22 de Abril de 2021

Comisión de Energía demanda a la junta fiscal para reafirmar su poder regulador sobre la AEE

Por el 5 de Marzo de 2018

La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) radicó una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para evitar que la junta de control fiscal fuerce a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a tomar acciones que están sujetas a la jurisdicción del ente regulador y que ese organismo no ha autorizado.

La radicación de la demanda ocurre más de un mes después de que la CEPR fuera descrita como “intransigente” en el último plan fiscal de la AEE y luego de que el presidente del organismo, el ingeniero José Román, refutara los señalamientos de que las acciones de la Comisión son “irrazonables” y en detrimento de la corporación pública.

“Nuestro propósito es evitar daños irreparables y eliminar las incertidumbres derivadas de la acción inminente ultra vires por parte de la junta fiscal y las acciones ilegales continuas e inminentes por parte de la AEE”, indicó la Comisión.

La demanda solicita al tribunal que declare que la junta fiscal no puede ordenar ni autorizar a la AEE a tomar medidas que estén sujetas a la jurisdicción de la CEPR o que sean asuntos regulatorios centrales que la ley de Puerto Rico le asigna al organismo. (Juan J. Rodríguez/CB)

El regulador de energía dice que el plan fiscal de la AEE propone medidas que afectan la política pública energética de Puerto Rico, involucrando la combinación de suministros de energía, gastos de capital y operacionales, operaciones internas, requisitos de ingresos y diseño de tarifas, y “todos los temas y acciones que por ley se encuentran dentro de la jurisdicción de la Comisión”.

“La AEE ha sometido este plan fiscal a la junta sin presentar su contenido a la Comisión para su revisión, una revisión necesaria para determinar si las acciones propuestas son consistentes con los estatutos del Gobierno de Puerto Rico, tal como lo interpreta y aplica la única agencia legalmente autorizada para interpretar y aplicar esos estatutos. La junta se negó a entregar el documento a la Comisión”, dice el recurso legal.

La Comisión agregó que la aclaración del tribunal también hará que la junta fiscal deje caer “su inexplicable resistencia de nueve meses a colaborar con la Comisión para crear protocolos sensatos de toma de decisiones” que hagan un uso efectivo de los poderes legales de cada una de las entidades.

Asimismo, la CEPR argumenta que la aserción de poder de la junta fiscal sobre la corporación pública está en conflicto con sus deberes bajo la ley de supervisar la industria de energía eléctrica de Puerto Rico.

“Tanto la afirmación como la aplicación de ese poder [desde la perspectiva de la junta], y la incertidumbre legal resultante, es actualmente, y continuará siendo, perjudicial para la Comisión, los clientes de electricidad de la AEE, los tenedores de bonos existentes y futuros y el interés público”, señala la CEPR.

La demanda solicita al tribunal que declare que la junta fiscal no puede ordenar ni autorizar a la AEE a tomar medidas que estén sujetas a la jurisdicción de la CEPR o que sean asuntos regulatorios centrales que la ley de Puerto Rico le asigna al organismo, y que la Sección 303 preserva para el Gobierno y, por lo tanto, para la Comisión.

La declaración solicitada, dice la Comisión, es necesaria para preservar la capacidad del Gobierno “y cualquier entidad reguladora sucesora” para determinar “sin interferencia de la junta fiscal, las características esenciales” de la industria eléctrica de la isla, incluyendo, entre otros, la combinación de recursos, estructura de mercado, relaciones transaccionales, estándares operacionales y prioridades de gasto de capital”.

La Comisión también dice que busca una orden que prohíba a la AEE cumplir con cualquier mandato o autorización de la junta fiscal para llevar a cabo “acciones de electricidad sustantivas” que están bajo la jurisdicción de la CEPR y que el ente no ha autorizado.

En el pasado, argumenta el ente regulador, la corte ha sostenido que la junta fiscal no tiene “amplia autoridad ejecutiva y gerencial sobre las operaciones de la AEE”, la autoridad para “interferir unilateralmente con los poderes [de la AEE] o con [su] propiedad o ingresos, ni el poder de controlar prácticamente todo lo que hace la AEE”, dice el documento en referencia a la intención de la junta de nombrar a su coordinador de revitalización para dirigir la compañía eléctrica.

“A pesar de la claridad de la corte, la junta de control fiscal todavía actúa como si tuviera poderes para dirigir, no solo las actividades actuales de la AEE, sino también la transformación sustantiva de la industria eléctrica de Puerto Rico. Esta demanda solicita a la corte que corrija los malentendidos de la junta al dejar en claro el alcance de las facultades de la junta. Entonces, la restauración y transformación de la industria eléctrica de Puerto Rico puede ocurrir sin más litigios e incertidumbre”, dice la CEPR.

La decisión del tribunal que se busca es garantizar que las decisiones energéticas de la isla dependan del Gobierno y no de la junta establecida desde el Congreso, cuyas funciones no incluyen “dar forma a la estructura y operaciones de la industria eléctrica de Puerto Rico”, subrayó la Comisión.

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