no tiene soberanía para procesar a una persona por el mismo delito del que ha sido acusado en una corte federal. La decisión reforzó el reclamo hecho por algunos bandos de acreedores de que un Puerto Rico que no es soberano no debe estar comprometido a pagar su deuda.

Por lo tanto, se alega que el proyecto de ley que cortaría nuestro cordón umbilical es una medida preventiva para establecer la soberanía de Puerto Rico de una vez por todas. Al momento de redactar este escrito, se alega que hay representantes de ambos partidos que respaldarían un proyecto de ley como este. No nos creemos ese cuento.

Sí, hay actos supremos de cinismo como el hecho de que el gobernador Alejandro García Padilla haya nombrado a Richard Ravitch para representarlo en la junta de control. García Padilla se apresura a señalar que la experiencia de Ravitch en la reorganización del desorden financiero de la ciudad de Nueva York como ex-vicegobernador de ese estado lo hace merecedor del puesto. A García Padilla no debería escapársele que Ravitch tiene un claro conflicto de intereses porque es parte de la junta de directores de Build America Mutual, una compañía de seguros de bonos que tiene mucho que ganar de cualquier acción que pudiera afectar negativamente la calificación crediticia de las aseguradoras de bonos que poseen unos $16,000 millones en deuda de Puerto Rico. (Ravitch renunció a la junta de Build America Mutual el 6 de septiembre). Aunque los acreedores en el bando de aseguradoras le han dicho a Caribbean Business que le darán una oportunidad a Promesa, el nombramiento de Ravitch da pie a posibles retos a las interpretaciones de la ley.

Los mejores esfuerzos de la administración Obama para convocar una junta repleta de cinismo apuntan a la improbabilidad de que los Estados Unidos le dé la libertad a su colonia. Si querían ayudar a Puerto Rico a crear empleos y ponerse nuevamente de pie, podrían considerar la independencia, pero lo único que quieren es que Puerto Rico pague su deuda. Buena fe y crédito, o nada. Qué triste.