Colectivos universitarios denuncian gobierno y administración UPR “mienten”

Por CB en Español el 30 de Abril de 2019

Profesores de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), capítulo de Río Piedras, y del colectivo de Profesores Autoconvocados en Resistencia Solidaria (Pares), alegaron el martes que “el gobierno de Puerto Rico y la administración central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) le mienten al país cuando dicen que están comprometidos con la permanencia y el fortalecimiento de la universidad pública”.

“Todos los derechos fundamentales de la gente están bajo ataque. El gobierno nos está dejando desamparados. El 1 de mayo marcharemos junto a todas las organizaciones sociales del país para exigir al gobierno que cumpla con su deber”, expresó Jimmy Seale, portavoz de APPU-Río Piedras.

“El gobernador y el presidente de la Universidad dicen que están trabajando para fortalecer la educación superior pública. Pero todo lo que están haciendo tiene como consecuencia desmantelar la UPR”, expresó la profesora Yolanda Izquierdo, portavoz de Pares en conferencia de prensa frente a la torre de la Universidad.

“Tal y como hemos señalado profesores y profesoras de varios recintos, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, no ha presentado evidencia alguna de que los recortes al presupuesto de la Universidad sean ‘manejables’. Esa ausencia de evidencia mantiene a la UPR en riesgo de perder su acreditación”, añadió Izquierdo.

Aseguran los recortes a la UPR alcanzarán los $450 en 2022 y $512 en 2025, equivalente a más del 50% de la asignación presupuestaria total del gobierno de Puerto Rico a la UPR.

La UPR como universidad pública era lo suficientemente económica para hacer posible el acceso a una educación superior de excelencia a miles de estudiantes de escasos recursos económicos de toda la isla, pero la reducción de personal, los aumentos de matrícula y cuotas han limitado este acceso, señalaron.

“Las consecuencias de estas medidas, adoptadas sin justificación alguna, son devastadoras para el funcionamiento de la Universidad y constituyen una violación a los derechos humanos, afectando directamente el bienestar de cientos de miles de personas”, afirmó la portavoz de Pares.

En estos momentos la tasa de pobreza se extiende a más de la mitad de la población. Mientras distintos gobiernos han estado reduciendo el presupuesto del Departamento de Educación (DE) y han cerrado más de la mitad de las escuelas públicas, la administración de Ricardo Rosselló asigna una proporción mayor del presupuesto del DE a contratos con el sector privado, una cifra que ronda consistentemente los $500 millones, alegaron.

“Según el colega José Caraballo Cueto, el aumento de $1,190 millones al presupuesto del Departamento de Educación entre 2017 y el 2020 equivale al presupuesto de la UPR con sus once recintos y matrícula gratuita para 50,000 estudiantes. ¿Cómo va a fortalecer este gobierno la educación pública? ¿Acaso van a mejorar las condiciones de vida de quienes laboran en las escuelas y proveerles todo lo que necesitan para el éxito del estudiantado? ¿O van a regalarles nuestro dinero a los inversionistas político-partidistas de turno?”, cuestionó el portavoz de la APPU Río Piedras.

Por otro lado, los profesores expresaron preocupación por la propuesta de educación a distancia.

“La educación a distancia no es una solución mágica. Es una estrategia que también cuesta dinero e inversión de tiempo y esfuerzo que ya está muy limitado para estudiantes y profesores. El fin de la educación de calidad, sea a distancia o presencial, es el mismo. No hay justificación para desmantelar la educación presencial en favor de la educación a distancia”, expresó el profesor Juan Meléndez.

Los recortes que ahora impone el gobierno y la junta de control fiscal se suman a una serie de medidas que han erosionado el presupuesto del sistema UPR, indicaron.

“No nos dejemos engañar. Los recortes a la UPR dejan a miles de estudiantes fuera, endeudados, sin vivienda asequible, aumentan la precariedad del trabajo académico y no docente con cientos de profesores sin plaza y trabajadores no docentes que viven con salarios de pobreza. Pero la administración de la UPR despilfarra millones en salarios, contratos y gastos innecesarios”, expresaron las docentes.

Los profesores exigieron al gobernador y a todo candidato o candidata que aspire a liderar el rumbo del País, a que demuestre con acciones su compromiso con la educación democratizadora, accesible y de excelencia.

“Este gobierno tiene que demostrar ahora, con acciones contundentes, su compromiso con la educación universitaria pública reconociendo al sistema UPR como servicio esencial y restituyendo la asignación presupuestaria por fórmula, tal y como se establece en la Ley número 2 de 1966. Lo demás son cuentos de camino, mentiras para evitar el costo electoral de cerrar la Universidad de Puerto Rico”, dijeron.