4 de Diciembre de 2021

Comisión de auditoría de la deuda aprueba nuevo informe

Por el 29 de Septiembre de 2016

SAN JUAN — Un nuevo informe preliminar de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público levanta serios cuestionamientos sobre la emisión de deuda de $673 millones realizada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el 21 de agosto de 2013.

El informe cuestiona si la autoridad, sus auditores y asesores—incluyendo el propio Banco Gubernamental de Fomento (BGF) como agente fiscal—y los bancos que trabajaron la transacción protegieron adecuadamente el interés público y a los inversionistas de la autoridad. Identifica varias áreas que deben ser analizadas por la comisión una vez inicie formalmente el proceso de auditoría de la deuda de Puerto Rico.

El documento de 34 páginas detalla cómo se llevó a cabo la emisión, la cual parece haber tenido términos mucho menos favorables a transacciones similares que se realizaron para ese tiempo, según el informe.

El mismo fue aprobado por la comisión durante una reunión el miércoles, a pesar de estar listo desde el pasado mes de agosto. Sin embargo, la falta de quórum en cuatro reuniones previas y la oposición de algunos de los miembros de la comisión retrasó su aprobación, indicaron fuentes a Caribbean Business.

Durante la reunión del miércoles también se aprobó la nominación del abogado Alvin Velázquez como coordinador ejecutivo de la comisión. Velázquez actualmente trabaja para el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, o SEIU en inglés.

Este sería el segundo informe de pre-auditoría que publica la comisión, la cual está compuesta por 17 miembros que representan los sectores público y privado, la academia y sindicatos. En aquella ocasión, la comisión evaluó la emisión de $3,500 millones en obligaciones generales realizada en el 2014, y las notas de anticipación de impuestos, o TRANs en inglés, emitidas en el 2015.

Proyecciones optimistas

Entre los hallazgos se establece que la declaración oficial de la emisión del 2013 demuestra  que la autoridad suponía proyecciones que no irían acorde a la realidad fiscal y económica que enfrentaban la AEE y el país. Según el informe, la autoridad no sustentó de manera adecuada cómo lograría los casi $1,100 millones que necesitaría generar para poder cumplir con su plan de mejoras de capital—el cual ascendía a $1,600 millones—y el repago de la deuda que se estaba emitiendo.

Tanto URS Corp., ingenieros consultores de la AEE desde el 1945, como el BGF en su rol de agente fiscal entendieron como razonables los planes y proyecciones de la autoridad.

El informe también señala cómo durante los pasados 10 años, la AEE registraba recaudos mayores a los que realmente generaba. Esto le habría permitido cumplir con el requisito de que sus ingresos netos anuales representaran el 120% de lo que la autoridad tenía que pagar al año siguiente en el servicio de su deuda.

“Sin embargo, cuando no se utiliza el método de la AEE de inflación artificial, se cumplió con el requisito de 120% en una ocasión durante los pasados 10 años”, reza el documento.

En cuanto a los esfuerzos recientes de restructuración de la deuda y operaciones de la AEE, el informe advierte que los ahorros permanentes logrados por la corporación pública, alrededor de $162 millones anuales, no serían suficientes para modernizar su infraestructura, a no ser que se logre un mayor alivio sobre la deuda contraída con sus acreedores.

Procesos de auditoría

En relación a los estados auditados de la AEE para el año fiscal 2012, el reporte cuestiona por qué los auditores independientes, Ernst & Young, no enfatizaron en su opinión los problemas serios de liquidez que ya enfrentaba la corporación pública desde ese entonces.

En este informe financiero, la AEE tampoco habría tomado las medidas necesarias para tomar en consideración los casi $1,000 millones que necesitaban invertir en infraestructura, específicamente en el componente de generación, de forma que pudiera cumplir con ciertas regulaciones ambientales.

El informe preliminar también muestra preocupación sobre el cumplimiento con regulaciones y leyes federales, en los procesos de auditoría en la autoridad y divulgación al mercado. Por ejemplo, se menciona el rol de los ingenieros consultores en las emisiones de bonos de la autoridad. Según el documento, los ingresos de URS Corp. estarían directamente atados al resultado de la venta de bonos de la corporación pública, cuyo desempeño debían auditar.

De igual forma el reporte cuestiona si el rol del BGF, como asesor y prestamista de la autoridad, constituye un conflicto de interés y si las estructuras de gobernanza en ambas entidades públicas protegen adecuadamente el interés público.

image_print

You must be logged in to post a comment Login