18 de Noviembre de 2019

Comisión de Derechos Civiles solicita nuevamente participar en procedimientos de quiebra

Por el 11 de Diciembre de 2018

Preocupados por la falta de discusión sobre los derechos humanos y las leyes internacionales de derechos humanos con relación a la crisis de la deuda pública de Puerto Rico, la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico quiere que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos le permita participar como amigo de la corte en el proceso de quiebra del Título III en virtud de la Ley Promesa.

Es la segunda vez que la entidad dentro de la rama legislativa del gobierno hace la solicitud. En julio, la comisión presentó un escrito de amicus curiae, pero la petición fue denegada.

“La Comisión somete respetuosamente que los materiales, estándares y principios a los que se hace referencia en su Amicus Curiae cubren no solo los planes y procesos de reestructuración, sino todas las acciones previas relacionadas, negociaciones y litigios sobre la gestión de la crisis de la deuda pública de Puerto Rico y las diversas cuestiones y asuntos ante este tribunal.

“La Comisión solicita además que esta Honorable Corte le dé la bienvenida a su Amicus Curiae, dado que la Corte tomará decisiones con respecto a las múltiples cuestiones que está considerando que afectan el sustento, la salud, la educación y la seguridad, entre otros derechos humanos que son vitales para nuestra comunidad”, dijo la comisión en el escrito que presentó el 7 de diciembre.

La comisión está especialmente preocupada por el impacto del acuerdo de reestructuración de deuda con los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“Dicho acuerdo garantizaría el pago de aproximadamente el 75.5% de un grupo de la deuda de los acreedores de Cofina. Si se aprueba, este acuerdo comprometerá los fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico durante décadas, lo que socavará los servicios públicos esenciales que se requieren para garantizar a la gente de los derechos humanos de Puerto Rico”, dijo la organización.

La comisión destacó su utilidad en los procedimientos.

“Ninguna otra parte ante este Tribunal tiene interés o está institucionalmente equipada para presentar un enfoque basado en los derechos humanos para la gestión y administración de crisis de deuda. Esta perspectiva se necesita con urgencia para garantizar a las personas en Puerto Rico condiciones de vida dignas y la atención de sus necesidades más apremiantes”, dijo.

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