9 de Febrero de 2023

Coalición del Sector Privado quiere jurisdicción federal sobre el sector eléctrico

Por el 30 de Agosto de 2016

La Coalición del Sector Privado le está pidiendo al gobierno federal que extienda su jurisdicción sobre el sector eléctrico de la isla como parte de un esfuerzo para introducir la competencia privada en la generación y transmisión de electricidad.

La Coalición, que se compone de más de 20 grupos empresariales que incluyen la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, la Asociación de Productos de Puerto Rico, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico y la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, se encuentra en Washington esta semana para cabildear ante los miembros del Grupo de Trabajo para el Crecimiento Económico de Puerto Rico a favor de sus propuestas de desarrollo económico.

“Creemos que la mejor opción para atender los problemas del sector eléctrico de Puerto Rico a la vez que se estimula la inversión privada y la competencia es formalizar la jurisdicción de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) sobre el sector eléctrico de Puerto Rico para facilitar la aplicación de políticas competitivas ampliamente conocidas y evitar los problemas legales y la burocracia gubernamental que es inherente a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). El Congreso debe promulgar leyes para lograr este cometido”, comunicó la Coalición al Congreso.

Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales, dijo que la isla necesita producir al menos $6,000 o $7,000 millones. Todos los esfuerzos económicos están dirigidos a lograr eso, incluyendo la reducción de los costos de energía. A preguntas de Caribbean Business, Masses dijo que sus propuestas no descartan la posibilidad de que la FERC asuma el control del sector de la energía que actualmente es un monopolio dirigido por la AEE.

Ramón Pérez Blanco, presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico, dijo que se reunirán hoy con más funcionarios que incluyen asistentes de senador Marco Rubio y el líder de la minoría del Senado, Harry Reid, quien no es miembro del Grupo de Trabajo. Dijo que los funcionarios del senador republicano Orrin Hatch, quien es presidente del Grupo de Trabajo, no se reunirán con nadie puesto que están a la espera de la primera reunión del Grupo.

Se supone que Hatch brinde recomendaciones iniciales sobre cómo ayudar a Puerto Rico no más tarde del 15 de septiembre. El Grupo de Trabajo también tiene como miembros a los representantes Tom MacArthur, Sean Duffy y Nydia Velázquez, el comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, el senador de Nueva Jersey Bob Menéndez y el senador Bill Nelson.

Una de las iniciativas propuestas incluye incentivos contributivos para las empresas de manufactura cambiando el código actual de impuestos federales que coloca a las empresas estadounidenses en desventaja en la presente economía global. La propuesta incluye eximir un 85% de los ingresos por dividendos de los impuestos federales y el 15% restante pagará el 50% de la tasa del impuesto federal de ingresos corporativos. Los ingresos exentos deben ser ingresos devengados en Puerto Rico.

“Al aprobar la medida, el gobierno federal podría alcanzar una doble meta de estimular el retorno de los fondos depositados en el extranjero gracias a un atractivo entorno contributivo y al mismo tiempo estimular la inversión en Puerto Rico con el fin de generar ingresos devengados en Puerto Rico. Para implementar la medida, se debe modificar una serie de artículos del Código de Rentas Internas que incluyen la Sección 864 y también las secciones 245, 901, 904 y 933A y 959 con el propósito de implementar la medida”, indicó la Coalición.

Los principios fundamentales de la propuesta pretenden asegurar que no se asocie con el estigma de bienestar corporativo de la Sección 936 al hacer posible la repatriación obligatoria de los ingresos devengados en Puerto Rico que están atrapados e incluir reglas fuertes de erosión de base.

Aunque funcionarios de la Cámara de Comercio le comunicaron a Caribbean Business la semana pasada que tenían reservas en cuanto a la propuesta, la presidenta electa Alicia Lamboy dijo que la organización estaba totalmente de acuerdo con la idea.

El grupo está proponiendo una exención en impuestos de nómina que consiste de una reducción del 50% en el impuesto del Seguro Social de los empleados, los patronos y los empleados por cuenta propia en Puerto Rico por un periodo de seis años para así aumentar el salario neto de los empleados y reducir los costos de operación de las empresas, lo que ayuda a estabilizar la economía de la isla durante la implementación del programa de ajuste fiscal que la junta de control fiscal debe imponer bajo la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

El periodo sin impuestos de nómina podría inyectar alrededor de $1,000 millones en la economía local.

La Coalición también le está pidiendo al Grupo de Trabajo que fomente la adopción de una política pública a nivel federal destinada a estimular el desarrollo de la industria aeroespacial en Puerto Rico. La lógica es que ubicar nuevas operaciones en la isla no solo adelantaría las metas de desarrollo local, sino que beneficiará a las autoridades de defensa de los Estados Unidos ya que las operaciones en Puerto Rico son altamente rentables.

Puerto Rico cuenta con una amplia oferta de ingenieros altamente competentes. Entre las empresas que ya están establecidas en Puerto Rico figuran Honeywell, Pratt & Whitney, Lockheed Martin, Hamilton Sundstrand, Axon Group, Lufthansa Technique y Florida Turbine. “También cabe destacar que los muchos graduados de las escuelas de ingeniería de Puerto Rico hoy día son ingenieros de la NASA”, destacó la Coalición.

Si bien Promesa permite que la isla lleve a cabo adquisiciones a través de la Administración de Servicios Generales, la Coalición quiere que el Congreso destine a Puerto Rico una parte de las adquisiciones hechas por el gobierno federal.

Por otro lado, la Coalición explorará la posible reforma o modificación de la Ley Jones para fomentar el libre comercio y un entorno más competitivo para Puerto Rico. Como han dicho anteriormente, los grupos también están buscando la paridad en fondos federales para el cuidado de la salud.

En conjunto “instamos al Congreso a trabajar con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) para reformar el índice de salarios y proporcionar un representante para el SSI que lidie con el tratamiento desigual de los reembolsos de Medicare para nuestros hospitales, médicos y clínicas. Nos preguntamos por qué la CMS ha utilizado los días SSI en la fórmula cuando los residentes de Puerto Rico no son elegibles para el SSI”, dijo la Coalición.

Jaime Plá, presidente de la Asociación de Hospitales, dijo que el cambio en el índice de salarios es necesario para que puedan aumentarse los salarios de los empleados de la industria de la salud.

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