3 de Agosto de 2020

Charbonier señala lagunas en reglamento de cannabis medicinal en Puerto Rico

Por el 27 de Febrero de 2017

Para la presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, son varias las lagunas que el “Reglamento 155 para el uso, posesión, cultivo, manufactura, producción, fabricación, dispensación, distribución e investigación del cannabis medicinal” deja sin contestar en cuanto a quién fiscaliza la recién nacida industria del cannabis medicinal en Puerto Rico.

(Suministrada)

Charbonier Laureano cuestionó inquisitivamente a los deponentes sobre los procesos regulatorios establecidos para fiscalizar el cannabis medicinal. (Suministrada)

Así lo expresó la legisladora durante el proceso de vistas públicas que lleva esa comisión en torno a la Resolución de la Cámara número 65, que ordena al cuerpo investigar la legalidad de los procesos seguidos por el Departamento de Salud (DS) en cuanto a la promulgación de dicho reglamento.

Al proceso fueron citadas la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el DS, Hogares Crea y el Instituto de Medicina Forense (IMF).

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Según el argumento planteado por Charbonier Laureano, quien sometió la medida para la consideración de la comisión, aunque Puerto Rico haya aprobado dicho reglamento, posiblemente este podría ser nulo por virtud de los casos resueltos ante el Tribunal Supremo federal y por las disposiciones de la Ley federal de Sustancias Controladas de 1970, que prohíbe la distribución de la marihuana y que dispone que es el gobierno federal, y no el estatal, quien tiene el derecho de regular y criminalizar el uso del cannabis, aún por razones médicas.

La legisladora también mostró preocupación ante la cantidad de tetrahidrocannabinol (THC) -principal psicoactivo de la planta- en el medicamento dispensado a pacientes y cómo esto podría perjudicar su salud.

“Me interesa saber qué tipo de marihuana se dispensa para uso medicinal y si los profesionales entienden que lo que autoriza el reglamento garantiza que es beneficioso para los pacientes o es perjudicial. Porque si efectivamente no se identifica el porciento de THC que puede dañar a una vida humana… Tenemos un DS dispensando una marihuana que no quiero tener bajo mi responsabilidad que le cause daño o la muerte a algún paciente”, argumentó aunque los científicos aún no han señalado con certeza que el uso de cannabis pueda causar la muerte.

El subadministrador de los Hogares Crea, Israel Figueroa, advirtió hoy que el cannabis que se está dispensando para uso medicinal no cuenta con los controles necesarios, porque el reglamento que actualmente rige su procesamiento “no exige regular el THC”, componente químico que se encuentra en la marihuana.

Figueroa explicó además que el reglamento no especifica la cantidad de THC que debe existir en un medicamento de cannabis concentrado.

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Tras las expresiones, Charbonier Laureano solicitó al representante del DS, Antonio Quirinquiny, aclarar la aseveración del portavoz de Hogares Crea, por la salud de las personas que están siendo medicadas con cannabis.

“Hay que ver si los profesionales médicos científicamente entienden que lo que está autorizado es beneficioso para las personas que se le está dispensando”, indicó.

De igual modo, le hizo varias peticiones de información en torno a la derogación del Reglamento 155 para el uso, posesión, cultivo, manufactura, producción, dispensación, distribución e investigación del cannabis medicinal, la sustitución del mismo por el Reglamento 8766, y las determinaciones de la pasada secretaria de Salud, Ana Ríus, quien reclasificó la marihuana en la Ley de Sustancias Controladas.

Durante el proceso, salió a relucir un relevo de responsabilidades en el ámbito de fiscalización del cannabis entre ASSMCA y el DS.

Según señaló Luis Meléndez, en representación de ASSMCA, desde el aspecto de fiscalización y regulación, al DS se le hace difícil seguir el proceso ya que la orden administrativa firmada por el exgobernador, Alejandro García Padilla, y que autoriza el Reglamento 155, dividió el proceso regulatorio, quitándole fuerza de ley, ya que, quienes están facultados para la fiscalización son los inspectores de sustancias controladas según lo establece el artículo 5, secciones 11-A y B de la Ley de Sustancias Controladas.

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“¿O sea que tenemos una industria sin fiscalización?”, cuestionó alarmada Charbonier Laureano.

La legisladora explicó que una persona certificada administrativa y no legalmente, cambia la perspectiva ante un tribunal de ley al los inspectores de Salud no tener autoridad legal para presentar un caso ante un juez.

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