17 de Septiembre de 2021

CNE analiza coyuntura ante la transformación del sistema energético de Puerto Rico

Por el 12 de Abril de 2021

(David Reed/Pixabay)
(David Reed/Pixabay)

“Puerto Rico se encuentra en una coyuntura difícil respecto al futuro de su sistema eléctrico. Por un lado, tenemos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una corporación pública quebrada y con graves problemas de administración y ejecución, y por otro un contrato de operación y mantenimiento con una compañía, LUMA, cuyas deficiencias señalamos en el Centro para una Nueva Economía (CNE) desde agosto de 2020. Recomendamos entonces, y lo reiteramos ahora: hay que hacer revisiones significativas a dicho acuerdo”, expresó el lunes el director de Política Pública de CNE, Sergio M. Marxuach Colón.

Al respecto, Marxuach depuso ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre la Resolución de la Cámara Número 136.

“Nos encontramos atrapados entre el objeto inmovible de la AEE y la aparente fuerza imparable de LUMA Energy. Desafortunadamente el debate público sobre esta transacción ha sido uno sesgado y en algunas ocasiones destemplado; dividiendo a la sociedad puertorriqueña en dos campos, uno a favor del contrato y otro en contra”, dijo Marxuach. 

Indicó que el problema que enfrentamos es uno extremadamente complicado y que no se resuelve con soluciones binarias o simplistas a favor o en contra de LUMA o de la AEE.   

“La realidad objetiva es que la AEE es un desastre y el acuerdo con LUMA Energy es deficiente”, aseveró. Por lo tanto, “les toca a los oficiales electos por el pueblo de Puerto Rico, decidir cómo mejor proteger el bien común.”

Durante su ponencia, el director de Política Pública de CNE expuso algunas de las deficiencias principales del acuerdo con LUMA Energy y ofreció recomendaciones sobre cómo atenderlas, incluyendo las métricas de desempeño, el cálculo y auditoria de los ahorros, la relación entre LUMA y las dos subsidiarias de la AEE, que “se supone entren en un acuerdo de buena fe y en condiciones de plena competencia, las mejoras de capital por el operador o sus afiliadas y la coordinación con otras reformas.”

“Resulta aparente de nuestro análisis del Acuerdo de O&M que el mismo no asigna de manera equitativa los riesgos entre las partes. En nuestra opinión, el gobierno de Puerto Rico necesita desarrollar una mayor capacidad para establecer claramente los objetivos de política pública que se quieren lograr y para negociar exitosamente este tipo de acuerdo, si se desea continuar con la política de alianzas público-privadas en el futuro”, añadió.

“La transformación de la AEE es imperativa para el futuro desarrollo económico de la isla. El Acuerdo de O&M es un primer paso en esta transformación, pero está lejos de ser perfecto. Por tanto, en nuestra opinión, el curso de acción más prudente en este momento es renegociar el Acuerdo de O&M con LUMA para asignar y equilibrar mejor los riesgos entre las partes. Si se llega a la conclusión de que los defectos del Acuerdo de O&M no se pueden remediar, entonces se debe considerar cancelar el mismo y comenzar un proceso nuevo para mejorar y transformar el sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico”, expresó Marxuach. 

Además, abundó sobre los riesgos de sustituir un monopolio público por uno privado. “Si el proceso de privatización actualmente favorecido se limita simplemente a transferir los activos o la operación de una empresa corrupta en el sector público a un grupo de inversionistas en el sector privado sin interrumpir o desmantelar la red de cacería de rentas entonces no habremos logrado absolutamente nada. Dicho de otra manera, la privatización, por sí sola, no resolverá los problemas de energía eléctrica de Puerto Rico si lo único que hace es sustituir un grupo de cazadores de rentas por otro”, declaró Marxuach en su ponencia. 

Asimismo, Marxuach dijo que “la cacería de rentas describe el comportamiento de varios grupos en relación con la AEE, donde diversos grupos de interés, tales como los suplidores, los partidos políticos, los beneficiarios de subsidios, las uniones, los bonistas, los banqueros, y las personas con conexiones políticas se han organizado para extraer beneficios de la AEE a costa del resto del pueblo de Puerto Rico.”

De acuerdo con el CNE, la entidad “tiene una trayectoria sólida de ofrecer análisis y recomendaciones de política pública energética desde hace más de una década. La organización abogó vigorosamente a favor de la creación del Negociado de Energía, que impuso un agente fiscalizador a la AEE, que hasta entonces era su propio regulador.”

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