3 de Diciembre de 2021

Comisión de Energía cuestiona poderes ilimitados de la junta fiscal

Por el 27 de Marzo de 2018

La jueza federal Laura Taylor Swain se reservó ayer una decisión en torno a si emite un interdicto a favor de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) para prohibir a la junta de control fiscal obligar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a seguir directrices que van en contra de las órdenes de ese ente regulador.

Swain expresó que Puerto Rico está en una crisis y que necesita una forma de ir hacia adelante que sea viable y eficiente con los recursos disponibles.

“Les pido a todos que colaboren y trabajen para el mejor bienestar del pueblo de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, sus inversionistas y el futuro para minimizar los costos de transacciones de esa colaboración a la mayor medida posible”, sostuvo Swain luego de anunciar que pospondría su decisión.

La demanda incoada por la Comisión es importante porque es la primera entidad del gobierno que reta el alcance de los poderes de la junta de control fiscal por interferir con los dictámenes de una agencia reguladora en momentos en que en Puerto Rico hay otras decenas de agencias con funciones de fiscalización.

El abogado de la Comisión, Scott Hempling, quien fue el examinador de la CEPR durante el proceso de determinar tarifas energéticas, pidió en su turno que se le prohíba a la junta de control fiscal sustituir el criterio de la Comisión, entidad que regula a la AEE, tras destacar que esta “anda por la libre” desobedeciendo órdenes de la CEPR.

Hempling destacó que la junta de control fiscal se quiere atribuir poderes que no tiene bajo la ley Promesa tras hacer la observación de que, aunque la junta puede hacer determinaciones en torno al presupuesto, no puede hacer determinaciones sobre política energética.

Al dar un ejemplo, Hempling dijo que la junta puede determinar con cuánto presupuesto puede operar la Universidad de Puerto Rico (UPR) pero “no puede decirle que no puede tener un departamento de Historia.”

La Comisión pidió, entre otras cosas, una declaración de que la junta no pueda ordenar ni autorizar acciones sustantivas de electricidad que se encuentran dentro de la jurisdicción del organismo, pero que la Comisión no ha aprobado, tales como tarifas.

Además, solicitó una declaración dirigida a establecer que, cuando la junta ejerza sus poderes fiscales sobre la AEE, lo haga de manera “coherente con las acciones, órdenes y reglamentaciones de la Comisión en materia de electricidad sustantiva” además de medidas que prohíban a la AEE tomar decisiones hechas por la junta si estas van en contra de determinaciones de la CEPR.

Hempling dijo que la Comisión no buscaba tener que aprobar el plan fiscal de la AEE previo a que se certifique pero sí asegurarse que el mismo no vaya en contra de la política sustantiva energética. Además, explicó que Promesa requiere no ir en contra de las leyes de Puerto Rico, lo que incluye la Ley 57 de 2014 que creó la Comisión, siempre que no sean inconsistentes con el plan fiscal.

No estamos cuestionando la certificación del plan sino los poderes que no tiene la junta”, dijo Hempling.

El abogado, quien también es profesor en Derecho, aseveró que Swain debe aclarar cuál es la autoridad que tiene la junta ya que sus poderes no son absolutos sino limitados a determinaciones fiscales y de presupuesto.

Durante la vista, Swain hizo numerosas preguntas a Hempling para aclarar estatutos en Promesa y asegurarse que la Comisión no estaba pidiendo una opinión consultiva, lo que le estaría vedado dilucidar, en vez de tratar de resolver una controversia.

Swain cuestionó cómo podría emitir un “injunction” contra la junta cuando la Sección 305 de Promesa establece que, a menos que la junta consienta o el plan de ajuste de deudas lo disponga, la corte no podrá mediante cualquier paralización, interferir con los poderes gubernamentales o políticos del deudor.

Hempling dijo que en este caso no se estaba interfiriendo con los poderes gubernamentales de la AEE, ya que estos están sujetos a la autoridad de la Comisión. En todo caso, ese estatuto se refiere mayormente a que durante el trámite de la quiebra el deudor mantendrá la posesión y administración de sus bienes conforme a las limitaciones que la ley establece, según una lectura de la misma.

A preguntas de Swain, Hempling añadió que la Comisión tiene que aceptar el plan fiscal de la AEE una vez se certifique pero que la entidad quiere que la corporación pública no incumpla con las órdenes de la Comisión porque entonces el plan fiscal podría no ser viable.

Por su parte, el abogado de la junta fiscal indicó que el caso se había tornado en uno en el cual la Comisión estaba solicitando una opinión consultiva pues ya no estaba insistiendo en ver el plan fiscal sino en interpretar una ley.

La junta reiteró su poder bajo Promesa de tomar decisiones por encima de lo que establece la Ley 57, que creó la Comisión de Energía. El abogado insistió en que, bajo Promesa, no se puede impugnar el plan fiscal y que en cualquier conflicto entre una ley local y federal, esta última prevalece.

Gregg M. Mashberg, del bufete Proskauer & Rose, además dijo que la Comisión no puede interferir en el plan fiscal y que si tiene algo que decir debe esperar a que se presente un plan de ajuste. A esto, Swain le preguntó si era la intención de Promesa que Puerto Rico esté años trabajando un plan de ajuste porque el mismo no es factible ya que las agencias reguladoras no pueden dar su opinión.

Los planes fiscales no se han certificado oficialmente porque la junta de control fiscal canceló una reunión a tales efectos que tenía pautada para el lunes pasado.

El abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), de otra parte, sostuvo que la Comisión no tiene “standing” o legitimación para ir a los tribunales y pelear el plan fiscal porque bajo la ley local Aafaf tiene sobre 22 poderes que incluyen suprimir determinaciones de las propias agencias. En la vista también testificó un representante legal de la National Public Finance Guarantee, una aseguradora, que apoya la postura de la Comisión de Energía.

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