18 de Octubre de 2019

[COLUMNA] ¿Viola García Padilla las disposiciones de Promesa?

Por el 9 de Septiembre de 2016

Hace dos semanas, el administrador de los bonos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la U.S. Bank Trust National Association,  presentó una demanda contra la UPR y el ELA, alegando que el gobernador Alejandro García Padilla está desviando ilegalmente los ingresos por concepto de matrículas y otros dineros comprometidos para los tenedores de bonos de la UPR.

john mudd

El pleito es el más reciente en una serie de demandas presentadas por los tenedores de bonos que probablemente continuará en los próximos meses, pero es interesante por su similitud a otras demandas presentadas contra el gobierno que alegan que el gobernador está violando la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) mediante apropiaciones presupuestarias ilegales que son inconsistentes con las protecciones establecidas por la ley.

Por el momento, estas demandas son en su mayoría simbólicas —no quedarán en nada hasta que se levante la suspensión automática legal promulgada por Promesa— pero suponen una pregunta interesante en cuanto a la acción del gobernador García Padilla tras la esperada intervención federal. O sea, ¿está violando la misma ley por la que pasó meses cabildeando en su carrera para reasignar los recursos del ELA antes de que la junta de control fiscal entrara en funciones?

La Sección 204 (c)(3) de Promesa establece la prohibición de ajustes presupuestarios hasta que se nombre la junta de control. Ella lee: “durante el período después de que un territorio se convierte en un territorio cubierto y antes de la designación de todos los miembros y el presidente de la junta de supervisión, dicho territorio cubierto no dictará leyes nuevas que bien permitan la transferencia de fondos o activos más allá del curso ordinario de hacer negocios o que sean incompatibles con la constitución o las leyes del territorio a partir de la fecha de promulgación de esta ley, siempre y cuando que cualquier acción ejecutiva o legislativa que autoriza el movimiento de fondos o activos durante este período de tiempo pueda estar sujeta a revisión y rescisión por parte de la junta de supervisión cuando se nombren todos los miembros de la junta de supervisión”.

El Congreso expresamente incluyó este lenguaje directo para calmar los temores de los tenedores de bonos de que García Padilla vaciara las arcas del gobierno a favor de los aliados y los fondos de pensiones de las uniones laborales antes de que concluyera su mandato. Parece que los tenedores de bonos tenían razón.

Además, los grupos de tenedores de bonos que han radicado demandas han identificado áreas en las que existe un fuerte argumento de que varias apropiaciones y otras leyes aprobadas y pendientes desvían fondos en formas que “son incompatibles con la Constitución o las leyes del territorio”.

Aparte de reclamaciones de U.S. Bank en cuanto al desvío de los ingresos por concepto de matrícula —que afirman que roba ilegalmente a los inversores de la garantía— los tenedores de bonos han identificado otras infracciones que incluyen aumentos a los fondos de pensiones, $375 millones para el Banco Gubernamental de Fomento y $1 millón para la “Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación”, una organización presidida por el hermano del gobernador Antonio García y que alega enfocarse en la rehabilitación de un edificio histórico en Puerta de Tierra, San Juan. Además, el gobernador ha anunciado su intención de efectuar una sesión especial para legislar un aumento de $400 millones adicionales para allegar fondos a los sistemas de pensiones.

Los tenedores de bonos indican que todas estas acciones se encuentran de una u otra forma en violación de la disposición antes mencionada de Promesa y es difícil encontrar fallas en sus planteamientos. Podría argumentarse fácilmente que cualquiera de las nuevas asignaciones presupuestarias está en violación de las prioridades en poder de los tenedores de bonos sénior y, por lo tanto, puede ser interpretada como “incompatible con la Constitución o las leyes del territorio”. Por otro lado, las leyes promulgadas para incrementar los fondos para las pensiones durante una sesión especial parecen ser la misma definición de “nuevas que bien permitan la transferencia de fondos o activos más allá del curso ordinario de hacer negocios”. Los temores de los tenedores de bonos en cuanto a que el gobernador podría vaciar las arcas del ELA parecen tener buen fundamento.

A pesar de la intención del Congreso de ofrecerle cierta protección a los tenedores de bonos hasta que la junta de control entrara en funciones, no hay duda de que el gobernador está violando activamente, tanto la letra como el espíritu de las disposiciones que ofrecen protección a los acreedores de Puerto Rico. El tiempo dirá si hay algo que se pueda hacerse al respecto antes de que vacíe las arcas para beneficiar a más amigos como Anaudi Hernández Pérez, un recaudador de fondos del Partido Popular Democrático que se ha declarado culpable de cargos de corrupción.

En una nota final, el presidente Barack Obama finalmente ha nombrado a los miembros de la junta de control, algunos de los cuales he reseñado en controlboardwatch.org. Ellos son: Carlos García, expresidente del BGF bajo la administración del gobernador Luis Fortuño; David Skeel, profesor de derecho en la Universidad de Pennsylvania; Andrew Biggs, académico residente del American Enterprise Institute; José Carrión, que dirige una firma de corretaje de seguros en la isla llamada Carrión, Laffitte y Casellas; Ana Matosantos, exdirectora de presupuesto del estado de California; José Ramón González, expresidente del BGF bajo la administración del gobernador Rafael Hernández Colón; y Arthur González, exjuez de quiebra a cargo de los litigios de Enron y Chrysler.

Ahora que los miembros de la junta han sido nombrados, el proceso real de solucionar los problemas fiscales de Puerto Rico finalmente ha comenzado.

–John Mudd es abogado y analista legal en Puerto Rico y cuenta con más de 30 años de experiencia. Postula como abogado en los tribunales de Puerto Rico, el Tribunal Federal de Distrito para Puerto Rico y el Tribunal del Primer y Cuarto Circuito de Apelaciones. Por más de tres años ha estado analizando la posibilidad de una junta de control para Puerto Rico. Lo puedes seguir en Twitter en @MUDDLAW y en su blog www.johnmuddlaw.com.

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