PFEI identifica delitos más graves que Justicia para Elías Sánchez y Edwin Miranda

Por Luis J. Valentín Ortíz

Mientras que el Departamento de Justicia recomendó investigar al abogado y cabildero Elías Sánchez Sifonte solamente bajo dos posibles delitos, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) identificó la posibilidad de ilegalidades más serias de parte del también exdirector de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En su investigación, Justicia solamente identificó como posibles delitos cometidos por Sánchez Sifonte imputaciones relacionadas a los artículos del Código Penal de aprovechamiento ilegal de trabajos públicos (252) y el de incumplimiento del deber (262), este último siendo uno menos grave. El PFEI enumera artículos más severos, como el de intervención indebida en las operaciones del Gobierno (254) y el de influencia indebida (261), ambos delitos conllevan cárcel de hasta ocho años, según la gravedad. Al igual que Justicia, el PFEI también vio aprovechamiento ilegal.   

Un caso similar ocurre con el publicista Edwin Miranda Reyes, a quien Justicia le identificó posibles delitos de fraude (202) e incumplimiento del deber (262), pero el PFEI añadió influencia (261) e intervención indebida (254), ambos con penas de cárcel de hasta ocho años. Tanto Justicia como el PFEI identificaron falsedad ideológica (212) — dar declaraciones falsas en un documento público — y aprovechamiento ilícito (252) como posibles delitos cometidos por Miranda Reyes.

La información surge de una resolución publicada el jueves, 13 de febrero, en la cual el PFEI anuncia formalmente el inicio de su investigación en torno a varios miembros del controversial chat de Telegram denominado “WRF” entre Rosselló Nevares y sus allegados.

Además de Sánchez Sifonte, otros cinco integrantes del chat serán investigados por el PFEI: el ex principal oficial financiero, Christian Sobrino Vega; el ex asesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia; el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés; el publicista y ex contratista del Gobierno, Miranda Reyes; y el exgobernador Rosselló Nevares.

El pasado 10 de enero, Justicia recomendó investigar a todos los miembros del chat de Telegram y a otras dos funcionarias de la administración Rosselló, pero no hizo públicos los posibles delitos identificados. Sin embargo, en su resolución, el PFEI sí identifica cuáles fueron los posibles delitos señalados por Justicia en torno a las seis personas que serán investigadas por esa entidad. Salvo algunas excepciones, existe discrepancia entre los posibles delitos identificados por Justicia y el PFEI.

“Algunos de esos delitos están presentados en la ley de manera amplia, que puede cubrir una gama de conducta y en ese sentido depende del criterio legal que use Justicia o el PFEI, si requeriría un mayor peso de prueba o más prueba documental, o se necesitan más testigos. Entiendo que eso puede ser base para la discrepancia”, dijo el abogado José Enrique Colón Santana, quien formó parte del grupo de juristas que a instancias de la Cámara de Representantes, analizó el contenido del chat y recomendó el pasado verano un proceso de residenciamiento contra Rosselló Nevares. 

El informe identificó tres delitos graves y dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental de parte del exgobernador. 

“Las discrepancias [en los delitos identificados] tienen que ver con el concepto de cada investigación, el marco de referencia. En el nuestro, era detallar en el informe aquellos delitos identificados de forma unánime. Se discutieron muchísimos más, pero no había consenso y no entraron al informe”, añadió el abogado Luis Enrique Rodríguez Rivera, otro de los juristas que formó parte de la comisión especial de la Cámara.

Contrario a Justicia, el PFEI dijo que no utilizó como parte de su evaluación el contenido de 889 páginas del chat de Telegram publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), ya que “sería de cuestionable utilidad en un procedimiento penal”, debido a “las circunstancias que rodean su obtención y falta de certeza de que su contenido es íntegro y no ha sido objeto de manipulación”, indicó el Panel. El PFEI utilizó solamente cinco declaraciones juradas obtenidas por Justicia en su pesquisa inicial tras la publicación del chat.

Para Colón Santana, la admisión del propio exgobernador de su actuación en el chat acredita el contenido de la conversación. “Recuerde que el gobernador hizo una conferencia de prensa admitiendo todo lo que está en el chat”, indicó el abogado al CPI.

Aún sin contar con el contenido del chat, el PFEI encontró la posibilidad de delitos más serios de parte de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes que Justicia no identificó a pesar de contar con una mayor cantidad de evidencia en su evaluación. Aunque tuvo a su haber las mismas cinco declaraciones escritas que usó el PFEI, el Departamento de Justicia no vio intervención e influencia indebida de parte de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes.

Una de las preguntas que quedan sobre la mesa es si Justicia pudo obtener una versión directa del chat de Telegram de los teléfonos de los participantes. La resolución del PFEI da a entender que no recibió una versión validada del chat de parte de Justicia al decir que “no hay certeza de que su contenido no haya sido alterado”.

En declaraciones emitidas el 14 de febrero, la secretaria de Justicia Dennise Longo Quiñones manifestó que como parte de la pesquisa de Justicia, “se descargó el contenido de los dispositivos celulares que se recuperaron de múltiples participantes del WRF Chat y se analizó esa prueba forense”. En expresiones anteriores, Justicia indicó que sus investigadores “examinaron cuidadosamente el contenido del WRF Chat”.

Según una declaración jurada de la agente Edna Cruz Estrada como parte de la orden de allanamiento y registro del celular del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, a finales de julio los investigadores de Justicia no habían logrado obtener el chat directamente de los móviles tras concluir el proceso de citación de integrantes del chat.  

Panorama más favorable para Rosselló Nevares

Del otro lado de la moneda, se encuentran Rosselló Nevares, Rosario Cortés, Orona Amilivia y Sobrino Vega. Para ellos, Justicia identificó delitos más graves que los señalados por el PFEI.  

En el caso del exmandatario Rosselló Nevares, mientras Justicia identificó la posibilidad de delitos tales como discrimen, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, aprovechamiento ilícito, incumplimiento del deber, encubrimiento y destrucción de prueba, el PFEI solamente identifica dos delitos menos graves: incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento de su deber.

Al igual que Justicia, un informe preparado por tres juristas y comisionado el pasado verano por la Cámara de Representantes identificó aprovechamiento ilícito y negligencia en cumplimiento del deber. El grupo de abogados, quienes rindieron el informe como parte de un potencial proceso de residenciamiento contra Rosselló Nevares, ha sido el único hasta el momento en identificar el delito de malversación de fondos de parte del exmandatario.

El abogado criminalista Harry Padilla estará a cargo de la defensa de Rosselló Nevares y opinó que el asunto es más bien uno de índole político y sería cuesta arriba que prospere un caso criminal contra el gobernador.  

En cuanto al exsecretario de Asuntos Públicos, Rosario Cortés, Justicia le identificó posibles delitos de discrimen, resistencia u obstrucción a la autoridad pública, aprovechamiento ilícito, malversación de fondos, incumplimiento del deber, encubrimiento y destrucción de prueba. El PFEI lo limitó a negligencia e incumplimiento del deber. 

Para el ex principal oficial financiero, Sobrino Vega, y el exasesor legal, Orona Amilivia, Justicia señaló resistencia u obstrucción a la autoridad pública, aprovechamiento ilícito, incumplimiento del deber, encubrimiento y destrucción de prueba. Pero el PFEI se limitó a identificar incumplimiento del deber y negligencia. Solamente en el caso de Sobrino Vega, el PFEI añadió el delito de amenaza. El exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, y su hijo, Carlos Sagardía, defenderán a Sobrino Vega, según confirmó Sagardía, hijo, en entrevista radial con WIAC 740 AM reseñada por Metro.  

Tanto Justicia como el PFEI identificaron violaciones a la Ley de Ética Gubernamental de parte de los seis que serán investigados, pero no detallan cuáles son las posibles infracciones. La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) también realiza una pesquisa en torno al chat de Telegram y hasta el pasado mes de enero iPFEI identifica delitos más graves que Justicia para Elías Sánchez y Edwin Mirandanformó que continuaba activa, y no quiso informar novedades. 

“De forma meridianamente clara, se podría entender que — según surge de las declaraciones juradas que forman parte del récord, algunos de los participantes del chat podrían haber incurrido en infracciones al Código Penal de 2012 y a la Ley de Ética Gubernamental”, lee la resolución del PFEI que identifica una lista de posibles delitos que van desde negligencia e incumplimiento del deber a aprovechamiento ilícito, amenaza, falsedad ideológica, a intervención e influencia indebida. 

El PFEI archivó aduciendo falta de prueba los referidos de Justicia contra la exsecretaria de Prensa, Yennifer Álvarez Jaimes, la exdirectora de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez, y el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas. 

En el caso del ex principal oficial financiero Raúl Maldonado, el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín, el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz, el relacionista Carlos Bermúdez Urbina, el asesor Rafael Cerame D’Acosta, el Panel no recomendó un FEI por el momento, aunque dejó la puerta abierta para futuras acusaciones.

Los fiscales especiales a cargo

Los fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz y Miguel Colón Ortiz llevarán a cabo la pesquisa del PFEI. Tendrán hasta el próximo 13 de mayo, para completar su investigación.

Además de investigar a fondo posibles delitos de un exgobernador y parte de su equipo, ambos también tendrán que continuar el caso contra el exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill. Este último enfrenta actualmente un juicio por cargos de maltrato y agresión sexual contra una empleada del municipio.

Colón Ortiz, quien también fue fiscal en el caso de corrupción contra el convicto exsenador Jorge de Castro Font, dirigió el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y la Oficina de Asuntos del Contralor, Integridad Pública y Delitos Económicos, ambos adscritos al Departamento de Justicia. En el caso de Pabón Ortiz, la fiscal trabajó en el caso de corrupción contra el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás.

Pugna entre PFEI y Justicia 

La diferencia entre los posibles delitos encontrados por ambas agencias llama la atención tanto como los señalamientos realizados por el PFEI en torno a la investigación de Justicia. En su resolución, el Panel alega que Justicia incumplió con su deber al recomendar un FEI para todos los integrantes del chat sin contar con “prueba bajo juramento” y descansando mayormente en el contenido de la conversación en Telegram.

La secretaria Longo Quiñones ripostó que su agencia realizó “un análisis puntilloso y complejo” de toda la prueba, tanto directa como circunstancial. Explicó que los delitos identificados no surgen de una mera participación en la conversación, sino que la posible conducta criminal fue corroborada con entrevistas y evidencia. Aseguró que la prueba recogida en su investigación era más que suficiente para los referidos que realizó al PFEI a principios de año. 

La gobernadora Wanda Vázquez Garced — quien se inhibió de participar en el asunto cuando fungía como secretaria de Justicia — apoyó el sábado la gestión del Departamento de Justicia, asegurando que la agencia envió base suficiente para realizar los referidos.  

Aunque en su resolución, el PFEI adelantó que no devolverá el caso a Justicia para que atienda las deficiencias de su pesquisa “porque eso sería fraccionarlo o desmembrarlo”, Longo Quiñones dijo que pedirá al panel la devolución de la parte que el PFEI decidió no investigar, junto a su evidencia, para retomar la investigación y “evaluar la conducta que se pueda procesar”. A juzgar por las declaraciones de la secretaria de Justicia, esto incluiría a los contratistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame D’Acosta, y la exdirectora de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez.

Otro señalamiento del PFEI gira en torno a la exjefa de fiscales, Olga Castellón Miranda, quién lideró la pesquisa en Justicia previo a realizar su referido y estuvo a cargo de la investigación desde su inicio el pasado 15 de julio. Según el PFEI, Castellón Miranda “cesó sus funciones en [Justicia] hace varios meses”, y se desconoce quién tomó las riendas de la pesquisa ni qué gestiones investigativas adicionales se realizaron al pedir una prórroga el pasado mes de octubre para entregar sus hallazgos 

La Secretaria de Justicia dijo que la agencia usó la prórroga para trabajar “diligentemente” en el expediente e informe de 109 páginas que pasó al PFEI con su pesquisa inicial.   

En cuanto a las denuncias de trabajo político partidista en el chat, el Panel sobre el FEI rechazó considerar como prueba “las innumerables referencias a reuniones, estrategias y asuntos político partidista efectuada en La Fortaleza durante horas laborables” que surgen de la conversación, para asignar un FEI a todos los integrantes del chat, según recomendó Justicia. Esto hubiera violentado su ley habilitadora, según el PFEI, ya que Justicia no había puesto al Panel en posición de investigar estos presuntos delitos. Añadió que si los fiscales especiales identifican prueba que se pueda presentar en un tribunal, así pueden hacerlo.

Para la Secretaria de Justicia, sin embargo, la resolución del PFEI parece indicar que el panel no tiene “la intención o el compromiso de acoger ese tipo de caso para procesamiento”.

No insistirán en los celulares de Sánchez y Miranda

El Panel también dejó saber que no pedirá al Tribunal Supremo que revise el revés sufrido por Justicia en el Tribunal Apelativo, como parte del caso que llevaba contra Sánchez y Miranda para obtener acceso a sus celulares.

La entidad alega que ir al Supremo sería una “demora injustificada” que podría afectar el tiempo que tiene el Estado para acusar en un tribunal bajo algunos de los posibles delitos.

La pesquisa de Justicia incluyó la revisión de los teléfonos celulares de la mayoría de los integrantes del chat. En el caso de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes, ambos han rechazado entregar sus celulares a Justicia invocando su derecho a no autoincriminarse. Tras sufrir un revés a nivel apelativo, Justicia presentó el pasado 30 de diciembre un recurso de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones para intentar lograr acceso a los teléfonos móviles de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes, pero este fue rechazado a finales del pasado mes de enero.

“Además, los FEI estiman que, de ser necesario, existen alternativas jurídicas viables para la obtención de la prueba”, lee la resolución firmada por la presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, y el miembro Rubén Vélez Torres. 

Para la Secretaria de Justicia, sorprende la decisión del PFEI de desistir del caso por no   someter escritos apelativos.

“Como dice el refrán pueblerino, un buen abogado es capaz de caminar y mascar chicle a la misma vez”, dijo Longo Quiñones.

Divulgan detalles de investigación de Justicia

Luego de permanecer mayormente silente en torno al tema, la secretaria Longo Quiñones reveló en sus declaraciones sobre el PFEI algunos detalles de la pesquisa de Justicia. Por primera vez, la agencia identificó algunas de las personas que formaron parte de su investigación. 

Sobre las más de 46 citaciones emitidas a testigos — ya sea para testimonio o para entregar algún objeto o documento — Longo Quiñones solamente reveló la identidad de 14 de ellas, incluyendo la del exsecretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, y la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz. 

De la lista llaman la atención los nombres de Jorge Bauzá, exdirector creativo y consultor de las empresas de publicidad de Miranda Reyes, iCrossing y KOI Americas, y Maritza Garay Morales, quien trabaja actualmente en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y exdirectora del departamento de Finanzas de Guaynabo.

Justicia también abordó al actual administrador de La Fortaleza, y subadministrador bajo Rosselló Nevares, Luis Augusto Martínez; a la exdirectora de Comunicaciones, Rossy Santiago Velázquez; al exadministrador de La Fortaleza, Juan Carlos Hernández; a la oficial de prensa para varias agencias del Gobierno, Leticia Jover; y quien fuera el secretario de Prensa interino de Rosselló Nevares y actual jefe de comunicaciones en Vivienda, Rafael Josué Vega. 

El exmonitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet Passalacqua, el director de Discover Puerto Rico, Brad Dean, y la directora legal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, Griselle Morales, también forman parte de la lista.

El Departamento de Justicia dijo que inició su investigación preliminar el 15 de julio de 2019, dos días después de que el CPI publicará 889 páginas del chat. Más de seis meses después de comenzada la pesquisa, finalmente Justicia refirió al PFEI a todos los integrantes del chat, incluyendo a la exsecretaria de Prensa, Álvarez Jaime, quien no figuraba en las 889 páginas publicadas. También refirió a la exdirectora de Comunicaciones, Santiago Velázquez, aunque no detalló las razones.

El CPI publicó el 13 de julio pasado 889 páginas que recogen conversaciones del chat de Telegram entre Rosselló Nevares y 11 de sus allegados. Los mensajes publicados ocurrieron entre finales de noviembre de 2018 y enero de 2019. En el chat se compartía información privilegiada y confidencial con personas que no eran funcionarios y quienes participaban activamente de las conversaciones. De igual forma, se desprende del chat el trabajo político partidista que se realizaba en horas laborables y mediante el uso de recursos públicos. También quedó al descubierto el carácter de integrantes del chat, quienes a diario realizaban comentarios misóginos, sexistas y homofóbicos, perseguían a adversarios políticos y activistas, y coordinaban la proyección política de la administración. 

Tras más de dos semanas de protestas en las calles pidiendo su renuncia luego de la publicación del chat, Rosselló Nevares renunció el 24 de julio y abandonó La Fortaleza el 2 de agosto.




Bancos anuncian horarios para el día de los Presidentes y Próceres Puertorriqueños

Por motivo de la conmemoración del día de los Presidentes y Próceres Puertorriqueños el lunes, 17 de febrero de 2020, algunos de los principales bancos del país operarán en los horarios detallados a continuación.

Banco Popular anunció que varias sucursales localizadas en distintos centros comerciales alrededor de la isla ofrecerán servicio. De 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, ofrecerán servicio las sucursales de Vega Alta y Humacao Este. Las sucursales de Barceloneta Outlets, Las Catalinas, Mayagüez Mall Centro y Plaza del Caribe, ofrecerán servicio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Por su parte, las sucursales localizadas en Plaza del Sol, Plaza Las Américas, Plaza Carolina y San Patricio Mall, brindarán servicios de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Para alquiler de autos y camiones, las oficinas de Renta Diaria de Popular Auto abrirán hasta las 12 del mediodía, con excepción de la oficina de Carolina que ofrecerá servicio hasta las 5:00 p.m.

Mientras, Banco Santander informó que el lunes ofrecerá servicio al público en horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en las sucursales ubicadas en los siguientes centros comerciales: Plaza Las Américas en Hato Rey, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza Del Caribe en Ponce, Plaza Del Sol en Bayamón, Plaza Palma Real en Humacao y The Outlets at Montehiedra.

Las oficinas centrales, Santander Insurance Agency y Santander Asset Management permanecerán cerrados. El martes, 18 de febrero el Banco Santander, subsidiarias y afiliadas retomarán las operaciones en su horario regular.

Oriental informó que 23 sucursales localizadas en varios centros comerciales estarán abiertas al público.

Las sucursales que estarán abiertas al público en horario de fin de semana son:

  • Plaza Centro, Caguas
  • Las Catalinas, Caguas
  • Villa Blanca, Caguas
  • Escorial
  • Galería del Norte, Hatillo
  • Humacao
  • Juana Díaz
  • Mayagüez Mall (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank)
  • Plaza Las Américas (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank)
  • Plaza del Sol (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank)
  • Plaza Cayey
  • Plaza Guayama
  • Plaza del Caribe, Ponce (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank)
  • San Patricio (2 sucursales: Sucursal Oriental y Antiguo Scotiabank)
  • Plaza Carolina
  • Fajardo
  • Manatí
  • Trujillo Alto

El horario de los centros de servicios será el siguiente:

  • Contact Center: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Centro de Servicio El Señorial: permanecerá cerrado

Al momento de esta publicación, FirstBank no había anunciado sus horarios para este día feriado.




Educación sin recursos para cumplir con las evaluaciones vocacionales de niños de educación especial

Por Angélica Serrano Román

Reinalice Carrero Guerra, una joven de 23 años con Síndrome Down, es una
de las miles de estudiantes de Educación Especial que nunca recibió una
evaluación vocacional y de carrera del Departamento de Educación, a pesar de
que la ley exige desde hace 13 años que se le haga esta prueba.

Tampoco recibió ayuda de la Administración de Rehabilitación Vocacional
(ARV), adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que se
supone que encamine a los ciudadanos con diversidad funcional en la fuerza
laboral. Su madre Alice Guerra relató que solicitó sin éxito los servicios
luego de que su hija se graduara de escuela superior a los 18 años.

“Le hicieron 1,500 entrevistas. La persona a la que le correspondía el
caso, nunca estaba, y me redirigían con otra que estuviese disponible. Dejaron
de llamarme y escribirme. Supuestamente la adiestrarían [a la joven] para que
trabajara en una góndola en un supermercado, pero eso nunca pasó”, expresó
Guerra.

A Juliana Ortiz Pérez, diagnosticada con autismo, Educación tampoco le
ofreció la prueba. Su madre, Joana Pérez Coderi, relató que no fue hasta los 20
años que inició un trámite con Rehabilitación Vocacional para el empleo y la
vida independiente.

Luis Alonso Quesada, quien tiene sordoceguera parcial y nació con
problemas cardíacos y de movilidad, tomó la evaluación vocacional de Educación
a los 16 años. Sin embargo, su madre, Mónica Quesada, opinó que no tuvo ningún
resultado, y la agencia los obligó a ir a las citas de Rehabilitación
Vocacional. En una ocasión les tocó esperar horas para ser atendidos, y el
especialista les despachó en cinco minutos. “Me atendieron en ‘un dos, tres,
pescao’”.

La Ley 263 de 2006, del
Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera, establece que los estudiantes
con diversidad funcional deben recibir una evaluación vocacional preliminar al
cumplir los 12 años, evaluación que debe ser completada antes de los 15 años.

Esta prueba busca identificar y proyectar el funcionamiento de una persona con diversidad funcional en las áreas de vocación y empleo. Algunos estudiantes son del sistema público referidos o solicitan los servicios de Rehabilitación Vocacional para recibir evaluaciones, terapias o asistencia adicional que les ayude a entrar a la fuerza laboral.

La evaluación, según dispone la Ley, es “un derecho para los estudiantes con impedimentos en proceso de transición que reciben servicios de educación especial bajo la Secretaría Auxiliar de Educación Especial, adscrita al Departamento de Educación de Puerto Rico, garantizándoles su desarrollo pleno e integrándolos al mundo del trabajo en sus respectivas comunidades”.

“Para nada me sirvió [la prueba]. Ni para Rehabilitación Vocacional. No

empleo, espejuelos, ninguna asistencia. Luilli no recibió nada. El
empleo que tuvo fue porque nosotros le conseguimos el empleo en una farmacia”,
manifestó Quesada.

El secretario asociado de Educación Especial en el DE, Eliezer Ramos
Parés, alegó que la Ley 263 – aprobada hace 13 años – es reciente, y que la
agencia está en la búsqueda de recursos adiestrados para administrar la
Evaluación Vocacional y de Carrera.

“Te reconozco que el proyecto, en cuanto a la implantación, está en pañales”,
admitió Ramos Parés en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo.

El estatuto 263 también indica en la exposición de motivos, que los
consejeros escolares adiestrados en Evaluación Vocacional son los mejor
capacitados para ofrecer las pruebas, pero también permite que se contraten
especialistas en Evaluación Vocacional externos.

“Se están haciendo intentos de contratar estos servicios en el sector
privado, de manera inmediata en miras de establecer planes de trabajo y
readiestrar personal. Es un tema que requiere muchas horas de adiestramiento,
horas fuera del adiestramiento y una inversión millonaria del Departamento”,
dijo el funcionario. 

“¿Por
qué no se presupuestó una partida específicamente para ofrecer las evaluaciones
vocacionales y de carrera?”, preguntó el CPI.

“Esto cae entre dos
partidas: servicios directos para estudiantes o transición. Una vez se
recibiera [alguna] propuesta viable para los servicios, se hacía el análisis y
se separaban los fondos”, respondió Ramos Parés sin atender la pregunta directa
mediante declaraciones escritas luego de casi dos meses de solicitada la
información.

La agencia alegó que ha
intentado reclutar

especialistas y evaluadores vocacionales para administrar las pruebas. Sin
embargo, el CPI confirmó que ninguna empresa o individuo presentó una propuesta
a estos fines.

“La situación con el
Departamento [de Educación] es que ellos han estado enfocando sus esfuerzos en
trabajar el tema del presupuesto y al enfocarse en eso, hay servicios que no se
están dando o están pasando a un segundo plano”, denunció la licenciada Adamaris
Feliciano, del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial.

Dentro de las
cosas que han pasado a un segundo plano está la contratación de especialistas y
recursos. “Como no hay fondos para pagarles a los que están en estos momentos,
ellos no están contratando. Eso nos han dicho [en Educación]”, agregó.

Al ser abordado
sobre el rendimiento de los estudiantes que toman estas pruebas, Ramos Parés
dijo que lo desconoce. Indicó que el DE no tiene el dato porque el programa
no se monitorea. La agencia tampoco tiene estadísticas que recojan los
resultados de las evaluaciones vocacionales y de carrera, o el rendimiento de
los estudiantes que las toman.

“Hay unos pocos consejeros que tienen el conocimiento
para brindar la prueba. No es que no se dan, pero yo no los tengo registrados
en el sistema porque hay un montón de otras evaluaciones con la transición de
los estudiantes [a actividades post-secundarias]”, dijo el funcionario. “Yo
quisiera decirte que tengo todos los recursos para atender toda la población,
los 59,000 estudiantes que son elegibles para esta evaluación, pero el
Departamento no tiene los recursos para atender[los]”, dijo.

La doctora Rosa Lugo, que trabajó en la redacción de la Ley del Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera, y es directora del Centro de Evaluación y Ajuste de Rehabilitación Vocacional, indicó que son pocos los estudiantes a quienes se les administra esta prueba.

“La mayoría, más del 90% de los estudiantes de [Educación Especial] llegan a Rehabilitación Vocacional sin la prueba de evaluación vocacional [de Educación]”, afirmó la especialista.

Sobre la falta de datos acerca del rendimiento de los estudiantes, Ramos
Parés respondió “si tú me
preguntas cuántas terapias del habla se dan en las escuelas, ese número yo te
lo puedo dar, porque obviamente el sistema estuvo enfocado en atender unas
deficiencias y una necesidad relacionadas con estas terapias. Pues ahora llegó
el momento de atender el problema de evaluación vocacional y de carrera”,
aseguró.

Negligencia que
resulta en más terapias y más ayuda psicológica 

Si Educación no ofrece un proceso de transición efectivo, así como
evaluaciones vocacionales y de carrera según las necesidades de los estudiantes
de educación especial con diversidad funcional, muchos de estos requerirán más
terapias y ayuda psicológica a largo plazo, advirtieron las psicólogas clínicas
Moraima García Rohena y Ángeles Acosta.

“En efecto, una de las grandes dificultades que tienen muchos de los
casos [de estudiantes con diversidad funcional] es que culminan su cuarto año o
están cerca de terminarlo, y no se les ha evaluado con pruebas de destrezas o
pruebas vocacionales. Y no están listos”, dijo la doctora García Rohena.

Al no recibir las pruebas antes de graduarse y llegar a Rehabilitación Vocacional sin una evaluación previa, los estudiantes pudieran no tener un proceso de transición adecuado. La también profesora de psicología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) mencionó que es posible que cuando terminen su experiencia escolar, los jóvenes se queden en sus casas ante la falta de experiencias laborales. Al no mantenerse activos, pudieran llegar a tener depresión o desarrollar problemas de salud mental, dependiendo de su perfil cognitivo.

“El estar demasiado tiempo encerrado en la casa, sin ninguna rutina o
una meta a corto plazo, puede impactar su equilibrio mental, desarrollar
bipolaridad, depresión, trastornos de ansiedad o tener crisis”, explicó García
Rohena.

La profesora universitaria dijo que, de casi mil pacientes que ha
atendido desde el 2009, solo ha recibido en su consultorio unos seis casos de
estudiantes con diversidad funcional que tomaron previamente la evaluación
vocacional de Educación.

La doctora García Rohena, advirtió que, de no atender esta situación de manera inmediata, Educación seguirá creando un problema de salud pública. De igual modo, mencionó que, a la vez que se ofrezcan las pruebas, la agencia debe establecer un método efectivo de transición para estos estudiantes.

“Vamos a tener una población enorme [de educación especial con diversidad funcional] que eventualmente van a ser personas viejas y que van a estar luchando, no solamente con su impedimento primario, sino también con su impedimento de salud mental, provocando por un problema social que no se atendió a tiempo”, advirtió la psicóloga clínica.

Muchos de estos jóvenes acuden a Rehabilitación Vocacional luego de graduarse para insertarse a la fuerza laboral. En opinión de la especialista, este proceso de evaluación y planificación debe darse antes de llegar a Rehabilitación Vocacional.

“Ya desde pequeños tienen habilidades e intereses vocacionales que debemos apoyar, para que se desarrollen con el tiempo, y no esperar a la escuela superior”, expresó la especialista quien tiene 43 años de experiencia trabajando con personas con diversidad funcional.

Educación
sugiere cambios para la ley

Además de no estar cumpliendo con la ley vigente, el funcionario de
Educación considera que la Ley 263 del Servicio de Evaluación Vocacional y de
Carrera debe enmendarse para atrasar de 12 a 16 años la edad en la que se
ofrecen las pruebas para estudiantes de Educación Especial con diversidad
funcional.

Las psicólogas clínicas, por su parte, advirtieron que las evaluaciones
vocacionales no deben esperar hasta entonces.

La doctora García Rohena afirmó que existe una población de estudiantes
con diversidad funcional que, dado a sus condiciones, requieren una preparación
con bastante antelación para saber cuál será el plan a seguir.

“Por las teorías del desarrollo de carrera es correcto comenzar a evaluar a los estudiantes [de Educación Especial] desde los 12 años. Se supone que la exploración de carreras comienza entre los 12 años y los 14 años, y después hagas evaluaciones más complejas. Otra cosa es que [Educación] no tenga los recursos humanos y operacionales para hacer las pruebas. Ahí, la postura de Educación es que sea a partir de los 16 años” [para abaratar costos], señaló la doctora Lugo.

Aunque existe un debate entre los padres, los evaluadores y la agencia en cuanto a la edad en la que se debería comenzar a administrar estas pruebas vocacionales, Parés Ramos planteó que, “según las discusiones que he tenido con la academia”, los estudiantes de educación especial con diversidad funcional “pudieran tener cierta inmadurez para tener un resultado real que permita delinear los objetivos con ese estudiante”.

“[El personal adiestrado para administrar la
evaluación vocacional] no están tan disponibles como la ley intenta. Claro, la
ley requiere revisarse”, dijo Ramos Parés, quien puntualizó que no es posible
darles la prueba a todos los estudiantes que obliga la ley debido a las
particularidades de cada condición. El funcionario de Educación alegó que tiene
“diferencias filosóficas” en cuanto a lo que exige la ley, y que debe
enmendarse. Afirmó que la agencia ha intentado administrar las pruebas aun sin
fondos ni recursos adecuados.

Educación busca un plan C

“Mira, puedes poner en el reportaje que Educación reconoce que tiene una necesidad de personal cualificado para administrar una evaluación vocacional y de carrera”, insistió Ramos Parés.

Para trabajar de manera inmediata con las pruebas, la agencia indicó que ahora planifican entrenar a los consejeros y maestros de educación especial para que estos las administren.

“[Queremos] adiestrar a los
maestros de educación especial en una visión mucho más holística de trabajo en
equipo, para que los maestros puedan llevar a cabo gran parte de estas
pruebas”, dijo el funcionario.

En
declaraciones escritas, el secretario de Educación Especial informó que la
agencia “está trabajando un acuerdo colaborativo” con la Escuela de Consejería
de la Universidad de Puerto Rico para el desarrollo de políticas públicas,
manuales y talleres relacionados con la evaluación vocacional.

“Se trabajará una primera ronda con aquellos interesados en tener la certificación fuera de horas laborables”, agregó.

Pero, desde su salón de clases en la Escuela Ramón Power y Giralt en San Juan, Elizabeth Avilés expresó que la carga administrativa ya es demasiada. “Ahora tenemos duplicidad de tareas desde que se fueron los facilitadores [de las escuelas]”, relató la maestra de español.

Además, por ley, se debe “relevar a consejeros escolares adiestrados de aquellas funciones que les limitan a ofrecer servicios de Evaluación Vocacional de acuerdo a la necesidad de la escuela, programa o distrito que esté asignado”.

Pocos consejeros adiestrados para hacer evaluaciones

La directora del Centro de Evaluación y Ajuste de Rehabilitación Vocacional explicó que hace 13 años su agencia junto con Educación entrenaron a sobre 200 consejeros escolares para certificarse profesionalmente en Evaluación Vocacional.

Rehabilitación Vocacional llegó a un acuerdo con Educación mediante el cual ellos adiestraban a los consejeros escolares sobre las evaluaciones vocacionales y Educación brindaba el servicio. 

Sin embargo, según el último censo que realizó Educación, la mayoría de los consejeros que fueron adiestrados entonces se acogieron al retiro, dijo el secretario de Educación Especial.

 Ramos Parés dijo que está tratando de buscar apoyo en Rehabilitación Vocacional. Esto implicaría delegar su responsabilidad. La directora de Servicios de Consejería de Rehabilitación Vocacional, María Benítez, expresó que “si bien es cierto que Rehabilitación Vocacional está ofreciendo el servicio, la responsabilidad tiene que ser de Educación. Lo idóneo sería que este proceso de evaluación vocacional se diera antes de llegar a Rehabilitación Vocacional”.

Los estudiantes con diversidad funcional pierden tiempo al llegar a
Rehabilitación Vocacional en busca de servicios si no llegan con una evaluación
vocacional previamente realizada por Educación.

“Cuando estos jóvenes están en Educación, deben desarrollar destrezas
pre-empleo, precisamente para que cuando estén en duodécimo grado sea más fácil
dirigirlos a una meta vocacional y no tengan que comenzar con la evaluación.
Mientras más rápido logre preparar a la persona, puede integrarse más
rápidamente”, añadió Benítez.

Además de las evaluaciones, por virtud de la Ley 53 del 2016, para la Certificación de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-Empleo, a los estudiantes con diversidad funcional que no reciban su diploma regular debido a sus condiciones, se les debe ofrecer una certificación vocacional.

Sin embargo, la directora del Centro de Evaluación y Ajuste de
Rehabilitación Vocacional afirmó que para ofrecer la certificación se debe
hacer la misma a evaluación vocacional previa, lo cual pone al estudiante en un
ciclo de nunca acabar.




DDEC afirma que industria cinematográfica en Puerto Rico arranca con fuerza en el 2020

De izquierda a derecha, Manuel A. Laboy Rivera, secretario del DDEC; Malin Akerman, productora de Chick Fight (centro) y Pedro Piquer Henn, director del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del DDEC. (Suministrada)
De izquierda a derecha, Manuel A. Laboy Rivera, secretario del DDEC; Malin Akerman, productora de Chick Fight (centro) y Pedro Piquer Henn, director del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del DDEC. (Suministrada)

Acción, drama y comedia, son algunos de los géneros cinematográficos de 12 producciones puertorriqueñas y extranjeras que comenzaron el año 2020 en Puerto Rico, lo que representa un impacto económico millonario y la oportunidad de emplear talento puertorriqueño, anunció el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel A. Laboy Rivera.

“Estamos muy entusiasmados por la cantidad de proyectos fílmicos que actualmente se producen en Puerto Rico. A través de estos proyectos, se generan sobre 2,000 empleos, unas 700 noches de hotel y un impacto económico de sobre $25 millones. Sin duda, la industria cinematográfica continua su curso ascendente, pese a los retos que hemos enfrentado por los sismos. En lo que va del año fiscal actual se ha logrado apoyar, mediante créditos contributivos, a 31 proyectos fílmicos, incluyendo proyectos locales y extranjeros, lo que significa un impacto a la economía local de más de $100,000,000 y sobre 3,500 empleos. Muchos de estos proyectos están en desarrollo y el resto debe comenzar dentro de este año fiscal.”, indicó Laboy Rivera. 

Entre las producciones actuales que se desarrollan en diversos escenarios puertorriqueños, se encuentran: Chick Fight, El Cuartito, Central High, Satos, Trap, El Quinceañero de Mi Abuela, Hombres de Cuello Blanco, Pies en la Arena, P.R. Live Series, The Butterfly, Scammer y Barrote.

El director del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica del DDEC, Pedro Piquer Henn, manifestó “estamos sumamente orgullosos porque los proyectos puertorriqueños están siendo reconocidos por casas productoras nacionales e internacionales, que tienen interés de comprar y distribuir estas producciones. Igualmente, los directores y actores puertorriqueños se destacan en los mejores festivales mundiales. Confiamos que este sector económico continúe su crecimiento en la Isla, ya que es muy importante para la sustentabilidad de otras industrias que dependen de estos proyectos”. 

Por su parte, el secretario del DDEC quien visitó recientemente el escenario donde se filma la película Chick Fight, concluyó “para la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, es importante apoyar la industria cinematográfica. Puerto Rico cuenta con talento, estudios de posproducción y escenarios naturales que se reconocen a nivel mundial. Ahora con el Código de Incentivos de Puerto Rico, las producciones obtendrán hasta el 40 por ciento del gasto local de producción como crédito contributivo y la posibilidad de 15 por ciento adicional a producciones 100 por ciento locales. De esta forma podemos impulsar la mayor cantidad de proyectos para fortalecer el desarrollo de esta industria; mientras el gobierno de Puerto Rico recibe un retorno de inversión”.




[OPINIÓN] ¿Esta casa aguantará? ¿Otra vez? ¿Cuánto más?

(Suministrada)
(Suministrada)

Por Pilarin Ferrer Viscasillas, CAAPPR, AIA

La Madre Naturaleza está empeñada en poner a prueba la arquitectura en Puerto Rico, poniendo el foco sobre la construcción informal que prolifera a lo largo y ancho de Puerto Rico. Arquitectura que se ha pretendido funcione sin mantenimiento, sin atendieron deficiencias estructurales hace décadas, enfrentada a los recientes sismos falló y era de esperarse. Como también fallaron las edificaciones que no son el producto del trabajo de arquitectos o ingenieros licenciados construidas en terrenos inestables, dentro o cerca de los cauces de los ríos o en la zona marítima-terrestre. 

No importa de qué material esté hecha una estructura; hormigón armado, mampostería, acero, madera y zinc, la construcción improvisada o defectuosa pone en riesgo la vida del usuario, de sus vecinos y estructuras aledañas. La buena arquitectura no depende de que material está hecha una obra edificada, depende del buen diseño, construcción y de que esta se ubique en un terreno apropiado. 

Una vivienda lo primero que tiene que hacer es refugiar y proteger a sus ocupantes, no importa si esta es grande, pequeña, lujosa o modesta. Una obra que no sea producto del diseño de arquitectos o ingenieros licenciados, que se construya sin seguir lo indicado en los planos y especificaciones, construida por personas sin preparación, sin supervisión, en terrenos no aptos, pondrá la salud, bienestar y seguridad de los ocupantes en precario. 

Ahora los terremotos tienen a mucha gente preocupada y probablemente con sobrada razón, porque saben; que no saben nada, no saben cómo, de qué manera o con qué calidad de materiales se construyó su casa, o la calidad/resistencia del suelo donde se ubica. Muchos tienen miedo de regresar a sus casas y es entendible, los sismos no han parado; seguro hay quien se pregunta una y otra vez ¿Esta casa aguantará? ¿Otra vez? ¿Cuánto más? 

Huracanes y terremotos se manifiestan igual sobre una estructura, la someten a cargas laterales, o producidas por el viento o en el caso de los sismos, por movimientos telúricos que varían en magnitud e intensidad. Existe arquitectura, ingeniería, tecnología y materiales capaces de atender todo esto de manera exitosa. Yo propongo los siguiente: que todos empiecen a ver su casa como un auto. 

La industria automotriz, como la industria de la construcción, es una de las que más vela por la seguridad del usuario/ocupante. Los autos han ido incorporando reglamentación, aditamentos y tecnologías, materiales novedosos que permiten preservar la vida de los pasajeros en situaciones peligrosas. Cristales de seguridad, cinturones de seguridad mejorados, sensores, frenos que reaccionan dependiendo de la condición de la carretera e inclinación de esta, las bolsas de aire que se activan por impacto, cámaras de reversa, alarmas que avisan cuando un carro retrocede, automóviles que se estacionan y frenan solos, toda una gama de tecnología para proteger al pasajero. 

Requisitos de ingeniería y tecnología mínimos que han ido evolucionando y mejorando a lo largo de los años, con los que todo automóvil, caro o económico está obligado a cumplir. De hecho, al igual que algunos edificios, el automóvil está diseñado para que en caso de un accidente este se deforme, la estructura absorba la fuerza del impacto, la disipe y no la 

transfiera a los pasajeros. Por eso vemos autos que, aun siendo pérdida total, salvaron las la vida de los ocupantes hicieron lo que tenían que hacer. Esta debe ser la misma actitud que toda persona adopte hacia su vivienda o cualquier construcción sin importar costo o tamaño. Sentirnos protegidos, seguros y tranquilos dentro de nuestras viviendas, porque sabemos se hicieron como debe ser, tiene que ser el norte de todos en Puerto Rico de ahora en adelante, no hay vuelta atrás. 

Vivimos en una zona sísmica y nos enfrentamos a la posibilidad de huracanes todos los años, hay códigos, reglamentos, tecnologías, materiales nuevos y técnicas constructivas probadas para atender todo esto. Esta particular condición climática no es sólo de Puerto Rico, la compartimos con otros lugares que, enfrentados a estos eventos los manejan, resisten y siguen funcionando luego del evento con aceptable normalidad. No podemos pretender que un movimiento sísmico de gran magnitud o un huracán categoría 5 pase sin afectar algo, habrá consecuencias. Lo que es imperdonable es que volvamos a permitir las construcciones que ignoran reglamentos, zonificación y códigos sigan ocurriendo. Un código que se queda en libros, es letra muerta; la Madre Naturaleza nos va a dejar saber una y otra vez, que se construyó mal y en el lugar equivocado, últimamente nos ha dado lecciones contundentes, es hora de poner en práctica lo aprendido. 

—Pilarin Ferrer Viscasillas, CAAPPR, AIA es asociada de MENDEZ, BRUNNER, BADILLO & ASOCIADOS, fue presidenta del CAAPPR entre 2013 y 2016 y es profesora de la Escuela de Arquitectura de la PUCPR en Ponce — Pilarin_ferrer@pucpr.edu 

—Las opiniones expresadas en esta sección no necesariamente reflejan las de Caribbean Business o de CB en Español.




Instituto del Desarrollo de la Juventud eleva la situación de pobreza en Puerto Rico

(mohamed_Hassan/Pixabay)
(mohamed_Hassan/Pixabay)

El Instituto del Desarrollo de la Juventud elevó en Washington, D.C. el problema de pobreza infantil de Puerto Rico ante un foro auspiciado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su presidente Raúl Grijalva y la comisionada residente Jenniffer González.

Apoyados por el estudio ‘Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico: cuánto nos cuesta y qué podemos hacer’, que fue presentado recientemente en la isla, el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) reveló el costo económico de no atender las repercusiones de la pobreza infantil en la isla, así como diez medidas que podrían reducirla en un plazo de 10 años.

La discusión del tema de pobreza infantil en Puerto Rico toma relevancia en el Congreso a un año de que este organismo bicameral solicitara la publicación del estudio ‘A Roadmap to Reducing Child Poverty’, que excluyó a Puerto Rico de su análisis.

Entre las políticas públicas propuestas por IDJ para abordar la pobreza infantil —problema que le cuesta al país $4,418 millones anuales—, están la expansión de los empleos subsidiados por el gobierno para jóvenes, madres y padres; fortalecer los sistemas de cuido y niñez temprana; y la extensión del crédito federal por hijos a familias con uno y dos niños. Esta última ya ha sido presentada ante el Congreso y cuenta con apoyo bipartita.

“Reducir un problema sistémico que afecta a la mayoría de la población va a requerir de soluciones que se puedan implementar a escala y eso requiere participación del gobierno. No es momento de revelar al gobierno de su responsabilidad. Ahora más que nunca hay que emplazarlo y exigirle que atienda con seriedad los retos que tenemos como individuos, comunidad y país”, comentó Amanda Rivera, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud.

Desde hace dos años, IDJ ha tomado liderazgo en plantear recomendaciones a nivel federal sobre los beneficios de la extensión del Crédito Contributivo por Hijos para integrar a familias de uno o dos hijos menores de 18 años, en Puerto Rico, en el Child Tax Credit (CTC). La extensión del CTC insertaría un aproximado de $273 millones a la economía local ($770 promedio por Familia elegible distribuidos entre 404,000 menores de 18 años de 355,000 familias), y ayudaría a reducir la pobreza infantil entre aquellas familias trabajadoras. En este reciente encuentro con líderes del Congreso, IDJ presentó varios cambios a esta propuesta para que las recomendaciones tengan más probabilidades de hacerse realidad. Además, la organización ha propuesto la necesidad de levantar en Puerto Rico el límite de transferencias por servicios sociales, como la Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF en inglés).

Según el estudio ‘A Roadmap to Reducing Child Poverty’, publicado el año pasado a solicitud del Congreso y el cual excluyó a Puerto Rico de su análisis, 9.6 millones de niños en Estados Unidos viven en familias con un ingreso anual por debajo del nivel de pobreza, problema que le podría costar hasta $1.1 trillones anuales a la nación como consecuencia de una baja productividad, el alza en la criminalidad y los efectos en la salud debido al aumento en gastos médicos. Los niños latinos figuran entre los más afectados por la pobreza infantil en EE UU, tienden a concentrarse más geográficamente y residen principalmente en California, Nueva York y Texas, según la publicación.

El estudio del Instituto del Desarrollo de la Juventud, por su parte, presenta un panorama similar en la isla en términos de las consecuencias que desembocan de ignorar el problema. También propone una guía de política pública para reducir significativamente el problema en un plazo de tres a diez años. La diferencia principal estriba en que, en Puerto Rico, el 58% de los niños y niñas viven bajo el nivel de pobreza; 37% en pobreza extrema. Esta cifra duplica el porcentaje de pobreza infantil que impera en el estado más pobre de Estados Unidos: Misisipi, que tiene una taza de pobreza infantil de 30%.

De acuerdo con el estudio ‘Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico: cuánto nos cuesta y qué podemos hacer’ del Instituto del Desarrollo de la Juventud, no atender la pobreza infantil le cuesta a Puerto Rico $4,418 millones anuales. Este costo representa el 4.3% del producto nacional y un costo per cápita por niño pobre de $11,536. En contraste, atender la pobreza infantil requeriría una inversión máxima de apenas $2,700 millones anuales, por 10 años. “No es una coincidencia que hayamos lanzado este estudio en un año eleccionario. Es una prioridad que los candidatos a puestos políticos incluyan el tema de la pobreza en sus programas de gobierno”, observó Amanda Rivera, quien presentará el estudio a los candidatos a puestos electivos en la Isla a partir de marzo.

El estudio de IDJ ha sido endosado por 18 organizaciones que representan diversos sectores en Puerto Rico: entidades de base comunitaria, el sector privado, el sector civil, asociaciones profesionales y organizaciones filantrópicas.




T-Mobile y Sprint prevalecen en el tribunal

El principal oficial ejecutivo de T-Mobile, John Legere. (Suministrada)
El principal oficial ejecutivo de T-Mobile, John Legere. (Suministrada)

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) y Sprint (NYSE: S) anunciaron este martes que después de recibir una decisión favorable en el Tribunal Federal de Nueva York, las compañías ahora continuarán dando los pasos finales para completar su fusión para crear el Nuevo T-Mobile.

En una decisión emitida durante la mañana, el Tribunal declaró que “T-Mobile se ha redefinido a sí mismo en la última década como un “maverick” que ha estimulado a los dos jugadores más importantes de su industria a realizar numerosos cambios a favor del consumidor”. La propuesta fusión permitiría a la compañía fusionada continuar con la estrategia comercial innegablemente exitosa de T-Mobile en el futuro previsible “.

“¡Hoy fue una gran victoria para esta fusión… y ahora finalmente podemos concentrarnos en los pasos finales para lograr esta fusión! Queremos agradecer al Tribunal por su exhaustiva revisión de los hechos que presentamos en nuestro caso. Lo hemos dicho todo el tiempo: el Nuevo T-Mobile será una compañía más robusta, lo cual es excelente para los consumidores y excelente para la competencia. La amplia y profunda red 5G que solo nuestras compañías combinadas podrán ofrecer, cambiará a la tecnología inalámbrica … y más allá. ¡Venimos por ustedes … y aún no han visto nada!”, dijo John Legere, CEO de T-Mobile en comunicación escrita.

“¡Esta es una gran victoria y un gran día para el nuevo T-Mobile! Ahora podemos comenzar a trabajar terminando lo que nos propusimos: brindar un nuevo estándar de valor, velocidad, cobertura, calidad y servicio al cliente para los consumidores, en todas partes, y realmente cambiar la tecnología inalámbrica para siempre. Ahora estamos completamente enfocados en terminar los pocos pasos que quedan, finalmente cerrando esta tan esperada fusión y todos los beneficios que traerá tan pronto como el 1 de abril de 2020. Estamos listos para dar vida al Nuevo T-Mobile”, dijo Mike Sievert, director de operaciones y presidente de T-Mobile. Sievert, que ha sido designado por la Junta de Directores de T-Mobile US para convertirse en CEO de la compañía a partir del 1 de mayo de 2020.

“La decisión del juez Marrero valida nuestra visión de que esta fusión es lo mejor para la economía y los consumidores”, dijo el presidente ejecutivo de Sprint, Marcelo Claure.

“Hoy dimos un paso más para acercarnos a la creación de una compañía combinada que ofrecerá 5G a nivel nacional, costos más bajos y una red de alto rendimiento que fortalecerá la competencia en beneficio de todos los consumidores de banda ancha móvil inalámbrico y en el hogar. Con el apoyo de los reguladores federales y ahora este Tribunal, nos enfocaremos en completar rápidamente los pocos pasos restantes necesarios para cerrar esta transacción. Estoy orgulloso de la dedicación, pasión y resiliencia de mi equipo de Sprint durante todo el proceso de evaluación de la fusión, y estamos listos para hacer realidad la visión de un Nuevo T-Mobile”, añadió.

La combinación de T-Mobile y Sprint sigue sujeta a ciertas condiciones de cierre, incluidos posibles procedimientos judiciales adicionales y la resolución satisfactoria de temas comerciales pendientes entre las partes. Se puede encontrar información adicional en www.NewTMobile.com.

Los beneficios del Nuevo T-Mobile incluyen:

La primera red y servicios 5G a nivel nacional que potenciará la innovación en toda la economía, conectará a las personas en todo el país y ayudarán a cerrar la brecha digital. Con velocidades hasta 5 veces más rápidas que el LTE actual en solo unos años y alcanzando hasta 15 veces más rapidez para 2024, la red 5G del Nuevo T-Mobile cambiará la forma en que los consumidores piensan y usan el Internet.

Ampliando el acceso y cerrando la brecha digital con #5GForAll. El Nuevo T-Mobile desafiará un sistema que no funciona para los consumidores, impulsando la competencia y la innovación que beneficia a todos, en todas partes. Los nuevos planes de T-Mobile para desplegar una red más sólida y de mayor calidad para áreas rurales y priorizar las poblaciones urbanas más vulnerables garantizarán que todos tengan una oportunidad significativa de prosperar en la economía 5G.

Mejor servicio y precios más bajos para todos. El Nuevo T-Mobile se compromete a ofrecer los mismos o mejores planes a los mismos o mejores precios durante tres años, y eso incluye 5G. Con 14 veces más capacidad total en 2024 que la que tiene T-Mobile en la actualidad, la red 5G del Nuevo T-Mobile reducirá el costo de un gigabyte de datos, proporcionando enormes incentivos económicos para que el Nuevo T-Mobile baje los precios. El Nuevo T-Mobile competirá agresivamente por los consumidores en todos los precios y todos los clientes, incluyendo los prepagos y Lifeline que tendrán acceso a la misma red y servicios 5G.

Alternativa a la banda ancha en el hogar. El nuevo Internet para el hogar llevará a T-Mobile más allá de la tecnología inalámbrica para promover la competencia que tanto necesita El nuevo servicio de banda ancha inalámbrico en el hogar de T-Mobile superará los obstáculos para extender el acceso tradicional por cable cubriendo una cobertura de alta capacidad en áreas que antes eran difíciles de atender. Ofrecerá velocidades de más de 100 Mbps para banda ancha inalámbrica al 90 por ciento de la población y servicio en el hogar a más de la mitad de los hogares del país para 2024.

Creación de empleo a nivel nacional.  El Nuevo T-Mobile será un creador de empleos desde el primer día. En el primer año, el Nuevo T-Mobile tendrá más de 3,500 empleados estadounidenses a tiempo completo adicionales de lo que las compañías independientes habrían tenido, y 11,000 personas más para 2024. Además, planea construir más de 600 nuevas tiendas y cinco nuevos centros de experiencias de clientes que crearán aproximadamente 12,000 empleos más, muchos en ciudades pequeñas.

Como Un-carrier de Estados Unidos, T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) está redefiniendo la forma en que los consumidores y las empresas compran servicios inalámbricos a través de la innovación líder en productos y servicios. Nuestra avanzada red 4G LTE a nivel nacional ofrece experiencias inalámbricas excepcionales a 86.0 millones de clientes que no están dispuestos a comprometer la calidad y el valor. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile US brinda servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas insignia, T-Mobile y Metro by T-Mobile. Para obtener más información, visite http://www.t-mobile.com




Aafaf y OGP detallan proceso de solicitudes de fondos de emergencia ante la junta fiscal

El subdirector de la Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Carlos Yamín Rivera, y la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos Díaz, revelaron el lunes, las gestiones realizadas ante la Junta de Control Fiscal (JCF) para lograr la aprobación de los fondos de emergencia.

Además, reiteraron la importancia de agilizar el proceso de las peticiones para garantizar una respuesta justa a las necesidades de los damnificados por terremotos.  

“Lamentamos que la Junta minimice las necesidades de los damnificados al expresar en su carta que las compras no están asociadas a la emergencia. Al día de hoy, hemos sometido 12 planteamientos que totalizan 58 peticiones, que van desde los contratos de arrendamiento de instalaciones para reubicar escuelas hasta utensilios y productos básicos para garantizar la salubridad de los refugiados. Todos merecemos un trato digno. Se trata de la salud, de la alimentación y la educación de los afectados. En este momento estamos respondiendo a una emergencia y aunando esfuerzos para estabilizar la vida cotidiana de todos”, expresó la directora ejecutiva de OGP, en comunicación escrita.

La JCF rechazó la reconsideración de solicitud de extensión del término para procesar las peticiones de uso del fondo de emergencia sin una preautorización. La decisión fue informada en una carta enviada ayer, 9 de febrero de 2020, a la Aafaf.

“Exhortamos a la JCF a reconsiderar nuestra solicitud para acceder a la Reserva del Fondo de Emergencia, tal y como se ha solicitado a través de dos misivas que fueron rechazadas. Necesitamos continuar atendiendo los daños ocasionados por los movimientos telúricos pues la emergencia continúa y no podemos detener los esfuerzos de recuperación”, sostuvo el subdirector de Aafaf.

Por su parte, Santos Díaz insistió que ante esta negativa y debido a que no fue hasta el 6 de febrero que la JSF definió el proceso a seguir para atender las necesidades que surjan, las peticiones estuvieron detenidas.

“Una vez el proceso se puso en función, continuamos realizando las peticiones en cumplimiento con el proceso establecido. Reconocemos que las primeras peticiones se han trabajado relativamente rápido y confiamos en que así continúen. No obstante, reiteramos nuestra solicitud de que se asigne personal de la JCF con poder decisional al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para en conjunto con OGP y las agencias gubernamentales allí representadas, se puedan realizar las aprobaciones de manera ágil y transparente”, subrayó la funcionaria.

“Nuestras comunidades merecen una respuesta ágil para atender las situaciones que han surgido producto de la emergencia. Procesos burocráticos, como los que ha impuesto la JCF, retrasan la recuperación de nuestra isla. Insistimos en que la JCF debe atender este asunto con sensibilidad y con apertura para colaborar con el gobierno electo para seguir atendiendo las necesidades de nuestras hermanos y hermanas del sur de Puerto Rico”, sostuvo Yamín Rivera.

Finalmente, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, manifestó que “no fue hasta la denuncia pública hecha por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que la JCF comenzó a trabajar de manera expedita las peticiones sometidas. La emergencia continúa y cada etapa de respuesta tiene sus particularidades. Estamos en el proceso de reubicar a las escuelas e iniciar las clases, relocalizar a los damnificados y darles estabilidad. Todos estos requisitos burocráticos podrían provocar un retraso en la respuesta a la emergencia”. 

Documentos:

AAFAF_-_Letter_to_FOMB_re_Emergency_Reserve_reconsideration4530.pdf

FOMB_-_Letter_-_AAFAF_-_Re_Disburserments_from_Emergency_Reserve_-_February_3_20204532.pdf

TABLA_DE_PETICIONES_2_10_204531.pdf




Jaresko dice que no es necesario el visto bueno de la gobernadora sobre acuerdo con grupo de acreedores

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (CyberNews)
La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (CyberNews)

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko dijo el lunes que no es necesario el visto bueno de la gobernadora Wanda Vázquez Garced al acuerdo alcanzado con un grupo de acreedores.

“No necesitamos su aprobación ahora, es desafortunado que ella no vea los méritos de este acuerdo. Espero que podamos seguir trabajando con ella, para poder probarle de que esta es la mejor opción posible. Ella no tiene que firmar ningún papel mañana o hacer algo mañana. Ahora mismo, nos toca a todos trabajar juntos para llegar a un entendido”, dijo Jaresko a preguntas de la prensa.

La funcionaria no quiso dar los nombres de los integrantes de la Junta que votaron en contra del acuerdo.

¿Pero se podría aprobar el acuerdo a través del Tribunal?

“Le corresponde a la jueza, no lo sé”, contestó Jaresko.

La directora ejecutiva de la JCF abordó el argumento que dio la gobernadora para oponerse al acuerdo, que tiene que ver con los pensionados. Según Jaresko, ya hubo una negociación con una organización que representa pensionados, que no ha sido alterada. En la misma, se acordó –entre otras cosas– que cualquier sobrante en los ingresos del gobierno se les otorgará a los pensionados.

Cuestionada sobre la negativa de la Legislatura de aprobar legislación para este acuerdo o el acuerdo de restructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la directora ejecutiva de la JCF expresó que “estamos mirando cuáles son nuestras alternativas. Ahora mismo, no quiero decir que no lo van a aprobar, porque queremos trabajar con ellos y demostrarle que este es el mejor escenario posible para Puerto Rico. Pero cuando llegue el momento, al igual que lo estamos haciendo con el acuerdo de la AEE, buscaremos otras alternativas”. 

“Lo que se requiere de ellos en cada caso es único y diferente y si no hay la legislación, tendremos que evaluar las alternativas que tenemos, pero todavía en este caso no hemos llegado a ese punto”, añadió.

Pero ¿cuáles son sus alternativas?

“No las voy a discutir ahora, no las necesito en este momento, porque no hemos llegado a esa etapa del proceso. Si eso pasa, miraremos las alternativas que tenemos”, contestó.

¿Y podemos cumplir con ese pago sin sacrificar servicios esenciales?

“(El pago a los bonistas) equivale al 9 por ciento total (del presupuesto de Puerto Rico), en vez de 28 por ciento del total mayor de nuestros ingresos hoy. No estoy prediciendo el 9 por ciento de mañana o de 10 o de 20 años. Ese 1.5 mil millones de dólares de pago anual es manejable hoy y con todo respeto, nuestros ingresos deben aumentar, no deben ser menores, debemos ver aumento. Esto no está basado en el futuro, está basado en el día de hoy”, sostuvo. 

El nuevo acuerdo reduce el servicio de la deuda del ELA (incluido el capital y los intereses de los bonos senior de gravámenes de COFINA) en un 56 por ciento, de 90.4 mil millones de dólares a 39.7 mil millones de dólares.

Según el nuevo acuerdo, Puerto Rico resolvería por completo su deuda heredada en 20 años, o sea, 10 años antes que con el acuerdo anterior, el cual la gobernadora Vázquez Garced avaló en septiembre de 2019.

De igual modo, el nuevo acuerdo, que fue aprobado por la mayoría de los integrantes de la Junta reduce el servicio de la deuda anual máxima del ELA pagadero en cualquier año futuro, incluidos los bonos senior de gravámenes de COFINA de 4.2 mil millones de dólares anuales a 1, 500 millones de dólares al año.




Negociado de Energía comenzará proceso de vistas públicas sobre el Plan Integrado de Recursos de la AEE

El presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz. (Suministrada)
El presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz. (Suministrada)

El Negociado de Energía (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público comenzará el martes, 11 de febrero las vistas públicas sobre el Plan Integrado de Recursos (PIR) sometido por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Las vistas serán en San Juan, Arecibo, Humacao, Mayagüez y Ponce para procurar la mayor participación posible del público.

El Negociado culminó el viernes pasado con un extenso proceso de vistas evidenciarias, en el que una serie de representantes del sector público, y privado con y sin fines de lucro, con interés en el asunto pudieron preguntar a la AEE y a la empresa Siemens Energy sobre detalles del PIR.

Del mismo modo, los comisionados asociados del NEPR; Lillian Mateo Santos, Ferdinand Ramos Soegaard, Ángel Rivera de la Cruz y el presidente del organismo, Edison Avilés Deliz escucharon e hicieron preguntas durante el proceso.

“Ha sido un proceso con mucha participación y esperamos mucha más, porque ahora el Negociado recibirá los comentarios del público general. Queremos que la gente se inserte y participe”, sostuvo el ingeniero y abogado Avilés Deliz en comunicación escrita.

Añadió que el PIR es la piedra angular de la generación eléctrica por los próximos 20 años.

Precisamente, explicó que la primera vista pública se llevará a cabo el martes 11 de febrero en la sede del Negociado de Energía en el edificio World Plaza, Hato Rey, piso 8, de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

La segunda vista pública será el jueves, 13 de febrero en la Casa Capitular de Arecibo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Mientras que el 19 de febrero se llevará a cabo en Humacao en la Casa Capitular del CIAPR también de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

De igual forma, el sábado, 22 de febrero será en Mayagüez en la Casa Capitular del CIAPR, de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Finalmente, el 25 de febrero la vista pública sobre el PIR será en Ponce en la Casa Capitular del CIAPR de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Avilés Deliz informó que aquellos que no puedan llegar a ninguna de las vistas públicas, pero quieran someter sus comentarios pueden hacerlo en persona en la sede del NEPR, a través de correo electrónico, correo regular o radicándolo en el sistema de radicación electrónica del Negociado de Energía. La fecha y hora límite para someter comentarios es hasta el 2 de marzo de 2020 a las 5:00 de la tarde. “Esto es un proceso abierto y con el mayor de los accesos, para que se expresen todos los que así lo deseen”.

El correo electrónico es: comentarios@energia.pr.gov . La dirección de correo regular es: Avenida Muñoz Rivera 268 Edificio World Plaza suite 202 Hato Rey, P.R. 00918. A través del sistema de radicación electrónica sería en: http://radicacion.energia.pr.gov

El PIR es un plan elaborado por la AEE que comprende un periodo de tiempo específico, enfocado en garantizar el desarrollo del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico, así como mejorar la confiabilidad, eficiencia y transparencia del sistema. En este caso, el periodo de planificación del PIR comprende 20 años, para los cuales se contemplan todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de servicios de energía eléctrica en la Isla.